La industria de los agrocombustibles ha sufrido un grave revés en estos últimos tiempos. Y es que su imagen verde se ha visto manchada por los numerosos estudios que demuestran que las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles derivados de vegetales pueden ser superiores a las de un carburante convencional. La expansión de extensos monocultivos está fomentando una deforestación generalizada, amenazando la biodiversidad y agotando unos recursos hídricos ya escasos. También están muy bien documentadas las repercusiones sociales de la producción de agrocombustibles, como el hecho de que muchas comunidades rurales se hayan visto desplazadas o se enfrenten a una mayor competencia por una tierra que, en otras circunstancias, se emplearía para cultivar alimentos. Y según un informe del Banco Mundial filtrado el pasado julio, hasta tres cuartas partes de la reciente subida en los precios de los alimentos, que afecta de forma desproporcionadamente alta a las personas más pobres del mundo, se podrían explicar por el uso de agrocombustibles.
Así, las voces de preocupación se escuchan ahora en todo el espectro político. ¿Pero se ha transformado esta inquietud en un verdadero replanteamiento de políticas?
En la Unión Europea, la respuesta es un sí con reservas. Para empezar, la Unión ha realizado algunas revisiones positivas a su política propuesta en materia de agrocombustibles. El comité de industria del Parlamento Europeo votó el 11 de septiembre de 2008 a favor de mantener un objetivo del 10 por ciento de combustibles renovables en el sector del transporte para 2020, pero ya no insiste en que tal objetivo se consiga únicamente con agrocombustibles. Los criterios de sostenibilidad que ha propuesto son mucho más estrictos de lo esperado, e incluyen disposiciones para calcular el impacto de los cambios indirectos en el uso del suelo a consecuencia de la producción de agrocombustibles y para respetar el derecho internacional en materia de derechos territoriales y condiciones laborales. Se ha programado asimismo una importante revisión para 2014, que contará con una evaluación de la influencia de los agrocombustibles sobre la seguridad alimentaria.
Este compromiso dista mucho de la moratoria sobre los objetivos y los incentivos para producir agrocombustibles por el que están abogando muchas campañas y activistas. Pero la furiosa reacción de la Junta Europea del Biodiésel (EBB) y de la Asociación Europea del Bioetanol (EBIO), los principales grupos de cabildeo de la industria, habla por sí sola: la batalla teórica de los agrocombustibles se está ganando, y una política que podría haber promovido la expansión a gran escala de este tipo de carburantes ha sido modificada de raíz.
En el resto del mundo, sin embargo, el panorama sigue siendo algo lúgubre. Debido a sus inquietudes sobre ‘seguridad energética’, los Estados Unidos son ahora el principal productor mundial de agrocombustibles. En el discurso sobre el estado de la nación de 2007, George Bush fijó un plazo de 10 años para alcanzar un uso del 20 por ciento de agrocombustibles en el sector del transporte. Es poco probable que esta meta cambie si Barack Obama lleva a la presidencia, ya que hace tiempo que defiende la producción de bioetanol. John McCain, que se ha mostrado contrario a las subvenciones, ahora también las apoya, con la mirada puesta en los votos del Medio Oeste rural estadounidense.
Brasil, el segundo mayor productor del mundo y el principal exportador, también está expendiendo la industria, y sigue presionando fuertemente por la continuidad de los subsidios y por la reducción de los aranceles en las negociaciones internacionales sobre comercio.
China, que se había marcado un objetivo del 15 por ciento de carburantes ‘renovables’ para el transporte para 2020, ha empezado a expresar sus dudas. En junio de 2007, temiendo la competencia que provocarían con los recursos alimentarios, el Gobierno chino congeló los nuevos proyectos para transformar la producción de trigo hacia usos energéticos. Pero la capacidad de producción de agrocombustibles del país sigue ampliándose, y las nuevas refinerías miran ahora hacia Indonesia y Malasia como fuentes de importación de aceite de palma.
En India, mientras tanto, se ha aprobado una nueva ley en septiembre que estipula que el 20 por ciento de los combustibles líquidos del país deberían ser agrocombustibles para 2017. Ese mismo paquete propone eliminar los impuestos sobre el biodiésel y establecer precios mínimos para fomentar el aumento de la producción.
En resumidas cuentas: aunque ha habido algunos cambios en las políticas, la producción mundial de agrocombustibles sigue yendo al alza. Según el Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, la financiación para producir agrocombustibles aumentó en un 16 por ciento –hasta los 16.700 millones de dólares estadounidenses– en 2007, aunque este dato marca también una ralentización significativa del crecimiento equivalente del 200 por ciento en 2006, principalmente debido a la preocupación que han suscitado con respecto a las reservas alimentarias.
Siguen además construyéndose gigantes plantas de tratamiento de agrocombustibles. La refinería de biodiésel más grande del mundo, que procesará 800.000 toneladas al año, será inaugurada por la empresa finlandesa Neste Oil en Singapur en 2010. A ésta se sumará, en 2011, otra de dimensiones parecidas en Rotterdam. Puede que la producción global no se doble para 2012, tal como había predicho la Agencia Internacional de Energía en 2007, pero no sería descabellado sostener que lo hará para 2030, según indicaba recientemente la Administración de Información sobre Energía de los Estados Unidos.
Hacer campaña puede generar cambios, como bien se ha demostrado con el debate en la Unión Europea. Pero aún nos queda mucho para ganar la batalla contra la producción industrial e insostenible de carburante a partir de cultivos.