Ecuador: "daños colaterales" por las fumigaciones en la frontera norte

TNI

Abril 2007

Proyecto gubernamental de convenio binacional
Comisión binacional
Parlamento Andino
Diversas acciones de la sociedad civil
Proceso contra DynCorp
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)
CODHES
Comité Interinstitucional sobre Fumigaciones (CIF)
Acción Ecológica
La Defensoría
Misión técnica de la ONU

Desde el comienzo de las fumigaciones en la zona de la frontera norte con Colombia, los habitantes de las provincias ecuatorianas aledañas han presentado numerosas quejas a las autoridades sobre sus efectos nocivos para la salud de la población, los cultivos y el medio ambiente. Al igual que en las regiones colombianas que han sido sometidas a la estrategia de la fumigación aérea, también en el lado ecuatoriano el impacto de las aspersiones de químicos ha generado un conflicto humanitario al que las autoridades no han sabido cómo responder. Los representantes del gobierno estadounidense en Ecuador por su parte, han negado desde el comienzo que las fumigaciones que se realizan en el sur de Colombia para erradicar los cultivos de coca afecten el Ecuador, haciendo notar que las enfermedades de las que se quejan los campesinos proliferan desde hace tiempo entre las poblaciones fronterizas ecuatorianas y no obedece al uso del glifosato.

Colombia y Ecuador comparten una frontera terrestre de aproximadamente 600 kilómetros en la selva amazónica, una región en donde, además de cultivos de hoja de coca, hay presencia de guerrilleros y paramilitares que combaten en medio de un largo conflicto interno. Cuando se empezaron a producir las primeras fumigaciones en el marco del Plan Colombia, el gobierno ecuatoriano pidió que fueran compensados los daños colaterales que causaran las fumigaciones y otras operaciones del Plan Colombia en territorio ecuatoriano, hablándose incluso de un Plan Ecuador. Desde entonces EEUU ha desembolsado unos 60 millones de dólares para Ecuador, básicamente como cooperación militar. (Este monto no incluye las inversiones realizadas en la instalación del Centro Operativo de Avanzada FOL en la base aérea de Manta, desde donde se realiza el control del narcotráfico en la región andina).

Esta ayuda, que es parte de un programa de asistencia para el control en áreas conflictivas relacionadas con el tráfico de estupefacientes, no se dirige a aliviar en cualquier modo - el daño colateral - la crisis humanitaria generada por las fumigaciones, sino que responde a una estrategia regional de seguridad cuyo propósito es involucrar cada vez más a las fuerzas armadas ecuatorianas en operaciones militares para contener a la guerrilla en Colombia.

Bajo el gobierno de Alvaro Uribe se han intensificado las acciones del ejército colombiano contra las FARC en el marco de la llamada política de "seguridad democrática", lo que se ha traducido en un aumento del número de efectivos del ejército en la zona. Las frecuentes visitas del general James Hill, jefe del Comando Sur, y sus reuniones con oficiales de las fuerzas armadas ecuatorianas tienen que ver con el delineamiento de la estrategia de seguridad y control en la frontera norte. El Ecuador se ha ido involucrando también en el conflicto del país vecino y cuenta ahora con miles de soldados en la frontera, lo que ha generado una enorme tensión entre la población fronteriza. Esta enorme presencia militar hace temer a las autoridades locales que las consecuencias negativas de la aplicación y continuación del componente militar del Plan Colombia vayan a aumentar en los próximos años.

El escalamiento del conflicto colombiano y su implicación en el problema transnacional de las drogas se han convertido en una oportunidad para que Estados Unidos avance en su estrategia de abarcar dentro de su perímetro de seguridad áreas de influencia como esta zona fronteriza. El hecho de que Washington haya impuesto relaciones estrictamente bilaterales para manejar los problemas de drogas y de seguridad con cada país por separado, ha dificultado el entendimiento regional para hacerle frente al conflicto y sus efectos, así como a otros problemas compartidos, como el de las consecuencias por las aspersiones de químicos.

Reacción por las fumigaciones

El rechazo de la población civil a las fumigaciones en el área de la frontera norte, expresado a través de múltiples voces de la sociedad civil ecuatoriana, ha quedado registrado en diversos pronunciamientos y acciones a lo largo de los últimos años de partes de diversas organizaciones, ONG, e incluso de instancias gubernamentales.

Las diferentes organizaciones que monitorean los impactos en Ecuador de las aspersiones en los departamentos limítrofes de Putumayo y Nariño han denunciado insistentemente que el gobierno colombiano incumple con la obligación de dejar la franja de 10 km libre de químicos. Estas organizaciones han sido testigo también de los severos impactos del químico en la salud de la población, cultivos y animales.

La Dirección de Salud de Sucumbíos confirmó que en octubre de 2002 se presentó un incremento de casos de enfermedades dermatológicas en esa provincia, especialmente entre la población infantil, aunque sin afirmar que éstas se hubieran producido como consecuencia directa de las fumigaciones. Es notorio sin embargo, que la aparición de las enfermedades coincide con el inicio de las fumigaciones en aéreas cercanas al fronterizo río San Miguel. Precisamente en agosto de 2002, bajo el recién inaugurado régimen del presidente Uribe, había comenzado la nueva fase de fumigaciones en el Putumayo con una fórmula química reforzada. Y a comienzos de octubre de 2002 se había puesto en marcha el operativo Onix 4 también en el Putumayo, destinado a erradicar por fumigación 14 mil hectáreas de coca.

De acuerdos a informes de prensa de esos días (El Comercio, Quito, 8-10-02, El glifosato afecta a los cultivos en Sucumbíos), "... A sólo dos kilómetros del río San Miguel, la frontera natural entre Ecuador y Colombia, el paisaje es desolador. Los campos lucen abandonados de personas, animales y de vida... Decenas de guarumos, árboles típicos de zonas intervenidas, apenas sostienen sus enormes hojas. Otros parecen enormes candeleros con sus ramas totalmente peladas... Las bananeras están a punto de caerse y apenas se sostienen con sus tallos. El impacto de las fumigaciones es tan fuerte que hasta el pasto está completamente destruido...". Se denunció también que los aviones fumigadores no sólo no estaban respetando la franja de diez km sino que incluso lo aviones ingresaban a territorio ecuatoriano.

Las denuncias por la destrucción que causan las fumigaciones no han dejado de producirse desde entonces. A finales de septiembre de 2002 se creó el Comité de Defensa del Cordón Fronterizo frente a las fumigaciones, conformado por representantes de quince comunidades de la zona de frontera. Ese mismo mes, el Departamento de Estado de EEUU había dado a conocer su informe sobre el impacto de la erradicación aérea de coca. El informe, que fue presentado al Congreso estadounidense el 4 de septiembre, desconoce la nocividad de la mezcla asperjada. Los resultados de este informe fueron inmediatamente puestos en cuestión por especialistas y científicos estadounidenses. Según las críticas de los científicos, el informe del DE de ninguna manera logra demostrar la seguridad para la salud y el medio ambiente de los programas de erradicación de coca, y no evalúa de manera adecuada los impactos posibles para humanos y medio ambiente.

En julio de 2003, vuelve a presentarse una ola masiva de protestas por parte de las comunidades de Nueva Loja residentes en los poblados aledaños al río San Miguel. Las fumigaciones se habían iniciado, efectivamente, poco antes en el Putumayo a corta distancia del límite de la frontera. Diversas comisiones de los recintos, comunidades y comunas indígenas denunciaron el hecho ante las organizaciones de derechos humanos, Defensoría del Pueblo y la Federación de Organizaciones Indígenas Kichwas de Sucumbíos Ecuador (Fokise). El nuevo ciclo de fumigaciones colombianas obligó a suspender la siembra de productos como yuca, plátano, arroz, y maíz.

Las fumigaciones realizadas en los dos últimos años en la localidad de Puerto Mestanza han motivado la salida de la mayoría de los pobladores de la zona. Según los registros de la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo Ecuatoriano de Sucumbíos (Forccofes), por lo menos el 60 por ciento de los campesinos de la frontera abandonó sus fincas en los últimos ocho meses. El fenómeno del éxodo campesino es otro de los problemas 'colaterales' graves asociados de modo general con el conflicto militar en la zona de la frontera, y con las fumigaciones en particular.

En una visita a Ecuador a fines de agosto de 2003, el presidente Uribe sorprendió a ambientalistas, a activistas de derechos humanos y a las mismas autoridades ecuatorianas al afirmar que a Colombia nunca se le había pedido evitar las fumigaciones de cultivos ilícitos en áreas fronterizas. El presidente Uribe, no obstante llevar en ese momento un año en el gobierno, y el hecho de que precisamente uno de los objetivos de su visita a Ecuador era la situación de los 600 km de frontera entre los dos países, al parecer ignoraba las conversaciones con el gobierno ecuatoriano para la firma de un convenio en ese sentido. La Confederación de Indígenas Ecuatorianos (CONAIE) declaró entonces a Uribe "persona non grata". De hecho en esos momentos el gobierno colombiano estaba lanzando una nueva fase del Plan Colombia, una intensificación de las actividades contrainsurgentes, muchas de las cuales deberían desarrollarse en las zonas fronterizas.

El conflicto no es solo colombiano sino regional, ha dicho Uribe. Haciendo completamente caso omiso del problema de la seguridad alimentaria, de salud, etc de los pobladores de la región, además del desplazamiento masivo de población colombiana hacia Ecuador, a los gobiernos colombianos y estadounidense lo único que les preocupa es la seguridad de la frontera, evitar el movimiento de guerrilleros e impedir el cultivo y tráfico de armas y drogas.

Proyecto gubernamental de convenio binacional

Motivado por los diferentes pronunciamientos producidos a lo largo del año 2001, el gobierno ecuatoriano decidió asumir por su propia cuenta acciones tendientes a hacer frente a la continuas quejas de la población fronteriza. En abril de 2002, la canciller Nina Pacari, anunció que Ecuador suscribiría un convenio con Colombia tendiente a evitar el impacto negativo de las aspersiones en el lado ecuatoriano. El convenio serviría como herramienta jurídica para exigir a Colombia que las fumigaciones llegaran hasta unos 10 km antes de la frontera con Ecuador. En ese momento existía con Colombia un acuerdo verbal al respecto, pero éste no había sido cumplido. Para Ecuador la franja de 10 km, debía extenderse a lo largo de toda la frontera norte.

Dentro del proyecto de convenio solicitado por las autoridades ecuatorianas, se pedía la conformación de una Comisión Interinstitucional sobre Fumigaciones para analizar los químicos utilizados en las fumigaciones, con el objetivo de identificar los posibles daños causados por éstas en cultivos y seres humanos, así como controlar los posibles efectos y alteraciones que pudieran causar los químicos fumigados. Esta Comisión debía quedar integrada por representantes de la Cancillería, delegados de los ministerios de Gobierno, Defensa, Agricultura y Ambiente, así como por un representante de las prefecturas fronterizas del norte y de los municipios de esa zona, con el apoyo de varias ONG y de la sociedad civil. Se anunció también que se conformaría un grupo de expertos para evaluar los daños causados por las fumigaciones en la región selvática del Putumayo.

Solamente un año más tarde, en abril de 2003, el gobierno colombiano aceptó la petición ecuatoriana de la firma de un convenio escrito para regular las fumigaciones realizadas cerca de la frontera. El convenio buscaba también impulsar la cooperación entre los respectivos ministerios de medio ambiente de ambas naciones. Las comunidades indígenas y campesinas de la provincia amazónica de Sucumbíos pidieron que se hiciera un balance de las consecuencias e impactos de las fumigaciones sobre sus territorios.

Comisión binacional - A comienzos de octubre de 2003 se anunció que se suspenderían las fumigaciones en las zonas aledañas a la frontera hasta que una comisión científica binacional para el control y vigilancia ambiental y de salud debido al uso de sustancias químicas en la erradicación de cultivos prohibidos les diera su aprobación. Las reuniones de esta Comisión comenzaron a mediados de octubre, cuando las fumigaciones en el Putumayo se encontraban suspendidas, al parecer no por el pedido ecuatoriano, sino porque casualmente en ese momento ya había cumplido el ciclo correspondiente a ese período.

Los participantes de la comisión científica binacional integrada por expertos colombianos y ecuatorianos, se proponen llegar a conclusiones y eventualmente recomendaciones comunes sobre los posibles daños del glifosato en Ecuador. A través del equipo técnico y científico de su comisión, Colombia defiende el uso del glifosato en fumigaciones fronterizas. La delegación técnica ecuatoriana trabajará con la información y muestras de los químicos que la fuerza pública colombiana utiliza para combatir los cultivos de coca en la frontera. Aunque la comisión existe desde septiembre de 2003, en marzo de 2004 todavía no había presentado ningún resultado y ni siquiera un protocolo de investigación, ni había establecido un plan de trabajo para una recolección científica de pruebas.

Parlamento Andino

En agosto de 2001, el Parlamento Andino resolvió por unanimidad, que el gobierno colombiano suspendiese temporalmente las fumigaciones con glifosato en los sembradíos de coca. Esta decisión debía mantenerse hasta que no se realizaran los estudios técnicos adecuados sobre los impactos del químico asperjado. Las resoluciones del Parlamento Andino - organismo que reúne a representantes de los parlamentos de los cinco países del área - no tienen carácter obligatorio, pero deben ser acogidas.

La resolución del PA se produjo como respuesta a los reclamos de organizaciones internacionales, de expertos ambientalistas, y de las comunidades indígenas y campesinas de la frontera norte ecuatoriana en donde se habían sentido los efectos de las fumigaciones realizadas hasta el momento en el sur de Colombia. Las organizaciones pedían la suspensión de las aspersiones debido a los perjuicios comprobados para la salud humana y los cultivos de la mezcla en uso.

Diversas acciones de la sociedad civil

Las numerosas organizaciones populares que representan a los colonos, campesinos e indígenas de la región, han exigido que el gobierno ecuatoriano asuma una posición clara frente al problema: la suspensión de las fumigaciones y la aplicación de un corredor de amortiguamiento de diez kilómetros al norte del río San Miguel en territorio colombiano; indemnizaciones de parte del gobierno colombiano a los afectados y la aplicación de un plan de desarrollo socioeconómico para las numerosas comunidades que no tienen luz, agua potable ni servicios de salud.

En respuesta a estas peticiones, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso ecuatoriano organizó un recorrido a fines de febrero de 2003 para recolectar testimonios y escuchar las denuncias presentadas por los campesinos y responsables locales. Pero la cancillería ecuatoriana todavía no ha definido una posición clara frente al gobierno colombiano.

Proceso contra DynCorp - El 11 de septiembre de 2001, indígenas y ambientalistas ecuatorianos interpusieron una causa contra la firma estadounidense DynCorp por los aparentes daños que los habitantes del sector fronterizo de Sucumbíos estaban sufriendo a causa de las fumigaciones realizadas por esta compañía en Colombia. El juicio comenzó en enero de 2002. En Latinoamérica, Dyncorp es, de lejos, la principal empresa privada militar contratada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. De hecho, el 90 por ciento de sus ganancias, que el año pasado llegaron a 1.800 millones de dólares, proviene de fondos estatales de ese país. Durante el juicio, el DE fue forzado a admitir que el glifosato se mezcló con cosmoflux, una sustancia de la que se desconocen sus efectos en la salud humana y el medio ambiente. Los denunciantes ecuatorianos aseguran que las fumigaciones han causado la muerte de niños y afectado la salud de numerosas personas, suministrando pruebas de exámenes médicos individuales. Dyncorp insiste en que el herbicida es totalmente inofensivo.

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos - En diciembre de 2000, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Ecuador sometió un reclamo legal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA contra los gobiernos colombiano y estadounidense. La APDH alegaba que a través de la implementación del Plan Colombia, estos gobiernos han violado los derechos humanos de los ciudadanos ecuatorianos, entre los cuales el derecho a la paz, y citaba la violación que significa la invasión del espacio aéreo ecuatoriano por helicópteros y aviones fumigadores, entre otros.

CODHES - La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, en desarrollo del monitoreo del Plan Colombia en la frontera colombo-ecuatoriana, publicó en octubre de 2003 un informe sobre fumigaciones [PDF document], desplazamiento y derechos humanos, en el que se concluye que las fumigaciones por aspersión aérea provocan más desplazamiento de población, amplían las zonas del conflicto armado, diseminan las plantaciones de coca en nuevas regiones y vulneran el derecho a la alimentación de las comunidades. También según el informe, "... la estrategia militar antiterrorista del gobierno, la militarización fronteriza y la erradicación de cultivos ilícitos, han empeorado la situación de derechos humanos, han intensificado el conflicto armado interno y han incrementado la crisis humanitaria regional que afecta a la población civil, especialmente a indígenas y campesinos, víctimas de las estrategias utilizadas por los grupos armados para mantener su control territorial, económico y político. Ante tal situación no se vislumbra una salida pacífica... Mientras el país esté lejos de una solución política y negociada, el incremento de la ayuda militar en la lucha antiterrorista se convierte en el mejor aliado para aumentar los costos en vidas humanas, sociales, económicos, políticos y culturales".

Finalmente, el estudio hace un análisis comparativo en lo relacionado con el número de hectáreas cultivadas, fumigadas, efectos del Plan Colombia, desplazamiento forzado y solicitud de refugio hacia el Ecuador. Las tablas y gráficos que se encuentran en el desarrollo de la investigación, ofrecen una visión más clara sobre la erradicación de cultivos ilícitos y sus consecuencias contra la población civil en el marco de la política de seguridad del presidente Uribe.

De otra parte, Jorge Rojas, presidente de CODHES (Colombia), afirmó que la reciente ofensiva de las fuerzas armadas colombianas en el sur (lo que la prensa colombiana ha llamado el 'Plan Patriota') para recuperar territorios que están en manos de la insurgencia, va a generar más flujos migratorios hacia Ecuador.

Comité Interinstitucional contra las Fumigaciones (CIF)

En septiembre de 2002 se constituyó el Comité Interinstitucional contra las Fumigaciones (CIF), una plataforma conformada por numerosas organizaciones de la sociedad civil que efectúan un monitoreo de las fumigaciones. (1) Desde entonces el CIF se ha convertido en una fuente importante de información y actividades sobre este tema por fuera del gobierno. Desde su conformación el CIF ha realizado varias misiones de verificación para investigar los efectos de las fumigaciones en la salud y el medio ambiente en la frontera.

Ante la falta de respuesta de los organismos estatales a los numerosos pedidos de los campesinos e indígenas de la zona fronteriza, el CIF presentó una demanda ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo. Poco después, en una medida sin precedentes en el sistema judicial ecuatoriano, el Tribunal encontró culpables a algunos organismos del gobierno (entre los cuales, la Presidencia de la República y los ministerios de Relaciones Exteriores, de Agricultura, de Ambiente y de Salud) de omisión grave al no tomar las medidas necesarias para auxiliar a los pobladores de la frontera ecuatoriana que colinda con el departamento del Putumayo en Colombia.

El Tribunal exige al estado que reconozca el contenido del artículo 91 de la Constitución, que le obliga a tomar medidas preventivas respecto a la población, incluso en casos de dudas o de falta de evidencia científica que den cuenta de un daño ambiental. Igualmente ordenando al Estado dar atención inmediata a los pobladores de la zona fronteriza que han denunciado daños ambientales y sanitarios por las fumigaciones, y a que cumpla con las demandas presentadas por los habitantes y tome medidas urgentes para evitar que se afecte su salud.

El CIF presentó también una petición de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH). En esta petición se le pide a la Comisión que se pronuncie y obligue al estado ecuatoriano a emprender acciones concretas para minimizar los efectos de las fumigaciones con glifosato. El canciller ecuatoriano, Patricio Zuquilandia, dijo que de comprobarse que el glifosato hace daño, la cancillería pediría la suspensión de las fumigaciones. El gobierno ecuatoriano había prohibido previamente el uso en su territorio de producto químicos, bioquímicos o agentes biológicos como herramientas para la erradicación de cultivos ilícitos.

Acción Ecológica - Las investigaciones sobre los efectos de las fumigaciones realizadas por Acción Ecológica en asocio con otras de las organizaciones que hacen parte del CIF han llegado a conclusiones alarmantes.

En "Impactos en Ecuador de las fumigaciones a cultivos ilícitos en Colombia, Amicus Curiae" las organizaciones hacen una compilación de las conclusiones alcanzadas por las misiones de verificación, las acciones realizadas en respuesta a las fumigaciones tanto por el gobierno ecuatoriano como por la sociedad civil, y los protocolos y derechos nacionales e internacionales que se están violando con el programa de fumigaciones.

A comienzos de 2003, Acción Ecológica presentó ante la Defensoría del pueblo los resultados de un informe sobre los daños genéticos en la población afectada. El estudio, que recopila las investigaciones desarrolladas desde que se iniciaron las fumigaciones en el año 2000, estuvo a cargo de Adolfo Maldonado, médico tropicalista miembro de Acción Ecológica.

El estudio, que muestra los daños genéticos sobre seres humanos producidos por la mezcla química utilizada para las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos, afirma que "la exposición al glifosato representa un riesgo en las mujeres gestantes". El experto se basó en un estudio realizado en 2001 en el cual se encontró una mayor incidencia de abortos espontáneos entre las 12 y 19 semanas de gestación en mujeres expuestas al glifosato antes de iniciada la gestación. El informe, que contiene fotografías, datos de muestras de sangre y de posibles daños genéticos en la población, advierte que muchos de los efectos nocivos de las fumigaciones se verán sólo en las futuras generaciones. "Se analizaron 47 mujeres, 22 en la línea de frontera, tanto de Ecuador como de Colombia, que fueron expuestas por las fumigaciones aéreas del plan Colombia a la mezcla del glifosato con POEA + Cosmoflux 411F... Las pruebas muestran síntomas de intoxicación y daños en un tercio de las células sanguíneas". Se examinó igualmente a mujeres que viven a 80 kilómetros de las zonas fumigadas y no hubo el mismo diagnóstico.

De acuerdo a la dirección del Laboratorio de la Universidad Católica, los resultados del estudio muestran también que en la mayoría de los casos de personas expuestas, el daño genético puede repararse a si mismo, y en un período de seis meses a un año los genes vuelven a la normalidad si la persona no ha vuelto a estar en contacto con los químicos. Si el daño genético no se repara las consecuencias van desde pérdidas de embarazos, infertilidad, malformaciones o niños susceptibles a desarrollar enfermedades crónicas o cáncer.

Los expertos y ecologistas vinculados a este estudio esperan que no se siga sometiendo a la población a más fumigaciones, con las que aumentaría el riesgo de daño celular y el incremento de los casos de cáncer, mutaciones y serias alteraciones embrionarias.

Luego de este estudio, Acción Ecológica sugiere que la Comisión científica creada entre los dos países haga las pruebas directamente en Colombia, en zonas pobladas en donde se practican desde hace varios años las fumigaciones. Acción Ecológica ha denunciado también la ambigüedad del gobierno ecuatoriano, y que la politización que se ha hecho del tema podría afectar la imparcialidad de la Comisión.

Defensoría - La Defensoría del Pueblo ecuatoriana ha resuelto declarar al estado colombiano responsable de los daños ocasionados en Ecuador por las fumigaciones en el Putumayo, pidiendo la suspensión de los cultivos próximos a la frontera. La resolución se remitirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a fin de que tengan conocimiento y adopten las medidas pertinentes para evitar que continúen estas violaciones y respalden los procesos de reclamo internacional que se inician.

La Defensoría impulsó también el estudio realizado por Acción Ecológica ante el pedido de la población amazónica afectada.

Misión técnica de la ONU - Los movimientos indígenas y sociales de Ecuador aprovecharon la visita al país a comienzos de noviembre de 2003 del secretario general de la ONU, Kofi Annan, para reiterar la propuesta de que Colombia suspenda las fumigaciones con glifosato en el área de la frontera. Como resultado de esta visita, el gobierno ecuatoriano anunció poco después que la ONU integraría una misión técnica para evaluar la situación de la salud, la educación, la pobreza, el empleo, el medio ambiente y los cultivos ilícitos en la frontera ecuatoriano-colombiana. La misión estaría conformada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la ACNUR (Refugiados), e indicó que realizará visitas a las provincias de Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos e Imbabura, al norte de Ecuador.

Referencias

1 Las organizaciones que hacen parte del CIF son: Acción Ecológica, Acción Creativa, Clínica de Derechos Humanos de la PUCE (Universidad Católica), Comité Andino de Servicios (CAS), Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), Plan País, Red Contra el Uso de Plaguicidas en América Latina (RAPAL-Ecuador), Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Ecuador), Equipo del Centro de Salud de Pacayacu (Sucumbíos), Centro de Salud de General Farfán, La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), y la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo Ecuatoriano de Sucumbíos (FORCCOFES)