Editorial

Editorial
Ricardo Vargas Meza
Revista Acción Andina 4 Julio de 2001

El gran fracaso de la estrategia de reducción de la oferta de drogas ilegales está llevando las decisiones en esta materia a niveles delirantes. No sólo se esparcen inútilmente millones de otros de químicos para combatir los cultivos ilícitos como plan A, sino que se presiona hacia el uso de agentes biológicos contra los cultivos de coca y amapola, como parte del Plan B. Este escenario tuvo su expresión más acabada a lo largo del año 2000, con la amenaza de usar la región amazónica colombiana como centro piloto para experimentaciones a campo abierto del hongo fusarium. EI hecho indignó a diversos sectores sociales, académicos, periodistas y políticos sensibles a los impactos en
materia ambiental y en derechos humanos.

Los responsables del esperpento agazapados en Washington manejaron el tema con sigilo, moviendo los hilos con los cuales someterían la pobre autonomía de gobiernos como el colombiano, con el fin de garantizar a través de un acuerdo formal con el aval de la entonces UNDCP y su programa SCOPE y la administración Pastrana, su peligrosa cruzada contra los cultivos de coca. A la criatura se le bautizó con una denominación aséptica: Control Biológico. En realidad se trataba de una típica guerra biológica cuyo escenario no sólo se trata de una selva rica en biodiversidad, golpeada por el extractivismo del gran "capital legal e ilegal", sino de áreas con comunidades indígenas, con grupos sociales diversos dedicados a múltiples actividades "legales e ilegales" y con insurgentes que aprovechan esta actividad para financiar la guerra en la que erigen su poder. Sin embargo la complejidad del escenario suele simplificarse con una frase sencilla como perversa: "área de cultivos ilícitos, que son la base del narcotráfico".

Al conocerse una buena parte de la trama se movilizó una opinión internacional que se expresó en diversos medios de comunicación y a través de grupos de presión nacionales e internacionales. Así se inició una lucha de argumentos que redundó en la derrota parcial del sector que propugnaba por el cambio de método en la guerra contra las drogas. Algunos de los actores de la obra se batieron en retirada, pero buscaron e indagan aún, otras alternativas bajo la misma idea general. Unos continuaron el sainete buscando "un hongo criollo"; otros más peligrosos, se proponen en Uzbekistán desarrollar el papel piloto que se pretendía para Colombia, ahora para la amapola, verificando el uso de la "pleospora papaveraceae" para combatir estos cultivos a nivel mundial.

Este número de la revista está dedicado a rescatar la memoria de ese sobre la guerra química y biológica contra los cultivos ilícitos y a actualizar los entramados políticos y en materia de seguridad que envuelven la actual cruzada antidrogas, así como sus impactos a nivel de la región y sus perspectivas.

Edward Hammon del Sunshine Project, el biólogo y periodista Jeremy Bigwood, Martin Jelsma del TNI, Emperatriz Cahuache a la sazón presidente de la Organización de Pueblos lndígenas de la Amazonía Colombiana, asumieron desde diferentes perspectivas este y aquí están sus argumentos.

Por su parte, Tortosa y Wilches Chaux exploran formas amenas y pedagógicas de exponer los términos absurdos en que se mueve la guerra a las drogas, a través de escenarios imaginados cuyo sentido y validez, paradójicamente se afirman y recrean al ser contrastados con la realidad.

De otro lado, la guerra química se acentúa en Colombia en niveles alarmantes. Para dar un solo dato, en menos de dos meses fue fumigado el equivalente a 30.000 hectáreas de coca en el Putumayo. Acción Andina Colombia, Rapalmira y TNI cuestionan las justificaciones del Departamento de Estado para asumir estas decisiones que reiteran practicas implementadas durante 25 años sin que muestren resultados positivos. Retomando las "hojas técnicas" (Fact Sheet) y manteniendo las mismas preguntas que se hicieron en Washington, estas organizaciones ilustran la situación en que se desarrollan las actuales fumigaciones y los peligros que están teniendo contra la población y el medio ambiente. La Defensoría del Pueblo de Colombia ha confirmado las preocupaciones a través de diversos conceptos que han culminado en señalar la necesidad de suspender las fumigaciones.

Así mismo Ricardo Soberón muestra una experiencia dramática de la erradicación compulsiva en Perfil a través de un estudio de caso en el Valle del Monzón, en un contexto de inestabilidad política y corrupción que pudo salir a flote al final del gobierno autoritario de Fujimori, sin que tampoco se hubiesen vislumbrado cambios significativos en el periodo de transición democrática. Washington ratificó su presencia política en medio de la crisis con el fin de mantener su influencia en los temas de su agenda sobre las cartas de "cambio" para Perú. Los anuncios que acaba de hacer el nuevo presidente Toledo en el sentido de apoyar el desprestigiado Plan Colombia, así lo evidencian.

Theo Roncken, Verónica Ramos y Javier Garcia Soruco ilustran el caso boliviano signado por una gran incertidumbre en cuanto a salidas estratégicas a una situación de inestabilidad económica y política profundizada por la ausencia de perspectivas para los sectores mis pobres, para quienes la coca representa prácticamente uno de los pocos medios de sobrevivencia de 35.000 familias bolivianas involucradas en esta economía.

Los anuncios del Secretario de Estado Collin Powell sobre una iniciativa andina capaz de neutralizar los movimientos previsibles de los escenarios de la producción de drogas y el perfil de los funcionarios de la Casa Blanca que van a decidir sobre drogas como el nuevo Zar John P. Waiters para quien la lucha debe seguir librándose en la fuente, son señales preocupantes. La intromisión estadounidense en la redefinición de la seguridad hemisférica con base en sus prioridades para la región, tiene como una de sus bases el tema de las drogas. El hecho se traduce en un creciente involucramiento de las fuerzas armadas latinoamericanas en un asunto policial, pero con consecuencias graves para el fortalecimiento democrático latinoamericano dada la narcotización de nuestras realidades y la consiguiente justificación de la militarización de ellas, con consecuencias en la violación de garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos.

Con algunas diferencias de grado, la clase política latinoamericana acepta este papel el cual se convierte en el vehículo para fortalecer el uso de la fuerza extensivo y útil para contener las amenazas de inestabilidad social y política, ante un contexto de desempleo y miseria para la mayoría de los latinoamericanos. De paso, busca compensaciones a través de algunos beneficios para los sectores privados con la ampliación del ATPA a sus exportaciones dirigidas al atractivo mercado norteamericano. Ricardo Vargas analiza esta perspectiva.

La construcción de un paradigma alternativo al actual modelo prohibicionista, debe tener como responsabilidad el análisis y evaluación de las decisiones que en su nombre se han desarrollado a lo largo del siglo XX y del milenio que ha comenzado. El escenario de la erradicación forzosa es un buen ejemplo de la crisis de la "tolerancia cero". Las combinaciones de técnicas químicas, biológicas y manuales para erradicar cultivos, no cambian en nada los términos de la estrategia. Quizás la manual tiene un impacto ambiental menor a las demás. Sin embargo el problema no es la técnica. Es la construcción paciente de una estrategia que supere los errores del modelo de "guerra a las drogas" y se desarrolle con lo mejor de las recientes experiencias de "reducción de daños", creando nuevos puntos de referencia hacia tratos más humanos para los adictos, respeto a las libertades individuales y cree alternativas reales a los sectores más pobres involucrados en la producción de materia prima.

Pero ¿Estarán realmente comprometidos en esta tarea los grandes beneficiarios colaterales y ocultos de la prohibición, esto, es, el sistema financiero internacional, los grandes productores de armas, incluyendo las químicas y biológicas, los empresarios y comerciantes de precursores, los contrabandistas y empresarios de otras economías ilegales de miles de millones de dólares, los políticos fundamentalistas de Europa y Estados Unidos, los señores de la guerra en Colombia y las instancias de seguridad de las grandes potencias? Las cuentas son claras: ¿No deberíamos entonces hablar mucho más de narcotráfico y un poco menos de cultivos ilícitos?