Luces y sombras de la vieja Europa

Desde Bruselas se propone la creación de una "alianza estratégica" entre los 58 estados de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, basada en las ideas de crecimiento económico, diálogo político y desarrollo social. Pero el discurso no siempre es coherente con la realidad, como resultó evidente en la reciente cumbre de Viena.

En sintonía con la larga historia política del hemisferio, muchos latinoamericanos siguen creyendo que Estados Unidos es el único poder imperial y perciben a Europa como una potencia benigna, o incluso como un aliado en el camino al desarrollo. Sin embargo, las nuevas políticas comerciales de Europa hacia América Latina y otras regiones del Sur indican que las diferencias entre ambas orillas del Atlántico Norte no son tan profundas. Amplia y creciente evidencia empírica revela el rol depredador asumido por las instituciones gubernamentales y las corporaciones trasnacionales europeas en la economía mundial.

Más de la mitad de las 100 mayores corporaciones trasnacionales (CTN) tienen su sede matriz en países europeos. Y las CTN europeas y norteamericanas comparten los mismos intereses corporativos: pese a la ofensiva propagandística de la Comisión Europea, la trayectoria de las CTN europeas demuestra que a ellas les interesa de manera primordial la expansión de sus cuotas de mercado y utilidades.

De acuerdo a declaraciones de la investigadora francesa Susan George en el foro alternativo a la cuarta cumbre eurolatinoamericana del mes pasado en Viena, "en vez de actuar en la tradición del Iluminismo o asumiendo las lecciones de siglos de colonialismo, la Europa oficial ha pasado a ser el brazo institucional de las CTN europeas". George argumenta que "Europa es claramente el actor más agresivo en la demanda de liberalización total de servicios tales como la energía, el agua, y el sector financiero, al tiempo que exige la eliminación de barreras arancelarias que aún protegen a las comparativamente más débiles industrias latinoamericanas, pese a ser consciente de la expoliación y el deterioro ambiental causados por las CTN europeas".

Detrás de la retórica desarrollista

La declaración final firmada en Viena el 12 de mayo no incluyó ninguna referencia a acuerdos sustanciales. Las autoridades de las dos regiones se limitaron a "tomar nota" de los "progresos" realizados en las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) y a "celebrar" la decisión de entablar negociaciones con América Central, incluida la creación de una zona de libre comercio. También se menciona la decisión de avanzar hacia un acuerdo de asociación entre Europa y la para entonces agonizante Comunidad Andina de Naciones. En paralelo a la difusión del comunicado oficial, Hugo Chávez y Evo Morales cerraban Enlazando Alternativas II (la cumbre social paralela) con discursos críticos de las intenciones no declaradas de la UE y de denuncia de las prácticas expoliadoras de las grandes empresas europeas.

Por su parte, diversas organizaciones sociales europeas y latinoamericanas firmaron un documento colectivo donde advierten que para que los acuerdos a establecer sean justos y beneficiosos para las dos partes, éstos deben descartar el modelo y las reglas de un tratado de libre comercio. "No queremos 'libre comercio' entre Europa y América Latina. Queremos relaciones comerciales y promover espacios de cooperación entre ambas regiones, que favorezcan el bienestar de nuestros pueblos, la soberanía de nuestros países, el respeto a la diversidad cultural y que no sean depredadores de nuestro entorno ambiental. Nos oponemos a una agenda de libre comercio al servicio de los intereses de las compañías trasnacionales europeas y de las elites exportadoras de América Latina", se lee en la declaración final de Enlazando Alternativas.

En apariencia, la declaración oficial y la alternativa se basan en los mismos valores y proponen objetivos similares, ya que, a diferencia del enfoque restringido de Washington, los acuerdos de libre comercio propuestos por Bruselas incluyen capítulos sobre cooperación, desarrollo, derechos humanos, cohesión social y diálogo político. Una lectura más detallada de los acuerdos que están siendo negociados, y de los resultados de los ya firmados, demuestra que la agenda europea no es en absoluto progresista.

¿Hacia un nuevo modelo de intercambio?

Europa compite con Estados Unidos por la hegemonía económica en América Latina, y ya es la principal fuente de inversión extranjera directa (IED) en la región. En 2003 el total de la IED europea en América Latina totalizó 238 mil millones de euros. Pero el mayor flujo de IED no es siempre un dinamizador del desarrollo, ya que la serie de crisis nacionales y regionales que el mundo ha experimentado en la última década demuestra la creciente vulnerabilidad de los llamados "mercados emergentes" a presiones externas. En América Latina también es preocupante el poder político asociado a la concentración del poder económico en manos de empresas europeas, en áreas tan vitales para la soberanía y el desarrollo como lo son la energía y los servicios públicos.

Durante la década pasada se produjo un aumento masivo en el flujo de IED europea, referido fundamentalmente a la privatización y desregulación del sector servicios en varios países de América Latina. En Brasil, la inversión en servicios aumentó del 43 al 83 por ciento del total de la IED, con fuerte incidencia en el sector financiero, las telecomunicaciones, el agua, el gas y la energía eléctrica. Al mismo tiempo, Europa pasaba a ser el mayor inversor extranjero en Argentina y Chile.

En paralelo al aumento de la inversión europea, la tradicional asimetría en las relaciones comerciales transatlánticas se amplió. Entre 1990 y 1997 las importaciones de productos europeos en América Latina aumentaron el 161 por ciento mientras que las importaciones europeas de productos latinoamericanos crecieron un 21. Tampoco se aprecian cambios en el "deterioro de los términos de intercambio" tan criticado por economistas décadas atrás: las exportaciones de América Latina siguen centradas en productos agrícolas y otras materias primas, mientras que la región importa desde Europa tecnología y productos industriales con alto valor agregado.

Europa también intenta obtener a través de acuerdos con países o bloques privilegios que no pudo obtener en negociaciones multilaterales. En efecto, la UE procura que los acuerdos con América Latina incluyan cláusulas que garanticen la seguridad de las inversiones europeas y un trato especial en las licitaciones de bienes y servicios gubernamentales, pese a que estos temas fueron retirados de la agenda de la OMC a partir de la protesta de países del Sur, que argumentaban que tales medidas limitaban su capacidad de gestión de políticas públicas.

La UE ha firmado acuerdos individuales con países aislados del Sur, pero la tendencia más fuerte es hacia la negociación con bloques regionales, lo cual le permite a Bruselas establecer condiciones uniformes y superar las reticencias particulares de los países con menor poder relativo a escala regional. La UE también favorece la firma de acuerdos bilaterales de protección de inversiones entre países, los cuales con frecuencia incluyen cláusulas más radicales de defensa de los intereses europeos que los acordados en el marco de la OMC.

La ronda de negociación global de la OMC en curso está focalizada en la liberalización progresiva del comercio en productos agrícolas, bienes industriales y servicios como parte de un único paquete. La UE es el negociador más activo en la OMC (donde los 25 miembros actúan como bloque), pero no tiene reparos en priorizar acuerdos bilaterales si ellos ofrecen una oportunidad de mayor liberalización. En general, los acuerdos negociados por Bruselas tienden a ser "OMC+". Anteriormente la UE insistía en que los acuerdos a firmar por Bruselas debían estar subordinados a los resultados de la negociación global, pero a partir del fracaso relativo de la VI Asamblea Ministerial de la OMC en Hong Kong, en diciembre de 2005, la UE afirma ahora que esta condición es irrelevante. En este sentido, la reapertura de las negociaciones con el Mercosur y el inicio de la negociación con América Central y la Comunidad Andina (o con lo que quede de ella) ya no dependen del cierre de la ronda de Doha en la OMC.

Las lecciones de México y Chile

Los acuerdos "de asociación" ya firmados por México (vigente desde 2000) y Chile (desde 2002) permiten entender cuáles serían las perspectivas para el Mercosur. Pese a la retórica y a la cuantiosa inversión europea en estudios de impacto social y ambiental, los objetivos de desarrollo no han sido satisfactorios.

El documento firmado por México fue el primer "acuerdo de cuarta generación" entre la UE y América Latina, al incluir no sólo los compromisos usuales de cooperación política y económica sino fundamentalmente un acuerdo de libre comercio. México se compromete a la liberalización total del sector servicios y a la apertura del mercado nacional a la inversión europea, sin establecer topes al control de empresas locales. Los prometidos avances sociales nunca se materializaron. La inversión extranjera ha aumentado, pero fundamentalmente bajo la forma de la compra de empresas mexicanas.

Las exportaciones también han crecido, pero principalmente en torno a la producción maquiladora, sin que ello signifique crecimiento del salario o seguridad laboral para los trabajadores. El 95 por ciento de las exportaciones desde las maquilas consta de componentes importados, por lo que los beneficios para la economía nacional son casi irrelevantes. Las CTN se limitan fundamentalmente al comercio intrafirma.

Chile fue el segundo país latinoamericano en acordar con la UE y el acuerdo es el más ambicioso de todos los firmados por Bruselas. Aunque originalmente fue concebido como posible vía de acceso al Mercosur, la UE tiende a percibir a Chile como la puerta hacia el mercado latinoamericano en su conjunto, considerando el interés del gobierno chileno en ofrecer al país como sede regional de las CTN europeas. Al mismo tiempo, la UE presenta al acuerdo con Chile como modelo a seguir en las negociaciones con el Mercosur y el resto de América Latina.

Los compromisos de liberalización asumidos por Chile -sobre todo en el sector servicios- van mucho más allá de lo negociado en la OMC. El aumento de la inversión europea ha profundizado el riesgo de crisis resultante de la dependencia de la economía chilena de flujos de capital extranjero. Por otro lado, los tan publicitados beneficios de una economía de base exportadora tampoco han beneficiado al conjunto de la sociedad chilena: la brecha entre los extremos de la escala social sigue creciendo, al tiempo que los acuerdos firmados por el gobierno con Bruselas (y con Washington, a través de un acuerdo similar) restringen sus posibilidades de mejoramiento de la oferta de servicios públicos.

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