Delincuencia e impunidad

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En virtud de los Acuerdos sobre el Estatuto de las
Fuerzas (SOFA en inglés) por los que se rige el establecimiento
de bases militares estadounidenses (véase el
apartado “Déficit democrático e inmunidad”, página
14), el personal estadounidense está protegido contra
toda acción legal, incluso en el caso de los delitos más
graves. En determinados casos, los soldados estadounidenses
no pueden ser procesados por actos cometidos
mientras están de servicio o contra otros empleados
militares estadounidenses, mientras que, en otros, están
completamente a salvo de todo procesamiento judicial
emprendido por el país de acogida, incluso por delitos
perpetrados mientras no están de servicio.

En los casos más extremos, como sucede con el SOFA
negociado entre los Estados Unidos y Timor Oriental
para regular las bases que se están construyendo en
este país, se concede al personal militar estadounidense
plena inmunidad diplomática ante la justicia local. Esto
significa que, haga lo que haga un soldado estadounidense
en Timor Oriental, las autoridades nacionales no
podrán arrestarlo ni retenerlo, acusarlo de ningún delito,
extraditarlo por delitos cometidos en un tercer país ni
responsabilizarlo económica o legalmente por asuntos
civiles, como sería el pago de la pensión alimenticia
para los hijos.

Incluso cuando las condiciones establecidas por un
SOFA permiten que los soldados sean juzgados en el
país de acogida, como ocurre en Japón, la protección
ofrecida puede resultar polémica. Así, aunque los soldados
pueden ser procesados, no son entregados a las
autoridades japonesas hasta que no se presenta la acusación
formal. Esto puede dificultar la investigación de
los delitos y el interrogatorio de los sospechosos, y es
motivo de controversia en un entorno en que, al parecer,
los delitos cometidos por personal y contratistas
militares estadounidenses –desde infracciones de tráfico
a robos y asesinatos– están aumentando. Las autoridades
estadounidenses arguyen, por su parte, que las diferencias entre los tribunales estadounidenses y
japoneses (en Japón, por ejemplo, los juicios ante jurado
son menos frecuentes) harían imposible esperar
que los soldados cumplieran condena allí.

Lo que es motivo de especial preocupación es que
muchos de estos acuerdos de protección cubren también
a empleados de empresas subcontratadas por el
ejército estadounidense. Puede que el ejemplo más
notorio de este hecho se revele en el fracaso de las
autoridades –estadounidenses o europeas– para llevar
ante la justicia a una serie de trabajadores de Dyncorp
que, tal como se demostró, participaron en el tráfico
de niños y mujeres como esclavos sexuales en Bosnia.
Además, muchos acuerdos recientes sobre las bases
militares estadounidenses –incluido el tratado con
Timor Oriental– han incorporado cláusulas específicas
por las que el personal estadounidense no puede ser
transferido al Tribunal Penal Internacional, una iniciativa
a favor de la protección de los derechos humanos
en todo el mundo que el Gobierno estadounidense se
ha negado repetidamente a ratificar.

Corea

En noviembre de 2002, un tribunal militar estadounidense
emitió un veredicto de inocencia en el caso de dos
soldados, un tanquista y un copiloto, que aquel junio
habían asesinado a dos jóvenes que se dirigían a una
fiesta de cumpleaños. Los soldados fueron enviados a
los Estados Unidos inmediatamente después de que se
dictara el fallo y el ejército pagó a las familias de las
jóvenes una indemnización por responsabilidad civil.
Estas absoluciones despertaron protestas en toda
Corea, como la ocupación por parte de estudiantes de
una base militar estadounidense a la que accedieron
cortando las alambradas. La disculpa del presidente
Bush poco hizo para apaciguar la indignación de los
coreanos, que se vio multiplicada por el rechazo de una
solicitud presentada por las autoridades coreanas para
que los dos hombres fueran juzgados en los tribunales
locales.

El caso de estas dos jóvenes fue el más prominente de
los al menos 52.000 delitos que los activistas coreanos
afirman que han cometido soldados estadounidenses
entre 1967 y 2002.

Según la Campaña nacional por la erradicación de delitos
cometidos por tropas estadounidenses en Corea,
estos delitos incluyen tiroteos, agresiones, violaciones y
asesinatos. Civiles coreanos han sido asesinados por
militares estadounidenses por hechos tan menores
como fumar demasiado o intervenir en peleas, o por
celos de origen sexual.

El asesinato injustificado de coreanos a manos de soldados
estadounidenses empezó con la muerte a tiros de
dos personas que habían acudido a los muelles de
Incheon para dar la bienvenida a la Marina estadounidense,
en 1945, pero fue el asesinato en 1992 de una
empleada de un bar cercano a una base estadounidense
lo que provocó una gran conmoción, sobre todo después
de que se conocieran los detalles de la truculenta
tortura a la que fue sometida por un soldado estadounidense. Una plataforma de la sociedad civil reunió a un
gran número de organizaciones para exigir justicia por
la mujer asesinada, Yoon Geumy. Lucharon durante un
año para denunciar los términos del SOFA en Corea y
para que el soldado en cuestión pudiera ser juzgado
en el país. Finalmente, el Tribunal Supremo coreano lo
condenó a 15 de años de prisión, aunque los integrantes
de la campaña consideraron que se trataba de
pena simbólica teniendo en cuenta la extraordinaria
violencia del crimen.

La plataforma temporal que surgió a raíz de este caso
acabó derivando en la creación de más organizaciones
y campañas, que han generado una mayor concienciación
sobre las elevadas tasas de delincuencia registradas
en torno a las bases estadounidenses, vinculándolas
al hecho de que los estadounidenses no deben rendir
cuentas tampoco sobre otros problemas derivados
de la presencia de las bases, como el que los soldados
tengan hijos con mujeres de la zona y la tremenda
contaminación medioambiental y los accidentes con
agentes químicos tóxicos.

Estas organizaciones han conseguido que se revisen
los términos del SOFA y se eliminen algunas de las
cláusulas de impunidad concedidas a los soldados
estadounidenses, pero siguen movilizándose por los
derechos de las víctimas y, en última instancia, por la
desaparición de las bases militares estadounidenses en
Corea.