La política del glifosato, pretensiones científicas y consecuencias

La Comisión Interamericana para el Control al Abuso de Drogas, CICAD, ha dado recientemente a conocer los resultados de un estudio sobre los efectos del glifosato que se asperja en Colombia sobre los cultivos de uso ilícito. La investigación, que estuvo a cargo de un equipo internacional de especialistas, terminó concluyendo que el químico no representa un riesgo significativo para la salud humana y el medio ambiente.

Conclusión ésta que, si bien ha desatado una fuerte controversia dada la gravedad de las consecuencias que se desprenden del uso masivo de los químicos asperjados, en el fondo no ha sorprendido mucho a nadie. El gobierno estadounidense le viene imponiendo desde hace años a Colombia una política antinarcóticos que incluye el uso del glifosato para acabar con los cultivos de coca y adormidera, y no iba a ser precisamente el estudio de un organismo de carácter policivo como la Cicad, que además opera bajo una fuerte influencia estadounidense, el que pusiera al descubierto los verdaderos riesgos del herbicida fumigado. Estudios previos sobre el glifosato han documentado ampliamente los impactos negativos de esta sustancia, particularmente bajo la concentración que se aplica actualmente en Colombia.

Como lo demostró un análisis crítico realizado por la Universidad Nacional de Colombia , el estudio de la Cicad adolece de importantes omisiones, inconsistencias e incoherencias, que revelan la debilidad de una investigación que se pretende hacer pasar como científica, y que no es otra cosa que un documento de uso político disfrazado de ciencia. La evaluación no fue de ninguna manera un ejercicio independiente sino una búsqueda anticipada por mostrar la inocuidad de la fórmula usada para las fumigaciones. Concluir que el glifosato no es nocivo representa un beneficio económico para la multinacional Monsanto, productor del químico, así como un beneficio político para quienes propugnan su uso, y un claro perjuicio -social, económico y ambiental- para los que lo sufren, es decir, los fumigados, incluido el medio ambiente.

En los últimos cuatro años se han producido en Colombia, ocho mil casos de denuncia relacionadas con quejas de salud por las fumigaciones. Una cifra que ha seguido aumentando. Un estudio sobre los impactos de esta sustancia no podía ignorar esta realidad, como lo hicieron los investigadores de la Cicad.

Continuidad de una política desacertada y contraproducente - El visto bueno dado por la Cicad al químico representa además una garantía para la continuidad de una estrategia antinarcóticos que lleva ya más de dos décadas de fracaso. La política del glifosato no sólo ha sido ineficaz para reducir los cultivos en Colombia, sino que incluso ha propiciado efectos contrarios. La fumigación aérea ha propiciado una movilización de los cultivos, desplazando y propagando por casi todo el país lo que antes estaba localizado en regiones específicas. Una propagación que ha arrastrado con ella los impactos negativos colaterales asociados a la presencia de cultivos ilícitos.

Hay casos extremos como el del departamento de Nariño al suroccidente de Colombia -casualmente el departamento en donde empezó el programa de fumigaciones del Plan Colombia- que ejemplifican a la perfección el fracaso de la política del glifosato. A finales de 1999, Nariño tenía cerca de 3.900 hectáreas ilícitas. A finales de 2004, según cálculos de las autoridades departamentales, habría cerca de 60.000. Curiosamente este inaudito incremento de los cultivos ha ido acompañado de un incremento también enorme en el número de hectáreas fumigadas. Con lo cual en la relación fumigación-cultivo parecería operar la extraña lógica de que mientras más se fumiga más se cultiva. La realidad es que la política del glifosato es excluyente con el desarrollo alternativo, y con el desarrollo social y económico de las regiones, sin los cuales al campesino no le queda otro remedio que seguir intentándolo con el cultivo ilegal.

Finalmente, en Colombia la fumigación no es solamente el acto de esparcir el glifosato. Cada operación de fumigación implica también la presencia de cinco helicópteros artillados en plan de combate -lo que se podría explicar por la presencia de grupos armados en los campos de producción ilegal- que generan un ambiente de guerra contra los cultivadores y la población civil, desacreditando de paso alternativas pacíficas como la erradicación manual. A pesar de que se sabe que la erradicación manual causa un impacto menor en el medio ambiente y en la salud de las personas expuestas, esta técnica quedó descalificada en el informe de la Cicad.

Las evidencias del fracaso de la guerra química a las drogas deberían servir como argumento para que las autoridades ambientalistas y antinarcóticos colombianas se atrevieran a reconsiderar la política del glifosato y a leer con espíritu crítico las conclusiones de este nuevo informe 'científico'.