Acuerdo entre Colombia y Ecuador no suspende las fumigaciones

Nos alegramos de que Colombia y Ecuador hayan podido llegar a un pacto amistoso para ponerle  fin al juicio presentado por Quito en 2008 ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya debido a las fumigaciones con glifosato en la frontera entre los dos países. Colombia no sólo aportará una contribución económica a su vecino para “fomentar el desarrollo social y económico de las áreas de frontera” sino que el acuerdo incluye también mecanismos de coordinación entre los dos países para combatir el narcotráfico.

Lo que nos alegra menos de este acuerdo es que, en lo que concierne al programa de fumigaciones del Gobierno colombiano, no cambia nada. Es decir, Colombia seguirá fumigando sus departamentos fronterizos guardando una distancia de diez kilómetros de los límites con Ecuador. Algo que ya sucedía. El acuerdo también establece que una comisión binacional monitoreará las fumigaciones de cultivos de coca, lo que tampoco es una novedad. Se viene hablando de esa comisión desde el momento mismo en que se presentó el conflicto en 2008. No nos alegra pues que en el acuerdo no se contemple el tema de una suspensión de las fumigaciones aéreas, lo que hubiera sido muy oportuno teniendo en cuenta que Ecuador es crítico a esta política.

Entendemos por supuesto los argumentos del Gobierno colombiano cuando dice que esa frontera es una de las regiones de mayor proliferación de la coca y de gran actividad del narcotráfico y altos índices de violencia. Según el último censo de UNODC, Nariño y Putumayo son los departamentos con mayor densidad de coca en el país (22 y 13% respectivamente del total sembrado a finales de 2012). Un aumento de los cultivos de coca que se ha producido a pesar de la fuerte fumigación aérea que han sufrido estos departamentos en los últimos años. ¿Por qué el Gobierno insiste en fumigar si está claro que esto no ha sido efectivo? En el departamento de Nariño, que es el caso más grave, ha habido en los últimos diez años unos niveles altísimos de fumigación (las cifras de las hectáreas asperjadas con glifosato se pueden ver en la p.85 del Censo de cultivos 2012 de UNODC),  de hecho Nariño ha sufrido en la última década los niveles más altos de fumigación de todo el país, a pesar de lo cual sigue ostentando el título de mayor productor.

Hace más de 30 años que Colombia esparce desde aviones una mezcla química de alta toxicidad sobre los cultivos de coca, marihuana y amapola destruyendo a su paso otros cultivos, afectando fuentes de agua y exacerbando la precariedad de las condiciones de vida de los habitantes de las zonas afectadas. ¿Por qué no abandonar la estrategia de la fumigación que conlleva tantos daños colaterales y ningún beneficio?

El Gobierno colombiano persiste en no querer reconocer los perjuicios del glifosato - “el glifosato no produce ningún daño”, ha dicho recientemente la ministra de Relaciones Exteriores – y en ignorar los resultados de importantes estudios que documentan las consecuencias para la salud y el ambiente de la mezcla que la policía antinarcóticos asperja sobre los cultivos de uso ilícito. Pero ¿por qué no reconocer al menos, con base en las estadísticas suministradas por UNODC, que la aspersión aérea no es la respuesta para la reducción de los cultivos? “Los análisis muestran que después de la erradicación, la siembra de coca vuelve a aparecer en nuevas áreas”, señala Bo Mathiasen, representante de UNODC en Colombia en su último informe. Pero además, la fumigación indispone a la población contra el Gobierno a quien percibe como enemigo. Es difícil imaginar una política más contraproducente que ésta para ganarse la confianza de los campesinos.

En diciembre de 2012 un grupo de organizaciones de la sociedad civil envió una carta abierta al secretario general de la ONU pidiendo una moratoria a las fumigaciones en Colombia. Sin embargo no se ha producido el más mínimo cambio en los programas de erradicación aérea. En lo que va corrido de 2013 las fumigaciones han proseguido en el Chocó, Cauca, Valle del Cauca, y Magdalena Medio, entre otras regiones. Una única excepción podría ser el reciente anuncio del Gobierno de suspender la erradicación forzada de coca en el Catatumbo en el contexto de la agenda de diálogo con los campesinos de la región.

Llegar a un acuerdo con Ecuador ha sido indudablemente un paso importante para avanzar en el terreno de la integración regional, pero la razón que motivó la disputa en primera instancia sigue ahí haciendo estragos, perjudicando las condiciones de campesinos e indígenas, generando desplazamiento de población y de los mismos cultivos a nuevas zonas, afectando la salud humana, y la flora y fauna de la región.