El nuevo modelo de las guerras de expoliación Mariano Aguirre La República, 15 August 2001
¿Son las guerras modernas expresiones del caos o detrás de la aparente irracionalidad se erige un modelo económico mucho más articulado de lo que aparenta y que, además, produce beneficios para algunos de los actores internos y externos implicados?
El arco de guerras actuales, desde Colombia hasta Indonesia, pasando por Afganistán, la zona del Cáucaso, Balcanes y parte de Africa Subsahariana tiene un inmenso coste económico y genera enormes movimientos de capital.
El International Institute of Strategic Studies calcula, por ejemplo, que el conflicto colombiano cuesta alrededor de 1.500 millones de dólares anuales (sin incluir en esta cifra el gasto que suponen los grupos armados no estatales: guerrillas y paramilitares), el de Afganistán 200 millones de dólares, el de Sudán 184 millones y la guerra de Sierra Leona 24 millones. Estas cifras son orientativas y limitadas y no muestran la destrucción en todas sus facetas.
En un Estado en guerra se mata y hiere a las personas, se destruyen núcleos familiares, se rompe el consenso entre grupos sociales y se arrasan las infraestructuras que permiten el funcionamiento interno de la sociedad y, en parte, sus conexiones con el exterior. Las oportunidades presentes y futuras se deforman.
Pero la destrucción no deja espacios vacíos. La economía ilegal sustituye a la legal o formal. La corrupción ocupa el lugar de la gestión transparente del Estado. La violencia sustituye a la justicia.
Las sociedades se integran, en diferentes formas y a distintos niveles en la estructura de la violencia, y las riquezas naturales son expoliadas.
Los Estados frágiles como Somalia, Sierra Leona o Liberia son entidades que sólo existen en los atlas. En la realidad, se están desintegrando según líneas étnicas o en los perímetros de las zonas con recursos naturales.
Un informe realizado para el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la explotación ilegal de recursos y otras formas de riqueza en la República Democrática del Congo (RDC), por ejemplo, indica que los recursos como minerales, café, madera, ganado y dinero han sido saqueados en los últimos años en este país por los ejércitos de Burundi, Ruanda y Uganda.
Al mismo tiempo, existe una planificación y organización en la que participan gobiernos, empresarios, miembros de las fuerzas armadas de esos países y de Zimbabwe, y la propia RDC.
Las actividades ilícitas han contribuido a prolongar la guerra y a producir una sistemática explotación del país. Esta política económica de una parte de los conflictos armados actuales queda de manifiesto en un ensayo de William Reno publicado en el Anuario 2001 del Centro de Investigación para la Paz.
El aparente caos de las guerras de Sierra Leona, Somalia, Angola o la RDC es desmentido por el estudio de Reno. Las elites promueven la corrupción y la debilidad del Estado, que van unidas al auge de economías en la sombra y tráficos ilícitos.
El modelo se completa con el reclutamiento de sectores jóvenes de la población, para ejercer la violencia como mercenarios, y con la alianza con actores externos.
Se trata de un modelo que deliberadamente utilizan los gobernantes de los Estados afectados y sus aliados internos y externos para obtener grandes beneficios. En los conflictos mencionados los recursos son la fuente esencial de disputa o sirven de base económica a algunos de los actores implicados. A su vez, un ensayo de Michael T. Klare indica que la competencia por los recursos será una de las fuentes principales de conflictos armados en los próximos tiempos.
El consumo humano aumenta la demanda sobre tierras cultivables y agua. Los modelos industriales demandan determinados minerales, y los modelos sociales de producción y consumo requieren más petróleo y gas. Esta demanda es, en algunos casos, más veloz que la capacidad de reproducción de los recursos. A la vez, la globalización de las relaciones económicas, el crecimiento de población en los países más pobres y la urbanización rápida son tres variables que condicionan la demanda de recursos.
Esta demanda podrá llevar a la pugna por el control de recursos estratégicos, como el petróleo. Igualmente, determinados minerales con valores simbólicos y de inversión financiera, como diamantes, esmeraldas y oro, son objeto de conflictos.
En el curso de los años 2000 y 2001 la relación entre explotación ilícita de piedras preciosas y conflictos armados ha sido ampliamente debatida y denunciada, con especial atención a las guerras en Angola y Sierra Leona.
Organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja y Oxfam, así como las Naciones Unidas, han denunciado la situación y han exigido una regulación de la explotación y comercio de los diamantes.
El comercio ilícito alimenta a la guerra: con el dinero ilegal se compran armas, se pagan mercenarios y se corrompen gobiernos. Las consecuencias las pagan las poblaciones con sufrimiento, pobreza sistemática y eventuales crisis humanitarias.
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