Coca, erradicación y promesas incumplidas en el Perú

La política de erradicación forzosa de cultivos aplicada por los gobiernos peruanos en los últimos 25 años es un fracaso.

La política de erradicación forzosa de cultivos aplicada por los gobiernos peruanos en los últimos 25 años es un fracaso. Contrario a las versiones oficiales, esta estrategia agudiza los conflictos sociales, alimenta la violencia subversiva de cualquier origen, perjudica las economías locales con efectos sobre la economía nacional, y destruye bosques al dispersar los cultivos. Más grave aún, no revierte ninguna de las causas subyacentes al narcotráfico, como la pobreza, la marginación y la desatención del Estado. El debate sobre la coca en el Perú se ha animado últimamente con la publicación de los resultados de la encuesta de consumidores de coca del INEI/DEVIDA. (1)

Los agricultores y autoridades locales de diversas cuencas cocaleras han firmado con los tres últimos gobiernos más de 36 Actas que han sido incumplidas sistemáticamente por el Estado. El caso más reciente es el de San Gabán, un alejado distrito de la provincia de Carabaya en el departamento/región de Puno. Sus autoridades han argumentado a favor de su gente y en contra de la erradicación forzosa de cultivos de coca, iniciada en septiembre de 2004. Erradicar por la fuerza es lo que se llamaría la política de "las ocho íes: ilegal, inconstitucional, ilegítima, inhumana, injusta, ineficaz, inmoral, e idiota".

Es ilegal e inconstitucional porque va contra el DS 044-2003-PCM, promulgado por el presidente Toledo luego de la marcha cocalera de abril/mayo, que privilegia en su Artículo Primero la reducción gradual y concertada de cultivos. Aunque es cierto que el Decreto Ley 22095 de 1978, se contrapone a este dispositivo, también es cierto que hay que ver el problema a la luz de una legislación reciente, y no con un decreto que ha sido cuestionado por obsoleto, persecutorio, e ineficaz. La erradicación forzosa va contra la Constitución al provocar zozobra entre los agricultores. El Artículo 296 del Código Penal de 1991 no prohíbe el cultivo.

Es ilegítima porque una erradicación sin contrapartida es nociva al dispersar el problema sin resolverlo. Es inhumana por no respetar una planta que cuatro millones de peruanos (2) consideran buena para la salud, importante cohesivo social y elemento central de la identidad andino-amazónica.

La política es injusta, ineficaz, inmoral y absolutamente idiota, porque le quita a los agricultores una fuente de sustento sin darles alternativas viables, los margina de sus deseos de ejercer sus derechos civiles y políticos, favorece el desarrollo de espacios de violencia subversiva y delincuencial asociada al narcotráfico, e incentiva movilizaciones muchas veces respondidas violentamente por el Estado. Los cultivos no disminuyen por estas acciones. En los valles cocaleros, la disminución o el aumento de cultivos se produce por fenómenos asociados al mercado legal y/o ilegal de la coca, más que por el "éxito" de las políticas de interdicción y erradicación.

Según un estudio elaborado con base en una encuesta del INEI, 9.000 toneladas métricas serían suficientes para satisfacer el consumo legal de coca en el Perú, representado en cuatro millones de personas. Dicho volumen se podría obtener de una superficie máxima de 10.000 hectáreas. O sea, menos de la tercera parte de las 31.150 hectáreas existentes, según Devida y que generan un excedente de 43.700 toneladas que van al narcotráfico.

Una afirmación poco sustentable si se deduce el índice de consumo per cápita: nueve millones de kilogramos entre cuatro millones de personas representan 2,25 kilogramos por cabeza/año. Los conocedores del medio rural estiman que el índice real debe ser por lo menos el doble.

Coca, tradición e ilegalidad

El sistema internacional de fiscalización de sustancias vulnera los derechos humanos de la población rural peruana que hace parte de una determinada cultura. Pero además, atenta contra el artículo 58 de la Constitución peruana sobre los principios de economía de libre mercado; contra el artículo 60 sobre pluralismo económico; y el artículo 61 sobre la libre competencia, que "combate toda práctica que la limite y el abuso de posición dominante o monopólica".

Cuarenta y tres años después de la creación del sistema internacional de control de drogas reflejado en las convenciones sobre estupefacientes de la ONU, este mecanismo de control de la oferta es insostenible. Es injusto con la hoja de coca como recurso agrícola y cultural, y ofrece poca resistencia a las enormes ventajas económicas que ofrecen los empresarios del narcotráfico a los que dependen del cultivo. Este es el caso especialmente de los productores cocaleros provenientes de los valles del Guaviare y Putumayo (Colombia), Huallaga y Apurímac (Perú) o del Chapare (Bolivia), todos ubicados en la región andino-amazónica donde se cultiva el 100% de la producción mundial de hoja de coca.

Notas

1. INEI: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. DEVIDA: Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas.
2. Ver Encuesta INEI/DEVIDA.

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