Israel-Palestina: el malentendido de la violencia
Mariano Aguirre
El Correo digital, 28 August 2001
Las represalias continuas entre las fuerzas de seguridad israelíes y los grupos palestinos radicales están conduciendo a una guerra de la que será muy difícil volver atrás. El miedo va unido a la venganza en los sentimientos de cada vez más personas y tanto un alto el fuego como un reinicio de negociaciones parecen horizontes imposibles.
El Gobierno de Ariel Sharon está aferrado a la triple política de presionar a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) para que encierre a los posibles autores de atentados de la Jihad Islámica; tomar represalias masivas ante cada atentado; y congelar las negociaciones. Yaser Arafat, por su lado, condena sin entusiasmo la violencia mientras busca apoyos externos y, eventualmente, una intervención extranjera para proteger a la sociedad palestina bajo mandato de la ONU.
Los gobiernos palestino e israelí responden a la demanda social de mantener la firmeza. La violencia de los suicidas y el aplauso creciente en Cisjordania y Gaza es, para los líderes palestinos, una respuesta inevitable a la inflexibilidad de Israel al bloquear las negociaciones y castigar de diversas formas militares y económicas a la sociedad palestina. Por su parte, Sharon considera que tiene cada vez más derecho, y legitimidad ante los votantes, a usar de forma preventiva, proactiva e ilegal la fuerza del Estado contra el terrorismo.
EE UU se limita a decir a Israel que no tome medidas demasiado fuertes y a Arafat, que frene la violencia. La UE no hace ninguna propuesta que supere la buena voluntad, y los países árabes no tienen ideas por encima de las fórmulas ensayadas durante cinco décadas. En realidad, la situación es tan grave que desde la frustrada reunión de Camp David en julio de 2000 se ha pasado de la expectativa de alcanzar un acuerdo de paz por territorios a sólo tratar de que cese el fuego cotidiano. Incluso las moderadas propuestas del Informe Mitchell resultan inadecuadas para Israel.
Entre Camp David y el inicio de la II Intifada en octubre pasado creció la percepción mutua de que no había arreglo posible. El primer ministro laborista Ehud Barak perdió las elecciones en febrero de 2001 frente a Sharon, un símbolo activo de la política israelí desde los años 40 del siglo pasado de ocupar territorios y considerar que los árabes debían marcharse de la tierra prometida.
La intensidad y el dramatismo de la batalla en las calles de Jerusalén o Hebrón pueden hacer perder de vista las condiciones básicas para rehacer una negociación y, en el corto plazo, alcanzar un alto el fuego.
Para negociar hay que poner otra vez sobre la mesa las tres grandes cuestiones. La primera es qué hacer con los 4 millones de refugiados palestinos que están miserablemente dispersos entre varios países vecinos y en Gaza y Cisjordania. Y si Israel acepta la responsabilidad de haberlos expulsado de su tierra. En caso de que la aceptase, algo que nunca ha hecho, entonces habría que negociar qué indemnización o compensación recibirán.
La segunda es si Israel va a devolver tierra a los palestinos; cuánta, y qué se va a hacer con los miles de colonos israelíes que viven en asentamientos en esos territorios. La tercera es si Israel permitirá a ese territorio (unificado o, como ahora, fragmentado como manchas de tigre) ser un Estado formalmente reconocido por la comunidad internacional.
La cuarta es la situación jurídica de Jerusalén: ¿capital del Estado de Israel, de un futuro Estado Palestino, regida por un mandato internacional, dividida o dejada, como se llegó a especular el año pasado, bajo la voluntad de Dios?
Estas cuestiones no pueden negociarse sin una constatación histórica. El Estado de Israel se fundó sobre una política de apropiación por la fuerza de la tierra que ocupaba la población palestina. Entre los años 1940 y 1991, cuando comenzaron las negociaciones que llevarían a los acuerdos de Oslo, hay una compleja historia árabe-israelí -detalladamente explicada en la obra ‘The Iron Wall’ del historiador revisionista israelí Avi Shlaim- que condujo a una aceptación de la existencia del Estado de Israel por parte de los Estados árabes y de la OLP. Esa aceptación requiere, todavía, que Israel acepte negociar las cuestiones esenciales.
Los acuerdos de Oslo suponían para Israel garantizar su seguridad a cambio de permitir la creación de un Estado palestino en una fragmentada entidad territorial y social que sería siempre dependiente y débil. Asimismo, se aseguraba su papel de líder económico y militar de Oriente Próximo. La oposición de los grupos radicales palestinos al proceso de Oslo debió ser un indicador para los líderes israelíes que han gobernado con posterioridad al asesinato del primer ministro Isaac Rabin en 1995. La única salida era reforzar lo acordado con la OLP para actuar conjuntamente contra el terrorismo de la Jihad o de los fanáticos colonos judíos. En cambio, Israel ha presionado a Arafat para que haga de policía sin darle nada a cambio y ha castigado cada vez más a la población palestina. El líder palestino se ha refugiado en la autocracia, la corrupción y la búsqueda de apoyos externos.
Si el debilitado Arafat y los miembros de la elite del poder palestino ceden a las presiones de Israel y se dedican a atrapar islamistas se arriesgan, tengan o no éxito, a que la Intifada revierta en contra de ellos. Si no lo hacen, hay un peligro cada vez mayor de que Israel vuelva a ocupar parte de las tierras entregadas durante el proceso de paz de la década pasada. El resultado sería en ambos casos más terrorismo y represalias, menos confianza y una prolongación de la guerra.
Las sociedades israelíes y palestinas conocen la práctica de vivir en estado de confrontación permanente. La violencia defensiva y ofensiva es, perversamente, parte de la razón de existir. No habrá un alto el fuego que no tenga como perspectiva de medio plazo una negociación que satisfaga a las partes sobre las cuestiones esenciales. Aunque parezca una tarea imposible, es necesario construir un espacio de negociación entre los diversos sectores de las dos sociedades, con el apoyo de mediadores internacionales, que estén dispuestos a la convivencia de dos Estados en un mismo territorio y que consideren que la violencia no les permitirá tener más seguridad. Entretanto, ni la venganza dentro del campo de batalla ni la inhibición desde el extranjero servirán absolutamente para nada.
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