Mercenarios, soldados premodernos

Una serie de incidentes protagonizados
por la empresa privada
de seguridad Blackwater han
costado la vida a cerca de 20 personas
en los últimos meses en Iraq. El Gobierno
iraquí desea suspender las actividades
de esta empresa, contratada por el Pentágono,
y abrir una causa criminal. Pero el
Gobierno de Estados Unidos quiere que
Blackwater y otras empresas similares que
operan en Iraq, y que ocupan aproximadamente
a 50.000 profesionales de la seguridad,
continúen sus operaciones
sin constricciones legales, especialmente
ahora que necesita disminuir
el número de tropas debido
a la presión del Partido Demócrata.

Las posibilidades de que el débil
Gobierno iraquí pueda abrir
una causa contra Blackwater son
escasas. En el 2004, el administrador
de Estados Unidos en Iraq,
Paul Bremer, firmó la orden 17,
que otorgaba inmunidad legal a
las empresas privadas de seguridad
que trabajan para Washington.
La ley iraquí confirmó esta curiosa
medida. Como afirma la jurista
Joana Abrisketa (Universidad
de Deusto), la otra cara de la
inmunidad es que tampoco se pueden
pedir responsabilidades según
el código penal civil o militar
estadounidense ni por las normas
del derecho internacional.

La semana pasada la Cámara
de Representantes aprobó una ley
que podría situar a los contratistas
privados de seguridad bajo la
jurisdicción del Código Penal estadounidense.
Pero la Casa Blanca
se opone. Además, no será retroactiva
y en la práctica resultará muy
difícil efectuar investigaciones para
abrir una causa en un medio
tan peligroso como Iraq.

La tendencia de Estados Unidos a privatizar
la seguridad es grave. En los últimos
años Washington ha subcontratado el uso
de la fuerza con compañías como Blackwater,
ArmorGroup y Dyncorp en Iraq, Colombia,
Somalia y Afganistán. Desde el
2003, Blackwater obtuvo contratos del Pentágono
por 750 millones de dólares. Con orgullo,
su presidente, ex miembro de las fuerzas
especiales de Estados Unidos, dice que
es “la compañía más amplia y profesional
del mundo en cuestiones militares para hacer
cumplir la ley, proveer seguridad y realizar
operaciones de paz y de estabilización”.

Blackwater sigue los pasos de empresas
sudafricanas, británicas e israelíes, formadas
por ex oficiales que reclutan a personal
militar de las fuerzas armadas. Los sueldos
son mucho más altos que en los ejércitos
profesionales (alrededor de 1.000 euros diarios
para los estadounidenses; 1.500 al mes
para los latinoamericanos).

Hacer cumplir la ley es una tarea de las
fuerzas de seguridad estatales. La mayor delegación
que se nos ocurre es que el Estado
permita a grandes almacenes o aeropuertos
tener guardas de seguridad y, aun así, ¿no
es tarea de la policía garantizar la seguridad
en esos sitios? Resulta inquietante que en la
guerra o en las operaciones de paz una compañía
privada de seguridad, sostenida por
los contribuyentes estadounidenses, se arrogue
una serie de tareas. Una mala idea que
están considerando otros gobiernos.

Una vez abierta la puerta a la delegación
y el limbo jurídico, las cosas se complican.
Testimonios de la cárcel de Abu Graib indican
que miembros de estas empresas interrogaron
y torturaron. Los mercenarios pasan
a ocuparse de aquellas tareas en las que
el Estado no quiere verse involucrado de
forma directa: investigadores federales de
Estados Unidos están indagando sobre el supuesto
contrabando de armas automáticas
y componentes militares que Blackwater está
canalizando hacia Iraq.

El monopolio legítimo del uso de la fuerza
es una atribución del Estado moderno,
junto con el control del territorio
y un orden legal-administrativo legítimo
que garantice la seguridad
y los derechos de los ciudadanos.
Ese monopolio de la violencia fue
el resultado de un largo proceso
que culminó hace aproximadamente
cinco siglos con la constitución
del Estado moderno y la creación
de ejércitos nacionales, que
pusieron fin a la dependencia de
mercenarios para hacer la guerra.

El caso Blackwater revela de
forma espectacular el deterioro
de la concepción del Estado y de
la privatización llevada hasta extremos
suicidas. Durante la catástrofe
de Nueva Orleans, producida
por el huracán Katrina, el Gobierno
de George W. Bush no proveyó
ayuda a los habitantes, pero
contrató a Blackwater para trabajar
junto al ejército y militarizar la
ciudad.

La política exterior y de seguridad
de un Estado es una extensión
de su política interior. Si Estados
Unidos invade Iraq o manda
fuerzas especiales a Colombia, o
un Estado participa en una misión
aprobada por la Organización
de las Naciones Unidas, son
tareas que deben emprender los
oficiales y soldados, profesionales
o reclutados.

El embajador de Estados Unidos en Iraq
declaró recientemente ante el Congreso
que “sencillamente no hay otra alternativa
salvo los contratos externos” para que los
trabajos de seguridad de los que se encarga
el Departamento de Estado puedan ser
cumplidos.

Peligroso precedente, porque el Estado
no debe delegar las responsabilidades de la
seguridad. En todo caso puede subcontratar
algunas actividades con una regulación
adaptada al derecho internacional. El uso
de la fuerza moderna no puede retroceder a
la edad media.