Bolivia: La impunidad y el control de la corrupción en la lucha antidrogas

1 Abril 1997
Theo Roncken

La historia del tráfico de cocaína en Bolivia implica, desde tempranos días, a miembros de Narcóticos y de la Policía Secreta.

La historia del tráfico de cocaína en Bolivia implica, desde tempranos días (fines de los años '50), a miembros de Narcóticos y de la Policía Secreta. (1) Esta particularidad, que en años posteriores se mantiene y extiende a otras esferas del poder estatal, cobra especial importancia política a partir del momento en que el Estado acepta el funcionamiento, con inmunidad a las leyes nacionales, de un aparato de inteligencia estadounidense. Rodas Morales (2) coloca este momento en el año 1964, cuando el general René Barrientos llega a la presidencia mediante un golpe de Estado.

La corrupción como método estatal

Barrientos impone la corrupción "como un método estatal aprendido de los norteamericanos" (3), "comprometiendo al Ejército y en especial a la Policía" facilitando la producción de cocaína en el Beni y en Santa Cruz, y dando así paso libre al empleo del tema de las drogas para el chantaje con fines políticos.

Las dictaduras posteriores de Banzer, Natusch Busch y García Meza dan continuidad a esapráctica, entre otros, mediante el otorgamiento de tierras, créditos y "bonos a la lealtad".La cobertura política y policial y el respaldo económico facilitan que se acomoden en la sociedad boliviana fracciones de la burguesía fortalecidas con fondos del narcotráfico, que no encuentran luego mayor dificultad para su inserción en la democracia formal, con espacios políticos propios.

Las reformas legales ligadas a la Nueva Economía Política, introducida por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en 1985, abren más el espacio legal al dinero "sucio". Las redes que manejan la producción y el tráfico de la cocaína en Bolivia (se habla de "lineas") se apoyan en amistades antiguas y se autodefinen como empresarios, o sea, en términos funcionales económicos; manejan una estrategia no-antiestatal y de coexistencia pacífica, razón por la cual logran garantizar sus lucrativos negocios con bastante, éxito y generalmente sin el empleo de métodos violentos. Las políticas interdictivas, en consecuencia, se dirigen como norma a los sectores más humildes del circuito coca-cocaína: los productores de coca, los pisacoca y pequeños transportistas de químicos precursores y droga, colocándose en un esquema confrontativo.

La inteligencia en manos extranjeras

En julio de 1987 se crea por Decreto Supremo la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), que desde esa fecha se encarga de la lucha antidrogas, apoyándose en las zonas rurales en su brazo operativo UMOPAR (Unidad Móvil de Patrullaje Rural) y en algunas unidades de las Fuerzas Armadas. Entrenada y dirigida por la DEA estadounidense, la FELCN ha demostrado en los diez años de su existencia una dependencia total en lo que a inteligencia y planificación se refiere, de funcionarios de la embajada de Estados Unidos. No debe, entonces, sorprender que alguna información sobre la cobertura política del narcotráfico llegue a la luz pública. El control de la información posibilita el empleo táctico de ella, en función de intereses específicos. El ejemplo más ilustrativo es el escándalo creado en torno a contactos y amistades de altos dirigentes del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) -con Jaime Paz Zamora en la Presidencia entre 1989 y 1993- con dos "capos"del narcotráfico, Carmelo "Meco"Domínguez e Isaac "Oso"Chavarría.

El último ya figuraba en las listas de la DEA desde antes de la gestión de Paz Zamora (4) y en 1991 se conocía su negación pública selectiva por parte de las autoridades bolivianas y la consecuente exclusión de esta persona del proceso de entrega de narcotraficantes a la justicia mediante el "decreto de arrepentimiento". En la época, sin embargo, la embajada de Estados Unidos se contentó con la destitución del ministro del Interior, Guillermo Capobianco, y fué recién a partir de 1993 que supuestas "nuevas denuncias"de "Meco" alimentaron el escándalo de los "narcovínculos", implicando esta vez a casi toda la cúpula del MIR y debilitando su credibilidad política.

Mientras tanto, sobre el "narcoescándalo" más grande de la historia boliviana, conocido como "Huanchaca"-en referencia al lugar donde un científico desafortunado descubrió en 1986 un complejo de producción de cocaína pagándolo con su muerte-, y que implica al partido gobernante MNR y cuestiona a altos funcionarios y organismos de Estados Unidos (se ha advertido una relación con el caso "Iran-contras", con la participación de Oliver North y la CIA), reina entre los partidos grandes un"pacto de silencio" sin que se hayan podido esclarecer muchos cables sueltos.

El poder de los policías antidrogas

Respecto a la cobertura policial del narcotráfico, no son pocas, desde 1987 hasta la fecha, las denuncias en contra de funcionarios de FELCN/UMOPAR por su supuesta implicación en o encubrimiento a narcotráfico picante. Los escándalos periódicos casi siempre resultan en una "depuración" o "ideonización"de los mandos antidrogas, sin que se logre evitar la aparición de nuevos casos. Son pocos los funcionarios enjuiciados por ello, y, éstos generalmente son de rangos bajos.

El alcance del poder de la FELCN en relación con otros poderes del Estado y la misma población civil se advierte con mayor claridad en el campo de los derechos humanos.

En julio de 1988 el Parlamento boliviano promulga, bajo fuerte presión estadounidense, la Ley 1008, "Ley de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas", que otorga amplias facultades a la FELCN. Así, es reponsabilidad de la FELCN el levantamiento de las "diligencias de policia judicial"en casos de narcotráfico, que luego, en el proceso judicial, adquieren la calidad de prueba preconstituida. Es común que la única prueba que sostiene el enjuiciamiento conminatorio del acusado por la Ley 1008 es su propia declaración (confesión) ante las autoridades policiales.

Una investigación realizada por la Red Andina de Información en 1995, entre 255 (de un total de 422) detenidos bajo la Ley 1008 en la ciudad de Cochabamba (5), describe la situación legal del acusado desde el momento de su detención, mediante una sistematización de sus respuestas a un cuestionario. El 60 por ciento de los entrevistados admite que su declaración ante las autoridades policiales (UMOPAR, FELCN o DEA) fue tomada bajo presión física y/o psicológica, tales como golpes, patadas y amenazas de ser torturado, contra la vida o hacia la familia. El 63 por ciento admite la ausencia del abogado defensor y el 25 por ciento la ausencia de un fiscal. La Ley Orgánica del Ministerio Público, promulgada en febrero de 1993, otorga al Ministerio Público la función de dirigir la elaboración de las diligencias de policía judicial.

Pero la práctica chica es otra: "Entonces, me hicieron preguntas y como no respondía lo que ellos querían y no aceptaba esa declaración que ya estaba hacha, me epezaron golpear. El teniente me pateaba y me daba sopapos, el gringo me pegó con un palo y con la culata de su pistola en lacabeza. Decía: 'Estos están acostumbrados a estas cosas y por eso se niegan'. Como yo seguía negando todo, me metieron corriente en los testículos. Yo no podía aguantar más, he tenido que aceptar. Pese a que no leí lo que decía ese informe, he tenido que firmar, porque no aguantaba más la tortura". (6)

Ya desde el momento de la detención parecen ser comunes las amenazas y golpes, según las respuestas (respectivamente 60 y 61 por ciento afirmativas), situación que se prolonga durante el período de la investigación policial (61 por ciento y 42 por ciento respectivamente). Las instalaciones de FELCN o UMOPAR facilitan la incomunicación del detenido, y efectivamente, el 65 por ciento admite haber sido incomunicado durante más de dos días (el 19 por ciento por más de dos semanas, y el 5 por ciento por más de un mes).

Una denuncia particular (correspondiente a siete -casi el tres por ciento- de los entrevistados) se refiere la detención en una Casa de Seguridad: "Después de una hora llegamos a Santa Cruz y damos vueltas y vueltas por las calles, hasta que al fin llegamos a una casa donde me hacen bajar de la movilidad. Uno de ellos me guía y cuando entro a la casa siento el impacto de una bolada con pies en la aspalda que me arroja contra la pared. 'Aquí te vas a morir, Chuck Norris, si no hablas'. Ese día me pegaron hasta que se cansaron. Yo lloraba y pedía un abogado". (7)

La detención en una Casa de Seguridad implica una situación de total indefensión para el detenido, puesto que mientras las señas de otros centros policiales son de conocimiento público y de acceso posible, ningún particular conoce la ubicación de las Casas de Seguridad.

El hecho de que son los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos quienes manejan el trabajo de inteligencia en la lucha antidrogas, cobra especial importancia en algunos de los testimonios recogidos: "Los agentes de la DEA daban órdenes en inglés. Todos los días asistían a las torturas. Y no pueden decir que ellos no conocen, porque son ellos los que corren con la cuenta del alquiler de las casas". (8)

La impunidad favorece la reiteración

Según las conclusiones de la investigación realizada por la Red Andina de Información, el empleo de violencia en el momento de la detención y durante la investigación policial parece ser frecuente. Desde las presiones sutiles, amenazas, coacción y extorsión, hasta la tortura física o psicológica, pueden considerarse prácticas aceptadas como legítimo ejercicio de autoridad. La Constitución Política del Estado y otras leyes vigentes en Bolivia protegen los derechos humanos civiles al establecer normas que determinan y aseguran los derechos y las garantías de los ciudadanos. Sin embargo, en la práctica chica muchas de estas normas no se cumplen.

El Ministerio Público, que debe velar por el cumplimiento de las leyes, parece que no logra cumplir a cabalidad sus objetivos. No hay seguridad que el fiscal esté presente en todas las actuaciones ni que intervenga drásticamente para detener las violaciones a los derechos humanos de los detenidos. El 35 por ciento de los que fueron detenidos después de la promulgación de la Ley Orgánica del Ministerio Público, ha señalado que su abogado defensor no estuvo presente durante la declaración informativa. Sin embargo, si esa actuación ha sido dada por válida en los tribunales, significa que lleva la firma y rúbrica del abogado defensor.

Estas situaciones reflejan una tendencia a no intervenir"demasiado" en los procedimientos policiales, o a dejar enteramente a cargo de los funcionarios de la FELCN algunas actuaciones inherentes a las diligencias de policía judicial, que legalmente están bajo la dirección del fiscal. Esto significa que, además de la Ley 1008 y de las amplias facultades que otorga a la Policía respecto a la acusación penal, la razón de las frecuentes violaciones a los derechos civiles durante la investigación policial es, básicamente, el no cumplimiento de la ley. Asimismo, se advierte que, según la lógica de la lucha contra el narcotráfico, unas leyes o normas prevalecen sobre otras, y que hay derechos que son de protección prioritaria frente a otros a los que discrecionalmente se les asigna un carácter secundario. Las disposiciones referentes a la persecución, detención, investigación y procesamiento de los presuntos autores de delito se cumplen, o tratan de cumplirse, a cabalidad. En cambio, las disposiciones que establecen los derechos y las garantías de los sindicados dentro esas mismas actuaciones, no se cumplen o se relativizan, entendiéndose, que la violación a sus derechos y garantías es válida o necesaria en la lucha contra el delito.

La misma mentalidad que niega o relativiza, inconsciente o conscientemente, el carácter pleno de los derechos humanos y su cumplimiento obligatorio, produce que las violaciones a éstos se mantengan en la oscuridad o se encubran. Las respuestas y los testimonios de los entrevistados denuncian, entre otros hechos, la comisión de los delitos de amenaza, vejación, tortura, extorsión y coacción, durante las diligencias de policía judicial. Son delitos que cometen los funcionarios antinarcóticos al realizar sus funciones de represión al delito.

Sin embargo, se suele desconocer o minimizar el carácter delictivo de estos hechos. Esta situación de impunidad favorece la reiteración de las conductas violatorias de los derechos humanos, provocando que sectores de la población se hallen en permanente estado de inseguridad ante el ejercicio arbitrario del poder público. (9)

Es más, hasta el lenguaje empleado en los medios públicos expresa la negación de estos hechos (amenaza, vejación, tortura) como delitos, sujetos a la sanción judicial, llamándolos "excesos", "errores"e incluso "arbitrariedades inevitables en la lucha contra el crimen organizado".

La impunidad de los funcionarios extranjeros

También, el informe de una reciente misión de la organización estadounidense Human Rights Watch/Americas en Bolivia (julio de 1995) reconoce en la impunidad de los funcionarios un problema central de la lucha antidrogas. El informe destaca la actitud indiferente generalizada entre oficiales del gobierno respecto a los abusos denunciados contra funcionarios bolivianos (10), y la falta de un sistema transparente que investigue a la actuación de los agentes de la DEA. (11)

Las atribuciones y limitaciones de los agentes de la DEA se hallan definidas en documentos oficiales como el Decreto Supremo No. 23239 (20 de agosto de 1992), según el cual los agentes extranjeros en Bolivia tiene prohibido participar, por sí mismos o por medio de terceros, en la recepción de declaraciones, detenciones o cualquier otra forma de privación de libertad, persecusiones o enfrentamientos con presuntos delincuentes, allanamientos, requisas, y en cualquier acto contrario a la Constitución y las leyes bolivianas.

En la práctica chica, las repetidas denuncias de una libertad de actuación mucho más amplia para estos "diplomáticos"de Estados Unidos quedan en el aire. El secuestro y traslado ilegal a Costa Rica, en abril de 1994, del "testigo clave"en el proceso contra los dirigentes del MIR (caso"narcovínculo"), Edgar Fernández Nuez Lazcano, fue criticado, pero finalmente aceptado sin consecuencias jurídicas o diplomáticas. La embajada de Estados Unidos, de costumbre, niega las sindicaciones y protege a sus funcionarios, en última instancia retirándolos de Bolivia para evitar su posible procesamiento (como fue el caso del DEA Bryan Donaldson, quien, estando ebrio, en 1987 hirió a un ciudadano boliviano en un club nocturno).

Los funcionarios de la DEA tienen formalmente la obligación de denunciar a sus colegas bolivianos, al presenciar abusos contra los derechos humanos. Sin embargo, Human Rights Watch/Americas cita un oficial de la DEA, quien reconoce que los agentes de la DEA prefieren cerrar los ojos ante las golpizas de funcionarios de UMOPAR, por y "ser huéspedes, en su país" y"no tener la responsabilidad de criticar". (12)

Al parecer, los funcionarios antidrogas bolivianos han aprendido el manejo de este concepto de "camaradería".Cuando en agosto de 1994 el productor de coca Felipe Pérez fué asesinado por un tiro a corta distancia en la boca, investigaciones realizadas -después, de mucha presión pública- señalaron al policía Jorge Mamani como el autor del crimen. Cuando su versión de los hechos, en el sentido de que Pérez hubiera atacado, no se respaldaba en los resultados de la autopsia, Mamani "se fugó con complicidad de sus compañeros"y nunca más fue encontrado.

La corrupción y la impunidad facilitan el control político

En agosto de 1996, después de dos visitas de Human Rights Watch/Americas a Bolivia, la embajada de Estados Unidos y el Ministerio de Gobierno de Bolivia firmaron un convenio en el que se comprometen a no asignar fondos estadounidenses a los cuerpos antidrogas que no toman las medidas correspondientes, al comprobarse violaciones a los derechos humanos por parte de alguno de sus miembros.

Está claro que, en democracia, no se pueden permitir excesos, cuando éstos resultan en cuestionamientos abiertos al ejercicio del poder público. Es significativo que dicho convenio no fue publicado en la prensa boliviana, y que organizaciones de derechos humanos en Bolivia lo conocieron (en su versión inglesa) mediante sus contactos en Estados Unidos.

El que controla la inteligencia controla la corrupción. El que controla la corrupción no la combate. Se sirve de ella para sus propios fines. Ya es parte del conocimiento público la implicación de la CIA estadounidense en el "Narcogolpe"del exdictador García Meza.

En tiempos de democracia los mecanismos de coerción se vuelven más finos y complicados, debido al número de actores involucrados. Los escándalos que comprometen y encierran en constante estado de alerta a funcionarios de los grandes partidos políticos, también los mantiene "moldeables" para aceptar condicionamientos y pasos en el acomodamiento de las políticas bolivianas a los modelos estadounidenses. Asimismo, los funcionarios de los aparatos represivos son más manejables cuando se les ha indultado ciertos "errores"que les puedan acarrear consecuencias jurídicas. Los bolivianos estrechoscolaboradores de la embajada estadounidense generalmente disponen de"pasajes ocultos" en su historia personal. He aquí la funcionalidad de la impunidad y del control a la corrupción en la lucha antidrogas.

Referencias

1. Eduardo Gamarra, Entre la droga y la democracia, ILDIS, La Paz 1994, p 20.
2. Hugo Rodas Morales, Modelo político-empresarial y fracción burguesa de la cocaína en Bolivia (1985-1993), Tésis de Licenciatura UMSA, La Paz 1995, p. 62.
3. Ibid, p. 67.
4. El Diario,18-08-91.
5. Gloria Rose Marie De Achá Violaciones a los derechos humanos civiles durante la investigación policial en casos de detenidos bajo la Ley 1008, RAI, Cochabamba 1996.
6. Red Andina de Información, El peso de la Ley 1008, Cochabamba, 1995, p. 5-6.
7. Ibid., p. 92.
8. Ibidim., p. 79.
9. De Achá, p. 87-91.
10. Human Rights Watch/Americas: Bolivia: Human rights violations and the war on drugs, New York-Washington 1995, p. 33.
11. Ibid., p. 36.
12. Ibidim., p. 35-36.

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