Uruguay: un gobierno y proyectos políticos en disputa

“Falta mucho, uruguayas y uruguayos, pero vamos bien, sin duda […]. El Uruguay ha mejorado, ha cambiado, no es el mismo de 2004, ¿o miento?
Tabaré Vázquez. Discurso presidencial, Paso de los Toros, 10 de marzo de 2008

Los debates que han emergido en los últimos meses al interior del Frente Amplio (FA), fundamentalmente centrados en la política económica del gobierno, indican que el proyecto progresista uruguayo podría no seguir fluyendo en una única dirección. Mientras las principales figuras del Ejecutivo proponen la continuidad de la línea hoy hegemónica, diversos grupos políticos y organizaciones sociales reclaman un giro a la izquierda y profundizar los cambios, en éste y/o en un (prácticamente seguro) segundo mandato progresista.

La identidad política de la administración Vázquez siempre ha estado en debate. Desde marzo de 2005, la minoritaria izquierda extraparlamentaria ha criticado su ‘alineamiento’ con Estados Unidos y su supuesta ‘subordinación’ a los intereses de las corporaciones transnacionales. Pero no es sólo la izquierda ‘radical’ que manifiesta hoy su malestar con la orientación hoy hegemónica. El Partido Comunista (PCU), sindicalistas, cooperativistas de vivienda y representantes de otros movimientos sociales, han declarado desde fines de 2007 que el gobierno está ‘en disputa’. Juicios similares han sido expresados por sectores del Movimiento de Participación Popular (MPP), una fracción del Partido Socialista (PS), la Vertiente Artiguista (VA) y el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP). En general, los sectores críticos coinciden en la necesidad de impulsar medidas de gobierno orientadas a una más profunda y más rápida distribución de la riqueza y a un mayor protagonismo del Estado en la promoción del desarrollo productivo.

Mientras algunos partidos y dirigentes frenteamplistas insisten en destacar la existencia de visiones enfrentadas, otros han optado por intentar contener la crítica interna, preocupados por su posible incidencia sobre la unidad de la izquierda y sus perspectivas electorales ante las elecciones del próximo año. En el último número de Participando (abril), órgano oficial del MPP se afirma que ‘el gobierno está en disputa, pero con la derecha, con la oligarquía, y no en la interna del Frente Amplio’.

A favor y en contra de la ortodoxia económica

Durante muchos años, la derecha había anunciado que una eventual gestión frenteamplista estaría condenada al caos, ya que el voluntarismo y el radicalismo de la izquierda impedirían articular una conducción económica coherente. Por el contrario, la gestión económica del actual gobierno se ha caracterizado por la ortodoxia y la racionalidad. Una gestión demasiado ‘ortodoxa’ y ‘racional’, se objeta desde los sectores más críticos del FA, en paralelo al reclamo de ‘otro proyecto económico’ que no se limite a hacer más transparente y eficiente la gestión heredada de gobiernos anteriores.

El equipo económico argumenta que la orientación actual no sólo es la correcta, sino también que habría sido la única posible ante el conjunto de problemas que afectaban al país en marzo de 2005. Además de las múltiples dificultades derivadas de la crisis argentina y el subsiguiente colapso financiero del año 2002, la herencia recibida incluía una epidemia de aftosa, una deuda pública descomunal, una muy débil capacidad estatal de intervención en la vida económica del país, un tejido empresarial nacional en gran parte desmantelado, y una estructura económica nacional muy dependiente del sector primario y subordinada a oscilaciones internacionales en el flujo de la inversión extranjera.

Objetivamente, en el contexto nacional de 2005, una política económica que no tomara en consideración las restricciones y las consecuencias de medidas rupturistas (del tipo ‘romper con el FMI’ o ‘no pagar la deuda externa’) no hubiera sido factible. No obstante, la presencia atávica del pensamiento ortodoxo en el gobierno progresista sorprendió a muchos frenteamplistas. En octubre de 2006, el Ministro de Economía declaraba al diario La República:

Sí hay un modelo mejor, estoy dispuesto a analizarlo; no lo conozco… Los resultados de la economía desde el punto de vista productivo, laboral y social son bastantes buenos. El país esta creciendo como no lo hacía hace mucho tiempo, el desempleo es el menor de los últimos diez años, la tasa de empleo es la mayor en veinte años, el salario real esta creciendo tanto en el sector privado como en el publico, hay menor pobreza y la distribución del ingreso ha mejorado, y por eso estamos satisfechos.

Los progresos señalados por Danilo Astori eran y siguen siendo incontrovertibles. Varios indicadores evidencian que la economía uruguaya sigue atravesando una fase expansiva. En abril, el Banco Central anunció que la economía creció 7,4% en 2007, superando incluso el registro de 2006, cuando el Producto Interno Bruto (PIB) creciera ‘sólo’ 7%. Por su parte, en el último informe de ‘Tendencias y Perspectivas de la Economía Uruguaya’ publicado por la Universidad de la República (abril 2008), se proyecta un crecimiento similar para este año. Se completaría entonces un lustro de espectacular expansión, impulsado fundamentalmente por la actividad exportadora. La gestión económica progresista ha sido incluso ponderada por el gobierno de George Bush; en marzo de 2008 la embajada estadounidense difundió un informe que elogiaba ‘la política económica ortodoxa’ del gobierno, destacando los esfuerzos realizados ‘para atraer inversiones extranjeras’ y ‘para desmantelar algunos monopolios públicos, dando más espacio a los privados’.

Sin embargo, no todos los positivos valores macroeconómicos habrían sido el resultado de acciones del gobierno. La oposición de derecha y parte de la izquierda crítica coinciden en argumentar que la reactivación sería más bien el producto de una coyuntura internacional muy favorable para el país, caracterizada por una valorización sin precedentes de los commodities. En efecto, los precios en el mercado mundial de la canasta uruguaya de productos de exportación —carne bovina, cuero, lana, soja, trigo, maíz, arroz, madera y celulosa— han alcanzado valores ‘récord’, empujados por la creciente demanda de alimentos y materias primas de China, India y otras ‘economías emergentes’.

Quienes exigen la introducción de cambios en la política económica reclaman un proyecto que garantice el desarrollo efectivo del Uruguay Productivo propuesto en el programa de gobierno del FA. Entre otras medidas que limiten la actual dependencia de los commodities y promuevan un crecimiento más coherente con la identidad política de la izquierda, se reclama una mayor intervención del Estado como promotor y catalizador del desarrollo, capaz de incentivar o penalizar al sector privado en el marco de la ejecución de una verdadera política industrial; una actitud más crítica en la búsqueda de la inversión, menos sesgada hacia la inversión extranjera, más propensa al fomento de la inversión nacional, y capaz de discernir entre diferentes tipos de inversión en términos de impactos ambientales y sociales a largo plazo (1); y una estrategia de inserción internacional concebida desde una perspectiva de integración regional, tomando al Mercosur y a América Latina como escenarios a priorizar.

En definitiva, quienes desde el Frente Amplio demandan un giro a la izquierda no necesariamente exigen un cambio radical, aunque denuncian que varias de las decisiones asumidas por el Ejecutivo contradicen la historia y la oferta programática de la izquierda. Entre otras medidas gubernamentales que han generado fuertes discusiones al interior de la izquierda se destacan: el acercamiento a Estados Unidos —después de un largo debate interno, Tabaré Vázquez descartó en diciembre de 2006 la firma de un eventual tratado de libre comercio, pero en enero de 2007 se inició la negociación de un tratado marco de fomento del comercio y la inversión (TIFA)—; las reiteradas críticas al funcionamiento del Mercosur, justificadas en muchos casos por la evidente marginalización del Uruguay por parte de Argentina y Brasil, pero magnificadas como excusa para demandar la liberalización de las reglas del bloque para la negociación de acuerdos con otros países; la modalidad que el Ejecutivo ha priorizado para combatir la inflación; y las constantes referencias a Chile como ‘modelo’ a imitar.

Como alternativas a la actual política económica, los sectores críticos han propuesto una renegociación de la deuda externa y la utilización de las reservas financieras y las colocaciones bancarias del país en el extranjero con el objetivo de liberar recursos para el desarrollo productivo y la extensión de políticas sociales. También se ha propuesto la promoción de la economía social y el cooperativismo, y apoyo institucional y financiero a empresas recuperadas por los trabajadores —con referencias concretas a reformas en curso en Venezuela—, entre otras propuestas diversas.

Profundizar los cambios…

Pese a la buena salud de los indicadores macroeconómicos, el gobierno progresista no ha logrado detener —y mucho menos revertir— la exclusión social heredada de gobiernos anteriores. La polarización social tiene hoy una manifestación espacial muy visible, con guetos de riqueza y guetos de pobreza ubicados en territorios paralelos, con pocos o nulos vasos comunicantes. La pobreza estaría bajando (la conjugación condicional se explica en función del debate actual sobre indicadores y valores contradictorios), pero no se ha logrado detener la creciente infantilización de la pobreza ni revertir la tendencia de concentración del ingreso.

El balance presentado por la dirección frenteamplista al último congreso de la coalición, en diciembre de 2007, entre otros múltiples logros del gobierno progresista, afirmaba que el PANES, asociado al aumento de la ocupación y el salario real, permitió disminuir el porcentaje de pobreza del 31,9% al 24.3%. El PANES (Plan de Asistencia Nacional a la Emergencia Social) fue concebido como ‘buque insignia’ del gobierno. En sus primeras etapas de diseño y ejecución, a mediados de 2005, la izquierda política y la ‘izquierda social’ polemizaron en torno a sus objetivos, el alcance previsto y los medios humanos y financieros a su disposición. Algunos críticos se refirieron al nuevo plan como un ejemplo muy concreto del ‘asistencialismo’ y el ‘cortoplacismo’ que la izquierda siempre había criticado. También se ha argumentado (con amplia base empírica y documental) que la pobreza uruguaya no es el resultado de una situación de ‘emergencia’ que necesite la intervención del Estado por un período transitorio, sino un problema de origen estructural, que requiere políticas de cobertura universal y a largo plazo.

Más allá del debate teórico sobre el significado del PANES, en la práctica el alcance del plan excedió el originalmente previsto, demostrando la verdadera magnitud de la pobreza en el Uruguay. Según datos oficiales, a fines de 2008 el PANES había llegado a atender 80.000 hogares en todo el país, alrededor de 300 mil personas (aproximadamente el 10% de la población nacional). El Ejecutivo había anunciado que el PANES terminaría en mayo de 2007, pero luego extendió su funcionamiento hasta la entrada en vigor del llamado Plan de Equidad, cuyos componentes concretos recién fueron anunciados en diciembre. (2)

Otros indicadores estarían señalando que el impacto a largo plazo de las actuales políticas de combate a la pobreza será inferior al previsto o deseado. Quienes sostienen la tesis de un gobierno ‘en disputa’ observan que, a la luz de las tasas de crecimiento económico registradas desde marzo de 2005, ya no es válido recurrir al subterfugio de la ‘herencia maldita’ como principal explicación del limitado impacto de la gestión progresista en términos sociales. Desde varios sectores de la coalición han surgido voces críticas que reclaman que la estabilidad macroeconómica se refleje en medidas más enérgicas de distribución de la riqueza. La economía crece, pero esa expansión no ha sido coherente con la evolución de los salarios. Un estudio publicado a principios de este año por Joaquín Etchevers establece que, en el período 2005-2007, se produjo una caída del 33% en la participación de la masa salarial respecto al trienio 1998-2000. El mismo estudio concluye que ‘la actual administración no sólo estaría igualando los peores valores de los años previos a la restauración democrática sino que también, de no haber cambios sustanciales en la política económica, no tendrá cambios relevantes’. (3)

Balance y perspectivas…

Los debates arriba reseñados sobre el sentido y los impactos de las política económicas y social del gobierno frenteamplista evidencian que la izquierda uruguaya llegó al gobierno con un programa electoral común y proyectos políticos diversos. Proyectos no antagónicos, pero claramente diferenciados. No obstante, por encima de los disensos, todas las fuerzas que hoy componen el Frente Amplio comparten múltiples valores y trayectorias que no sólo fortalecen la identidad frenteamplista, sino que también generan esperanza entre quienes reclaman (o reclamamos) la profundización de los cambios. Desde marzo de 2005 al presente (abril de 2008), todos los grupos que componen el FA han coincidido en promover otros cambios que la izquierda había demandado desde la propia fundación del Frente en 1971. El gobierno ha recuperado el funcionamiento y la capacidad de aporte al desarrollo de las empresas de propiedad estatal, revertiendo la tendencia a la privatización y quebrando una tradición de décadas de administración clientelista, ineficaz y poco transparente. Ha modernizado las relaciones laborales desde una perspectiva auténticamente progresista, reabriendo espacios para la negociación salarial tripartita y promoviendo así, de forma indirecta, la reorganización del movimiento sindical. Ha promovido reformas avanzadas —con limitaciones y ciertos componentes criticados por las organizaciones sociales— que conciben a la educación y a la salud como derechos y no como mercancías. Ha puesto en práctica una reforma impositiva basada no sólo en la búsqueda de mayor eficiencia recaudatoria, sino también en el principio de ‘que pague más quien tiene más’. Ha promovido avances reales en torno a la muy postergada demanda de ‘verdad y justicia’, facilitando la indagación del destino de las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y el enjuiciamiento de represores civiles y militares (4). Estos y otros avances son reales, y marcan diferencias visibles entre el actual gobierno del FA y los gobiernos precedentes.

Sin embargo, tres años después de asumir el gobierno la izquierda ya se ha dividido. En marzo de 2008 el Movimiento 26 de Marzo (26M) concluyó su anunciada separación del Frente Amplio, y la Corriente de Izquierda (CI) ha comunicado que muy probablemente tomará la misma decisión a corto plazo. El impacto político de la escisión de la ‘izquierda radical’ no ha causado daños políticos inmediatos, dado el lugar marginal que ocupaba desde las elecciones de 2004 —cuando quedó sin representación parlamentaria— y su prácticamente nula incidencia en las decisiones colectivas de la coalición. No obstante, el alejamiento de los sectores más críticos podría tener impactos políticos reales a mediano o largo plazo, incluyendo una más dificultosa reedición de una victoria presidencial sin necesidad de segunda vuelta en las elecciones de 2009. El 26M ya ha anunciado que conformará con otros grupos radicales una plataforma política y electoral de ‘izquierda revolucionaria’.

Es muy improbable que el Frente Amplio se enfrente a circunstancias de riesgo electoral el año próximo, pero podría tener que afrontar un escenario similar a la atravesada por Lula en Brasil durante las elecciones de 2006, luego que militantes desencantados (y expulsados) del Partido de los Trabajadores (PT) le abandonaran para crear otro partido a su izquierda. No obstante, el riesgo mayor del Frente Amplio, de no corregirse el rumbo de la política económica —eje de cualquier proyecto de cambio progresista— sería la deriva del proceso uruguayo hacia posturas políticas en contradicción con su propia historia, como ya habría acontecido con el PT. Al igual que en Brasil, el ascenso al gobierno uruguayo de una fuerza política con una fuerte identidad y trayectoria política de izquierda, con un líder carismático y amplia capacidad de convocatoria y movilización popular, generó profundas expectativas de cambio. En el Brasil, como un reputado investigador europeo (para nada radical y defensor de la tesis de la ‘irrelevancia’ del clivaje izquierda-derecha en el contexto latinoamericano) ya lo advirtiera en septiembre de 2006, la gran decepción de la presidencia de Lula da Silva habría sido ‘su renuncia a elaborar un proyecto a la vez político y social de cambio’(5). El proceso uruguayo presenta hoy luces y sombras, y es de esperar que la presidencia de Tabaré Vázquez no culmine siendo otra ‘decepción’. Sólo el debate democrático al interior del Frente Amplio y la presión permanente de la sociedad civil organizada —en un país con una larga y fuerte tradición de movimientos sociales—podrían asegurar que la experiencia progresista uruguaya sea al mismo tiempo consecuente con la realidad del presente y con sus principios y valores históricos.

Notas

(1) El ejemplo más criticado de la estrategia de promoción de inversiones extranjeras es el apoyo otorgado por la administración Vázquez a la expansión del sector forestal, en beneficio de grandes corporaciones de la industria papelera y contradiciendo las posturas asumidas por la izquierda antes de llegar al gobierno. El caso más discutido ha sido el de la empresa finlandesa Botnia, que ha provocado un largo conflicto entre Uruguay y Argentina en torno a supuestos impactos ambientales, aún sin perspectivas de resolución.

(2) Véase Pland de equidad Ministerio de Desarollo Social

(3) Véase www.rediu.org/050308distribucioningresoJE.htm

(4)Para un análisis minucioso del significado del Nunca Más en Uruguay, incluyendo una interpretación de las controvertidas declaraciones y propuestas de Vázquez en torno a la ‘reconciliación nacional’, véase el artículo de Gerardo Caetano en el número 3 de Umbrales.

(5) Touraine, Alain (200) ‘Entre Bachelet y Morales, ¿existe una izquierda en América Latina?’, Nueva Sociedad, No 205.

Publicado en Umbrales de América del Sur, No 5, abril - julio 2008

Daniel Chavez es Director del New Politics Programme del Transnational Institute. Su ultimo libro es La nueva izquierda en América Latina