Bandas criminales y gobernanza
En las áreas urbanas del hemisferio sur, muchas comunidades se ven enfrentadas a problemas graves de seguridad humana por la presencia de bandas criminales, patrullas de vigilancia o escuadrones ilegales de “seguridad” que controlan, arbitrariamente y de forma privada, la administración de la justicia y la seguridad en sus respectivas comunidades.
Estas comunidades, que se ven obligadas a vivir en condiciones de alojamiento precarias, suelen sobrevivir marginalmente en áreas urbanas caracterizadas como villas miseria o favelas, donde la gente tiene muy poco acceso a la economía legal, la educación y los servicios sociales mínimos. En la mayor parte de los casos, las autoridades locales mantienen este tipo de zonas en el abandono, creando un vacío de poder que es aprovechado por pandillas locales, patrullas de vigilancia o escuadrones ilegales de seguridad que tienen acuerdos con policías corruptos. De hecho, estas comunidades subsisten en territorios ocupados, dominados por personas que se han autoproclamado dueños de una justicia y de una seguridad arbitrarias e ilegales. Esto supone una grave amenaza para las costumbres y los valores de las instituciones democráticas y las formas de autogobierno locales.
Estos acuerdos arbitrarios en materia de justicia y seguridad se conocen a menudo como “sistemas paralelos de poder” o “sistemas feudales de gobierno”, pero se olvida el hecho de que, con frecuencia, de forma más o menos informal, estos acuerdos están interrelacionados con los sistemas de gobernanza y la sociedad civil fuera de estas zonas urbanas. Además, se añaden al problema políticas de seguridad pública mal diseñadas, ya que se orientan hacia la represión violenta y a corto plazo de bandas criminales y la cooperación tácita con patrullas de vigilancia o escuadrones ilegales de “seguridad”. También se debe de sumar a la cuestión la corrupción y la excesiva violencia policial, así como la violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales que actúan impunemente de manera repetida.
Las comunidades locales, los grupos que ofrecen seguridad arbitraria y las fuerzas encargadas del cumplimiento de la ley están atrapados en un sistema complejo y recíproco de protección y clientelismo. Los miembros de los grupos que ofrecen seguridad forman a menudo parte de las comunidades. Además, las bandas criminales suelen ofrecer ingresos y asistencia social básica mediante obras de caridad. En sus esfuerzos por asentar su legitimidad y ganar apoyo por parte de la sociedad, las bandas actúan como benefactoras de la vida social de la comunidad; por ejemplo, mediante el patrocinio de clubes deportivos locales, la organización de actos culturales y la celebración de fiestas. Los jefes de las bandas locales y otros proveedores de servicios de seguridad ofrecen también cierta forma de gobernanza.
La violencia y la intimidación que reinan en estas áreas urbanas dificultan el desarrollo de las organizaciones democráticas comunales y reducen, en última instancia, la capacidad de la población a la hora de mejorar sus condiciones de vida y su desarrollo social, a pesar de los beneficios a corto plazo que puedan obtener cooperando con los grupos criminales. Directa o indirectamente, algunos de los proveedores de seguridad y jefes de bandas criminales logran también adquirir poder político, corrompiendo profundamente el sistema político y administrativo. En el seno de las comunidades, la apropiación del monopolio de la violencia del Estado conduce a la aparición de grupos incontrolados. Esto contribuye a perpetuar la pobreza y la marginación social e impedir el desarrollo de una gobernanza justa y eficaz.
Las bandas dedicadas a la seguridad arbitraria no permitirán ningún tipo de acción que ponga límites a sus poderes, lo que puede impedir que la gente ponga en marcha o pase a formar parte de organizaciones comunales, se una a fuerzas para la movilización social u obtenga algún poder que contrarreste el de los grupos criminales. La seguridad humana en el seno de las áreas urbanas marginadas es por lo tanto una condición previa indispensable para reducir la pobreza y aumentar el desarrollo de manera eficaz. Así pues, es fundamental fortalecer la capacidad de las comunidades locales y la sociedad civil no sólo para contrarrestar las consecuencias nefastas en la comunidad y en el sistema político (corrupción y clientelismo), la corrosión de la economía legal y de la cohesión social (resolución de conflictos a través de la competencia desleal y la violencia), sino también para sostener a las comunidades sumidas en una cultura ilegal que parece ofrecer oportunidades a corto plazo.
Las soluciones al problema se enfocan con demasiada frecuencia hacia la capacitación local, consolidando las organizaciones comunales, los recursos económicos alternativos y los programas sociales, ignorando el hecho de que estos programas pueden acabar favoreciendo a las bandas locales ya que estas controlan el monopolio del poder. Generalmente, las autoridades locales y las organizaciones políticas desconocen la complejidad de la situación y todavía deben encontrar las políticas adecuadas. Es evidente que se necesita con urgencia un enfoque distinto. ¿Cómo restaurar la seguridad humana en estas comunidades sin tener que recurrir demasiado a la violencia policial? ¿Cómo contrarrestar el monopolio de poder de las bandas criminales mediante formas de gobernanza democrática local? ¿Cuáles han sido las experiencias de los movimientos comunales y cómo se pueden fortalecer? ¿Qué tipo de alternativas se puede ofrecer a las autoridades locales que quieran enfocar el problema de manera diferente?
En la actualidad, TNI se ha embarcado en un proyecto de investigación que se desarrollará en 3 ciudades –Mumbai (India), Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y Rio de Janeiro (Brasil)– con el propósito de ofrecer un análisis comparativo entre las tendencias principales en materia de gobernanza con respecto al control que ejercen las bandas criminales en las comunidades de las áreas urbanas marginadas. El proyecto se centrará en cómo tratan las organizaciones comunales locales y sus dirigentes los problemas de seguridad, y en cómo se puede mejorar la posición de las comunidades locales para que éstas puedan actuar de forma independiente y autónoma. El proyecto aspira a ofrecer una visión detallada sobre el funcionamiento y las estrategias de las organizaciones comunales locales en un entorno de violencia y administración arbitraria de la seguridad y la justicia. Además, examinará la interacción entre comunidades, organizaciones comunales, instituciones estatales y proveedores de seguridad arbitraria. El objetivo buscado es el de encontrar instrumentos pacíficos para que las organizaciones y las instituciones comunales puedan combatir el problema e intenten restablecer la gobernanza democrática en dichas áreas.
Material informativo
General
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• Winton, Ailsa, Urban violence: a guide to the literature, Environment and Urbanization, Volume 16 Number 2, octubre de 2004 [PDF]
Ciudad del Cabo
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• Atreyee Sen, Mumbai slums and the search for 'a heart': ethics, ethnography and dilemmas of studying urban violence, Anthropology Matters Journal 2004, 6 (1).
Also by Drugs and Democracy
- Bolivia Withdraws from the UN Single Convention on Narcotic Drugs June 2011
- Global Commission on Drugs Policy calls for an end to the War on Drugs June 2011
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