Honduras: Militares y drogas

6 October 1997
Thelma Mejía

El tema del narcotráfico en Honduras continúa siendo un tabú, traducido únicamente al registro de los decomisos de drogas, pero nunca a sus implicaciones de fondo, los intereses en juego y las políticas estatales para su control y combate.

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El tema del narcotráfico en Honduras continúa siendo un tabú, traducido únicamente al registro de los decomisos de drogas -cocaína o marihuana- pero nunca a sus implicaciones de fondo, los intereses en juego y las políticas estatales para su control y combate.

Existe el temor, en esta nación ubicada en el corazón de América Central, a hablar más allá del narcotráfico, pese a que su presencia data desde hace casi tres décadas, cuando el país era gobernado por regímenes militares de facto. Reportes periodísticos de la época, señalan que el fenómeno de la narcoactividad en Tegucigalpa surge con los militares, se reproduce con la impunidad y amenaza con afianzarse en los estamentos principales de la política.

Con una población aproximada de 5,5 millones de habitantes, donde siete de cada diez viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza, Honduras resurge nuevamente a la vida constitucional en 1981, cuando los uniformados cedieron el poder para dar paso a los comicios electorales. Tras 16 años consecutivos de democracia formal, el país se apresta a participar este 30 de noviembre del último proceso electoral del siglo, donde al menos unos 2,3 millones de hondureños y hondureñas elegirán un nuevo presidente, diputados, alcaldes y gobernadores provinciales.

La historia democrática del país, podría decirse que ha estado matizada por un estira y encoge en las relaciones del poder civil y el poder militar, último que hasta hace tres años mantenía un absoluto control tras el trono y que, pese a ciertos avances, da evidencias de resistirse a abandonar completamente el sabor que otorga el poder.

Impunidad, un eterno aliado militar

Acostumbradas a la impunidad como una norma y forma de vida, las Fuerzas Armadas de Honduras, comenzaron silenciosamente, tras el fin de la guerra fría, a incursionar ámbitos privados como el empresarial, a la vez que a acudir a sermones religiosos para enviar mensajes intimidatorios a la sociedad civil, cada vez que se sienten acosadas.

El último de estos "mensajes cristianos" lo ofreció a inicios de julio su capellán de origen colombiano, nacionalizado hondureño, Aníbal Montoya, al indicar que los castrenses en "cualquier momento podrían volver a tomar las armas" si persistía el acoso en su contra. Con este significativo mensaje, en el que el sacerdote militar irrespetó incluso al presidente hondureño, Carlos Reina, al decirle en su rostro que no creía en su "revolución moral" de combate a la corrupción y la impunidad, los militares dejaron claros que al tigre (la figura popular con que se les conoce) no se le debe puyar con vara corta.

La defensa del capi-capellán, como bautizaron al sacerdote Montoya los columnistas hondureños, se debió a la implicación de varios castrenses en bandas de robo de autos, ejecuciones extrajudiciales y una serie de actos ilícitos donde, se afirma, hay también acciones de narcotráfico. Dos coroneles de la policía militarizada en este país, han salido embarrados en éstas acciones ilícitas aunque, pese al esfuerzo de los fiscales y las evidencias presentadas en su contra, una juez decidió liberar a uno de ellos por "falta de méritos" y con una fianza irrisoria menor a los 80 dólares. De allí que temas como el de la narcoactividad sean tratados muy sútilmente en este país, donde los civiles no han perdido aún el temor a los militares, y donde se producen aún acciones de servilismo y el fenómeno del narcotráfico es un blanco sensible donde los techos de vidrio pueden resquebrajarse.

Un punto envidiable

Con una extensión territorial de 112,492 kilómetros cuadrados, Honduras es una nación que se vuelve un punto envidiable para las actividades del narcotráfico al compartir sus fronteras con países como Guatemala, Nicaragua y El Salvador. En general, el país está considerado como una nación de tránsito de drogas ilícitas. La producción de drogas es insignificante, salvo la marihuana que comenzó a cultivarse en algunas regiones del país y ha aumentado su consumo, especialmente entre la juventud.

En 1978, con el asesinato de los esposos Mario y Mary Ferrari, el país ya era mencionado como punto de escala del tráfico de drogas de Sur a Norteamérica, al tiempo que afloraba el nombre de militares vinculados al ilícito negocio. Los esposos Ferrari aparecieron muertos en un pozo de malacate(artesiano) el 15 de junio de 1978, en una finca conocida como San Jorge, en lo que hoy en día es la populosa colonia capitalina Cerro Grande. Este matrimonio había querido aparecer en el país como "simples comerciantes" que tenían un centro cervecero, cuyas instalaciones eran propiedad del coronel Ramón Reyes Sánchez, en ese entonces Director de la Penitenciaría Central (PC), el principal centro penal del país, con quien los vinculaba una estrecha amistad.

Para la policía, los Ferrari eran traficantes de droga (sobre todo, cocaína), armas y esmeraldas. junto al capohondureño, Juan Ramón Matta Ballesteros. Diario Tiempo, uno de los periódicos más beligerantes de la época, fue el medio que vinculó el secuestro y asesinato de los Ferrari con las drogas y los militares, lo que valió fuertes censuras y presiones en un afán por intimidar a su cuerpo de redacción.

Desde la Inteligencia Militar

Según los diarios de la época, la muerte de los esposos Ferrari fue planificada en las oficinas de Inteligencia Militar o G-2 de las Fuerzas Armadas, en complicidad con el capo hondureño, Juan Ramón Matta, quien guarda prisión perpetua en una cárcel de Estados Unidos. En esa época, la participación de los uniformados en el negocio de las drogas era tan evidente que el padre de Mario Ferrari, el señor Luís Ferrari, manifestaba que hablar del caso de su hijo, era "buscarle" la muerte.

En una carta enviada a Diario Tiempo, Luís Ferrari decía que "algunos señores de alto rango militar están comprometidos con mi hijo en el contrabando de cocaína, negocio que proporciona buenas ganancias que compartía con los que ahora son responsables de la desaparición de mi hijo y su esposa". Estas explosivas declaraciones reflejaban la magnitud del problema, que meses más tarde registraría en el país una especie de Honduras Connection con los narcotraficantes.

Como parte de esta conexión, comienzan a aflorar los nombres de varios uniformados, entre ellos el coronel Leónidas Torres Arias (jefe de la G-2), el coronel Ramón Reyes Sánchez (director de la PC), el teniente coronel Juan Angel Barahona (jefe de la Interpol), y el coronel Armando Calidonio, además del oficial Carlos Coello. En el caso de Barahona, se le acusó de haber recibido dinero de la mafia para permitir la salida del país de Juan Ramón Matta, rumbo a Colombia, en los días que se cometió el asesinato de los Ferrari. Barahona negó rotundamente estas acusaciones y comenzó a soltar fragmentos de una historia que aún no se desentierra claramente, pero afirmó que tras el asesinato de los esposos Ferrari, había gente de "muchas estrellas", una alusión popular que se usa para identificar a los oficiales de alto rango dentro de la estructura castrense.

Barahona sostuvo que el general Policarpo Paz García, jefe de las Fuerzas Armadas en ese entonces y posteriormente (en 1980 y 1981) jefe del gobierno de Honduras, tenía en su poder grabaciones y documentos que probaban la implicación de oficiales en el
narcotráfico. Las Fuerzas Armadas negaron las versiones del coronel Barahona, pero nombraron una Comisión de Alto Nivel para "investigar" la denuncia, trabajo que concluyó con un informe donde se exoneraba de toda responsabilidad a los militares hondureños.

En uno de sus fragmentos, el comunicado elaborado por la Oficina de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas manifesta: "Ningún oficial en servicio dentro del instituto armado ha estado involucrado en los crímenes de tráfico de drogas y estupefacientes, en el caso de los esposos Ferrari, ni en los hechos de sangre sobre los que profesamente ha informado la prensa". Asimismo, reconoce que "algunos miembros de las Fuerzas Armadas pudieron haber cometido irregularidades en el desempeño de sus funciones, por acción o por omisión", dando así por cerrado uno de los capítulos más dolorosos en la historia del crimen y el narcotráfico en Honduras.

Narcotráfico desaparece de la agenda

El caso de los Ferrari se produce en el país en momentos que Estados Unidos arreciaba su lucha anticomunista en América Central, y se hablaba de la llamada Operación Veloz que los ejércitos de Nicaragua y Honduras habían efectuado, sigilosamente, para atacar a los sandinistas de Managua; en esos tiempos también recrudecían las tensiones en la frontera entre Tegucigalpa y San Salvador para poder llegar a la firma de un Tratado General de Paz en 1980, que sentaría las bases para una posterior delimitación de sus fronteras en la Corte Internacional de Justicia de La Haya (1992).

Este contexto nacional e internacional, de una u otra forma incidió para que la escena del narcotráfico desapareciera de la agenda oficial e incluso de la prensa, pues todo se centró en denunciar y cubrir la guerra ideológica contra el comunismo que Estados Unidos impuso en América Central en los años ochenta. Esa guerra dejó a Honduras serias violaciones a los derechos humanos que culminaron con la desaparición forzada de 184 personas por causas político-ideológicas, hecho por el cual hoy se busca que rindan cuenta los militares.

En el caso de los Ferrari, fuentes ligadas a la familia del entonces jefe militar de Honduras, el general Juan Alberto Melgar Castro, fallecido hace varios años, comentan en círculos muy cerrados que el golpe de Estado que derrocó al militar a fines de los años setenta, estuvo vinculado con el interés del uniformado en revelar una lista de narcomilitares en un afán de sentar precedente y limpiar la institución armada. Si bien esta versión es extraoficial y de poca difusión, se asevera que las verdaras causas del golpe de Estado contra el general Melgar fue el asunto del narcotráfico y que el caso del matrimonio Ferrari indignó mucho al oficial.

Para Ramón Custodio López, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), el grado de penetración del narcotráfico en el país se implantó desde un principio al más alto nivel, puesto que entró en ese juego el entonces jefe de inteligencia militar, coronel Leónidas Torres Arias. Custodio afirmó que Torres Arias, "permeó" las altas esferas de las Fuerzas Armadas y desde entonces, "podemos decir que la extensión del
narcotráfico ha sido por una capilaridad invertida de la cúpula hasta las raíces. (...) En este momento, yo creo incluso que está enraizada en la sociedad hondureña con una serie de connotaciones. Antes era simplemente puente de paso, luego vino la etapa de consumo como parte de los nuevos hábitos de los nuevos ricos de la alta sociedad, pero luego se pasó al pago en dólares por los servicios prestados a un pago en especies porque ya había un mercado interno para la coca(ína) y hemos avanzado en la parte del lavadode dólares y la narcopolítica",manifestó. Honduras, se asegura, es en materia de narcotráfico una especie de Triángulo de las Bermúdas con uno de sus vértices en la región de la Mosquitia hondureña, en la Costa Atlántica, fronteriza con Nicaragua. El otro vértice, lo constituirían las Islas de la
Bahía, en el mar Caribe; y el último sería la zona de la aduana de El Guasaule, en el sureño departamento de Choluteca, fronteriza con Nicaragua.

El primer esfuerzo civil

Hasta 1994, el control sobre el combate a las drogas y el narcotráfico lo tenían las Fuerzas Armadas de Honduras y la policía militar (se espera que ésta última pase a fines de este año completamente al poder civil). La creación en 1994 del Ministerio Público (o Fiscalía del Estado) y de la primera Policía Civil de Investigación Criminal (DIC), generó suspicacias en las relaciones cívico-militares, donde el tema de la narcoactividad comienza a ser visualizado bajo un ángulo de nuevas bases. El Ministerio Público surge luego de denuncias hechas por un ex policía militar que declaró cómo en ese organismo se mataba, torturaba, asaltaba y se creaban bandas de delincuentes para atemorizar a la sociedad.

Ese sería el primer capítulo que empieza a sentar las bases de unas nuevas relaciones entre el poder civil y el poder militar en Honduras. El segundo capítulo lo establecería el presidente hondureño, Carlos Roberto Reina, al abolir el servicio
militar obligatorio por uno voluntario y educativo en 1995, al tiempo que empezó a restarles importantes cuotas de poder a los uniformados.

Si bien Reina inició con pie derecho su gestión de "evolución moral" y combate a la impunidad y la corrupción, dos oscuros atentados ocurridos hace tres años (1995), frenaron su marcha de desmilitarización de la sociedad. Estos atentados fueron, según una publicación difundida el 29 de septiembre por el diario estadounidense The Miami Herald, gestados por un sector de los militares en alianza con grupos cubanos anticastristas. La aseveración del diario, que cita a fuentes privadas, castrenses y asesores de la Casa de Gobierno, manifiesta que las acciones fueron encabezadas por el entonces jefe de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas de Honduras, el coronel Guillermo Pinel Cálix y el empresario cubano en el exilio Mario Delamico (quien se ha caracterizado por vender armas al ejército hondureño). Pinel Cálix es hoy en día el Inspector General de las Fuerzas Armadas, un cargo burocrático, que de acuerdo a The Miami Herald, le fue otorgado para restarle poder, y tras negociaciones entre el alto mando y el poder Ejecutivo, que se enteró de los presuntos planes y actividades del oficial.

A la fecha, las investigaciones sobre el origen de los atentados contra Reina no han salido a la luz pública, pero la sospecha de que los autores pudieron haber sido los uniformados es creciente en los círculos de la sociedad. Lo interesante de la publicación del diario estadounidense es su revelación sobre la alianza entre militares hondureños y cubanos en el exilio. Estos últimos no simpatizarían con Reina por considerar que estaba coqueteando mucho con Cuba, por el anuncio al principio de su gestión de una intensificación en las relaciones diplomáticas con La Habana (que luego fueron prácticamente congeladas). Las Fuerzas Armadas han negado rotundamente la versión de The Miami Herald y atribuyeron los hechos a una oleada internacional de desprestigio, identificada con antelación por sus cuerpos de inteligencia.

Una urgente depuración policial

En este contexto de lucha por una desmilitarización de la sociedad, en materia de narcotráfico, la tarea se centra en que su combate debe estar a cargo del departamento antidrogas de la Fiscalía del Estado, y de la nueva Policía Civil, depurada y sin los vicios existentes bajo la égida castrense. Ello porque, tanto en el pasado reciente como en el actual, son grandes las sospechas de que los uniformados han estado vinculados al desarrollo de la narcoactividad, de una u otra forma.

Recientemente un ex policía aseveró que a principios de los años noventa, la DEA estadounidense pagaba a los militares por kilo de cocaína decomisado y era usual que ante los fuertes operativos realizados, se presentaran repentinamente los altos uniformados a vigilar la droga y, obviamente, esperar su recompensa. La DEA cambió su estrategia, al comprobar, según se supo, que muchos militares estaban en el negocio, y concentró sus vínculos de acción en la Fiscalía Especial contra el Narcotráfico del Ministerio Público, a quien brinda capacitación, asesoría y ayuda económica, en el marco de de las relaciones bilaterales de Honduras y Estados Unidos en materia antidrogas. Los fondos destinados anualmente se estiman en unos 250 mil dólares, y varían según como sienta Washington que va la fiesta.

Por ahora, las Fuerzas Armadas de Honduras sólo tienen la función de auxiliar logísticamente las operaciones que ejecuta la Fiscalía contra las Drogas, con quienes hubo -en principio- fuertes choques al probarse que varios uniformados estaban en el ilícito negocio de las drogas. Un fiscal del Ministerio Público, informó que el despacho posee evidencias sobre varios uniformados de alto rango que controlan pequeñas redes de droga y que es dificil atraparlos porque se manejan en el manto de la impunidad: "por muchos años ellos han estado controlando todo lo que es narcotráfico y por tanto tienen experiencia para evadir la justicia", apuntó.

Sin embargo, para el portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras, coronel Mario David Villanueva, la participación de militares en el narcotráfico, "responde a hechos aislados y no a una norma institucional del gremio armado". La existencia de
pequeños carteles en el cuerpo armado, "no se puede descartar por el simple hecho que somos seres humanos, estamos en un país con una posición privilegiada para esta actividad ilícita. Lo que sí podría decir es que podría ser la excepción en este momento y no la norma", reiteró. De acuerdo al portavoz castrense, el narcotráfico no tiene fronteras y su presencia es tan fuerte que se percibe cuando aparecen nuevos ricos de la noche a la mañana, en momentos en que la sociedad vive una grave crisis.

Por este motivo, grupos humanitarios y analistas estiman que la lucha contra las drogas sólo será efectiva si se desmilitariza la sociedad y resta cuota de poder a los uniformados. Asimismo piensan, será real en la medida que el país sepa definir unas nuevas relaciones con Estados Unidos, quien hasta ahora ha llevado la voz cantante, puesto los escenarios y tolerado (en algunos casos, como Irán-Contras) acciones de narcotráfico para la compra de armas. Bajo este escenario, Honduras junto a Costa Rica, Nicaragua y Panamá, jugó un rol importante, dado que en su territorio albergó a los casi 40.000 hombres que conformaban la desaparecida Contranicaraguense. El papel de Estados Unidos, a través de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en la lucha contra el comunismo, es un capítulo incierto en Honduras, en el que por ahora se ha elevado una petición al Senado en Washington para investigar hasta dónde el territorio hondureño sirvió al juego de Irán-Contras.

Se asegura que por ahora el tema del narcotráfico en Honduras es sólo parte de lineamientos políticos traducidos en textos dentro de la agenda nacional, donde no se perfila su incorporación a temas reales de agenda porque no conviene a grupos interesados. Mientras, en el país se percibe un crecimiento de la banca, la industria de la construcción, el turismo, tarjetas de crédito, concursos de belleza, inversiones en el deporte y una serie de mecanismos, que sientan pautas para pensar que Tegucigalpa se está convirtiendo en una fuerte zona para el lavadode activos proveniente del narcotráfico y el crimen organizado.

Según el CODEH, mientras menos se hable del tema de la narcoactividad, más impunidad prevalece en el país.

La DEA y lo que "le conviene"

El discurso de los uniformados se centra ahora en que no se meterán a luchas que no sean regidas estrictamente por la Constitución; en que la lucha contra las drogas debe ser frontal y si bien el gremio armado no es "químicamente puro", su anuencia a colaborar en la guerra contra el narcotráfico, será siempre de "buena fé". Hasta ahora, sólo cinco militares guardan prisión por su vinculación con las drogas, unos porque estaban de lleno en el negocio y otros porque dejaron que se perdiera de sus narices droga incautada a los narcos.

Información fragmentaria que desclasificó la DEA a petición de un periodista estadounidense sobre militares hondureños y el narcotráfico, señala entre otros al general retirado Joé Abdenego Bueso Rosa (un antiguo aliado incondicional de Estados Unidos), según el informe "entrenado para asesinar". Bueso fue hallado culpable en 1986 en asuntos de narcotráfico relacionados a un cargamento de 760 libras de cocaína, introducidas al estado de La Florida, Estados Unidos, y según se desprende del informe de la DEA, la carga estaría relacionada a un plan para asesinar al entonces presidente de Honduras, Roberto Suazo Córdoba (1982-1984). Bueso fue convicto en Estados Unidos en el distrito de Miami en 1986.

La documentación menciona también al ex jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, el general Humberto Regalado Hernández, como un sospechoso de proteger a traficantes de drogas colombianos, además de desviar fondos de la ayuda militar estadounidense a una cuenta personal privada. La relación militares-narcotráfico es una especie de nebulosa inconclusa. En 1989, agentes de la DEA en Tegucigalpa fueron removidos sorpresivamente de sus cargos y su oficina oficialmente cerrado, al haberse encontrado evidencias de uniformados implicados en el negocio, según una publicación del Centro de Documentación de Honduras (CEDOH) de esa fecha.

La Fiscalía contra las Drogas junto a la Comisión Nacional de Lucha contra el Narcotráfico del gobierno, lucha porque en el seno del Congreso se apruebe una Ley de Activos que permita suspender el secreto bancario y permitir así dar fuertes golpes a los peces gordos de la droga, pero hasta hoy, esa ley no se emite. De cara a los comicios generales de noviembre, si bien el tema del narcotráfico no figura en el discurso de los políticos, sin duda la lucha por controlar la guerra antidrogas se librará sútilmente cuando se decida el traspaso de la Policía a los civiles y se perciba hasta qué punto los castrenses permitirán una limpieza del nuevo organismo de seguridad. De esta suerte, puede afirmarse que Honduras entrará al nuevo milenio arrastrando los problemas sociales y de pobreza de hace tres siglos, y sin una definición concreta sobre la importancia del narcotráfico en su agenda nacional.

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