Política de drogas: cinco aciertos, ocho continuidades y ninguna propuesta seria

En política de drogas y coca, el gobierno aprista, a dos años de su reinstalación, ha tenido cinco aciertos, pero las continuidades han sido algunas más y la propuesta alternativa ha sido ninguna. Lo único claro hasta ahora -salvo el interregno de marzo-mayo del 2007, cuando el ex ministro de Agricultura José Chiquitín Salazar quiso dar un giro que se frustró a poco andar- es que el Perú sigue sin Política de Estado Propia para este asunto, como sucede con otros temas también importantes para la gobernabilidad. Necesariamente el país debe dar un giro en este tema, pero ello implica que el Gobierno rechace la terrible adicción que tiene al calco, la copia y el fracaso.

Los aciertos

Sería mezquino desconocer que en asuntos de drogas y coca el gobierno de Alan García y sus operadores (1) ha acertado en los siguientes aspectos:

1. Facilitar y apoyar que la policía y el poder judicial golpeen eslabones intermedios del tráfico ilícito de drogas (TID) como las bandas de traficantes, los precursores químicos y los vinculados al lavado de dinero, aplicando la estrategia del Presidente García de combatir a los "barones de la droga" y "bombardear" campos de cultivos y pozas de maceración, aunque esta estrategia es más bien mediática a juzgar por los resultados(2).
2. Impedir que los militares entren a controlar el «narcotráfico»(3) en la mayoría de las zonas cocaleras y ciudades como sucede en México, Colombia, Brasil e, inclusive, en la Bolivia de Evo Morales, aunque están en el valle del río Apurímac y Ene (VRAE) con el Ministerio de Defensa al mando, dizque para controlar el «narcoterrorismo», con el apoyo de tropas norteamericanas que se han desplazado a la zona para atender "asuntos sociales" en el marco de "Operación Horizontes" e ?? instalar una base aérea en Pichari.
3. Pronunciarse a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) contra la invocación de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), que recomendó, este año, nada menos que prohibir el consumo tradicional de coca en Bolivia y el Perú(4), pero junto con ello ratificar su oposición a las varias ordenanzas regionales anteriores(5) y a la recientemente adoptada por el Gobierno de Puno.
4. Haber logrado, a través del "Plan de Impacto Rápido de Lucha Contra las Drogas" o PIR 2008(6), comprometer a 33 entidades del Estado con más de S/. 46 millones - S/. 11 millones en el 2007 y S/. 35 millones comprometidos para el 2008 - impulsando 39 actividades y proyectos diversos bajo la coordinación de DEVIDA. Se trata de un esfuerzo notable de coordinación inter-institucional no logrado antes(7) y que tiene dos méritos: 1) demostrarle al país y a la cooperación internacional que el Estado tiene un compromiso real y concreto en la lucha contra el TID; y, 2) iniciar un proceso de coordinación entre "feudos" institucionales con un objetivo común en el marco de una estrategia(8).
5. Mejorar la información disponible sobre estos fenómenos que es más completa e integral que antes; es así como en las páginas web de DEVIDA(9), OFECOD(10) y la UIF(11) se proporciona información estadística y documentos de análisis para justificar su gestión, pero también para investigadores y periodistas que deseen conocer sobre estos temas; asimismo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés) ha publicado recientemente un informe completo e integral(12) que aborda la oferta, demanda, interdicción, delitos asociados al TID, establecimiento penales, centros juveniles para droga-dependientes, normas, políticas y presupuestos sobre drogas; saludo su publicación aunque discrepo con la interpretación de las cifras, sobre todo en temas de extensión de cultivos de coca, estimación de productividades, eficiencia de la erradicación e impactos del llamado desarrollo alternativo(13).

Respecto al interregno de tres meses en el 2007 que considero positivo en relación con la política de coca, cocaleros y drogas, el Ministro de Agricultura Juan José Salazar - por encargo especial del Presidente García -, le puso paños fríos a dos huelgas cocaleras en Tocache y La Convención. En la primera, el 15 de marzo se firmó un Acta con los agricultores mediante la que, entre otros puntos, el gobierno se comprometió a cesar temporalmente la erradicación de cultivos de coca y revisar el tema del "desarrollo alternativo", asunto este último que se hizo con la publicación del "Plan de Desarrollo Agrario para Zonas Cocaleras 2007-2011"(14).

Pero además, en esos días el Ministro dijo en los medios seis asuntos que provocaron más de un sobresalto entre analistas interesados, dolor de cabeza en Palacio y urticaria en los predios de la Embajada de los Estados Unidos: 1) la erradicación con represión sólo genera violencia y muerte; 2) hasta ahora la política antidrogas ha concentrado sus esfuerzos en el eslabón más débil, es decir los productores cocaleros; 3) no es justo que el apoyo de Devida a los agricultores se condicione con el abandono del cultivo de coca; 5) no tenemos política de drogas propia sino la de Estados Unidos; y 6) el desarrollo alternativo es un fracaso.

En Quillabamba, al borde de una huelga cocalera encabezada por la FEPCACYL(15), el 15 de mayo del 2007 se firmó otra Acta mediante la cual el Ministro Salazar se comprometió a viabilizar - entre otros temas - el posible retiro del Perú de la Convención de Viena que penaliza el uso de la hoja de coca. Grita mediática nuevamente y fue suficiente la presión de la Embajada norteamericana y sus operadores en los medios para que Salazar renunciara al cargo el 19 de mayo, retornando a su chacra en Chiclayo y esfumándose así la posibilidad de un verdadero cambio desde arriba en la política de drogas, desarrollo alternativo y coca.

Las continuidades

Pero este gobierno, gran seguidor de los tres anteriores en este tema(16) y contrario a lo que el mismo Alan García dijera e hiciera 20 años atrás, tiene por lo menos ocho continuidades:

1. Aplica la misma política fracasada de «guerra contra las drogas», basada en el criterio impuesto de que el tema se trata de uno de "seguridad nacional", que consiste en atacar la oferta y erradicar cultivos de coca, política que impone el gobierno de los Estados Unidos a nivel planetario.
2. Tiene éxitos virtuales estridentes y mediáticos de una supuesta disminución del fenómeno del narcotráfico persiguiendo consumidores, cultivadores y micro-comercializadores, mientras que los «barones de la droga» - actuales y anteriores - andan sueltos en plaza.
3. Sigue a pie juntillas y sin discrepancias de ningún tipo, las cifras de cultivos de coca y productividades por hectárea que arrojan las estimaciones del gobierno de Estados Unidos - la DEA y la Oficina de la Casa Blanca sobre Drogas - con el aval del Programa de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito(17).
4. Continúa fracasando en la estrategia de «desarrollo alternativo» que no es ni lo uno ni lo otro, salvo un par de experiencias exitosas que confirman la regla (18), pero que son focalizadas, no tienen sostenibilidad y no logran los objetivos buscados: reducir la pobreza y el olvido para disminuir la producción de coca para el TID (19).
5. Sigue siendo sordo y ciego respecto a las propuestas que vienen de dirigentes abajo y autoridades de adentro, o de sectores críticos y contrarios a lo que impone el gobierno de los Estados Unidos.
6. Continúa criminalizando las propuestas y protestas de los de abajo, irrespetando a dirigentes y autoridades de las cuencas cocaleras, y llenando las comisarías y cárceles con consumidores, burriers y micro-comercializadores.
   (vii)Continúa hablando el discurso del gobierno de los Estados Unidos respecto al "narcoterrorismo", buscando la forma de contentar y copiar esa estrategia fracasada con la búsqueda prioritaria de cooperación mayoritaria proveniente de ese país, prometiendo la instalación de bases policial-militares en zonas con cultivos de coca, en particular el valle del río Apurímac y Ene (VRAE), dizque para combatir a los rezagos de sendero luminoso y el "narcoterrorismo".
7. Se niega a buscar en serio una alianza estratégica con Europa en temas de lucha contra el TID, la misma que tiene una posición discrepante y en muchos aspectos contraria a la del gobierno de los Estados Unidos sobre este tema.

Debido a estas continuidades y a no querer construir una política propia, crece la tendencia a la corrupción asociada al TID; la sicarización en los «ajustes de cuentas» entre bandas; la «narcotización» de la economía (20), la sociedad, el gobierno y parte del Estado; y el hacerse de la vista gorda con respecto a los cargos de TID contra la banda fujimontesinista que asoló el país la década pasada (21).

Es interesante recordar lo que sostenía Alan García sobre este tema en el periodo 1988-1990 de su primer gobierno: 1) como parte de una "Estrategia para la revalorización de la hoja de coca" formulada por la Cancillería, apoyó la Convención de Viena de 1988 en cuyo art.º 14 se reconoció el uso tradicional de coca en Bolivia y Perú; 2) buscó alianzas con los campesinos cocaleros para enfrentar a la subversión en el Alto Huallaga usando para ello la llamada "Doctrina Arciniegas"; 3) suspendió la erradicación forzosa de cultivos de coca en 1989 para fortalecer esta alianza e impulsar el "desarrollo alternativo"; y 4) propuso en Cartagena, en 1989 y 1990 que el gobierno de los Estados Unidos - presidido en ese entonces por el padre del actual Bush - financiara el "desarrollo alternativo" y no erradicación de cultivos.

Por otro lado, un análisis crítico de los dos recientes informes de la ONUDC mencionados líneas arriba, nos arroja algunos de los siguientes resultados:

1. El "negocio" de la coca anda boyante en los tres países PBC (Perú, Bolivia y Colombia) a juzgar por los principales indicadores de cultivos (aumentó en 16%), producción de cocaína (aumentó en 1%) y valores generados (aumentó en 24%) como puede verse en el Cuadro 3 (PDF)..
2. Si bien en el Perú habría habido un incremento pequeño en la extensión de cultivos (de 4%), estos se han dispersado en pequeñas cuencas cocaleras que comienzan a tener importancia como Ongón, Alto Chicama, Marañón, Putumayo, Amazonas, San Gabán y Pichis-Palcazu-Pachitea, como puede verse en el Cuadro 2 (PDF) y el Mapa 2. El efecto "globo" (traslado), "mercurio" (dispersión) y "membrana" (fronterización) se da plenamente, gracias a la continuada política de erradicación - con fumigación en Colombia - de cultivos de coca.
3. Se constata que no existe una política propia sobre drogas sino que se sigue aplicando la política, los análisis y las cifras del gobierno de los Estados Unidos. La estrategia avalada por los informes no es integral sino "ofertista", es decir erradicar cultivos, incautar drogas, apresar micro-comercializadores y tomar presos a líderes de bandas poco significativas, salvo algunos como Zevallos, López Paredes y Vaticano que competían con los grandes "barones del narcotráfico".
4. El tema central de nuestro país no es el consumo interno de drogas - aunque este va en aumento de año en año - sino la producción y tráfico. En cuanto a la producción de drogas, el problema no son los cultivos de coca sino su transformación en cocaína para su exportación con fines ilícitos. La extensión de cultivos han crecido en los últimos tres años, pero son ostensiblemente menores que los que había en 1992-93. Sin embargo, ahora se produce más cocaína para exportar, lo que se hace por diversas rutas, principalmente marítima (43%) y por la frontera norte (28%), como puede verse en el Mapa 1 y Cuadro 1.
5. A juzgar por los números, la erradicación es un fracaso ya que desde 1998 hasta el 2007 se han erradicado en el Perú 104,456 hectáreas y siguen habiendo 53,700 hectáreas en producción, las que como hemos dicho están más dispersas que antes en valles pequeños, como puede observarse en el Cuadro 2 (PDF).

   Mapa 1

   

Hoja de ruta para otro sendero

Es indispensable centrar el debate en algunas constataciones como las siguientes:

1. El TID es un aspecto importante de las realidades que provoca la globalización capitalista mundial, y la desregulación y privatización económica que impulsa el Consenso de Washington. Estos dos factores han creado, fortalecido y expandido tráficos ilícitos que alimentan redes de corrupción estatales y privadas en los países del Norte como del Sur.
2. Puede listarse hasta seis tipos de tráficos en el mundo(22) y el Perú: 1) de seres humanos (secuestro de niños, contrabando de órganos, prostitución y migraciones ilegales); 2) de armas pequeñas y de guerra; 3) de mercaderías, servicios, contrabando y piratería, incluyendo especies protegidas, valores arqueológicos y biopiratería; 4) de dinero o lavado de activos en paraísos financieros; 5) de influencias o corrupción estatal y privada; y 6) de drogas con fines ilícitos.
3. Todos estos tráficos existen en el Perú y se han agravado con la dictadura mafiosa de la troika Fujimori-Montesinos-Hermosa. Pero el tráfico de drogas no es al parecer el más importante económicamente hablando (23), sino en relación con la corrupción y la violencia, lo que lleva a que Francisco Durand (24) describa al Perú como alobado y fracturado en formal, informal y delictivo. No existen cifras completas al respecto, pero lanzo una hipótesis: en los setentas y ochentas el Perú era en términos económicos y poblacionales, 50% formal, 45% informal y 5% "delicuencial"; ahora, luego de la dictadura mafiosa de los noventa, probablemente el Perú es 30% formal, 40% informal y 40% "delicuencial".
4. Con razón Francisco Durand reflexiona diciendo que "el hombre se está convirtiendo en lobo del hombre. La actual matriz institucional peruana está alobada" (p. 72). Y que: "El Perú ha llegado a otro estadio del subdesarrollo, uno donde la sociedad vive en un cima de violencia pobreza y desorden, uno que opera con una cultura de trasgresión que se extiende como una mancha de aceite y penetra el tejido social, no solo en el Estado sino en la propia sociedad civil" (p. 124).
5. Las drogas han existido siempre, son parte de la historia y cultura de la humanidad, y, por lo tanto, no pueden erradicarse sino «domesticarse» y controlar sus daños, tal como sostienen muchos analistas y practican algunos países.
6. Nuestro país cultiva, produce, industrializa, trafica y consume drogas, principalmente derivadas de la hoja de coca, pero el cultivo y producción, específicamente, tienen causas más socioeconómicas y culturales, y no se reducen a una falta de aplicación de la ley.
7. El abuso en el consumo guarda más relación con causas culturales y médico-sanitarias, atribuibles a un modelo de sociedad consumista y excluyente, que a razones de seguridad nacional, falta de leyes penalizadoras o ineficiencia en la persecución policial.
8. Las políticas de «guerra contra las drogas» han sido erráticas e ineficientes y, como remedio, han resultado peor que la enfermedad. Por el lado de la producción u oferta, la erradicación/fumigación de cultivos, el «desarrollo alternativo» impuesto a los campesinos y basado en «producto motor de exportación» y la penalización de los cultivadores. Por el lado del consumo o demanda, se aplican políticas de penalización de consumidores y microcomercializadores de drogas, así como incremento del control policial sobre barrios afectados con el fenómeno. En cuanto al comercio o tráfico, el principio de atacar el «panal y no las abejas volando»,(25) sin atacar en serio el abastecimiento de precursores químicos y el lavado de dinero y activos provenientes de estas actividades criminales.
9. El prohibicionismo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos y recogido en los tratados internacionales sobre drogas no ha funcionado.(26) Se trata de un fracaso continuado y rotundo en más de 30 años de aplicación:(27) ni el consumo de drogas, ni su producción han bajado a nivel global y, más bien, su abastecimiento se ha incrementado.(28)

Hoja de ruta

Constatado lo anterior, debe impulsarse una estrategia integral de reducción de daños,(29) cuya hoja de ruta mínima debería ser la siguiente:

1. Evaluar seriamente las políticas impulsadas hasta ahora.
2. Revisar los tratados internacionales sobre drogas, especialmente en lo relativo a la ubicación de la hoja de coca en la lista i de estupefacientes.
3. Desechar la satanización mundial que existe contra consumidores y productores, y respetar a los que las producen y consumen tradicionalmente o por razones culturales.
4. Promover los cambios necesarios a nivel de la producción, el tráfico y el consumo de drogas.

Una nueva estrategia como la que está implícita en esta hoja de ruta, implica abordar integralmente el tema de la siguiente manera:

1. En cuanto a la producción, impulsar con agricultores y autoridades locales estrategias participativas de desarrollo rural integral sostenibles y sustentables que combatan la pobreza, construyan institucionalidad local, fortalezcan gremios y permitan que las familias campesinas construyan culturas productivas diferentas a la monoproducción de coca u otras plantas.(30)
2. Con respecto al consumo, concebir el problema como médico-sanitario y aplicar políticas de prevención educativa,(31) que incluyan planes de rehabilitación de usuarios mediante métodos terapéuticos de sustitución e integración social del paciente.
3. En relación con el tráfico, combatir de verdad los eslabones intermedios de la cadena del TID, es decir, a los cabecillas de las bandas, firmas y cárteles, a los traficantes de insumos químicos y a los funcionarios y empresarios financieros de cuello blanco o uniforme verde que permiten el «lavado» de dinero y activos.

Virajes indispensables

El Perú debe hacer seis virajes radicales:

1. Primero, cambiar la actual política sobre drogas ofertista, prohibicionista y militarista que impulsa, para todo el mundo, el gobierno de los Estados Unidos y elaborar, consensualmente, una Política de Estado Propia (PEP) sobre drogas y sobre coca.
2. Segundo, desarrollar, discutir y aprobar un marco legislativo e institucional nuevo que reemplace el del vigente decreto ley 22095 y sus dispositivos ampliatorios y modificatorios.
3. Tercero, sistematizar y recoger los planteamientos reivindicativos y propositivos que han formulado los agricultores cocaleros en las más de 45 actas que han firmado desde 1999 con autoridades gubernamentales.
4. Cuarto, diseñar e impulsar una estrategia de desatanización y revalorización nacional e internacional de la hoja de coca para su uso tradicional e industrial benéfico.
5. Quinto, construir una base de datos realista y propia sobre extensión de cultivos de hoja de coca, productividades, calidades, precios, volúmenes y usos legales e ilegales.
6. Sexto, cambiar la estrategia de «desarrollo alternativo» y «sustitución de cultivos» por una de desarrollo rural integral sostenible y sustentable orientada a la construcción de mercados locales, regionales y nacionales.

Alternativas al «desarrollo alternativo»

Existen alternativas a la producción de coca con fines ilícitos que mantendrían lo necesario para el consumo tradicional y su industrialización benéfica, e implicarían rechazar la satanización que existe contra esta planta. Sin embargo, la única forma de aplicarlas es buscando que los agricultores sean parte de la solución y no el problema.

Con este fin hay que cambiar radicalmente los supuestos y el diagnóstico con el que se ha estado trabajando desde demasiados años y que fueron destacados correctamente por el ministro de Agricultura José Chiquitín Salazar cuando dijo, en mayo de 2007, lo siguiente: «no tenemos política de drogas propia, la que aplicamos es la de los Estados Unidos y el "desarrollo alternativo" es un fracaso».

El primer supuesto se basa en una fórmula sencilla por no decir tonta: Coca=Cocaína=Dólares=Exportación. Por lo tanto, sostienen sus propugnadores, hay que buscar un producto de exportación tan rentable como la coca y sus derivados para que los agricultores cocaleros vuelvan a la legalidad. El segundo es que el tráfico de drogas es un problema de seguridad nacional y que, en este sentido, hay que encararlo como «guerra a las drogas». El tercero es que el problema es de oferta y, por lo tanto, hay que erradicar y fumigar cultivos. El cuarto es que la erradicación/fumigación de cultivos aumentará los precios de la cocaína en calles, empeorarán la calidad de la misma y disminuirán la inseguridad de los ciudadanos.

El primer supuesto parte de un diagnóstico errado que asume que los campesinos que cultivan coca son monoproductores y "narcocultivadores", cuyo único objetivo es más ingresos al más corto plazo posible. Esta perspectiva no es cierta, ya que sus productores cultivan diversos productos y desarrollan varias actividades económicas. Lo malo es que las políticas macroeconómicas y del sector agricultura han sido hasta ahora anticampesinas y antiamazonía.

La fórmula mencionada significa un desconocimiento sobre la capacidad productiva agropecuaria de la selva alta y baja, zona de aptitud forestal, no agrícola ni pecuaria, salvo que se quiera arrasar con la ecología y el medio ambiente. Esto último es lo que hace el cultivo de coca si está articulada al TID,(32) pero mayor efecto antiecológico producen los cultivos de café, cacao, palma aceitera, caña de azúcar, palmito, soya, arroz, maíz, etc. El arrasamiento que se ha dado no es por la coca, sino por el tipo de explotación agrícola de exportación o por la actividad pecuaria intensiva que, con sus grandes vacas, literalmente «aplasta» la selva, luego de hacer roza y quema.

Lo que hay que hacer es todo lo contrario de lo que se ha estado haciendo hasta ahora con la asistencia de USAID y el ONUDD. Se debe poner por delante los caballos y no la carreta. En otras palabras, el desarrollo rural verdadero y no el falso «desarrollo alternativo», que no es ninguna de las dos cosas. Hay que revisar y cambiar todo porque hasta ahora es un gran fracaso. Y, principalmente, hay que quitarse de la frente la «X» de exportación y marcarse a fuego una «MI» de mercado interno, pues los pequeños éxitos no han tenido sostenibilidad en el tiempo y tampoco sustentabilidad ecológica. La exportación agrícola para selva alta es una quimera y hay que decírselo a los agricultores con todas sus letras, desandando lo andado.

Nuestra principal riqueza exportable es la biodiversidad de estas zonas, el ecoturismo, el manejo integral y sostenible de los bosques (y no su tala y quema para productos de exportación), la captura de carbono por estos bosques y los fondos que generan los certificados de carbono en los mercados oficiales y voluntarios, que constituyen una verdadera riqueza exportable. Insistir en la estrategia impulsada por USAID y ONUDD en los últimos 20 años es, además de mantenernos «adictos al fracaso», impulsar la eclosión ecológica y un verdadero plan de destrucción de la agricultura amazónica en reemplazo de los cultivos de hoja de coca.

Mapa 2

Notas

(1) Me refiero básicamente al Ministerio del Interior, la Policía Nacional, DEVIDA, CORAH, OFECOD y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), organismos creados, apoyados, financiados y monitoreados desde la Sección de Asuntos de Narcóticos (NAS) de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú.

(2) El General PNP Miguel Hidalgo, Director de la DIRANDRO, hace esfuerzos denodados por tratar de darle coherencia e inteligencia a esta estrategia, sobre todo en el Alto Huallaga, pero lo bien que hace con una mano, el Ministerio del Interior lo borra con la otra.

(3) Este término es inadecuado ya que no corresponde a la coca y la cocaína que son estimulantes, ni a la cannabis que es alucinógena. No se trata de un concepto técnico sino una categoría política propia de la «guerra contra las drogas».

(4) Véase el Informe Anual de la JIFE correspondiente al 2008 en: http://www.incb.org/incb/es/annual-report-2007.html. Asimismo, véase el comunicado del MRE emitido el 5 de marzo del 2008

(5) Los Gobiernos Regionales de Ayacucho en el 2003, así como Cusco y Huanuco en el 2005, emitieron ordenanzas que fueron rechazadas por el Tribunal Constitucional por razones de forma, aunque no de fondo. Véase mi artículo Sobre coca, cocaleros y drogas: fallos satánicos y debates de fondo (PDF) en Debate Agrario Nro. 39, CEPES, Diciembre 2005.

(6) www.devida.gob.pe (PDF)

(7) Este es un mérito de Rómulo Pizarro, Presidente Ejecutivo de DEVIDA, quien con paciencia y buen ánimo ha logrado comprometer al Gobierno en un esfuerzo que parecía imposible.

(8) Me refiero a la "Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas 2007-2011", que no fue discutida en el Congreso de la República, tampoco en el Acuerdo Nacional, menos aún con representantes de la Sociedad Civil - como los agricultores cocaleros -, pero sí fue expuesta al embajador de los Estados Unidos en Lima (http://www.devida.gob.pe/Nota_Prensa_Detalle.asp?Nota_Prensa=55). Al parecer la Estrategia no lleva un dispositivo legal de aprobación, pero fue presentada al Consejo de Ministros en diciembre del 2006 (http://www.devida.gob.pe/Nota_Prensa_Detalle.asp?Nota_Prensa=48). En su introducción dice que "busca darle una visión nacional distinta a la problemática del narcotráfico. El documento completo puede bajarse de www.devida.gob.pe .

(9) Buscar en: http://www.devida.gob.pe y http://www.opd.gob.pe.

(10) Buscar en: http://www.mininter.gob.pe/nuestrainstitucion/index.php?web=4400&cat=14.

(11) Buscar en: http://www.sbs.gob.pe/UIF.

(12) Véase Drogas y Delitos en el Perú. Situación Actual y Evolución (PDF), UNODC-Perú y Ecuador, 2007.

(13) Véase mis críticas en "Cultivos con fines ilícitos: Otro desarrollo alternativo es posible" en Reforma agraria y desarrollo rural en la región andina, Fernando Eguren/Editor, CEPES, Lima, 2006

(14) Sigue colgado en la web del MINAG: http://www.minag.gob.pe/descarga/PlanDesarrollo.pdf.

(15) Federación Provincial de Campesinos de La Convención, Yanatile y Lares.

(16) Valentín Paniagua y Alejandro Toledo no se diferenciaron de Alberto Fujimori en este tema: 1) inexistencia de políticas propias; 2) erradicación de cultivos de coca; 3) desarrollo alternativo fracasado; y 4) éxitos virtuales contra el TID.

(17) El 15 de junio del 2008 se publicó en Viena el informe anual de la UNODC para la región andina sobre cultivos, producción, precios, incautaciones y erradicación (en inglés). Mientras los gobiernos de Bolivia y Colombia han adelantado que no están de acuerdo con las cifras publicadas, el Perú las ha avalado a través del Presidente de DEVIDA don Rómulo Pizarro.

(18) Me refiero al Programa de Desarrollo Alternativo Tocache-Uchiza (PRODATU) que financian la KfW y la GTZ de Alemania (http://www.agrotocache.com.pe/cooperacion_internacional.shtml) y al Proyecto de Desarrollo Alternativo Pichis-Palcazu (PRODAPP), que financian fondos de la Unión Europea (http://www.prodapp.org). En ambos casos, no se pone como condición para el desarrollo rural la disminución de cultivos de coca y la consulta con los agricultores y autoridades locales es permanente.

(19) Hasta la ONUDC reconoce en un informe publicado en marzos del 2005 (PDF) que: "Pasado un cuarto de siglo, los especialistas y los donantes del desarrollo alternativo todavía subestiman el medio sociocultural, económico, político y ambiental en que se aplica el desarrollo alternativo, y esto crea expectativas poco realistas y proyectos que están destinados a fracasar."

(20) Véase el informe de Elmer Cuba y otros en Macroconsult titulado "Impacto macroeconómico de la producción ilegal de hoja de coca y derivados en la economía peruana 1991 - 2003" (Lima, noviembre 2004) en el que se demuestra que el valor agregado de la economía de la coca en el 2003 ascendía a no menos de US$ 633 millones.

(21) Está demostrada largamente la asociación entre la dictadura fujimontesinista y el TID, como puede leerse en el informe del Congreso de la República (PDF) al respecto, pero el Gobierno ha poco hasta ahora para apoyar el juzgamiento de estos delincuentes por esos delitos.

(22) El libro de Moisés Naím abunda sobre el tema: ILICITO. Cómo traficantes, contrabandistas y piratas están cambiando el mundo, Debate-Editorial Random House Mondadori, Ltda.. Bogotá, Colombia, octubre 2006.

(23) Un estudio del Banco Central de Reserva (BCR) elaborado en el 2003 sostiene que mientras la economía de las drogas ascendía en el 2001 hasta US$ 311 millones en exportaciones, la del contrabando tenía un monto de hasta US$ 825 millones. Ver: "Contrabando y narcotráfico (preliminar)", documento presentado el XIX Encuentro de Economistas, BCR-Departamento de Balanza de Pagos, Lima, Enero 2003.

(24) Ver su libro El Perú fracturado. Formalidad, informalidad y economía delictiva, Fondo Editorial del Congreso del Perú, Lima, 2007.

(25) Tesis acuñada en 1993 por el primer "zar" antidrogas del presidente Clinton, el policía de Nueva York Lee Brown.

(26) La Convención Única de 1961, el Protocolo de 1972, la Convención de 1988 y Plan de Acción de 1998.

(27) Fue lanzada en 1974 por el gobierno del republicano Richard Nixon.

(28) Los organismos especializados de la ONU (JIFE y UNODC), instancias especializadas de la Unión Europea (Observatorio de Lisboa) y del gobierno de los Estados Unidos (Council on Foreign Relations), así como instituciones académicas de prestigio, como Washington Office on Latin America WOLA, Center for Internacional Policy CIP y el Transnacional Institute TNI de Holanda reconocen este hecho.

(29) Véase Nadelmann, Ethan. «Drogas: la ilegalización ha vuelto a fracasar». Foreign Policy, n.º 23. Disponible en: .

(30) La disminución de cultivos con fines ilícitos sin erradicación y fumigación química o biológica debe ser una consecuencia y no una precondición para el desarrollo. O, como sostiene UNODC en el informe citado: "La erradicación de los cultivos de drogas ilícitas en los establecimientos de los campesinos que carecen de alternativas viables socava el desarrollo." (p. vii).

(31) Ello implica rechazar las confusas y satanizadoras campañas del tipo «Coca igual corrupción y violencia» o «A la droga dile no», permitidas por DEVIDA y promovidas por CEDRO y la Alianza para un Perú sin Drogas.

(32) Aunque existen estudios realizados en Bolivia que muestran que su cultivo en takanas o andenes, que respeta las curvas de nivel (sistema que no se utiliza en el Perú y Colombia), más bien fija nutrientes al suelo y no erosiona.

Hugo Cabieses es economista licenciado en la Universidad del Pacífico, investigador asociado del Transnacional Institute (TNI) de Holanda, director del DRIS/Desarrollo Rural Sustentable y coordinador del programa de desarrollo rural sostenible DRIS/ZA-MANU en la zona de amortiguamiento de la Reserva de Biosfera del Manu. Ha sido investigador de DESCO, es colaborador de Quehacer y tiene libros publicados sobre su especialidad, el último en co-autoría con Baldomero Cáceres, Anahí Durand, Róger Rumrill y Ricardo Soberón, titulado "Hablan los Diablos: Amazonía, coca y narcotráfico en el Perú" (TNI-Programa D & TG; Lima, 2007).