Bases avanzadas de los Estados Unidos en Aruba y Curaçao

18 July 2005

  Tom Blickman

Bases avanzadas de los Estados Unidos en Aruba y Curaçao
Un aporte a la intervencón militar en Colombia
Tom BlickmanTNI Briefing Paper, December 1999

El establecimiento de bases avanzadas militares de los Estados Unidos en las islas caribeñas Aruba y Curaçao compromete cada vez más al Reino de Holanda con la Guerra contra las Drogas de ese país. Más en particular, las llamadas "Forward Operating Locations (FOLs)", respaldan el avance de la intervención estadounidense en el conflicto interno colombiano, sin que Holanda pueda influir las decisiones al respecto. El parlamento holandés, sin entender bien la magnitud de la estrategia estadounidense en Colombia y mal informado por su propio gobierno, prescindió silenciosamente del derecho de disposición sobre una parte de sus territorios. Cabe preguntarse: ¿Qué posibilidades de control tendrá Holanda sobre el uso no reglamentado de las bases?

La guerra contra las drogas estadounidense es más causa de daños que fuente de soluciones. A pesar de la paulatina militarización de esta lucha, la producción y el tráfico de drogas en los países involucrados no se han disminuído. En Colombia las políticas de fumigación de los cultivos ilícitos y la creciente militarización de la lucha antidrogas son un fuerte obstáculo para el frágil proceso de negociaciones de paz entre guerrilla y gobierno que arrancó después de la instalación del presidente Pastrana en agosto de 1998. De manera que Holanda, con su tradición de respaldar la sociedad civil en este proceso dificultoso, apoya políticas que mas bien exacerban el conflicto.

Oficialmente, las bases servirán de apoyo al combate al narcotráfico en el Caribe, según declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores Van Aartsen. El ministro sostiene que las bases no serán utilizadas para operaciones militares en la región, sin hacer mención del estrecho interrelacionamiento de los esfuerzos antidrogas de los Estados Unidos y la lucha contra-insurgente en Colombia, actualmente el escenario principal de su lucha al narcotráfico. Para los estrategas estadounidenses basta el hecho de que la guerrilla se financia mediante impuestos a la producción y el transporte de coca y sus derivados para legitimar una guerra contra-insurgente con recursos antidrogas.

El periódico colombiano "El Espectador" tuvo acceso a un documento del State Department que aborda esta estrategia estadounidense. Según el documento: “con el fin de no desviar las misiones que en principio se concentrarán en labores antinarcóticos y con el propósito de evitar polémicas internacionales y en el propio Congreso, los trabajos de inteligencia y militar contra las FARC y el ELN, principalmente, se enmarcarían en su status de ‘narcoguerrilleros'.” (1)

Funcionarios de los Estados Unidos afirman que las FOLs tienen propósitos que trascienden los límites de la guerra contra las drogas. Ellos destacan el riesgo del conflicto colombiano para la seguridad continental. "El Espectador" informó, citando una fuente del State Department de los Estados Unidos que: “las nuevas bases antinarcóticos localizadas en Ecuador, Aruba y Curaçao serán puntos estratégicos para vigilar muy de cerca los pasos de la guerrilla y sus continuas incursiones hacia Venezuela, Panamá, Brasil, Perú y Ecuador.”

Apoyo a políticas espinosos

El respaldo a Estados Unidos ubica a Holanda en la posición de actor indirecto de un conflicto donde las violaciones a los derechos humanos por parte de todas las fuerzas armadas involucradas son el pan de cada día. Más en particular debe preocupar a Holanda una posible filtración de datos de inteligencia, recogidos mediante los equipos e instalaciones en Aruba y Curaçao, hacia los paramilitares, considerados como la parte más salvaje del conflicto y responsables de la mayoría de las violaciones de los derechos humanos. Son notorios los vínculos de estos grupos con secciones del Ejército colombiano y no existe claridad sobre el manejo de la información por parte de los norte­americanos y oficiales colombianos.

El "Washington Post" reportó que desde marzo de 1999, la administración Clinton comenzó a compartir con las Fuerzas Armadas Colombianas inteligencia ‘real time' sobre la guerrilla. (2) La directiva que autoriza estas actividades proviene de una instancia inter­agencial dirigida por el State Department y marca un claro distanciamiento de la política
anterior que sólo autorizaba el intercambio de información directamente relacionada con la lucha antidrogas. La limitación que fue abortada lejaba una preocupación por la historia abusiva a los derechos humanos de las Fuerzas Armadas de Colombia.

Con cada vez más evidencia Washington diluye la diferencia conceptual entre la guerra contra las drogas y la lucha antiguerrilla. De tal modo que "The Washington Post" describió la llamada distinción como “tan confuso que no tiene sentido”.
(3) El zar antidrogas, general Barry McCaffrey, declaró que: “La extensa discusión sobre la distinción entre las FARC, el ELN, los paramilitares y el problema de drogas es tonta.” (4) El jefe del Comando Sur, general Charles Wilhelm, dijo que la clave para la paz en Colombia es negar a la insur­gencia sus ingresos del narcotráfico y que “se necesita éxitos en el campo de batalla”.(5)

Además, la diferencia desaparecerá en completo con los nuevos Batallones Anti­narcóticos del Ejército, financiados por los EE UU y entrenados por expertos norte­americanos. Es la primera vez que el Ejército asume de frente la tarea de combatir los cultivos de la droga en territorios a los cuales no podía llegar la Policía, para enfrentar la guerrilla que protege los cocaleros y los laboratorios. La inteligencia necesaria para ejecutar tales operaciones sera acumulado por los aviones espías que salen de las FOLs de Manta en Ecuador y de Aruba y Curaçao.

Hay un segundo tema igualmente espinoso. Los aviones espías de alta tecnología estacionados en las FOLs recogerán también informaciones sobre las plantaciones de coca. Estas luego son fumigadas por las autoridades antidrogas colombianas, para cumplir con una política de erradicación forzosa altamente controvertida. El polémico método de aspersión aérea de potentes herbicidas sobre las plantaciones ilícitas, no solo no ha producido la reducción esperada del área cultivado, sino que ésta se ha multi­plicado, con devastadores efectos ecológicos en la frágil selva tropical y a la salud de los cocaleros, que en muchos casos dependen económicamente del cultivo ilícito.

La fumigación aérea que desde 1994 se aplica con creciente intensidad es un fracaso. Los cultivos ilícitos en
Colombia han crecido con 222 por ciento en este período. Se trata de un autodestructivo círculo vicioso. Mientras más se fumiga, más se cultiva. Los cultivadores son expulsados de un determinado área, solo para reaparecer en otro. Huyéndose de la fumigación, se adentran más y más en la selva, ampliando la frontera agrícola con desastrosos efectos sobre el ecosistema amazónico. Un 200 mil hectáreas de bosque han sido destruidas por cultivadores y fumigadores. (6)

La FOL en Aruba y Curaçao

Para Estados Unidos la necesidad de negociar el establecimiento de las FOLs surge del hecho de que no podrá mantener su presencia militar en la zona del Canal de Panamá, a raíz del acuerdo Torrijos-Carter de 1977 que exige su transferencia a manos panameñas. Algunos centros de comando y bases del Comando Sur -que responden por cerca de 2,000 misiones antidrogas al año- se trasladan de Panamá a Florida y Puerto Rico.

El Comando Sur (US SouthCom) es el encargado de las operaciones militares de los Estados Unidos en América Latina y el Caribe. La salida de Panamá le obligó a buscar nuevos sitios militares para cumplir con esta responsabilidad. Antes de la salida de sus tropas de "Howard Air Force Base" ya se habían firmado convenios con Ecuador (para la ubicación de una FOL en Manta) y con Holanda (para las bases en Aruba y Curaçao, que juntas establecen una FOL). Adicionalmente se conoce de negociaciones con Costa Rica como opción para establecer una tercera base militar de apoyo.

Las negociaciones con Holanda comenzaron en noviembre de 1998. Dos meses antes habían fracasado de manera definitiva las negociaciones con Panamá sobre una continuación de la presencia militar estadounidense en la zona del Canal mediante el establecimiento de un Centro Multilateral Antidroga (CMA). El condicionamiento del Pentágono de no querer limitarse a operaciones antidroga era para Panamá uno de los motivos para suspender las negociaciones. (7)

En abril, el Reino firmó con Estados Unidos un convenio provisional sobre el establecimiento de FOLs en los aeropuertos internacionales de Hato (Curaçao) y Reina Beatrix (Aruba). El convenio es previsto por un año, y ahora se están negociando un acuerdo más definitivo para una periodo de diez años.

La presencia norteamericana aumentará paulatinamente. Además de un grupo permanente de diez a quince personas en las bases, habrá una presencia constante de 300 hombres de manera rotativa, así como cinco aviones F-16s o F-15s y tres aeronaves de reconocimiento y un máximo de 8 aviones adicionales, entre ellos un AWACS y su cargador de comustibles y aviones de patrullaje marítimo. Las inversiones que tendrán que hacer Estados Unidos para acondicionar los aeropuertos de los FOLs en Ecuador y las Antillas se estiman este año en 42 millones de dólares y el próximo año en otros 92 millones.

"Las actividades antidrogas propuestas coinciden bien con los esfuerzos realizados por el Reino en la región caribeña donde ya ha existido una colaboración intensiva con los Estados Unidos", dice el ministro holandés. Se iere a la
cooperación de la Marina de Guerra y la Guardia Costera de las Antillas y Aruba con la "Joint Interagency Task Force (JIATF) East", con base en Key West. Barcos y aviones de reconocimiento holandeses están totalmente integrados en las operaciones de interdicción. El Comandante en Jefe de la Fuerza Naval holandesa en el Caribe, general Willem Prins, es uno de los dos comandantes tácticos de JIATF East.

La lucha antidroga de los Estados Unidos en América Latina tiene dos ejes: (1) operaciones en la “zona de tránsito”, es decir la interdicción al transporte de drogas, principalmente en el Caribe y (2) operaciones en los “países fuente”, dirigidas a suprimir la producción y el transporte de drogas, entre otros mediante la identificación de laboratorios y aeropuertos clandestinos. Después de la reestructuración operativa por la salida de Panamá se han juntado JIATF South –hasta entonces responsable de las operaciones en los países fuente– y JIATF East, el actual encargado del convenio entre Holanda y los Estados Unidos en el Caribe.

Una de las tareas del Comando Sur es la llamada “interrupción del puente aéreo” ["Air Bridge Denial"], la intercepción de aviones con pasta base o clorhidrato de cocaína en la región andina. El Comando Sur pasa información proveniente principalmente de radares y aviones de reconocimiento a los “países huésped” como Perú y Colombia para que éstos puedan interceptar las avionetas del narcotráfico, si es necesario bajarlas a la fuerza. (8)
Las bases en Aruba y Curaçao deben ofrecer un apoyo logístico a estas operaciones. Un revés para el funcionamiento de las bases es la negativa de parte de Venezuela para permitir vuelos sobre su territorio. Al mantenerse esta decisión venezolana, los aviones que salen de Aruba o Curaçao tendrían que dar una gran vuelta para alcanzar el territorio colombiano.

Reacciones en Holanda

En Holanda la decisión sobre las bases pasó casi desapercebida. El debate en la Comisión de Asuntos Exteriores y de Asuntos de las Antillas y Aruba se centró en la solicitud de los Estados Unidos para que sus soldados tuvieran inmunidad diplomática plena (que finalmente les fue concedida). Los parlamentarios holandeses se quejaron de que no tuvieron casi ninguna influencia en la decisión sobre las bases. Debido al caracter temporal del convenio el aval del Parlamento no era formalmente necesario. Algunos parlamentarios calificaron esta situación como una falla del sistema democrático.

Además, resulta que el gobierno de Holanda no les informó a los parlamentarios de manera muy completa. El gobierno
sostuvo que las instalaciones en Aruba y Curaçao serían parte de JIATF East, insinuando una orientación de las acciones dentro de los límites territoriales del Caribe. No se mencionó la proyectada fusión con JIATF South, que obviamente conllevará una extensión de los operativos a Colombia como país fuente. No está claro si esta omisión fue un acto deliberado o si es un ejemplo más de la ignorancia del gobierno holandés de la magnitud del tema y su involucramiento en él.

El convenio actual avala una política antidrogas estadounidense que no sólo es contraproducente sino también
contrasta fuertemente con las políticas de “reducción del daño” que rigen en Holanda a nivel nacional. La “reducción del daño” busca reducir el daño ocasionado por el problema de las drogas, considerando que no es posible erradicar ese problema. En contradicción con los Estados Unidos, Holanda no considera el tema de las drogas principalmente un asunto de seguridad nacional, sino de salud pública. Por lo menos es así en el ámbito nacional. A nivel internacional Holanda aparentemente se acomoda a las estrategias guerreristas que prevalecen ahí.

El conformismo holandés en el plano internacional parece estar vinculado a los ataques norteamericanos cada vez más duros e insistentes al modelo holandés de la “reducción del daño”. Recientemente, el zar antidrogas McCaffrey mencionó a Holanda como uno de los “áreas de riesgo emergente”, junto a Cuba y Corea del Norte. Durante una sesión del Senado el general se basó en un artículo polémico de la revista influyente "Foreign Affairs" para calificar la política antidrogas de Holanda de “ambivalente” y el país una creciente amenaza para los Estados Unidos por la producción y exportación de marihuana y extasy. (9) Asimismo, McCaffrey se basó el año pasado en datos completamente equivocados para llamar la política holandesa de drogas “un completo desastre”. De manera que el permiso holandés al establecimiento de la FOL en Aruba y Curaçao puede ser considerado parte de una diplomacia internacional con la que Holanda contrarresta las críticas a sus políticas liberales a nivel nacional.

Reacciones en Aruba y Curaçao

Curaçao recibió el establecimiento de las bases como un estímulo importante para sus economías. La entonces Primera Ministra Suzy Camelia-Römer calculó los ingresos para las Antillas, y en especial Curaçao, en unos 25 a 30 millones de dólares anuales. (10) Henny Eman, Primer Ministro de Aruba, destaca otra ventaja: “Para nosotros el establecimiento de la base ofrece una oportunidad para deshacernos de la imagen negativa que tenemos como importante país de tránsito de drogas. Además, mandamos una señal muy clara a los narcotraficantes de que en Aruba les combatiremos más intensivamente”. Camelia-Römer también expresó su esperanza que las bases ayudarán a sacar a las Antillas de la lista de países con posibilidades de ser descertificados.

Las autoridades holandesas cultivaron esperanzas similares. El ministro de Defensa, Frank de Grave, llamó el interés norteamericano por establecer una base aérea en Aruba “una muestra de confianza en los esfuerzos antidrogas del gobierno de Aruba”, país que ya durante años ocupa un puesto prominente en la mencionada “lista negra”. Según de Grave, la opinión de Washington es más matizada: “Sería un poco contradictorio tener un interés en Aruba para establecer una base FOL sin tener confianza en su política.” (11)

De hecho, en noviembre Aruba fue borrado de la lista de “países principales” de tránsito de drogas, pero lo agregó a la lista de países caribeños que compone una “región que es motivo de preocupación” donde ya figuran las Antillas Holandesas. No es que Aruba no sea más un país principal de tránsito pero ahora las drogas no están dirigidas a Estados Unidos, pero más bien a Europa. name="12b">(12)

También hay voces críticas en las islas. Gregorio Wolff, portavoz del sindicato mas importante en Aruba, el "Sindicato di Empleadonan Publico di Aruba" (SEPA) destaca: “No nos oponemos a la lucha antidroga en Aruba. Las drogas son un problema urgente en la isla y se necesita hacer algo contra este flagelo. Pero sí nos oponemos a las bases avanzadas porque entran en juego en un conflicto político en Colombia. Hay guerra en Colombia y las FOLs están empleados por uno de los lados interesados en este guerra. Poniendo a la disposición nuestro territorio por eso, nosotros también seríamos parte de un conflicto con qué no tenemos nada que ver. Aruba depende del turismo, este nos rinde vulnerable. Hay por los menos veinte mil colombianos en Aruba, incluso los sin papeles. Algunas bombas podrían espantar a todos los turistas.”

El contexto geopolítico

La inestabilidad política de Colombia pone en riesgo los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, principalmente
por el Canal de Panamá y los campos de petróleo en Venezuela. La estrategia estadounidense busca un mayor involucramiento de otros países en sus esfuerzos para controlar el conflicto en Colombia. El documento del State Department a que "El Espectador" tuvo acceso, dice que “con el fin de evitar incon­venientes de tipo político, E.U. se pondrá en la tarea de recibir el apoyo ‘incondicional' de los países que se han visto afectados y que en el pasado fueron víctimas de incursiones guerrilleras como es el caso de Panamá, Brasil y Ecuador.”

Este enfoque ‘multilateral' se apoya en el discurso antidrogas para ganar aceptación y busca evitar principalmente que la intervención de los Estados Unidos en Colombia se aisle a nivel político. Arguyendo que el conflicto colombiano se extiende a los otros países de la región, Estados Unidos exhorta a los países vecinos a jugar un rol más prominente en la búsqueda de soluciones. Vistas de esta manera, las bases militares en Aruba y Curaçao forman parte de un cordón que Estados Unidos busca tender alrededor de Colombia.

Estas proyecciones han impulsado el intento de los Estados Unidos para poner a consideración de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) la idea de crear una instancia multinacional que pueda intervenir, llegado el caso,
en aquellos países del continente donde la democracia “esté en peligro”. name="13b">(13) Aunque la propuesta norteamericana no incluyó un componente militar, fue rechazada por muchos países latinoamericanos.

“La pregunta que todos se hacen”, fue el comentario de "El Tiempo" [Colombia], “es quién va a calificar la gravedad de las crisis internas y la forma y grados de la intervención de los ‘países amigos', mientras que otros ven en esta idea una sutil herramienta para que Washinton pueda seguir apoyando o combatiendo regímenes ‘incómodos'
sin tener que recurrir a la intervención directa y unilateral, y su consecuente desgaste político, tal como ocurriera la década anterior con el general Antonio Noriega en Panamá.” (14)

“Se han soltado los demonios y hay que tratar de amarrarlos”, dijo el canciller de Venezuela, José Vicente Rangel, al comentar sobre una posible intervención militar norte­americana en Colombia y el riesgo de que se internacionalice el conflicto. “Hay información confidencial [...] en el sentido de que hay países interesados en ‘otanizar' la respuesta al problema de Colombia, así como hay sectores en ese país, en una actitud absolutamente demencial, que pretenden ‘kosovizar' el problema colombiano.” Rangel advirtío: “Se está hablando seriamente, en los altos círculos del poder, de una inter­vención –abierta o sofisticada, que al final son la misma cosa–, que nosotros repudiamos y rechazamos totalmente. Y se piensa también que con una fuerza multi­nacional podría adelantarse una aventura de esa naturaleza.” (15)

Rangel se iere al nuevo concepto estratégico de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan), que
desde su cincuentavo aniversario durante la crisis de Kosovo se muestra dispuesta a ser invitada a contribuir a la preservación de la paz y de la
seguridad internacionales conduciendo operaciones en ayuda de otras organizaciones internacionales. ¿Apoyaría la Otan militarmente a la OEA en caso de alguna emergencia en el hemisferio?

Aún no parece viable una intervención norteamericana en Colombia. Sin embargo, expertos advierten que el Comando Sur diseña sus propios proyectos, indepen­diente­mente del control político. (16)
Se conoce de la existencia entre los militares de escenarios que especulan abiertamente sobre una intervención. Para el "National Defense University", ligado al Pentágono: “existen situaciones específicas que justificarían el uso de la fuerza estadounidense. [...] En caso de una pérdida de la soberanía estatal colombiana a la insurgencia o al crimen organizado transnacional, es posible que se busque la asistencia de Estados Unidos para resolver la situación. Puede ser que el llamado no provenga de Colombia directamente: la inestabilidad fronteriza puede trasladarse a los estados vecinos, a tal grado que se podría conformar una coalición para controlar el conflicto o para asistir a las fuerzas gubernamentales en retomar el control de FARC, ELN o las mafias de la droga.” (17)

El comandante del Comando Sur Wilhelm dijo recientemente que en caso de una ame­naza al Canal de Panamá, los Estados
Unidos no vacilarán en actuar ‘unilateralmente'. Aunque los militares son tan sólo una de las fuerzas políticas en Washington, los lineamientos operativos de los diferentes ministerios presentan suficientes indefiniciones como para que algunas agencias puedan desarrollar acciones clandestinas en Colombia. Las bases de Aruba y Curaçao podrían, por su ubicación y su rol previsto para los próximos años, verse inmiscuidas en este escenario.


References

1. "La agenda secreta para Colombia", El Espectador, 4 de junio de 1999.
2. "Drug Control: Narcotic Threat From Colombia Continues to Grow", US General Accounting Office, GAO/NSIAD-99-136, junio de 1999; "US Widens Colombia Counter-Drug Efforts - Restrictions Loosened on Data Sharing", The Washington Post, 10 de julio de 1999.
3. “Colombian and US officials stressed that the US aid would be aimed at fighting drug trafficking, not at ‘counterinsurgency' operations against the guerrillas. But officials acknowledge that, in many areas of Colombia, the distinction is so blurred as to be meaningless.” "Pact Near on Aid to Colombia", The Washington Post, 9 de octubre de 1999.
4. "Crecen argumentos de línea dura en E.U.", El Espectador, 18 de Julio de 1999.
(5) "'Paz necesita victorias en el campo de batalla': Wilhelm", El Tiempo, 22 de septiembre de 1999; Statement of General Charles Wilhelm, United States Marine Corps Commander in Chief, United States Southern Command, before the Senate Caucus on International Narcotics Control, 21 de septembre 1999.
6. "Fumigación sin resultados", Editorial en El Tiempo, 8 de octubre de 1999; "“Los cultivos ilícitos han aumentado 222%”," El Espectador, 6 de octubre de 1999. Los dos articulos están basado en un informe del investigador Ricardo Vargas Meza de Acción Andina y el Transnational Institute (TNI), "Estrategia antidrogas, fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos y sus impactos socioambientales y políticos en Colombia".
7. Así lo expresó Peter Romero, Secretario Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental. Statement before the Subcommittee on Criminal Justice, Drug Policy and Human Resources Committee on Government orm and Oversight, Washington DC, 4 de Mayo de 1999. El presidente de Panamá, Mireya Moscoso, declaró al respecto: "Cuando se hablo de crear un centro antidroga, jamas se nos dijo que es lo que en realidad pretendia Washington. Podia ser una base disfrazada, lo que no queremos." "Moscoso no quiere mas bases ni la presencia militar de EU", El Nuevo Herald, 5 de mayo de 1999.
8. Para las autoridades de los Estados Unidos la interrupción del puente aéreo es un gran éxito. Estudios de Acción Andina y Transnational Institute muestran todo lo contrario. Ver el informe "The Drug War in the Skies. The US ‘Air Bridge Denial' Strategy: The Success of a Failure". Acción Andina - Transnational Institute, Cochabamba, mayo de 1999.
9. Barry McCaffrey, Director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, Testimony before the Senate Committee on Armed Services, Subcommittee on Emerging Threats and Capabilities on the Department of Defense's Role in US Drug Control Policy, Washington DC, 27 de abril de 1999. El artículo "El ambiguo experimento holandés de droga" [Holland's Half-Baked Drug Experiment] (Foreign Affairs, mayo-junio 1999) se basa en datos equivocados y estadisticas manipuladas y se publicó con anterioridad en la revista colombiana Cambio.
10. "Sitios de apoyo de Estados Unidos en Aruba y Curazao" [Steunpunten VS op Aruba en Curaçao], Amigoe, 8 de abril 1999; "Bases de Estados Unidos formalmente aprobado" [Komst VS-bases nu formeel rond], Amigoe, 13 de abril 1999.
11. "De Grave no encuentra grandes problemas en Aruba"[De Grave tt op Aruba geen grote problemen aan], Amigoe, 13 de enero 1999.
12. "Clinton informa al Congreso sobre países productores de drogas", Servicio noticioso desde Washington, 12 de noviembre de 1999.
13. "E.U. quiere una fuerza de intervención", El Tiempo, 9 de Junio 1999.
14. "Visiones encontradas sobre propuesta E.U. a la OEA", El Tiempo, 10 de Junio 1999.
15. "Colombia, hacia un otanización", Proceso (México), 29 de agosto de 1999.
16. “Several military officers, diplomats and independent analysts said, however, that in the absence of a more clearly defined Clinton administration policy in Latin America, the special operation forces are setting the agenda. ‘The United States runs the risk of having [Southern Command] set its own policy,' said Coletta Youngers of the Washington Office on Latin America.” "US Expands Latin American Training Role", The Washington Post, 13 de julio de 1998.
17. "Strategic Assessment 1998: Engaging Power for Peace", Institute for National Strategic Studies, National Defense University, marzo de 1998; "El otro 'Plan B'", Semana, 5 de abril 1999.

 

About the authors

Tom Blickman

Tom Blickman (1957) is an independant researcher and journalist, based in Amsterdam. Before coming to TNI he was active in the squatters and solidarity movements in Amsterdam. He worked for Bureau Jansen & Janssen, a research institute on intelligence and police matters. Now he specialises in International Drug Control Policy and Organised Crime as a researcher at TNI's Drugs & Democracy Programme.