Fumigación y conflicto en la frontera norte del Ecuador

Al igual que las regiones colombianas que han sido sometidas a las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos, también en el norte del Ecuador las aspersiones de químicos han generado un conflicto humanitario al que las autoridades no han sabido cómo responder. Los representantes del gobierno estadounidense en Ecuador por su parte, han negado desde el comienzo que las fumigaciones que se realizan en el sur de Colombia para erradicar los cultivos de coca afecten el Ecuador, haciendo notar que las enfermedades de las que se quejan los campesinos proliferan desde hace tiempo entre las poblaciones fronterizas ecuatorianas y no obedecen al uso del glifosato.

Colombia y Ecuador comparten una frontera terrestre de aproximadamente 600 kilómetros en la selva amazónica, una región en donde, además de cultivos de hoja de coca y adormidera (amapola), hay presencia de guerrilleros, paramilitares y fuerza pública que combaten en medio de un largo conflicto interno. Cuando se empezaron a producir las primeras fumigaciones en el marco del Plan Colombia, el gobierno ecuatoriano pidió que fueran compensados los daños colaterales que causaran las fumigaciones y otras operaciones del Plan Colombia en territorio ecuatoriano. Desde entonces EEUU ha desembolsado unos 60 millones de dólares para Ecuador, básicamente como cooperación militar. (Este monto no incluye las inversiones realizadas en la instalación del Centro Operativo de Avanzada FOL en la base aérea de Manta, desde donde se realiza el control del narcotráfico en la región andina).

Esta ayuda, que es parte de un programa de asistencia para el control en áreas conflictivas relacionadas con el tráfico de estupefacientes, no se dirige a aliviar en cualquier modo la crisis humanitaria generada por las fumigaciones, sino que responde a una estrategia regional de seguridad cuyo propósito es involucrar cada vez más a las fuerzas armadas ecuatorianas en operaciones militares para contener a la guerrilla en Colombia.

Bajo el gobierno de Alvaro Uribe se han intensificado las acciones del ejército colombiano contra las FARC en el marco de la llamada política de "seguridad democrática", lo que se ha traducido en un aumento del número de efectivos del ejército en la zona fronteriza. Las frecuentes visitas del general James Hill, jefe del Comando Sur, y sus reuniones con oficiales de las fuerzas armadas ecuatorianas tienen que ver con el delineamiento de la estrategia de seguridad y control en la frontera. El Ecuador se ha ido involucrando de hecho en el conflicto del país vecino y ha puesto miles de soldados en la zona, lo que ha generado una enorme tensión entre la población fronteriza. Esta enorme presencia militar hace temer a las autoridades locales que las consecuencias negativas de la aplicación y continuación del componente militar del Plan Colombia - el Plan Patriota - aumenten en los próximos años.

El escalamiento del conflicto colombiano y su implicación en el problema transnacional de las drogas se han convertido en una oportunidad para que Estados Unidos avance en su estrategia de abarcar dentro de su perímetro de seguridad áreas de influencia como esta zona fronteriza. El hecho de que Washington haya impuesto relaciones estrictamente bilaterales para manejar los problemas de drogas y de seguridad con cada país por separado, ha dificultado el entendimiento regional para hacerle frente al conflicto y sus efectos, así como a otros problemas compartidos, como el de las consecuencias por las aspersiones de químicos.

Reacción por las fumigaciones

El rechazo de la población civil a las fumigaciones en el área de la frontera norte se ha expresado a través de múltiples voces de la sociedad civil ecuatoriana, quedando registrado en diversos pronunciamientos y acciones a lo largo de los últimos años. Las diferentes organizaciones que monitorean los impactos en Ecuador de las aspersiones en los departamentos limítrofes de Putumayo y Nariño han denunciado insistentemente que el gobierno colombiano ha incumplido con la obligación de dejar la franja de 10 km libre de químicos. Estas organizaciones han sido testigo también de los severos impactos del químico en la salud de la población, cultivos y animales.

Motivado por los diferentes pronunciamientos producidos a lo largo del año 2001, el gobierno ecuatoriano en asocio con el colombiano decidieron conformar una comisión científico técnica con miembros de los dos países cuyo objetivo era la identificación de los posibles daños de las fumigaciones en cultivos y seres humanos. Aunque la Comisión existe desde septiembre de 2003, en mayo de 2004 todavía no había presentado ningún resultado y ni siquiera un protocolo de investigación, ni había establecido un plan de trabajo para una recolección científica de pruebas.

No obstante, a fines de junio pasado la Cancillería ecuatoriana emitió un comunicado de prensa asegurando que la Comisión científico técnica había concluido que no existían señales de que las fumigaciones hubiesen afectado el ecosistema ecuatoriano.

Las organizaciones ambientalistas activas en la región han expresado sus dudas ante la seriedad de estas conclusiones y han pedido la publicación del estudio hecho por la Comisión. El gobierno ecuatoriano debería abandonar la posición ambigua que ha mantenido frente al impacto de las fumigaciones, y hacerle frente al problema por fuera del contexto politizado al que ha sido arrastrado y que ostensiblemente está afectando la imparcialidad de la Comisión investigadora.