Venezuala: un diálogo por la inclusión social y la profundización de la democracia

Quienes suscribimos este documento tenemos no pocas diferencias teóricas y políticas. Pese a ellas, coincidimos en algunos principios, diagnósticos y preocupaciones que nos invitan a expresarnos juntos, para intentar incidir en el curso de acontecimientos políticos desarrollados en el país en los últimos meses.

Coincidimos en que los principios "justicia social" y "democracia" son interdependientes. No concebimos una verdadera democracia con los alarmantes índices de exclusión social que actualmente existen en el país, al tiempo que estamos convencidos de que para lograr mayores niveles de justicia social es necesario profundizar tanto la participación como la institucionalidad democrática. Por tal razón, insistimos en que todo cambio a producir en el país debe partir del estricto respeto a la expresión democrática de la sociedad y a la institucionalidad establecida en la Constitución de 1999.

Coincidimos en diagnosticar que, más allá de sus simpatías o antipatías por el gobierno nacional, la mayoría de la población no se siente representada por los sectores más radicalizados del espectro político (afectos o adversos al gobierno nacional), en tanto expresan una imposibilidad de resolver o administrar las diferencias a través de los canales democráticos establecidos en la legalidad, sin componendas de élites y con participación popular en el debate de los principales problemas del país. Ese rechazo mayoritario de la sociedad, que es transversal a la confrontación entre gobierno y oposición, constituye una reserva democrática que permite conjurar los riesgos autoritarios provenientes de ambos bandos.

Coincidimos en una preocupación ante las señales de autoritarismo que están presentes en los sectores radicalizados del espectro político (afectos o adversos al gobierno nacional), que han empezado a generar situaciones de violencia que constituyen amenazas a la posibilidad de avanzar en el incipiente proceso de democratización e inclusión social que la sociedad venezolana viene construyendo desde 1988.

En consecuencia, los abajo firmantes nos comprometemos, juntos o por separado, desde distintos espacios sociales, políticos, laborales, comunicacionales o académicos, a estimular un diálogo que; sin desconocer la inevitabilidad de los conflictos que genera todo proceso de cambios, en particular en una sociedad surcada por múltiples exclusiones; intente superar la hiperpolarización política y permita pensar y ejecutar programas estatales y sociales para hacer efectivos los postulados de participación y justicia social que son parte de la Constitución aprobada por mayoría en 1999.

Como aporte inicial de esta iniciativa se hace público el presente documento

Sobre la violencia en el clima político: entre torpezas y autoritarismos Desde los meses finales de 2001 hemos sido testigos de un acelerado proceso de deterioro del ambiente político del país, caracterizado por el fortalecimiento de amenazas violentas a la institucionalidad democrática.

Con la aprobación de 49 leyes por parte del Ejecutivo Nacional, mediante el recurso de la ley Habilitante, diversos sectores de la sociedad o bien no se sintieron debidamente consultados o bien sintieron algunos de sus intereses directamente afectados. Esta situación interna coincidió con un endurecimiento del contexto internacional a raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington. En ambos ámbitos el gobierno nacional incurrió en notables torpezas políticas. En el caso de las leyes aprobadas con la Habilitante el gobierno no aprovechó la oportunidad de propiciar un debate público con todos los sectores involucrados (los empresariales y los no empresariales), sobre las orientaciones, metas y objetivos de aquellas leyes fundamentales para el desarrollo del nuevo andamiaje institucional del país, lo que probablemente hubiera reducido la magnitud de los conflictos a posteriori y aumentado la calidad de las leyes. En sus relaciones con el resto del mundo, si bien la caída de los precios del petróleo justificaba plenamente las visitas del presidente Chávez a países productores, miembros o no de la Opep, declaraciones de representantes del Ejecutivo, incluido el propio presidente, carecieron del tacto necesario en un momento de extrema sensibilidad por parte de las fuerzas hegemónicas en el mundo. Aunque la autonomía de la política exterior frente a estas fuerzas es una reivindicación fundamental de cualquier Estado que, como el nuestro, tenga a la autodeterminación como un principio constitucional, también lo es el cuidado de las alianzas comerciales de las cuales Venezuela obtiene sus principales ingresos.

En medio de esas torpezas, las fuerzas de la oposición de todo signo, respaldadas por los principales medios de comunicación, ampliaron su espacio de acción y movilización. El 10 de diciembre organizaron un paro cívico nacional, el 23 de enero protagonizaron una concurrida marcha en defensa de "la democracia y la libertad" consideradas amenazadas por este gobierno, el 4 de febrero convocaron a una jornada de luto, el 27 de febrero la CTV, en compañía de Fedecámaras y otros sectores de la oposición, organizaron otra marcha en conmemoración de un nuevo aniversario del Caracazo. También hemos presenciado cacerolazos, apagones de luz, concentraciones en la Plaza Francia, al este de Caracas, y manifestaciones frente a la residencia presidencial. En respuesta a las movilizaciones de la oposición, los sectores que apoyan al gobierno también han desplegado una intensa actividad de calle. A la manifestación convocada por la oposición el 23 de enero, respondieron con una también multitudinaria marcha y el 4 de febrero realizaron otra mayor aún. El 27 de febrero también hubo una contramarcha que recorrió la ciudad de Caracas de este a oeste y culminó en un mitin con la presencia del presidente.

La realización de estas acciones de protesta en apoyo a las diversas visiones de país que existen en la sociedad sin que haya existido represión policial, expresa un importante signo de madurez del modelo político. Sin embargo, la conflictividad no sólo se ha expresado en acciones de calle, sino también en múltiples discursos, algunos de los cuales constituyen amenazas de vulneración a la institucionalidad democrática y al sistema de derechos a ella aparejado. Mueve a profunda consternación hechos de violencia que comienzan a manifestarse como mecanismo de resolución de conflictos. Discursos que legitiman la violencia y amenazan con su uso podrían comenzar a sernos familiares. Preocupa la realización y sobre todo sus posibles consecuencias, de "juicios populares" contra los "enemigos políticos" de la "revolución", que a diferencia de meros tribunales de opinión, que serían espacios legítimos de participación política, están acompañados, según señalaron sus propulsores, del recurso a la violencia. Tanto o más grave es esto, como el uso de asesinos a sueldo para enfrentar conflictos agrarios que ya cuentan con tres víctimas fatales y cerca de quince heridos entre dirigentes campesinos que han mostrado su respaldo a la Ley de Tierras. A estos hechos se le suman las amenazas de muerte que han recibido tanto sectores que disienten del oficialismo como sectores del movimiento popular que lo acompañan; las declaraciones públicas de militares activos de distintas fuerzas, en diversos escenarios y con distintos tonos, llegando a exigir la renuncia o destitución del presidente; los llamados de sectores oficialistas a que se decreten estados de excepción en circunstancias no proporcionales a esa medida y los llamados que realizan a la FAN, sectores civiles de oposición, para que los "ayuden a salir de Chávez".

La cobertura de estos eventos por parte de los principales medios privados de comunicación ha sido claramente sesgada. Según los medios, la relevancia de los actos de las fuerzas opositoras siempre sobrepasan a las manifestaciones de apoyo al gobierno. Presentan las acciones de la oposición como expresión auténtica de la "sociedad civil", mientras que las de simpatizantes del gobierno como propias de "turbas" y "hordas". Han potenciado el discurso de los sectores radicalizados de ambos bandos y reducido los discursos que llaman a la ponderación y al diálogo, contribuyendo con ello a aumentar la sensación de zozobra en la población. Aunque con signo distinto, esta ausencia de pluralidad informativa, no es distinta en los medios estatales.

Pese a que ciertamente existen cuestionables elementos del discurso gubernamental que pueden entenderse como violatorios de algunas garantías de la libertad de expresión, la magnificación de tal tema y su exclusivo tratamiento desde la perspectiva empresarial, ha minimizado la responsabilidad de los medios en el deterioro del clima político. La existencia de agendas claramente políticas en la información transmitida ha despojado a los ciudadanos de su derecho a estar debidamente informados y es un factor coadyuvante del clima de violencia. Todo ello acarrea nefastas consecuencias sobre la calidad de la democracia en Venezuela.

El país se encuentra hoy entrampado en una extrema polarización política que oscurece su futuro inmediato con amenazas violentas de signo diverso.

Sobre los antecedentes: de la crisis de gobernabilidad al incipiente proceso de cambios democráticos por la inclusión social.

La masacre de El Amparo en octubre de 1988 y el Caracazo de febrero y marzo de 1989 mostraron con todo su dramatismo y costo en vidas humanas, la erosión que una ya larga década de deterioro socioeconómico había producido en las instituciones de la democracia venezolana. Estos eventos y las respuestas a ellos de parte de las élites hicieron evidente para la mayoría de los venezolanos el inevitable e inminente colapso del viejo sistema de partidos que ocurriría poco después. Desde entonces, con más fuerza que antes, la sociedad venezolana viene construyendo un proceso político y social, en parte reactivo y en parte orgánico, que reivindica la necesidad de cambios por una mayor justicia e inclusión social a través de la profundización de la democracia. Ese proceso, en el que se inserta la transición que hoy vivimos, es anterior al chavismo y cabe esperar que le sobrevivirá.

Desde fines de la década de los setenta el modelo de desarrollo por sustitución de importaciones sostenido por la renta petrolera inició su declinación, sin que hasta la fecha haya sido remplazado por una alternativa exitosa que permita recobrar el crecimiento económico y detener y revertir el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Para conjurar este declive, en tres oportunidades se han ensayado programas de reestructuración y ajuste macroeconómico de orientación neoliberal que han tenido en común su corta duración y que no han logrado detener la recesión y deterioro de las condiciones de vida de la mayoría sino que, muy por el contrario, han contribuido a profundizar ese deterioro.

El empobrecimiento brutal, creciente y sostenido de la mayoría de la población venezolana se pone de manifiesto con cualquiera de los indicadores comúnmente usados para evaluar la situación socioeconómica en el país. El empleo informal ha pasado del 41% en 1983 a 52% el pasado año. La reducción del empleo formal ha afectado principalmente al sector público, que absorbía en 1983 el 23% de la población económicamente activa y en el 2001 se redujo a sólo el 15%. El desempleo abierto de 10% subió a 13,5%, llegando en el año 1999 a un pico de 14,5%. La inflación acumulada desde 1979 alcanza la astronómica cifra de ¡39.380%!, llegando en el año 1996, con la aplicación de la Agenda Venezuela, a superar el 100%. Según cifras proporcionadas por Cepal, la tendencia al empobrecimiento de la sociedad venezolana ha sido sostenida. Para 1990 el porcentaje de familias venezolanas en situación de pobreza fue de 34% y en indigencia 12%. Los mismos datos para el año 1999 son de 44% y 19% respectivamente. Ambos indicadores, pobreza e indigencia, son superiores a los promedios para el conjunto de la América Latina (según la Cepal ¿?).

La búsqueda de salidas a esta situación es parte de la explicación de los triunfos electorales de Rafael Caldera en 1993 y de Hugo Chávez Frías en 1998. En ambas oportunidades el bipartidismo tradicional fue electoralmente derrotado, prefiriendo los venezolanos candidatos presidenciales con un claro discurso anti neoliberal y que representaban opciones de relevo al erosionado sistema de partidos, mucho más radical en el caso de Chávez. Las promesas electorales antineoliberales de Rafael Caldera sucumbieron pronto ante el discurso del "realismo político", mientras que poco se avanzó en el rediseño del andamiaje institucional. La ausencia de salidas durante su mandato contribuyó a que se produjera el cambio en la hegemonía política. La transición que hoy vivimos tiene en estos hechos una referencia simbólica fundamental.

Tres años de gobierno de Chávez

Desde diciembre 1998 se han realizado en Venezuela seis procesos electorales de legitimación de poderes públicos y en todos ellos el triunfo de las fuerzas políticas y sociales que acompañan al presidente ha sido contundente. Los procesos electorales son medulares para el juego democrático y fundamento de la legitimidad institucional. Ellos no pueden ser rebatidos con resultados de encuestas de opinión que están, en el mejor de los casos, concebidas únicamente para pulsar el estado anímico de la población en un momento determinado y no están sometidas a ningún tipo de control por parte de la sociedad. Más grave aún, en este momento las encuestas también forman parte de la polarización política. Esos resultados electorales han estado además respaldados por una activa y masiva actividad de calle de los sectores afectos al gobierno. Si bien parece cierto que la popularidad del presidente ha disminuido en los meses recientes, como ocurre con todo presidente en ejercicio, nos parece incuestionable que sigue contando con una popularidad significativa.

El proyecto político liderado por el presidente Chávez contempló desde sus inicios la propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, como uno de los pilares para alcanzar las transformaciones prometidas. En el mismo primer año de gobierno, esa Asamblea fue convocada y en ella se elaboró y aprobó una nueva constitución para la hoy llamada República Bolivariana de Venezuela. Si bien esta aprobación representó un innegable triunfo político para las fuerzas agrupadas alrededor del presidente Chávez, la manera como se manejaron tanto la elección de sus miembros como la segunda mitad de los debates en el seno de la Asamblea misma, limitaron la representatividad de toda la sociedad.

En 1999, múltiples movimientos sociales plantearon, sin éxito, la necesidad de un "proceso popular constituyente", entendido como una suma de espacios permanentes de debate a nivel parroquial, municipal y estadal que establecieran vínculos con la Asamblea. Tal proceso hubiera dejado un saldo enorme de educación política en la población, entendido como conciencia de derechos y conocimiento de vías e instituciones para hacerlos exigibles y justiciables. De haberse realizado, hubiera, además, dado una legitimidad incuestionable al proceso. Se desperdició entonces, la posibilidad de, democráticamente, avanzar en la construcción de una visión de país compartida por vastos sectores sociales. No ha sido ésta la única vez que, en aras de satisfacer intereses políticos de corto plazo, una oportunidad privilegiada es sacrificada o escasamente desarrollada. Otra sería desperdiciada, como se ha dicho, en el año 2001 al aprobar, con la Ley Habilitante y sin mayor debate público, importantes leyes. El deterioro político actual, sin duda se incuba en estas prácticas políticas reñidas con el estímulo al ejercicio pleno de la participación democrática.

Reconociendo debilidades en el proceso de elaboración y aprobación del nuevo texto constitucional, es innegable que en él hay importantes fortalezas. Se amplían, complejizan y actualizan los derechos humanos que, no por casualidad, conforman el Título más discutido de la Constitución, con mayor participación de movimientos sociales vinculados al tema y mayor nivel de aceptación tanto por sectores adversos como afines al oficialismo.

Por primera vez se reconocen e incorporan a la constitución los derechos de los pueblos indígenas saldando una vieja deuda de la sociedad venezolana al incluir en su seno a estos pueblos y otorgarles rango de plena ciudadanía. Se reconocen también los derechos ambientales y se amplía el conjunto de los derechos sociales. Se sientan las bases para la transformación del Poder Judicial y se reorganizan los poderes públicos para incorporar el Poder Ciudadano, integrada por la Fiscalía, la Procuraduría y la novedosa figura de la Defensoría del Pueblo. Se inauguran formas participativas del ejercicio de la democracia con la incorporación al texto constitucional de diversas modalidades de referendo que permiten consultar a la población sobre asuntos de elevado interés público, revocar el mandato de funcionarios electos y aprobar o derogar algunas leyes. Igualmente, se reconocen mecanismos vinculantes de participación directa como las asambleas de ciudadanos y los cabildos abiertos. Incorpora también algunas novedades en materia económica que podrían apuntar hacia la construcción de alternativas al capitalismo neoliberal. Se concede, por ejemplo, el derecho a los trabajadores y las comunidades a desarrollar asociaciones de carácter social y participativo orientadas a mejorar la economía popular y alternativa. A las comunidades indígenas se les reconoce la propiedad colectiva de sus tierras y el derecho a mantener y promover prácticas económicas propias basadas en la reciprocidad, la solidaridad y el intercambio.

Hay también aspectos preocupantes en la nueva constitución. Se debilita la subordinación de lo militar a lo civil, quedando el primero únicamente bajo la sujeción del Presidente de la República, quien mantiene su condición de Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional. La Fuerza Armada pierde su característica de "no deliberante", se elimina la prohibición de ejercer simultáneamente la autoridad militar y civil por un mismo funcionario y se le asigna a esta institución una participación activa en el desarrollo nacional. Con ello, se facilita la participación directa en la vida política de quienes tienen que administran la violencia estatal. Por otra parte, se amplía el periodo presidencial y se permite la reelección inmediata lo cual debilita la alternabilidad y fortalece los peligros de personalismos autoritarios, en un país de fuerte tradición caudillezca. A esto se aúna una concentración de facultades en la figura del presidente lo que conspira en contra del necesario equilibrio de los poderes públicos.

En cuanto al desempeño económico de estos tres años de gobierno de Chávez, cabe destacar la puesta en práctica de una nueva orientación en política petrolera que, con el fortalecimiento de sus vínculos con la Opep, se anotó rápidamente importantes éxitos en la recuperación de los precios internacionales de nuestro principal producto de exportación. Ese incremento en los precios de exportación, redundó en un importante incremento en los ingresos fiscales de origen petrolero que han estado en la base de la modesta recuperación de los principales indicadores macroeconómicos. Según cifras del Banco Central, en el año 2000 la economía creció en un 3,2% del PIB y en el 2001 en 2,7%. En el año 2000, la inflación descendió a 14,2% y en el 2001 a 12,3%. Estas últimas cifras son las más bajas registradas en los últimos 15 años. La cuenta corriente ha sido superavitaria y las reservas internacionales satisfactorias. El déficit fiscal bajó de 2,6% del PIB en 1999 a 1,8% en 2000, pero en 2001 subió nuevamente para colocarse en "un 4% del PIB. Sin embargo esta política económica también ha producido una sobrevaluación del bolívar, conllevando a un incremento en las importaciones y en la salida de capitales, disminuyendo con ello las posibilidades de generar empleo. Tampoco se ha incentivado la diversificación de la economía ni la industrialización de la actividad petrolera, pasos estructurales fundamentales para la superación de la pobreza.

En términos sociales, a lo largo de estos tres años se ha producido un importante cambio en la concepción de las políticas vinculadas con los servicios de salud y educación pública, que han superado el regresivo enfoque privatista de la década anterior. Este cambio de concepción ha generado algunas mejorías en la situación de estos servicios, aumentado la cobertura de la atención médica gratuita y aumentado y recuperado la matrícula en todos los niveles educativos del sector oficial. Sin embargo, no termina de resolverse el deterioro en la prestación de estos servicios. Persisten en éstas y otras áreas sociales, severos problemas de gestión y en algunos casos, como el combate al dengue en el área de la salud pública, se vieron en 2001 y principios de 2002 dramáticos retrocesos.

Las políticas de control de la inflación, junto a los decretos de aumento de salarios, permitieron una leve recuperación del poder adquisitivo de la población. Como consecuencia de esto, los indicadores que miden el estado nutricional y de consumo de alimentos en la población también han mejorado levemente. El déficit nutricional en el año 2001 registró un descenso del orden del 1% y el consumo de alimentos una recuperación de alrededor del 5,6%. Sin embargo,. Es de señalar en este sentido, que las tasas de desempleo e informalidad siguen siendo elevadas, correspondiéndose prácticamente con la situación existente cuando en 1998 Chávez ganó las elecciones presidenciales.

La posible continuación de las modestas y claramente insuficientes tendencias de mejoría económica y social en el 2002 se ven amenazadas por la situación que en el ámbito internacional ha desencadenado el ataque terrorista del 11 de septiembre en los EEUU. El impacto de estos hechos fue casi inmediato en el mercado petrolero. El año pasado cerró con un declive en los precios, que si bien han alcanzado ahora una cierta estabilidad, pareciera que no volverán a alcanzar en el futuro próximo los promedios de los dos años anteriores. Esto, junto con la agudización de la turbulencia política interna, que en parte fue generada por la propia torpeza del oficialismo, y junto a la falta de previsiones en materia económica, repercute desfavorablemente en las perspectivas económicas y sociales venezolanas del 2002.

Con sus aciertos y desaciertos, con sus torpezas y logros políticos, estos tres años de gobierno de Chávez contienen potencialmente el inicio de un proceso de transformación con justicia social e inclusión de sectores populares tradicionalmente marginados de la sociedad venezolana. El proyecto de país esbozado en la Constitución de 1999, pese a sus fallas y riesgos, se orienta en esa dirección. Sin embargo, estas transformaciones están más presentes en la retórica del presidente y algunos de sus colaboradores que en el desempeño gubernamental efectivo. Ante esa retórica, sectores de la sociedad venezolana que perciben que sus intereses están siendo amenazados, reaccionan en consecuencia. Adicionalmente, la retórica del presidente y sus colaboradores, con frecuencia agresiva y beligerante, tiene también un fuerte componente autoritario que despierta legítimos rechazos de sectores comprometidos con los cambios en democracia al ver amenazada la posibilidad de avanzar en la inclusión social y respeto a los derechos sociales. En su retórica, es común la satanización de críticas legítimas provenientes tanto de la oposición, como de sus propios aliados y de sectores autónomos. El tratar como enemigos a todos los que lo han adversado ha conducido a la radicalización de la oposición y a la reducción de su base de alianzas. Todo ello atenta contribuye con el clima de hiperpolarización política que amenaza al proceso de democratización.

Salidas indeseables a la polarización

La situación arriba descrita ha colocado al país en una coyuntura de indeseable polarización política ante la cual se abren distintas opciones para superarla. Y va a depender de la posición y acción que la mayoría de los venezolanos y venezolanas adoptemos frente a ella el curso de la solución que termine por imponerse. Las opciones que a nuestro juicio están a la vista son:

"El golpe de estado anti-chavista. Desde hace meses circulan en Caracas y otras ciudades del país toda suerte de rumores sobre la inminencia de un pronunciamiento de fuerza de sectores militares opuestos al gobierno. En las últimas semanas, a propósito de los pronunciamientos públicos de militares activos y de los llamados a una huelga general, esos rumores se han intensificado. Sectores civiles de la oposición son los principales promotores de tal salida y algunos medios también parecen propiciarla. Es sorprendentemente frecuente escuchar hablar, con desparpajo, en los medios de comunicación, de un "gobierno provisional", del "ejercicio del derecho a la rebelión" o llamados a la Fuerza Armada a que "tome una actitud decidida frente a la coyuntura". Se trata, sin duda, en la actual coyuntura, de metáforas de la ruptura del hilo constitucional. Cualquier salida no democrática es inaceptable, por principios y porque nos conducirá a situaciones mucho más graves que la actual. La superación de las deficiencias de nuestra democracia sólo puede lograrse profundizando la democracia. Nuestra propia historia y la de América Latina nos lo recuerdan a gritos. Las dictaduras militares vienen siempre acompañadas de violaciones a los derechos humanos, cercenamiento de libertades, corrupción e ineficiencia pública. En definitiva regímenes de profunda arbitrariedad e injusticia social.

El auto golpe. Tan inaceptable como la salida anterior sería un pronunciamiento de fuerza desde el gobierno. La idea del autogolpe ha sido acariciada en distintas oportunidades por sectores cercanos al gobierno. Muy graves fueron, por ejemplo, las declaraciones de los últimos días de diciembre del pasado año, cuando se amenazó con cerrar la vía democrática si las fuerzas que apoyan al gobierno perdían la mayoría en la Asamblea Nacional o las repetidas amenazas de decretar estados de excepción en circunstancias que no son proporcionales a tal medida. Pretender llevar adelante un proyecto de cambios bajo la conducción de un gobierno autoritario desvirtuaría lo que en su momento despertó grandes esperanzas en vastos sectores de la población. Consustancial a cualquier proyecto de cambios que procure incorporar a los excluidos, superar la pobreza, garantizar la defensa de los derechos humanos y consolidar la tolerancia y la paz, es la profundización de la democracia. No es posible construir justicia social sin democracia, así como no es posible construir verdadera democracia sin justicia social. Los derechos civiles y políticos no son un obstáculo a los derechos sociales, sino una de sus tantas condiciones de posibilidad.

Salida "institucional" de Chávez a corto plazo. Entre sectores de la oposición se ha ido extendiendo la idea de salir de Chávez en el corto plazo por una vía institucional. Se expresa esta salida de diversas formas: presionar por la renuncia del presidente, convocar a una asamblea constituyente plenipotenciaria, exigir un referéndum consultivo o revocatorio, un juicio que lo inhabilite. Tiene en común con la salida autoritaria anti-chavista que ve la solución al deterioro político casi exclusivamente en la salida del presidente. También coinciden ambas en no diferenciar entre encuestas de opinión y elecciones nacionales. Quienes sostienen esta posición parecen estar convencidos que la mayoría del país comparte sus criterios y por ello la transición política a un gobierno post chavista sería poco traumática. Se presenta a sí misma, en contraste con la autoritaria, como una posición sensata y democrática. Es un desatino olvidar los seis procesos electorales para la legitimación de poderes públicos, en los que Chávez y los sectores que lo apoyan obtuvieron un sólido respaldo. Esto, que es medular para el juego democrático y centro de la legitimidad institucional, no puede ser puesto al mismo nivel que unos resultados de encuestas de opinión. Adicionalmente, aunque muchos medios no lo hayan registrado adecuadamente, las movilizaciones más recientes en respaldo al presidente han sido significativas. A la luz de los resultados electorales y de estas movilizaciones, el presidente pareciera continuar gozando de legitimidad y respaldos sólidos.

Desconocer estas realidades y tratar de homologar la situación en la cual se destituyó a Carlos Andrés Pérez en 1993 con la que actualmente tiene el primer mandatario es un craso error. A diferencia de Chávez hoy, Pérez había visto destruidas sus bases de legitimidad entre otras cosas por la aplicación de un paquete de ajuste contrario a sus promesas electorales, por la respuesta autoritaria de su gobierno ante el Caracazo que significó cientos de muertes y por los dos fallidos golpes militares de 1992.

Quienes propugnan por la salida del presidente en el corto plazo también se caracterizan por carecer de una propuesta conjunta de futuro. La oposición ha mostrado ser muy heterogénea, dispersa y sin liderazgo ni programa común. Lo que ha sido uno de sus principales éxitos, la marcha del 23 de enero, es ilustrativo de esta situación. Para lograr la masiva participación, los promotores tuvieron que acordar que no habría intervenciones finales ni consignas comunes más allá de la oposición a Chávez.

El primer documento programático que la oposición le presenta al país es el llamado "Pacto de Gobernabilidad" hecho público el 5 de marzo, firmado por organizaciones de empresarios y trabajadores, con el aval moral de la iglesia católica. Valioso en reconocer que la superación de la pobreza y la exclusión social son prioritarios de cualquier propuesta política que se ofrezca al país y en la insistencia al respeto de "los principios básicos de la actual Constitución", adolece de un doble discurso. En efecto, durante el acto de su presentación, varios de los actores que lo promovieron o celebraron, hablaron claramente de un "gobierno transitorio" y solicitaron "ayuda a la Fuerza Armada" para superar la crisis. Con esto, el "Pacto de Gobernabilidad" quedó evidenciado como una excusa democrática de sectores sociales que están dispuestos a apelar a mecanismos antidemocráticos.

La salida democrática

Pese a que las opciones anteriores son la más visibles, la sociedad está lejos de agotarse en ellas. El comportamiento de los venezolanos en las últimas décadas y años indica que lo más deseable para la mayoría sería una salida democrática y sin violencia, que profundizara los cambios. La sociedad ha dado pasos importantes en esta dirección, como lo demuestran el cambio en paz, tanto del sistema político como de las viejas élites, la elaboración de una nueva constitución que goza de creciente legitimidad, los esfuerzos por incorporar a la sociedad a sectores históricamente excluidos y los pasos, con resultados desiguales, en la construcción de una nueva institucionalidad.

Para esta vía lo relevante y prioritario no es la permanencia o salida de Chávez, sino continuar en el proceso de profundización de los cambios, ahondando en la participación democrática que permita la construcción de un proyecto alternativo de sociedad. Desde esta perspectiva, más importante que las personas que están en el poder es la capacidad del pueblo organizado para conducir la acción de gobierno en la dirección de satisfacer y respetar los derechos y necesidades de la población. Ello implica una percepción distinta de los tiempos y las urgencias. Activar la participación organizada de los diversos sectores de la sociedad para construir una visión compartida de futuro y organizaciones políticas que la expresen, requiere de tiempo. Con este horizonte, el inmediatismo pierde todo sentido.

Lo que sí es urgencia del momento es que la mayoría de los ciudadanos, que deseamos justicia social, paz y democracia, ejerzamos nuestros derechos y deberes, y ocupemos el espacio público que hoy está copado por los extremos de los sectores políticamente polarizados, que amenazan con destruir los esfuerzos colectivos realizados en las últimas décadas. Estos sectores polarizados serán neutralizados en la medida en que todos hagamos presencia para participar en el proceso de construcción del país equitativo, democrático y solidario que demostramos querer como proyecto en el siglo XXI. Ampliar el espacio democrático aislando las posiciones extremas de la polarización, ponerle límites y crear orientación y sentido a los procesos de cambio es la tarea de hoy. Con la participación individual y colectiva de todos podremos superar, sin violencia, el actual deterioro del clima político.