Colombia: La herejía de los maniqueos

La emergencia de un nuevo sector social derivado de la economía de las drogas en Colombia, desató fenómenos de violencia contra las figuras del Estado más comprometidas en la aplicación de la ley. En efecto, jueces y magistrados de la justicia, policías, funcionarios de alto rango y personas inocentes cayeron asesinadas en el marco de la confrontación a muerte de los narcotraficantes para revertir las normas que sustentaban su extradición a Estados Unidos. Sin embargo, esta racha de sangre no expresó, ni constituirá el costo más alto que haya pagado la sociedad colombiana por la emergencia del narcotráfico en su estructura socio-económica.

El verdadero costo social, político, económico y de violencia del narcotráfico en Colombia ha sido el proceso de inserción de los nuevos grupos sociales, que han transformado la estructura agraria a través de la adquisición de más de tres millones de hectáreas de las más ricas tierras, su integración como financiadores de la guerra sucia contrainsurgente, su potencial para acelerar las tendencias estatales de privatización de la fuerza y su capacidad para profundizar el fenómeno de la impunidad, en la cual se debate la poca institucionalidad y legitimidad estatal existente en Colombia.

Sin embargo, el narcotráfico no es ni ha sido la enfermedad externa que haya atacado un supuesto cuerpo sano de la sociedad colombiana, sino que es también producto de ésta y ha terminado por retroalimentar las condiciones que hicieron posible el surgimiento de un capitalismo gansteril, la ampliación de la corrupción y la impunidad, profundizando la irracionalidad de las estructuras en que se sustenta el actual modelo de desarrollo, sobre todo a nivel rural, así como reafirmando el comportamiento especulativo del sector financiero y ampliando la capacidad ficticia de importaciones traducidas en un auge del contrabando y en general de una economía subterránea.

Paradójicamente, y sobre todo por la presión norteamericana, la baja capacidad de impacto de las políticas antidrogas en Colombia se explica en principio por estar dirigidas a "las drogas" y no a revertir las condiciones socio-económicas, políticas y de la estructura misma de la justicia en el país, que posibilitan la consolidación de una economía ilegal.

Como se señaló, una de las características en la inserción del narcotráfico en Colombia fue su integración y consiguiente fortalecimiento de las estrategias contrainsurgentes, que se inicia con el lavado de dólares a través de la inversión en tierras en zonas con una alta presión social, o en zonas bajo hegemonía de la guerrilla.

Con la tolerancia o el compromiso directo de altos mandos militares, la consolidación de poderes regionales derivados de esas inversiones se produjo a la par de la creación de grupos paramilitares, legitimados entonces por la existencia de la ley 48 de 1968, la cual facultaba a la policía y al ejército a armar civiles para defender los intereses nacionales (1), los cuales se dedicaron a revertir las condiciones políticas y sociales de aquellas zonas, atractivas a la inversión ganadera o terrateniente o importantes para el control geopolítico de los nuevos poderes privados. Para 1987 existían, en la contabilidad del entonces ministro de gobierno César Gaviria, 146 grupos de autodefensa o paramilitares. (2)

La privatización de la fuerza hoy

Luego de las denuncias que señalaban la responsabilidad estatal, por acción o por omisión, en casi todos los casos de masacres, se producen normas dirigidas a restarle el piso jurídico a esta aberrante situación. Sin embargo ese hecho no se tradujo en el desmonte de los grupos organizados de violencia privada.

Al mismo tiempo que en zonas como el Magdalena Medio, Córdoba, César, Sucre se mantienen operando grupos con esa connotación de ilegalidad parainstitucional, en otros frentes de conflicto, particularmente en Antioquia, los departamentos del eje cafetero y en el Meta, emerge la propuesta de creación de Cooperativas de Seguridad ( cínicamente denominadas Convivir), las cuales cuentan con el aval institucional y el respaldo político de los sectores más guerreristas del país.

En teoría, se establecen fronteras entre las Convivir y los grupos paramilitares, pero sus campos de acción coinciden o se complementan. En el caso de Antioquia, que tiene124 municipios, hay Convivir en 56 de ellos. Por otra parte, 48 de éstos forman parte de los 88 municipios donde los narcotraficantes han comprado tierras. Conclusión: una contrarreforma agraria con garantías de seguridad. Además, las Convivir se sitúan en zonas con megaproyectos como las tierras por donde pasaría un ferrocarril extrarrápido que conectaría la zona de Uraba con el centro del país, hidroeléctricas y el mismo canal interoceánico, hacen pensar que éstas son parte del rompecabezas estratégico que se está tramando en la región con miras al siglo XXI. (4)

La funcionalidad pragmática del modelo paramilitar, sustentado en buena parte por narcos en proceso de legalización y legitimación, y tolerado por los organismos de seguridad del Estado, contrasta con los argumento que presenta el Estado colombiano a la comunidad internacional sobre la necesidad de fortalecer la militarización de la lucha antidrogas en Colombia.

La posición de las Fuerzas Armadas: mirar al sur

Luego de mantenerse relativamente distantes frente a las acciones estatales encaminadas a combatir diferentes niveles de la economía ilegal de las drogas en Colombia, las Fuerzas Armadas han tomado recientemente la decisión política de vincularse como actores importantes en la lucha antidroga.

Al comenzar la década de los noventa, la contraloría para el Congreso de Estados Unidos señaló, en un informe, el débil compromiso real de las Fuerzas Armadas colombianas en el combate a los narcotraficantes, lo que contrastaba con el hecho de ser los principales receptores de los auxilios que entregaba el gobierno norteamericano. (4) Para entonces, Colombia se situaba como un escenario importante en la implementación de la guerra a las drogas, la cual era prácticamente librada por la Policía Antinarcóticos.

Una de las denuncias contempladas en ese informe era que los dineros se desviaban hacia el combate a las guerrillas, afirmación que fue controvertida por los altos mandos militares, señalando la relación del fenómeno guerrillero con el narcotráfico. Sin embargo, para entonces, esta tesis carecía de audiencia e impacto tanto en el contexto nacional como en el internacional. Existían hechos y circunstancias que, en efecto, limitaban la fuerza del argumento: en primer lugar, el protagonismo terrorista de los grupos organizados del narcotráfico en contra del Estado en el marco de su lucha contra la extradición a EE.UU. y que situaba a los capos como los objetivos centrales en la guerra a las drogas.

Como consecuencia de lo anterior, la guerra tenía fundamentalmente un escenario urbano (Medellín, Bogotá, Cali, etc), como sedes de residencia y de gestión de negocios que eran para las principales organizaciones de narcotraficantes. Este hecho contribuía a resaltar el rol policial en la guerra, por lo menos hasta la constitución del Comando Especial Conjunto o Bloque de Búsqueda, en donde, en efecto, participan las Fuerzas Armadas. Tercero, si bien en términos reales Colombia se empezaba a perfilar a comienzos de los noventa como un país con un problema significativo de cultivos ilícitos, este hecho no había trascendido aún ante la opinión pública ni ante las autoridades estatales. Tampoco se consideraba un tema importante en la agenda bilateral antidrogas con Washington. Cuarto, la primera y efímera relación entre guerrilla y narcotraficantes fue rápidamente disuelta,
expresándose más tarde y por lo contrario, en una franca y violenta toma de posición anticomunista por parte de capos como Rodríguez Gacha o Fidel Castaño.

Para entonces, se denunció la permisibilidad de los militares en la financiación de grupos paramilitares con dineros del narcotráfico, hecho que se reflejó en un fortalecimiento en recursos, logística, importación de instructores militares, en donde participaron directa e indirectamente altos mandos de la institución. Fue cuando el país conoció la racha de masacres, entre 1987 y 1990, que se cometían con total impunidad y descontrol por parte de los organismos de seguridad estatal. Estas circunstancias contribuyeron a neutralizar el argumento de la "narcoguerrilla" que ya por entonces se esbozaba teniendo como antecedente algunas declaraciones del embajador de EE.UU. en Bogotá, Lewis Tambs, en las cuales denunciaba la connivencia de la guerrilla con el narcotráfico.

Hoy en día, la decisión política de los militares de vincularse de lleno a la lucha antidrogas, se sustenta desde una perspectiva de recuperación del viejo concepto de la relación entre drogas e insurgencia. El argumento que presentan los militares se sintetiza en las siguientes consideraciones: "El fenómeno de la narcoguerrilla es el resultado de la convivencia entre las organizaciones guerrilleras y los narcotraficantes, en una alianza que en la práctica se convirtió en una estrategia para subvertir el orden y buscar intereses ilícitos particulares, mientras mutuamente garantizan su supervivencia". (5)

El mayor Rey Navas establece una influencia regional de las guerrillas a partir de los productos de la economía ilegal de las drogas. Como conclusión señala: "En resumen, las FARC (Fuerzas Armadas Revolucinarias de Colombia) dedican 37 frentes, unos 2,800 hombres (50 por ciento de su fuerza) a actividades de narcotráfico, y el ELN 7 frentes, unos 500 hombres (20 por ciento de su fuerza)". El análisis que desarrolla Rey Navas del problema de los cultivos ilícitos se elabora fundamentalmente a partir de la tesis del fortalecimiento financiero de las FARC, más que del examen del problema teniendo en cuenta su relación con el circuito ilegal mundial de las drogas: "... las FARC, derivan de esta actividad recursos financieros muy superiores a los que obtienen por concepto del secuestro, extorsión o vacuna. Esto hace remoto que estén dispuestos a abandonarlo, cuando es evidente la impotencia del Estado para reprimirlo". Por la razón anterior el Estado tendrá que hacer más drásticas las leyes que lo penalicen y además lograr que, efectivamente, la justicia opere y se erradique la impunidad".

Rey Navas deriva de la influencia del narcotráfico en la guerrilla una gran cantidad de consecuencias que ocasiona una pérdida de espacio y condiciones favorables al ejército colombiano. A ese fenómeno, en su perspectiva, contribuye: la falta de presencia estatal en regiones aisladas que dificulta el comercio de productos agrícolas o ganaderos; en contraste, la presencia de una infraestructura que favorece a los cultivos ilícitos; fortalecimento técnico y cuantitativo de las guerrillas; favorece el poder corruptor de la guerrilla. Finalmente, "protección nacional e internacional (de la guerrilla) al mostrarse como miembros de `grupos beligerantes' que luchan por causas políticas en una guerra interna, y por lo cual la fuerza pública y en especial la fuerzas militares, no reciben apoyo internacional para combatirlos, mientras que los narcoguerrilleros hacen uso de su supuesta condición política, para recibir concesiones y apoyos, obteniendo así beneficios propios para sus pretensiones". (6)

Desde el punto de vista del desarrollo de la guerra, la situación de control de la guerrilla frente a la economía ilegal genera consecuencias logísticas y de manejo del conflicto que favorece a la insurgencia: "la combinación de la lucha armada con actividades del narcotráfico, en cierta medida hace que las cuadrillas sean más sólidas; al fin y al cabo el estar comprometidas en el trbajo con drogas ilícitas, les proporciona mayor libertad, usufructo de dinero, a la vez que hacen menos rigurosa la permanencia en los distintos frentes. Esto se puede corroborar al observar que las cuadrillas ubicadas en zonas coqueras y amapoleras, son las más`fuertes' cuantitativa y cualitativamente".(7) Sin embargo, en consideración de los militares, a largo plazo la participación de la guerrilla en la economía de las drogas implicará la pérdida progresiva, cada vez más real, de la vocación de lucha por la común corrupción interna. Así, "los costos del comprometimiento de los subversivos con el narcotraficó pueden desencadenar una lucha interna por el control y posesión de las grandes cantidades de dinero y aún mas, puede darse una guerra entre los terroristas y los narcotraficantes. Los postulados de los narcosubversivos que buscan defender y superar las desigualdades sociales perdieron vigencia y los modelos de socialismo estatal en que se inspiraron se vinieron a tierra. Ese equilibrio social nunca se ha conseguido, ni siquiera en países donde los movimientos revolucionarios lograron un mayor desarrollo, como el caso de El Salvador".
(8)

El general Bedoya se refiere así al fenómeno de la narcoguerrilla: "Hemos olvidado que desde casi dos décadas, una vasta y compleja red de delincuencia organizada opera en nuestros campos. Sucesivamente la hemos llamado subversión, guerrilla, insurgencia. En realidad se trata de gangsters con ruana y a veces sin ella. Han basado su negocio en el desarrollo sistemático del tráfico de drogas bajo todas sus modalidades y con ello se han enriquecido. Sobrevivieron a la guerra de los carteles contra los carteles, a la del Estado contra los carteles, a la del mundo contra los carteles y ahora son prácticamente el único y más poderoso de todos". (9) De otro lado, el autor del texto El Cartel de las FARC reitera así la definición del fenómeno narcoguerrillero: "De las suposiciones lógicas se pasó a la evidencia documental, durante un periodo histórico en el que ya no es ni la ideología ni el espacio geográfico lo primario en los conflictos bélicos, sino el poderío económico el factor primordial de las guerras modernas. Los comisarios políticos de las FARC intuyeron el fenómeno desbordante del potencial económico para desestabilizar a corto tiempo el orden institucional en Colombia, al estimular la subversión con guerrillas bien equipadas y con capacidad terrorista, para atacar sistemáticamente el orden legal".

En el desarrollo de este compromiso de las fuerzas armadas, resulta notoria la actitud esquizoide del estamento militar: como hemos visto, mientras el modelo paramilitar se consolida en algunas zonas por su funcionalidad en el corto plazo, es a la vez el factor de mayor impacto en vidas, violaciones a los derechos humanos, desinstitucionalización e ilegitimación del Estado que se produce en las zonas de control originariamente narcoterrateniente, en vías de legalización.

Las fuerzas de seguridad han optado por una estrategia de "guerra a las drogas"que tiene como mira otro escenario: los departamentos con cultivos ilícitos, esto es, la región amazónica particularmente Guaviare, Caqueta y Putumayo con los argumentos antes expuestos. En la amazonia colombiana confluyen fenómenos de colonización agraria de los años 50, como resultado del modelo latifundista que se consolidó violentamente, expulsando masas de campesinos hacia las selvas del sur. Olvidados por el Estado y tras contínuos fracasos, encontraron en la coca el único producto rentable y fácil de comercializar para esa región. A partir de la década de los noventa, la extensión coquera colombiana asciende a cifras que, según los habitantes de esas regiones, pueden alcanzar cerca de 150,000 hectáreas, calculándose una dependencia directa de 300,000 personas de esa economía.

Simultaneamente, estas zonas han estado bajo control de las guerrillas, las cuales obtienen ingresos importantes a través de impuestos establecidos a los cultivadores medianos y grandes, a los intermediarios de la base, comerciantes y sobre todo a la presencia en estos lugares de laboratorios de cristalización y pistas clandestinas de embarque de la cocaína. Estos dineros se orientan a fortalecer su capacidad logística y de comuncación para la guerra. En este sentido, el ejército percibe al colono cultivador de coca como un colaborador directo de la guerrilla y al tomar la decisión de ingresar a la lucha antidrogas contra los cultivos a partir de la tesis de la "narcoguerrilla"el resultado ha sido el desarrollo de acciones envolventes en contra de los campesinos que habitan estas zonas. Como consecuencia, ha habido un incremento de las violaciones a los derechos humanos, al desarrollar los organismos de seguridad acciones como la quema de las residencias campesinas con sus haberes, amenazas y la expulsión violenta de campesinos de esos territorios, tal como viene sucediendo en el Guaviare desde mediados de 1996.

Referencias

1. Véase El fenómeno paramilitaren Colombia: una visiòn por regiones(s.a.) (mimeo) 1997.
2. Se produjo el auge de las masacres como mecanismos de terror en diferentes sitios como Trujillo, Segovia, La Rochela, La Negra, El Tomate, Punta Coquitos, Honduras, etc. en algunos casos con cifras que sobrepasaron el centenar de muertos.
3. Véase revista AlternativaNo.5 nov. 1996.
4. Véase Informe sobre Colombia, en la General Acounting Office, GAO, 1991.
5. Mayor Javier Enrique Rey Navas "La narcoguerrilla una grave amenaza para Colombia y el mundo" en
Revista de las Fuerzas Armadasvol. LI No.160 julio-sep. 1996.
6. Ibidem pág 40-41.
7. Coronel Fernando Millan Pérez y Coronel Eduardo Santos Quiñones "La guerrilla en Colombia, una negación a la ideologìa y la política" en Revista de las Fuerzas Armadasvol.LI No.160. julio-sept. 1996.
8. Ibidem pàg 30.
9. Prologo al libro del mayor Luis Alberto Villamarin El Cartel de las FARC, Ediciones El Faraón, junio de 1996.