Drogas y conflicto armado

1 July 2005
TNI

El gobierno de Uribe puso en marcha en 2003 un inmenso operativo militar en el sur del país en áreas tradicionalmente ocupadas por la guerrilla. El llamado Plan Patriota es hoy el mayor componente militar del Plan Colombia, y se expresa en la acción combinada de diversos cuerpos de seguridad del estado, con el apoyo, asesoría y monitoreo del gobierno de Estados Unidos.

El Plan Patriota, que involucra más de 14 mil efectivos, es una respuesta militar al problema de las drogas, que en la actual coyuntura internacional ha quedado asociado al terrorismo, reduciéndolo en consecuencia a un asunto de seguridad. A nombre de la "derrota el terrorismo y su fuente de financiación", el Plan Patriota ha contribuido significativamente a un agravamiento de la crisis hmanitaria y de la situación de confinamiento y pobreza de las poblaciones del sur del país.

Plan Patriota

Drogas/Terrorismo - Ya desde los primeros años de la posguerra fría se viene tratando el problema de las drogas como un problema de seguridad. Esta situación ha ido evolucionando hasta alcanzar su actual articulación con la lucha antiterrorista. El tratamiento militarista del terrorismo le ha dado un nuevo impulso a la remilitarización de la guerra a las drogas.

Que los grupos armados dependen altamente de la economía ilegal es algo imposible de desconocer. Pero, en el caso colombiano, vale la pena preguntarse si es pertinente extender el concepto de lucha contra los grupos terroristas de alcance internacional a los grupos insurgentes locales que actúan en una guerra interna y que carecen de una ideología transnacional y un accionar global.

La Política de Seguridad Democrática del presidente Uribe Vélez apunta con claridad a golpear a las guerrillas bajo el reconocimiento común de la simbiosis drogas-finanzas de terroristas.

Vía libre al narcotráfico

La focalización de las acciones antidrogas sobre la insurgencia ha permitido dejar por fuera del objetivo los nuevos y desconocidos grupos organizados del narcotráfico. De modo que el narcotráfico colombiano ha resultado beneficiándose de esta concentración del poderío militar estatal para atacar a la insurgencia. Y si bien es cierto que las acciones han contribuido a desalojar a las guerrillas de lugares estratégicos o han contenido su influencia militar, estas acciones se realizan con frecuencia en detrimento de la población civil residente en esas zonas.

Pero además, el estado colombiano, en su incapacidad para colmar los vacíos dejados por la insurgencia en su repliegue, le ha dejado las puertas abiertas al narcotráfico, que ha ido ocupando simultáneamente esos espacios a través de mecanismos violentos de acumulación, lavado de activos a través de la compra o posesión de tierras, pretendiendo, al final del proceso, una legalización de sus intereses económicos que le permita consolidarse como fuerzas regionales en el orden político y de seguridad.

La focalización de las acciones militares en el sur, y en particular sobre las guerrillas, ha facilitado el empoderamiento de los narcotraficantes. A su vez la ausencia de agilidad en los procesos de extinción de dominio de los bienes de los narcotraficantes, y la falta de claridad sobre el uso de los recursos ya incautados al narcotráfico, desfavorece la creación de condiciones que inhabiliten el territorio colombiano como lugar expedito para la continuidad del narcotráfico. En la actualidad no hay mecanismos que establezcan con transparencia la responsabilidad del narcotráfico - y de los grupos armados que han participado en ese proceso - en la paulatina y violenta expropiación de territorios que han sufrido las comunidades indígenas, negras y campesinas colombianas.

Drogas/Grupos insurgentes - La relación de los grupos insurgentes con las drogas es de larga data, pero hasta hace unos años ésta se reducía al cobro de tarifas impositivas a productores, comisionistas, al sector servicios de la localidades, y a los capitales que llegaban a sus teritorios comprar la mercancía. Previo acuerdo sobre el pago de un impuesto con los grupos insurgentes que controlaban una zona, los compradores entraban a relacionarse con los comisionistas para desarrollar su plan de compras. En su papel de recaudadores de impuestos y de acuerdo con la infraestructura ilegal existente en cada localidad, le cobraban a la pista de embarque por kilotaje, y a los laboratorios de cristalización de cocaína que estuvieran instalados en la zona.

A partir de 1996, este rol relativamente modesto en el negocio de las drogas por parte de la insurgencia se vio modificado debido a diversos factores:

  1. La ofensiva paramilitar hacia el sur de Colombia, iniciada hacia 1998 en la región del Bajo Putumayo en límites con Ecuador, y en áreas adyacentes al río Guaviare, como resultado de las marchas de los campesinos cocaleros (1996), que se percibió como un gran peligro debido a su articulación social con la lucha insurgente.
  2. La ofensiva insurgente contra las fuerzas armadas entre 1996 y 1998, principalmente en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Nariño, en lo que ha sido reconocido como el momento de mayor capacidad de uso de la fuerza de la guerrilla.
  3. El incremento de la confrontación que empieza a demandar importantes sumas de dinero para sostener la capacidad de respuesta militar.

Estos factores propiciarían que tanto los cultivos ilícitos como toda la economía complementaria sufrieran un cambio significativo al ser incorporados ya no tangencial sino directamente a la dinámica de la guerra.

Paramilitares/Narcotráfico/Conflicto armado - El capital del narcotráfico ha financiado ejércitos privados que han evolucionado desde las diversas regiones en intentos de coordinación nacional, como el de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El involucramiento inicial del narcotráfico en la guerra contrainsurgente ha sido presentado como una reacción de inversionistas privados contra las amenazas de secuestro, extorsión, y en general la inestabilidad económica y social generada por las guerrillas, dada la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de las personas.

Este proceso se ha articulado a las dinámicas de privatización del uso de la fuerza, cuyas raíces históricas anteceden al fenómeno de las drogas en Colombia. Pero es la economía de las drogas lo que ha permitido la consolidación del combate a la insurgencia. El capital del narcotráfico ha permitido un proceso de fortalecimiento de los recursos necesarios para ampliar la fuerza de los denominados grupos de autodefensa.

La guerra ha servido no sólo para proporcionar márgenes de seguridad privatizados y la garantía de un espacio político importante, sino que es un instrumento óptimo de acumulación para la economía ilegal de las drogas. Fuera de que la guerra ha facilitado un proceso de acumulación violenta concretado en la modificación de la estructura agraria de tenencia de la tierra.

Para afirmarse como proyecto contrainsurgente, las autodefensas debían tomar un giro político, en la medida en que al final del camino necesariamente debía producirse alguna forma de transacción con el Estado. Este giro político acompañado de un proceso violento de acumulación de tierras y territorios, la adquisición soterrada de espacio público y de legtimidad dentro de la sociedad, es lo que las autodefensas pretenden legalizar ahora a través de un "proceso de paz".

Ideas extraídas de: Ricardo Vargas Drogas y conflicto armado en Colombia.

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