El prohibicionismo después del 11 de septiembre

El prohibicionismo después del 11 de septiembre
Virginia Montañés Sánchez
XI Jornadas de debate sobre la legalización de las drogas
Organised by Bizitzeco, Bilbao, 2-5 December 2002

Una de las consecuencias directas de la situación internacional tras los sucesos del 11 de septiembre ha sido poner en evidencia y acentuar la oposición entre las dos tendencias principales que existen en el ámbito de las políticas internacionales de drogas: una que tiende hacia políticas más tolerantes y pragamáticas y que tiene su centro de gravedad en Europa y otra, liderada por Estados Unidos, que trata de reforzar la mentalidad de tolerancia cero con medidas más represivas.

Estas dos tendencias parten de un mismo supuesto: las políticas actuales no funcionan. Pero se diferencian en las medidas que proponen para superar el fracaso: mientras unos abogan por evaluar las políticas actuales, abrir el debate, experimentar con otros enfoques y plantear objetivos más realistas de reducir los daños y riesgos relacionados con las drogas, los otros defienden que el problema no es que la medicina no funcione, sino que la dosis represiva era insuficiente y hay que aumentarla: oponiéndose a cualquier signo de tolerancia, cerrando filas frente a posturas realistas, proponiendo fechas límite y no temiendo ensuciarse las manos para conseguir "Un mundo libre de drogas - Podemos conseguirlo".

La tensión entre estas dos tendencias ha originado tres dinámicas:

• En el ámbito de la producción, se ha producido una escalada de los enfoques represivos en los últimos años, acentuada ahora al vincularse la guerra a las drogas con la guerra al terrorismo: intensificación de las fumigaciones con herbicidas químicos en Colombia, intento de desarrollar micoherbicidas para iniciar un frente biológico en la guerra a las drogas, creciente participación del ejército en actividades de control de drogas, especialmente en América Latina y bajo supervisión de EEUU, colaboración con el régimen talibán en el 2000 para imponer una prohibición del opio y presión al gobierno actual de Karzai para reforzar la prohibición sin haberse desarrollado alternativas a la economía del opio.
• El concepto de Reducción de Daños (y riesgos) se ha extendido rápidamente entre las políticas y prácticas destinadas a reducir la demanda de drogas. Casi todos los países de la Unión Europea, otros como Australia, Suiza, Nueva Zelanda, Canadá y Brasil tienen en marcha programas de reducción de daños.
• En el ámbito de las Naciones Unidas, el debate se ha polarizado tanto que se ha llegado a una parálisis. En 1998 se celebró una Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU sobre drogas, denominada UNGASS, en la que finalmente se consolidaron las propuestas más represivas. Con el eslogan Un mundo libre de drogas - Podemos conseguirlo, se declaró como objetivo eliminar o reducir significativamente la oferta y la demanda de drogas prohibidas antes del año 2008.

En abril próximo, representantes gubernamentales de todo el mundo se reunirán en Viena para analizar los resultados de los primeros cinco años de aplicación de la estrategia formulada en aquella sesión. No tienen demasiados motivos de alegría. Los datos del último informe de la ONU sobre las tendencias mundiales de las drogas ilícitas, publicado en el año 2002, demuestran que los objetivos planteados en el '98 no se han cumplido. Al contrario: la producción de cannabis, cocaína y drogas sintéticas está aumentando y cada vez hay drogas más puras y más baratas en los mercados locales de drogas. Ayer Martin Barriuso nos mostraba cómo los patrones de consumo están cambiando pero el consumo de drogas prohibidas como parte de las actividades de ocio no desaparece ni parece que vaya a desaparecer.

En el lado de la producción, los cultivos de adormidera desaparecieron en Afganistán en el 2001, debido a la prohibición del opio declarada por el régimen talibán. Sin embargo, desde febrero de 2002 el cultivo de adormidera ha vuelto a florecer, y otro informe de la ONU, publicado en octubre, demuestra que casi se han recuperado los niveles de 1999.

En lo que se refiere a la coca, el área con cultivos ilícitos en la región andina no ha disminuido en la última década, manteniéndose en la cifra de 200.000 hectáreas, aproximadamente. Según Naciones Unidas (1), en Perú aumentó el área cultivada, de 43.000 hectáreas en 2000 a 46.000 en 2001, y Bolivia mostró un aumento en el área de cultivo de 14.600 hectáreas en 2000 a 19.900 en 2001.

En Colombia, el cultivo neto de coca se ha triplicado desde que comenzaran las fumigaciones, a pesar de que se han fumigado alrededor de 300.000 hectáreas desde el inicio de la última campaña de fumigaciones enmarcada en el Plan Colombia -diciembre 2000. El objetivo para 2003 es fumigar 200.000 hectáreas. El gobierno colombiano estima que desde 1992 casi 500.000 hectáreas de los bosques montañosos andinos y de la Amazonía han sido destruidas por cultivos ilícitos. Gran parte de esta deforestación se debe directamente al continuo desplazamiento de los cultivos provocado por las fumigaciones.

La región andina ha experimentado en sus políticas nacionales la influencia de un discurso internacional sobre políticas de drogas impulsado por EEUU en el que se combina lo que se ha denominado "la triple estrategia de erradicación, interdicción y desarrollo alternativo," imponiéndose la lógica de contar las hectáreas erradicadas para medir la eficacia de las políticas.

En los orígenes de esta estrategia se encuentra en la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU sobre drogas (UNGASS), celebrada en 1998. En la declaración política de la UNGASS se hizo un llamamiento a favor de un apoyo fuerte al desarrollo alternativo, pero también enfatizaba (palabras textuales) "la necesidad de programas de erradicación y la aplicación de medidas represivas para atacar los cultivos ilícitos". Además invita a los Estados miembro a trabajar estrechamente con el PNUFID "para desarrollar estrategias con el fin de eliminar o reducir significativamente los cultivos ilícitos de coca, cannabis y adormidera para el año 2008".

El Plan de Acción sobre Cooperación Internacional en Erradicación de Cultivos Ilícitos y Desarrollo Alternativo, aprobado por UNGASS, resaltaba que el desarrollo alternativo, por sí solo no es suficiente, "los enfoques equilibrados tienen más posibilidades de producir estrategias más eficaces y mejores resultados". Y "las estrategias nacionales de reducción y eliminación de cultivos deben incluir medidas integrales, tales como programas de desarrollo alternativo, aplicación de la ley y erradicación". Los términos 'enfoque equilibrado' y 'medidas integrales' son los eufemismos usados para lo que comúnmente se conoce como zanahoria y garrote. Con esta terminología se legitima el uso de la fuerza para reducir los cultivos de coca y amapola. Entre la lista de condiciones ideales para el desarrollo alternativo del plan de acción aparece la frase "aplicación sistemática de medidas represivas y de erradicación para reducir los incentivos".

Así surgió la filosofía de fechas límite y 'tolerancia cero' que imponía como indicador del éxito de las políticas de control de drogas la eliminación del mayor número de hectáreas en el menor periodo de tiempo. El condicionamiento de la financiación de programas de desarrollo alternativo a un control estricto de los cultivos, y el resultado de mezclar el desarrollo alternativo con la aplicación de medidas represivas y de erradicación forzosa han restado legitimidad al concepto, además de haber llevado al fracaso a las políticas de control de drogas en la región andina.

En la raíz del fracaso de estas políticas se encuentra la descompensación entre lo que el Estado espera de los campesinos - que erradiquen su principal medio de subsistencia - y lo que éstos reciben a cambio, proyectos sin ninguna viabilidad condenados al fracaso y, en última instancia, fumigación de sus campos o batallones militares erradicando a la fuerza los cultivos que los campesinos hayan mantenido mientras se materializaban las promesas.

Un ejemplo muy claro de ese desequilibrio entre estrategias represivas y estrategias que supuestamente intentan promover alternativas lícitas a la economía de la coca lo encontramos en los pactos de erradicación voluntaria que se firmaron en el Sur de Colombia en el año 2000. Estos pactos surgieron cuando, a iniciativa de los campesinos e indígenas del bajo Putumayo y de las autoridades locales, los municipios de esta zona propusieron al gobierno un cese de las fumigaciones a cambio de compromisos de erradicación manual de los cocales. La propuesta proponía un proceso gradual de sustitución de los cultivos, fortalecimiento de proyectos productivos de mediano y largo plazo, asistencia técnica y capacitación de los campesinos. Fue llevada a Bogotá y allí aprobada, pero bajo condiciones diferentes, en las que se impusieron plazos de un año para erradicar toda la coca comprometida en los pactos, bajo la amenaza de ser fumigados si incumplían.

Las condiciones restrictivas y fechas límites poco realistas de los Pactos Sociales -firmados por 37.000 personas- acabaron destruyendo la concepción de desarrollo integral que tenía la propuesta originaria de las comunidades. A finales del mes de julio se reiniciaron las fumigaciones con herbicidas químicos en el Putumayo, sur de Colombia, tras una suspensión de ocho meses. El motivo, según el gobierno: los campesinos no habían cumplido la promesa de erradicar manualmente sus cultivos de coca.

Si la comunidad internacional pudiera finalmente reconocer que no se va a reducir la oferta global de drogas con las actuales políticas, y aceptar el hecho de que el fenómeno de los cultivos relacionados con drogas se mantendrá mientras exista una demanda, los países no tendrían la presión de tener que cumplir con metas de reducción y fechas límite.

Es esencial contar con calendarios más realistas que permitan una reducción gradual en un periodo de varios años y mayor compatibilidad con los planes de desarrollo rural local. Se debería generar una confianza mutua sobre la base de que, si el desarrollo no consigue garantizar condiciones de vida dignas en el periodo propuesto, se permita la existencia de un máximo establecido de cultivos ilícitos por familia para fines de subsistencia. Se ha condicionado demasiado la ayuda a la reducción de hectáreas, y a la idea de que 'si la zanahoria no funciona lo bastante rápido, entonces les daremos garrote'. Hay que cambiar esa modalidad. Las comunidades ya no tendrían que 'probar su voluntad de sustituir' sino que el gobierno y la comunidad internacional tendrían que 'probar la viabilidad de las alternativas' antes de poder exigir a los campesinos y a las comunidades indígenas que pongan en riesgo las frágiles bases de su economía de supervivencia.

En enero de este año se celebro en Alemania, la conferencia "El rol del Desarrollo Alternativo en el control de drogas y la cooperación para el desarrollo", auspiciada por el Ministerio Alemán para la Cooperación Económica y el Desarrollo (BMZ), y organizada por la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ), y el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID). A la conferencia asistieron un centenar de funcionarios de política internacional y expertos para discutir lo aprendido tras 25 años de experiencia en este campo y extraer conclusiones sobre el futuro del Desarrollo Alternativo (DA). Una de las recomendaciones de la Declaración Feldafing, el documento que resultó de una conferencia, dice: "El Desarrollo Alternativo no debe condicionarse a una previa eliminación de los cultivos de drogas, ni debe imponerse una reducción de éstos mientras los componentes lícitos de las estrategias de subsistencia no se hayan consolidado suficientemente".

El director de la GTZ, Wolfgang Schmitt, dijo en su discurso: "Debe quedar claro para todos que el desarrollo alternativo no tiene nada que ver con fumigación o con erradicación. [..] Estoy convencido de que cuando se aplican medidas de erradicación paralelas al desarrollo alternativo, la situación de seguridad sólo empeora. [...]En las áreas de los proyectos no debe aplicarse medidas de fuerza (fumigación, erradicación, intervención militar) contra la población a la que van destinados los proyectos. Esta es la única base posible para un desarrollo integrado y sostenible".

Décadas de esfuerzos para disminuir la oferta global de drogas, mediante una mezcla de represión y desarrollo alternativo, han fracasado. Los eslabones más débiles de la cadena de las drogas prohibidas (consumidores de drogas y poblaciones rurales involucradas en cultivos ilícitos) han sufrido las principales consecuencias de las desproporcionadas políticas antidrogas. El control de drogas en países productores ha afectado a la sociedad en su conjunto, intensificando conflictos internos, corrupción, violaciones a los derechos humanos y degradación medioambiental.

Es momento de repensar la estrategia. Una alternativa sería aplicar el concepto de reducción del daño como base para una política de control de la oferta más racional y pragmática. Este concepto ya ha sido aplicado con éxito en muchos países, sobre todo en Europa, pero hasta ahora sólo desde el lado del consumo. La introducción de la filosofía de la reducción del daño en las políticas orientadas a controlar la producción de drogas podría abarcar lo siguiente:

• Abandono de la actual obsesión por el recuento y la reducción del número de hectáreas, y en su lugar dar prioridad a reducir los daños asociados a la existencia de los cultivos ilícitos, incluyendo medidas para reducir el daño hecho al medio ambiente y para reducir su capacidad de intensificar conflictos armados.
• Apertura de espacios para el diálogo con las comunidades involucradas sobre sus propios problemas con los cultivos ligados a las drogas -sin la presión de fechas límite o de 'tolerancia cero'-, dando paso a procesos flexibles de reducción gradual de los mismos y otras vías que contribuyan a reducir el daño de la monodependencia económica o de problemas relacionados con el abuso local.

• Definición del pequeño cultivador como una víctima económica que se ha vuelto 'adicto' al cultivo ilícito para su supervivencia. Del mismo modo que opera el enfoque de la reducción del daño para los drogadictos, hay que tratar de ofrecer a los cultivadores condiciones que les permitan superar la situación, y cuando éstas no funcionen, ayudarlos para que se reduzca el daño para ellos mismos y para la sociedad en su conjunto en lugar de criminalizarlos, fumigarlos, encarcelarlos o asesinarlos.

• Despenalización o tolerancia hacia los cultivos pequeños, de la misma manera que hay tolerancia hacia el consumo individual.
• Búsqueda de posibilidades de vincular directamente la reducción de daños en el lado de la oferta y la demanda para estimular el debate global. Por ejemplo, en el marco de un proyecto de desarrollo, resolución del conflicto y reconstrucción, se podría utilizar látex de opio de una comunidad de Colombia o Afganistán para producir la heroína de los programas de distribución controlada de Suiza, Holanda y dentro de poco Alemania, España y Reino Unido.
• Desatanización de algunos aspectos de las drogas prohibidas, diferenciando más las sustancias específicas en base a estudios científicos y sus posibles daños y beneficios. A partir de ahí permitir, por ejemplo, exportar productos de coca a los mercados internacionales.

Mientras tanto, en el lado del consumo hay una tendencia clara (aunque con altibajos) - al menos en la mayoría de los países de la Unión Europea y otros como Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Brasil - hacia políticas de drogas más indulgentes, racionales y pragmáticas. Prácticas como la descriminalización del consumo, la tolerancia frente al cannabis y la posesión de otras drogas para consumo personal, la prescripción de metadona y el intercambio de jeringuillas o los análisis de drogas sintéticas son prácticas comunes hoy día. Otros puntos más controvertidos, como los coffee shops, los programas de prescripción controlada de heroína y las salas de venopunción están siendo estudiados o implementados fuera de los países pioneros, Suiza y Países Bajos.

En estos momentos nos encontramos en una situación un poco especial: la situación se ha deteriorado en varios países de la Unión Europea (Francia, Países Bajos, Italia, España, Portugal, Dinamarca) debido a nuevas coaliciones de derechas en el poder, y se ha estancado en otros (Bélgica, Irlanda, Alemania). Sin embargo, a pesar de este panorama, sigue habiendo avances:

• Reclasificación del cannabis y extensión del experimento de Lambeth a otras áreas en Reino Unido, donde hoy han anunciado el inicio de un programa de distribución controlada de heroína;
• festivales de cannabis y talleres sobre políticas de drogas en el Foro Social Europeo en Italia;
• éxito del programa de distribución controlada de heroína, extensión de programas estatales de análisis de pastillas y tratamiento terapéutico con cannabis en Países Bajos;
• primeros análisis de pastillas, despenalización del consumo de cannabis y cannabis medicinal legal desde 2001 en Bélgica;
• y análisis de pastillas, sala de venopunción, ensayo con distribución controlada de heroína y peticiones parlamentarias (en los parlamentos autonómicos) al gobierno para la autorización del cannabis medicinal en España. Ayer, Martin Barriuso nos contaba cómo aquí en el País Vasco se ha puesto en marcha un programa de análisis de todo tipo de sustancias pionero en el mundo.

El concepto de reducción de daños también está ganando terreno en el sistema de Naciones Unidas. La Organización Mundial de la Salud, el Programa ONU para el Desarrollo y ONUSIDA usan el término regularmente. Según la declaración de la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU sobre el VIH/SIDA de 2001, en el 2005 deben asegurarse los "esfuerzos de reducción de daños relacionados con el uso de drogas" y el "acceso extendido a artículos esenciales, incluidos los equipos estériles de inyección".

Desgraciadamente, el organismo que debería coordinar los intentos de controlar las drogas en la ONU, el Programa para la Fiscalización Internacional de Drogas, es el único que sigue prohibiendo el concepto y evitando cualquier debate sobre el mismo. De hecho, desde el 2000 este programa se ha fundido con el Centro de Prevención Internacional del Delito bajo el mismo paraguas: la Oficina de Fiscalización de Drogas y Prevención del Delito de Naciones Unidas, lo que da una idea del enfoque desde el que se contemplan las políticas de drogas a ejecutar.

Otro de los problemas para avanzar en la reforma de las políticas de drogas son las Convenciones Internacionales sobre drogas de Naciones Unidas. Tarde o temprano, la tendencia tolerante guiada por la filosofía de la reducción del daño, chocará con las limitaciones de las convenciones de Naciones Unidas. De hecho, ya roza los límites de la letra y espíritu de algunos artículos. Todos los pasos dados hasta ahora pueden ser defendidos, al adherirse a la Convención Única de 1961 y a la de Viena de 1988, más estricta. Pero el margen de acción se está acabando. Si los países con políticas pragmáticas quieren avanzar, deben empezar a cuestionar abierta y seriamente las convenciones.

En mayo pasado, la Comisión de Investigación sobre Asuntos Internos de la Cámara de los Comunes del Reino Unido publicó el informe "La política de drogas del gobierno, ¿está funcionando?" En dicho informe esta Comisión concluye que, "... creemos que ya es hora de que se reconsideren los tratados internacionales" y recomienda que "... el gobierno inicie una discusión dentro de la Comisión de Estupefacientes sobre formas alternativas - incluyendo la posibilidad de legalización y regulación - de abordar el dilema global de las drogas". Resumiendo el informe, el presidente de la Comisión, Chris Mullin, manifestó que la Comisión le dice no a la legalización y sí a una política de drogas razonable, basada en la reducción del daño y opuesta al prohibicionismo de la tolerancia cero. "Las tentativas de combatir las drogas ilícitas por medio de la imposición de la ley se han revelado tan ineficaces que es difícil argumentar a favor de su continuidad", dijo Mullin.

Hace un par de semanas, Papandreou, ministro griego de Asuntos Exteriores, declaró a la Agencia France Press que va a aprovechar la presidencia de Grecia en la Unión Europea para promover una reforma de las Convenciones.

Sin embargo, el debate en el seno de la ONU, lugar del que debería partir dicha reforma, se ha polarizado tanto, que se encuentra paralizado. El enfrentamiento entre las dos principales tendencias en materia de política de drogas a nivel internacional hace difícil un avance.

La principal dificultad para avanzar es la cultura de consenso de la Comisión de Estupefacientes. Sin embargo, hay alguna posibilidad de superar el impasse y ampliar el espacio político. El procedimiento de la Comisión basado estrictamente en el consenso fue adoptado solamente cuando EEUU perdió su poder de voto al no haber pagado sus deudas a la ONU. Las resoluciones de la Comisión no requieren necesariamente de consenso, y podrían servir como instrumento para clarificar la interpretación de las Convenciones y estirar la flexibilidad de los países para desarrollar políticas nacionales diferentes.

Sin embargo, las resoluciones pueden servir también para lo contrario. Una muestra de ello y prueba de las incoherencias a las que conducen las divergencias en la política global, la pudimos ver en la última reunión de la Comisión de Estupefacientes en Viena, la primavera pasada.

Primero, Marruecos y Venezuela señalaron la contradicción que hay entre una tendencia a despenalizar el consumo del cannabis y las presiones de erradicación de cultivos en los países del Sur. Luego, a propuesta de Sudán, se presentó una propuesta de resolución en la que se proponía controlar el cannabis que quedó finalmente difuminada con términos que no comprometían a nadie y que simplemente recomendaban a los países ajustar sus políticas a las recomendaciones de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y a las convenciones.

Pero una segunda resolución presentada a última hora y propuesta por Egipto, Jordania, Líbano, Libia y Sudán, proponía en su primera versión la "criminalización del uso de drogas narcóticas y sustancias sicotrópicas por motivos no medicinales". Canadá, Portugal y España, en ese momento en la presidencia de la Unión Europea, saltaron en contra alegando cuestiones técnicas (que había sido propuesta demasiado tarde, que el lenguaje no era el adecuado, que había problemas lingüísticos al traducirla, etc.). Tras un día y medio de intensas deliberaciones, los términos de la resolución quedaron diluidos. La versión aprobada apelaba a la adopción de medidas necesarias para reducir la demanda de drogas ilícitas y poner en marcha medidas que cumplan las provisiones de las Convenciones, especialmente aquellas que obligan a los Estados miembro a limitar el uso de drogas narcóticas y sustancias sicotrópicas a causas medicinales y científicas únicamente.

Esta vez la resolución pudo ser bloqueada porque, al referirse únicamente al uso de drogas, los países europeos, excepto Suecia, hicieron frente común, pero si en la reunión de abril, como es muy posible que ocurra, se propone una nueva resolución sobre la posesión y la oferta de cannabis (lo que afectaría directamente a los coffee shops y el autocultivo) será más difícil llegar a posturas conjuntas.

A pesar de ese peligro, o precisamente debido a ello, la reunión de Viena del año que viene ofrece una oportunidad para impulsar un debate sobre la coherencia de las Convenciones y la eficacia de las políticas. En su inicio, la UNGASS de 1998 que hemos mencionado se convocó para reevaluar las actuales políticas antidrogas. México había hecho un llamamiento para que la Asamblea General creara un momento de reflexión global y se evaluaran las políticas antidrogas. Sin embargo, durante la fase preparatoria en la Comisión de Estupefacientes, los intentos de evaluar fracasaron y la UNGASS se reorientó hacia una afirmación del prohibicionismo.

Una señal interesante y positiva es que México ha sido elegido por la Comisión de Estupefacientes para presidir ahora la revisión de los logros de la UNGASS. Pero es preciso que Europa, que hasta ahora ha mantenido un perfil bajo en el debate internacional, adopte una actitud muy activa para evitar que otra vez se pierda una oportunidad para llegar a una reflexión abierta. Podría ser un momento crucial para sacar el control internacional de drogas de la filosofía de imposición de fechas límite en la cual ha quedado atrapado y diseñar políticas de drogas más eficaces y racionales.

En su discurso de apertura del 46 periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes, la viceministra de asuntos exteriores de México, Patricia Olamendi, aludiendo a las fechas límite del 2003 y el 2008, recordó el espíritu original de la Asamblea General al decir que "en este periodo de sesiones habremos de ser muy críticos acerca de esos ambiciosos objetivos (...) Ante todo, debemos ser honestos y nada autocomplacientes. Reflejar en nuestros informes avances donde no los hay neutraliza los logros que genuinamente pudiéramos haber alcanzado".

En 1998, con motivo de la UNGASS, se creó una red internacional de organizaciones, expertos y activistas con el objetivo común de confrontar a los políticos con la ineficacia de la prohibición de drogas, y de mostrarles la existencia de mejores alternativas. Esta red se llama Coalición Internacional de ONG para una Política de Drogas Justa y Eficaz (ICN, siglas en inglés). Entre sus más de cien miembros se encuentran Cáñamo, ARSEC, AMEC, Kalamudia, Grupo Igia, el Instituto Transnacional y ENCOD.

En los próximos meses, los miembros europeos de la Coalición tratarán de convencer a los políticos de sus países sobre la necesidad de utilizar la oportunidad de la reunión de abril de 2003 para alentar la reforma de la base legal de la prohibición de drogas: las Convenciones de la ONU sobre Estupefacientes de 1961, 1971 y 1988.

Además de las diferentes actividades nacionales de presión política y sensibilización de la opinión pública, en el marco de la campaña se organizarán dos eventos: uno en el Parlamento Europeo en Bruselas, a comienzos del año 2003, y otro en Viena, paralelo a la reunión oficial en Naciones Unidas.

Referencias

1. PNUFID; Tendencias Mundiales de las Drogas Ilícitas - 2002, Naciones Unidas, Viena, 2002.