Democracia participativa y la importancia de los movimientos sociales

7 Junio 2005
Beatriz Martínez

Si la democracia participativa gana terreno, las instituciones del gobierno representativo podrían perder parte de su poder a favor de la nueva esfera participativa.

Vengo de un país donde el primer ministro afirma gobernar en nombre del pueblo, aunque acaba de ser elegido con la participación de apenas un 22% del electorado. Puede que Gran Bretaña sea un caso extremo, pero es innegable que las instituciones democráticas de todo el mundo están sumidas en una crisis profunda y que hay un abismo creciente entre las personas y las instituciones que dicen representarlas. Esto nos lleva a concluir que las características que se suponen intrínsecas a una democracia –el sufragio universal, el sistema multipartidista, la ‘prensa libre’, incluso un sistema electoral proporcional– carecen de por sí de la fuerza necesaria para garantizar el poder del pueblo.

En mi opinión, democracia significa igualdad política (es decir, igualdad de derechos para participar en las decisiones políticas) y control popular. El voto no garantiza esa igualdad política y, en los Estados Unidos, podemos ver que algunas personas son más iguales que otras y que, de hecho, el poder se compra con dinero. El voto tampoco asegura el control popular porque las instituciones de los partidos y del aparato estatal siempre han contado con todo tipo de mecanismos sofisticados para bloquear o reducir a la nada las reivindicaciones y los deseos del pueblo. De modo que se ha iniciado la búsqueda de sistemas de refuerzo del voto, no para substituirlo, sino para consolidar sus raíces y convertirlo en un verdadero instrumento de poder popular y conseguir que la democracia, por fin, sea una realidad. Es precisamente en este marco en el que cabe encuadrar la democracia participativa en sus diversas manifestaciones locales.

Cuando abordamos un concepto tan amplio como ‘democracia participativa’, remontarnos a su origen puede ayudarnos a aclarar sus posibilidades. En el Norte, los primeros indicios de democracia participativa se insinuaron en los movimientos surgidos a fines de los 60 y los 70 –sobre todo los de mujeres, estudiantes y el sindicalismo radical– como respuesta al carácter endeble e ineficaz de la democracia electoral. Estos movimientos sociales rompedores fueron fruto de una experiencia histórica muy concreta. Aunque, en muchos sentidos, los movimientos en sí sufrieron una derrota, algunas de sus ideas han pervivido y hoy se enlazan de una forma muy directa con nuevos modelos participativos del Sur, principalmente de América Latina y, más concretamente, del Brasil.

Los movimientos radicales del Norte surgieron a raíz de la búsqueda de formas auténticas de control popular y de igualdad política. Sus luchas introdujeron dos cuestiones innovadoras cuya importancia sobrepasa las inquietudes específicas de aquellos movimientos (temas de género, condiciones laborales, política estudiantil, medio ambiente) y que adquieren plena vigencia ahora, en un momento en que trabajamos con empeño para crear una auténtica democracia en el siglo XXI. La primera cuestión innovadora a la que me refiero está relacionada con el poder y, la segunda, con el conocimiento.

Poder

La generación británica que creció con el estado del bienestar y el boom de la postguerra albergaba grandes expectativas que, muy pronto, se toparon de frente con los muros políticos de la ‘democracia’ de elite. Esa vacua democracia consistía en elegir entre dos equipos distintos que administraran el statu quo. En los lugares de trabajo, por ejemplo, el supuesto de la igualdad de derechos chocaba con el autoritarismo/paternalismo que profesaba la administración de los sectores público y privado para con ‘su’ fuerza de trabajo. Mientras tanto, las mujeres hacían uso de una nueva confianza social en sí mismas para intentar romper los lazos de subordinación que seguían inundando una cultura en que, oficialmente, se suponía que las mujeres ya eran iguales.

Los partidos parlamentarios tradicionales de la izquierda no ofrecían una alternativa clara para hacer frente a estos nuevos desafíos. Las instituciones elegidas eran débiles; demasiado como para controlar el creciente aparato estatal que, a su vez, era demasiado débil para enfrentarse al poder naciente de las grandes empresas que, por lo general, contaban con fuertes aliados dentro el estado (el ‘complejo militar-industrial’ descrito por C. Wright Mills). Y aún más importante, el poder formal de las instituciones políticas existentes quedaba muy lejos de esa negación sistemática con la que se recibían los deseos de democracia en los lugares de trabajo, los servicios públicos, la comunidad y el hogar. Así, la gente empezó a buscar maneras de crear el poder necesario para cumplir esos deseos usando la acción colectiva y directa en sus vidas cotidianas. Los trabajadores aprovecharon la dependencia que tenía la patronal de su trabajo para conseguir la fuente del poder a negarse y, a partir ahí, pudieron controlar el ritmo y las condiciones laborales, llegaron incluso a desarrollar planes alternativos de producción (qué se fabrica y en qué condiciones). Por lo tanto, lo que empezó como una respuesta innovadora a determinados problemas de aquellos momentos nos brinda un posible recurso para crear una democracia de forma más general.

Tradicionalmente, las grandes empresas han chantajeado a los gobiernos, han minado la capacidad de éstos para cumplir un mandato democrático –y, por lo tanto, han debilitado los mecanismos de control popular– aduciendo que la viabilidad de la economía productiva depende del mercado privado. Los experimentos radicales de las organizaciones obreras durante los 60 y los 70 demuestran que es posible hacer frente a dicho chantaje desde dentro del proceso productivo. Es cierto que la clase obrera, si no es a través del estado, carece de acceso al capital. En teoría, las empresas pueden jugar la carta de la huelga de inversiones. Sin embargo, esas empresas tienen que invertir en algún sitio. El hecho de que los trabajadores reivindiquen sus propios planes para la industria y los servicios, y estén dispuestos a negociar sobre éstos ayuda, sin duda, a cuestionar esa ‘verdad’ según la cual los gobiernos no tienen otra salida que acudir al sector privado cuando se necesitan conocimientos económicos y capacidad productiva. Este poder en los centros de trabajo ofrece también un antídoto contra las grandes empresas que presionan a favor de las privatizaciones y se presentan como la fuente omnisapiente de la eficiencia. Fuentes alternativas de conocimiento, que emanan de los sindicatos de trabajadores de primera línea (o de usuarios de servicios), por ejemplo, y que detallan, desde dentro, cómo mejorar los servicios públicos, representan una poderosa contrafuerza al chantaje del sector privado y su autoproclamada indispensabilidad.

La lógica del movimiento de mujeres también se basó en la resistencia desde dentro de la sociedad más que en delegar el poder de intervención a representantes políticos, en este caso en las estructuras de poder masculino y estatal. Se organizaron centros de mujeres en numerosos lugares. En los centros de trabajo, las mujeres usaron la huelga con el fin de alcanzar la igualdad salarial; en el sector de servicios, cuestionaron la actitud paternalista de los profesionales con respecto a los usuarios de dichos servicios, especialmente en el caso de las mujeres. En todos estos ámbitos, las mujeres iban mucho más allá de lo que hubieran soñado hacer el gobierno o los ayuntamientos. Sus iniciativas reflejaban una nueva fuente de poder con la que presionar a los organismos estatales para que éstos apoyaran a las mujeres que se estaban movilizando y colaboraran con ellas.

Lo más importante de estas fuentes de poder es que residían en la sociedad, no en el gobierno, aunque necesitaran del apoyo de éste para que sus reivindicaciones se materializaran y perduraran. En aquella época, se sostenía que los partidos políticos radicales deberían aliarse con estas iniciativas sociales, aunando fuerzas para conseguir los cambios que afirmaban defender. La izquierda suele encontrarse con un problema bien conocido: cuando los gobiernos de izquierda ganan las elecciones con programas radicales, casi siempre acaban rindiéndose a las fuerzas del sector privado. La gente culpa a los dirigentes políticos acusándolos de ‘falta de voluntad’ y de ‘traición’ o bien a los dirigentes sindicales por no ejercer suficiente presión. En ocasiones, comparan los compromisos de los gobiernos de izquierda con el tremendo descaro de un gobierno de derechas. Pero una de las razones por las que esos gobiernos de derechas pueden ser –hablando en sus términos– más eficaces está en que tienen de su lado –trabajando para ellos y con ellos– a toda una serie de poderosos agentes que trabajan dentro de la sociedad y fuera del gobierno. Me refiero a parte de los medios de comunicación, a las instituciones financieras, y a algunos altos cargos del funcionariado y del poder judicial. Evidentemente, siempre hay excepciones que confirman la regla. En Gran Bretaña, los encargados de la Seguridad Social se opusieron a la privatización de los servicios sanitarios y, muy discretamente, en su trabajo cotidiano, sabotearon todos los intentos para imponerla. Como resultado, Margaret Thatcher, dueña y señora en cualquier otro ámbito, tuvo que echarse atrás. Pero normalmente, las fuentes de poder cultural y económico de la sociedad suelen acompañar a la victoria electoral de la derecha, brindando un impulso añadido a esos gobiernos. No se hace de manera explícita, sino ‘de forma natural’, entre bastidores.

Incapaces de afrontar las poderosas tendencias reaccionarias que subyacen en la sociedad capitalista existente –las instituciones estatales incluidas–, los partidos socialdemócratas de la izquierda han tendido a dar por sentado que, una vez alcanzada la mayoría electoral, podrían conducir ‘la maquinaria del estado’ en la dirección deseada. Sin embargo, una victoria electoral sólo se traducirá en cambios reales cuando los movimientos y organizaciones democráticos de la sociedad ya estén ejerciendo todo tipo de poder económico, social y cultural para alcanzar dichos cambios siguiendo una dirección común –o, al menos, complementaria– a la del gobierno elegido.

Y esto nos lleva a la segunda gran aportación de los movimientos de fines de los 60 y los 70.

Conocimiento

Las actividades de los movimientos de aquellas décadas nos pueden enseñar lecciones metodológicas y, sobre todo, epistemológicas importantes. Pero antes de analizarlas, repasemos brevemente por qué las teorías del conocimiento pueden ser pertinentes desde el punto de vista político.

Un partido de izquierdas que colabora estrechamente y establece alianzas mutuamente beneficiosas con iniciativas que persiguen un cambio drástico de la sociedad civil necesita una concepción muy distinta de la que tienen los partidos socialdemócratas tradicionales –y, hasta cierto punto, los comunistas– sobre el papel y el carácter de los miembros del partido, de sus afiliados y simpatizantes. El modelo tradicional se fundamenta en las bases del partido, que votan por él, participan en las campañas, pagan sus cuotas y participan en el debate político sobre los programas definidos de manera centralizada por la dirección de los diversos grupos del partido. Este modelo de partido asume que el mandato electoral proporciona el poder para cambiar la sociedad. No obstante, comprender la importancia de los movimientos y las iniciativas de la sociedad civil implica reconocer que los miembros, los afiliados y los simpatizantes del partido son agentes independientes y experimentados del cambio social en sus propios ámbitos. Un modelo ‘ascendente’ del conocimiento –que comprende las formas prácticas, tácitas y no codificadas de éste– supone que el partido renuncie a su monopolio sobre el liderazgo y el timón de mando.

Los movimientos sociales de los 60 y los 70 rompieron con la visión positivista del conocimiento como algo conformado exclusivamente por leyes científicas. La crítica del positivismo se había iniciado hacía ya tiempo en el mundo académico, pero las instituciones políticas fueron a la zaga. La Guerra Fría había congelado la dicotomía del mercado frente al estado en la cultura política de toda una generación. Y esta dicotomía descansaba sobre el principio filosófico de la falsa polarización entre las posturas positivistas sobre el conocimiento (entendido como una ley científica concentrada en manos de expertos) y las posturas individualistas (conocimiento práctico que pertenece sólo a personas concretas, que actúan individualmente y cuyas decisiones sólo se pueden coordinar mediante el mercado).

En sus métodos de organización –ya fuera en los grupos de sensibilización del movimiento de mujeres o en los comités multisectoriales del movimiento sindicalista radical– los movimientos sociales transformaron su rechazo de las concepciones existentes sobre el conocimiento. Así, valoraban el conocimiento práctico y, a menudo, tácito al que no se podía acceder de forma codificada y escrita, sino que estaba integrado en las habilidades, los sentimientos y actividades creativas de las personas. También demostraron (refutando así el modelo individualista del conocimiento) cómo ese conocimiento práctico se podía compartir, someterse a debate y combinarse con un conocimiento teórico y fruto de la investigación para crear una buena base para la intervención social. De manera implícita, inventaron un modelo de acción social que está en constante fase de experimentación y no tan preestablecido, tolerante frente a la incertidumbre pero abierto también al uso del conocimiento existente si es eficaz.

Estoy resumiendo una lógica de lo que fue, con frecuencia, un proceso desordenado, confuso e ineficaz. Además, en aquel momento se tendía a rechazar de plano las instituciones de la democracia representativa, no sólo por su debilidad, sino también por considerarse obsoletas. Se dieron algunas oportunidades de poner en práctica algunas de estas innovaciones en contextos locales y municipales de varios lugares de Europa –en Gran Bretaña e Italia, por ejemplo–, pero la derecha radical se hizo con el mando antes de que dichas experiencias pudieran madurar.

La historia del Brasil

De hecho, la parte del mundo donde los experimentos de democracia participativa han podido madurar, combinando formas directas y delegadas de democracia con la apertura de formas representativas, ha sido el Sur y, como ya he mencionado, sobre todo en el Brasil. Otros ponentes analizarán el caso brasileño con mayor detalle. En mi opinión, el experimento cultivado en algunas ciudades del Brasil, aunque ahora se tambalea, es de vital importancia para todos los que deseamos implantar una verdadera democracia. La experiencia surgió cuando el Partido de los Trabajadores (Partido dos Trabalhadores o PT) empezó a conseguir sus primeras victorias municipales y se comprometió, de manera casi instintiva, a ‘compartir el poder con los movimientos de los que procedía’, dicho en palabras de Celso Daniel, uno de los primeros alcaldes. El poder descansaba, sobre todo, en las finanzas, de modo que el primer experimento participativo comenzó con la elaboración de los presupuestos y, más concretamente, la asignación de nuevas inversiones (presupuesto participativo, orçamento participativo u OP).

Hay dos características en los orígenes del PT que conforman o apuntalan la idea del OP. En primer lugar, el PT nació con la lucha contra una dictadura y, por ello, reconocía el valor de las instituciones democráticas liberales. Al mismo tiempo, su tradición se enraizaba en movimientos de masas populares de las fábricas, ciudades y el campo que habían sentido la necesidad de disponer de formas participativas de democracia más sólidas. Disponía asimismo de ejemplos de marcos institucionales para dichas formas participativas que funcionaban (por ejemplo, en la Central Única de Trabajadores o CUT y el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra o MST). En segundo lugar, el partido recibió una gran influencia de la teología de la liberación, así como de la teoría y la práctica educativas de Paulo Freire. Eso quería decir que, en la cultura del PT, no sólo se creía en ‘las masas’, sino también en la capacidad de cada individuo y en la posibilidad de que los ciudadanos maximizaran ese potencial mediante el cambio social colectivo. Precisamente por eso, afirmo que la decisión de ‘compartir el poder’ con los movimientos fue casi instintiva; emanaba de la cultura del PT, era uno de los motivos por los que se presentaba a las elecciones y fue por lo que, durante la campaña electoral, se apoyaron ocupaciones por parte de los sin tierra, acciones industriales en las fábricas y ocupaciones de viviendas en las ciudades.

Entre los elementos clave creados por el PT y los movimientos urbanos en el Brasil se incluyen los siguientes:

· Instituciones públicas independientes del gobierno municipal. El gobierno –o, en su defecto, departamentos especiales– promueve estas instituciones y presentan informes ante ellas, pero no participan en sus decisiones. Estas instituciones están abiertas a todo el mundo en la primera fase del ciclo de toma de decisiones y, después, dependen de delegados revocables. Los procesos de dichas instituciones son transparentes y se rigen por normas establecidas, pero evolucionan constantemente a la luz de la experiencia lograda mediante ensayo y error.

· Negociación entre los delegados de estas instituciones participativas y representantes tanto del gobierno como de la asamblea legislativa, en que el ayuntamiento y dicha asamblea tienen, oficialmente, la última palabra, aunque son raras las ocasiones en que modifican el presupuesto surgido mediante el proceso participativo, ya que el proceso goza de una gran credibilidad en la ciudad, y el alcalde y los concejales saldrían perdiendo, desde el punto de vista electoral, si lo cuestionaran seriamente.

Cuatro consecuencias de la participación

En Porto Alegre, cuyo proceso participativo es uno de los ejemplos más citados, quince años de ensayo y error han traído consigo, como mínimo, cuatro consecuencias de gran relevancia que justifican la atención internacional que ha atraído esta modesta y pequeña ciudad.

Transparencia. Uno de los factores clave de la crisis que sufre la democracia es la manera en que poderosos intereses privados (ya sean de empresas locales corruptas o de grandes multinacionales con amplio poder de cabildeo) se han infiltrado en las zonas de sombra que existen entre los políticos elegidos y el aparato estatal. A fines de los 80, en Porto Alegre reinaba la corrupción. Al abrir el proceso ejecutivo a los ciudadanos, el OP puso al descubierto muchas alianzas ocultas de este tipo.

La democracia parlamentaria no se inventó para controlar un gran aparato estatal. Es cierto que ha desarrollado algunos métodos para hacerlo –comisiones investigadoras o investigaciones especiales, por ejemplo–, pero todos estos mecanismos funcionan desde el exterior y, a menudo se inician después de aplicarse determinada medida. Un proceso verdaderamente participativo, en cambio, implica la apertura del proceso ejecutivo a la participación cotidiana de las personas afectadas por las políticas. En el momento en que escribo estas líneas, el proceso político de todo el gobierno del gobierno del Brasil está cayendo en manos de las grandes multinacionales que emplean el cabildeo y redes muy bien financiadas. Este hecho pone de manifiesto a la importancia del proceso participativo en una gran variedad de ámbitos. Por ejemplo, los trabajadores de las grandes empresas que reciben fondos públicos o que ejecutan obras de contratación pública y las comunidades de la zona podrían tener el derecho a supervisar las obras en curso o, al menos, a hacer consultas sobre ellas.

Redistribución. Durante sus quince años de historia, el OP ha llevado a cabo una redistribución notable de recursos de las zonas con mayores ingresos de la ciudad a los barrios más pobres. Esta medida, aplicable a otros contextos, se debe principalmente a que los pobres participan de manera activa en el proceso de asignación de recursos, y a que este proceso valora la toma de decisiones en favor de aquellos que más necesitan de servicios e infraestructuras públicos. Otra cuestión relacionada con este punto se halla en que los impuestos ganan en popularidad entre la clase media. Gracias a un círculo virtuoso, como el proceso de gasto del dinero público se hizo más abierto y legítimo, a los ciudadanos –exceptuando al puñado de familias ricas que siguen siendo propietarias de buena parte de los terrenos de la ciudad– no les importaba tanto tener que pagar impuestos. No sólo podían ver que se destinaba a buenos fines, sino que también podían participar personalmente en asegurarse de que así fuera.
       
Servicios. La eficacia social de los servicios municipales en materia de educación, sanidad, transporte e higiene mejoró proporcionalmente más que en las ciudades sin OP. Los innovadores procesos participativos permitían que el conocimiento práctico ‘personal’ se compartiera, se debatiera y se combinara con el conocimiento técnico, y se integrara en el proceso de adopción de políticas.
 
Mayor poder de negociación con el sector privado. Las inversiones de multinacionales, como las grandes superficies, se estudiaron en el proceso participativo tuvieron que hacer concesiones en cuanto al empleo, el medio ambiente y la protección de los pequeños comercios locales. Al parecer, cuando el gobierno comparte realmente el poder con un proceso independiente de participación popular democrática, se fomenta también el poder general de instituciones públicas democráticas con respecto a las presiones del mercado y de organismos internacionales como, por ejemplo, el Banco Mundial.

En el Brasil, los principales avances en esa búsqueda de mejores formas de democracia se han producido en el nivel municipal, al menos en lo que se refiere a instituciones nuevas y duraderas. Son muchos los que han defendido –de momento infructuosamente– la necesidad de desarrollar y aplicar los mismos principios básicos en el contexto nacional, pero reservemos la historia de esos intentos para otro día. Lo destacable en este caso es que ampliar la participación popular a todo el país no es simplemente una cuestión de buen gobierno, es decir, de destapar los casos de corrupción, cuestionar los imperios burocráticos y mostrarse receptivo ante las verdaderas necesidades de los ciudadanos. Supone asimismo, en palabras de Olívio Dutra cuando era gobernador del estado de Rio Grande do Sul, ‘despertar la conciencia política sobre el poder económico en todos los ámbitos’. De este modo, cuando un gobierno comparte el poder con un proceso participativo popular, se pone en tela de juicio esa concepción ortodoxa que sostiene que las decisiones económicas adoptadas por el gobierno federal u organismos internacionales como el FMI son, siempre y de forma irremediable, inamovibles. Se crea, de hecho, una contrapoder –democrático aunque independiente– a los dirigentes elegidos que, de otro modo, se convierten en prisioneros del poder establecido, experimentado y en ocasiones hostil de instituciones estatales. En el mejor de los casos, ese contrapoder de democracia participativa puede mantener vivo el mandato electoral de los políticos como una presencia continua en los procesos cotidianos del gobierno. En ese sentido, representa una forma de apoyo para que los dirigentes puedan cumplir sus promesas electorales, ya que están respaldados por conexiones democráticas más dinámicas que una simple victoria electoral que, además es objeto de desdén por parte de las instituciones de mercado de las grandes empresas. La participación popular no se puede desestimar con tal facilidad porque puede convertirse en la base de movilizaciones y acciones que los políticos no pueden pasar por alto, y que podrían perjudicar la legitimidad de las instituciones internacionales que socavan el mandato electoral de los gobiernos socialistas. De hecho, puede que en el mundo del mercado global, la democracia participativa se haya convertido en una condición sine qua non de la democracia electoral. Es evidente que la ampliación de la democracia participativa no habría sido la panacea para el gobierno de Lula, pero sí le habría permitido cultivar un terreno fértil a partir del que desarrollar soluciones y estrategias. También habría proporcionado una base con la que emplear la movilización internacional para respaldar la lucha de Lula contra el FMI.

Contrapoder democrático

Hace poco escribí un libro sobre un viaje que me llevó a varios laboratorios donde se experimenta con la democracia participativa, un viaje que ya desde un principio presentía que sería de descubrimiento político. Como punto de partida, tomé mi confianza en la creatividad de la práctica.

La primera idea con la que me topé es que la democracia participativa es una forma de contrapoder democrático. De ésta, se deriva la importancia de replantear la representación política y, con ella, el partido político. Las personas deben ‘hacerse presentes’ de manera mucho más explícita –tomando el significado de representación al pie de la letra– en el control sobre el estado, de modo que el contrapoder que construyan en la sociedad para oponerse a las decisiones de instituciones impunes se traduzca en poder sobre el funcionamiento cotidiano del estado. Finalmente, está la noción de las redes de democracia internacional, que indica que las posibilidades para democratizar el orden internacional están surgiendo fuera de la jerarquía política, a través de una creciente y densa red de conexiones internacionales que se van creando horizontalmente a medida que los diversos contrapoderes se movilizan y esto, a su vez, influye en los partidos políticos nacionales.

Dado el tiempo limitado del que disponemos, en esta ponencia de Barcelona me gustaría analizar con detalle sólo el primer concepto, el del ‘contrapoder democrático’. Pero antes de hacerlo, permítanme que me detenga unos instantes a analizar las dos direcciones que podría tomar la idea de la democracia participativa. Ambas contienen principios importantes, pero sus ideas principales se excluyen mutuamente, lo cual podría comportar cierto riesgo. Por un lado, se encuentra el supuesto de que podemos cambiar el mundo sin actuar en y en contra del estado. Por el otro, se halla la idea de que basta con que los políticos abran con generosidad las instituciones estatales a la participación popular, sin cambiar de manera significativa las relaciones de poder entre el estado y el pueblo.

El primer enfoque centra su atención en el poder que poseen las masas populares –que suelen definirse como ‘sin poder’–, dado que el orden social existente depende de su complicidad. Esto les concede un poder de rechazo, de negarse a reproducir el statu quo y, con él, el poder de transformar las relaciones sociales. Este planteamiento hace hincapié en nuestro poder creativo para construir alternativas, por precarias que sean, en el marco de la sociedad actual; alternativas que ilustran o ejemplifican los valores por los que luchamos para el futuro. El segundo enfoque sobre la participación, impulsado por el estado, resta importancia a las luchas por el control de los recursos públicos y contra las privatizaciones. Esas luchas plantean numerosas cuestiones sobre la autonomía popular y la creación de alternativas que implicarían un control democrático sobre los recursos públicos y, por lo tanto, conllevaría una transformación del estado, tanto de sus jerarquías internas como de su relación con las luchas que se dan en la sociedad.

Desde Bolivia a Uruguay, pasando por Moscú y Berlín, los movimientos que participan en campañas para mantener el carácter público de bienes como, por ejemplo, el agua y el transporte, no suelen dedicarse a defender las instituciones estatales existentes, sino que se están organizando para conservar el control democrático sobre un bien común, y eso implica cierto compromiso con los órganos elegidos del estado. Control estatal no es necesariamente sinónimo de control democrático, pero los organismos políticos pueden colaborar con esas personas –algo que han hecho– y ganarse aliados como parte una estrategia política más amplia para ofrecer protección contra el mercado privado.

En y en contra del estado

La historia de los movimientos sociales radicales de los 70 a los que he aludido al principio de la ponencia demuestra que el contrapoder o la transformación de las relaciones sociales pueden llegar hasta un cierto límite antes de que surjan cuestiones sobre poder político y sobre el cuestionamiento del statu quo en el ámbito de la democracia formal, es decir, del voto y los partidos políticos. Los movimientos radicales de los 70 no estaban movidos por la negación absoluta de la importancia del sufragio universal –un logro alcanzado, al fin y al cabo, tras años de lucha militante en épocas anteriores–, sino más bien por un sentimiento de decepción y rabia por lo frágil que ese sufragio había vuelto como instrumento de control popular y de igualdad política. La solución no consistía en enterrarlo, sino en darle un nuevo impulso y arrebatarlo de las manos del ‘complejo militar-industrial’. En países que habían padecido una dictadura, esto era aún más que cierto, ya que negarse a participar en la política electoral como una estrategia fundamental hubiera supuesto dar la espalda a la lucha por los derechos democráticos básicos. La mayoría de movimientos sociales y populares procuraron, por el contrario, construir sus propias fuentes de poder como una base a partir de la que participar en las instituciones estatales elegidas sin depositar su confianza en ellas.

Con todo esto, intento demostrar que establecer una dicotomía entre ‘el cambio a través de fuentes de poder autónomas y autoorganizadas’ y ‘el cambio mediante la toma del poder del estado’ supone pasar por alto, como si nunca hubieran existido, los últimos treinta años de experimentación con una gran variedad de combinaciones innovadoras entre el poder autoorganizado y las iniciativas intraestatales. Una de las características de estas iniciativas híbridas era el reconocimiento de que el estado no es neutral. A menos que se las cuestione de frente, las instituciones estatales están moldeadas e impulsadas por las relaciones de poder y por la cultura de las sociedades que procuran gobernar, ya sea por una cuestión de clase, género, raza, generación o del propio interés de las jerarquías características de las burocracias estatales. Los únicos casos en que los partidos radicales han tenido un impacto duradero en las instituciones estatales –por el momento, casi exclusivamente en el plano local– se han dado cuando estos partidos han actuado en colaboración con los movimientos que cuestionaban estas relaciones de poder (o como respuesta a ellos), tanto dentro de la sociedad como del estado y en su relación con la población. Los casos de Porto Alegre, Bologna y el ayuntamiento de Londres así lo confirman. El punto clave en este sentido radica en que el carácter alienante del estado no constituye un absoluto universal, sino que las posibilidades de cambio dependen de la correlación de fuerzas entre el poder social y el político, tanto en el seno de los órganos estatales como de la sociedad.

Gran parte de la idea de que es posible ‘cambiar el mundo sin tomar el poder’, como sostiene, por ejemplo, John Holloway, descansa sobre una crítica de la izquierda ‘estadista’ tradicional por su tratamiento del estado como una cosa, separada del resto de la sociedad, que se puede ‘tomar’ para conducir al resto de la sociedad hacia la justicia social. Holloway incide en que el estado está ‘integrado’ en las relaciones sociales capitalistas. Según él, esto apunta a la importancia de la acción por el cambio dentro de esas relaciones sociales. De acuerdo. Pero si las relaciones de la sociedad capitalista son relaciones de lucha, conflicto y posible transformación, y el estado está integrado en ellas, ¿no podría ser que las relaciones sociales del estado, en todas sus variadas y complejas formas, se vieran también impregnadas por esas luchas, conflictos y transformaciones? En otras palabras, ¿por qué estas dinámicas sociales deberían quedarse a las puertas del estado? Pienso sobre todo en países donde los movimientos han conseguido logros en materia de democracia y redistribución; o donde los trabajadores del estado son miembros de sindicatos radicales y de movimientos sociales más amplios; o los lugares donde una minoría de políticos elegidos mantiene su lealtad para con los movimiento sociales democráticos más que para con el estado. En todos estos lugares, ¿no sería posible que la lucha, el conflicto y la transformación surgieran dentro del estado?

Afirmar que el estado está alienado de la sociedad como si se tratara de algún tipo de verdad universal sitúa al estado como algo separado de las luchas que se desarrollan en las relaciones sociales de las que forma parte. Esa postura termina por construir una imagen invertida del error de la izquierda tradicional que pretende atacar. La lucha por las instituciones del estado –por la representación política, por formas participativas en la toma de decisiones públicas, por una administración democrática, etc.– constituyen una de tantas dimensiones de la lucha que, aunque esencial y específica, no es superior a las demás ni lo abarca todo. Abandonar la lucha por el estado y por las instituciones políticas supondría menospreciar la importancia de las luchas del pasado en pro de la democracia. Sin embargo, necesitamos esas nuevas estrategias para la acción y la organización que están naciendo. El principal desafío consiste en inventar e innovar sin perder nuestro sentido de la orientación y objetivos comunes.
 
Participación prefabricada

Todo esto nos lleva hasta la segunda dirección incompleta hacia la que se está llevando la democracia participativa, normalmente por la buena fe de políticos (sobre todo locales) y administradores públicos conscientes de que sus instituciones corren el riesgo de perder la credibilidad ante los ciudadanos. Su solución consiste en ‘abrir’ las puertas de las instituciones a representantes de organizaciones locales, sin que se comparta realmente el poder y sin que se ofrezca un apoyo explícito a esa esfera pública autónoma (que podría negociar con las instituciones estatales, presionarlas y supervisarlas).

Nunca hay una frontera muy clara entre lo que podría llamarse ‘participación controlada por el estado’ y un proceso participativo abierto. Esa es la idea que me asaltó en una conferencia sobre democracia participativa que se celebró en Buenos Aires, en 2004. Estábamos en la sala de actos de una de las escuelas de secundaria de más prestigio de la ciudad. Había muchas cosas que te recordaban que aún se está trabajando para hacer de Argentina una democracia. En la entrada, había una placa en memoria de los estudiantes que se opusieron a la dictadura y de la noche en que el ejército se los llevó y desaparecieron para siempre. Nunca se ha dicho qué fue de ellos. En la tribuna, las madres y abuelas de los desaparecidos describen sus batallas por descubrir qué sucedió con sus hijos y nietos. Consideran que su causa es una lucha para participar en las decisiones del estado. Así que han pasado a la acción directa usando el amplio apoyo del que gozan, han realizado sus propias investigaciones y ya se han puesto en contacto con 79 hijos de los desaparecidos. La conferencia está organizada por el Observatorio de la Democracia Participativa, una red progresista cada vez más amplia de municipios comprometidos con el desarrollo de la teoría y la práctica del gobierno participativo. En una sesión anterior, habíamos oído al alcalde de Buenos Aires y un alto funcionario describiendo con orgullo el nuevo sistema de democracia participativa de la ciudad. Entre los asistentes, había vecinos de la zona, algunos de los cuales eran miembros de lo que quedaba de las asambleas vecinales creadas durante la crisis de 2002-2003. Cargados con la energía de las madres y abuelas de los desaparecidos, los presentes preguntaban: ‘¿cómo participamos? Lo hemos intentado, pero nadie nos escucha’. Otro asistente preguntó: ‘¿cómo nos podemos organizar más allá de nuestro propio barrio?’. Al parecer, las estructuras oficiales de ‘participación’ no estaban arraigadas en la experiencia cotidiana de los ciudadanos activos ni en las formas de organización que ya habían creado ellos mismos de forma autónoma. El funcionario municipal contestó a la defensiva y fue incapaz de reconocer el problema.

Este sería un buen ejemplo de lo que son las buenas intenciones sin que se reconozca que es indispensable cambiar de raíz la mentalidad de los que toman las decisiones municipales, sin que se admita que los ciudadanos y sus organizaciones podrían fomentar la capacidad del municipio para cubrir las necesidades de la población. Ese reconocimiento por parte de los partidos políticos conllevaría realizar un auténtico salto mental, ya que implicaría arriesgarse a compartir el poder –aunque dentro de un marco negociado– con personas y procesos sobre los que el estado no ejercía un control absoluto. Pero sin ese salto, las grandes declaraciones a favor de la democracia participativa son poco más que un ejercicio de relaciones públicas (además, con fecha de caducidad). A pesar de ello, es cierto que ofrecen la posibilidad de que algunos grupos ‘ocupen la retórica’ e intenten convertirla en realidad.

Ahora que ya hemos establecido lo que no es una verdadera participación, volvamos a la idea de la participación como contrapoder (o como algo mejor).

Utilizo la palabra ‘contrapoder’ para describir la multitud de fuentes y ámbitos de poder a través de la que es posible alcanzar la transformación social. Pensemos en las complejas cadenas de dependencia sobre las que se estructura la sociedad; cada una de ellas proporciona la base de un tipo de negociación. Todas las piezas del estado dependen de otras piezas. Las instituciones –desde el gobierno local al Tribunal Penal Internacional– pueden ejercer un contrapoder sobre otras instituciones que se muestran menos receptivas ante las reivindicaciones democráticas o las cuestiones humanitarias. Las grandes empresas dependen de los trabajadores. Puede que sus fondos gocen de libre circulación internacional, pero deben invertir y vender en lugares concretos. También dependen de los gobiernos nacionales, regionales y locales para poder acceder a los mercados, a financiación, a lugares de inversión, etc. Los políticos elegidos dependen de los votantes que, a su vez, pueden presentar sus reivindicaciones, respaldadas por la movilización continuada durante el período que separa a las elecciones. En cada ámbito e institución social existen posibilidades de contrapoder que se pueden organizar para alcanzar la transformación democrática. La lista se está ampliando continuamente a medida que los ciudadanos encuentran nuevas formas de resistencia y alternativas en su vida cotidiana y las hacen colectivas. Esto incluiría desde acciones en torno a determinadas grandes marcas comerciales hasta campañas por el control de los fondos de pensiones, pasando por formas directas de solidaridad internacional personal con pueblos sometidos a una ocupación militar.

Esta concepción de la democracia participativa como un contrapoder rompe con la distinción liberal tradicional entre política y economía. Y es que las instituciones de contrapoder democrático no sólo proporcionan a las instituciones políticas un medio con el que hacer frente a la presión del capital privado, sino que también apuntan maneras en que las instituciones políticas pueden aliarse con las fuerzas económicas a favor de la democracia. Cosas como la colaboración con cooperativas, la economía social en general, los sindicatos, los fondos de pensiones sindicales y públicos pueden contribuir a conformar esa democracia económica más general sin la que la democracia participativa siempre andará coja y se verá amenazada.

Aún más, la noción de contrapoder conlleva entender a los movimientos sociales como generadores de un empuje que va más allá de su aparente objetivo. Los movimientos ecologista o pacifista, por ejemplo, cuando se alían con otros, pueden llegar a ejercer un gran poder sobre la economía y la política. Ambos movimientos plantean cuestiones fundamentales sobre la producción (concepto que incluiría las formas de distribución, consumo, los tipos de mano de mano de obra y de capacidades necesarios, el origen de la financiación y la propiedad) en muchos ámbitos de la economía, como las industrias de defensa, alimentación, residuos, energía y química. Los movimientos sociales y ecologistas llevan la delantera en el desarrollo de modelos alternativos en estas materias. Los últimos movimientos sociales rara vez se han concentrado en ‘una causa única’. Sus exigencias requieren cambios radicales en toda la sociedad y chocan con intereses privados que se opondrán a dichos cambios. De ahí la necesidad de establecer relaciones organizadas con grupos que tienen poder y posibles intereses comunes en cada una de las fases del proceso. Pero eso nos supondría iniciar otro debate …
 
La participación refuerza el voto

A veces se plantea la idea de que la democracia participativa debería convertirse en el pilar de un sistema político totalmente nuevo con el que substituir a la democracia parlamentaria. Sin embargo, eso debilita los argumentos a favor de crear procesos verdaderamente participativos, cuya importancia reside en la doble capacidad de cuestionar los arreglos representativos existentes y, al mismo tiempo, complementarlos. La legitimidad de la democracia representativa deriva de la participación –mínima pero equitativa– de todos los ciudadanos a través del voto, mientras que la legitimidad de la democracia participativa descansa sobre el alto grado de actividad de lo que suele ser una minoría mediante instituciones que sean transparentes, abiertas a todos y funcionen según unas normas establecidas de mutuo acuerdo. Las instituciones representativas, basadas en la fórmula de ‘una persona un voto’ determinan los principios y la dirección general de un gobierno. Digamos que conforman el esqueleto. Su posible radicalidad –el motivo por el que las elites gobernantes siempre han temido el sufragio universal– reside en el hecho de que, formalmente, el voto da poder a unos muchos que pueden desafiar el poder de unos pocos.

Las elites gobernantes de todos los tiempos, independientemente de su nacionalidad, siempre han intentado concebir mecanismos de mediación para, en palabras de un político laborista británico de los 30, desafilar ‘la espada del parlamento contra la propiedad privada’. Y podría decirse que lo han conseguido en gran medida ya que, a menos que la voluntad expresada en el voto periódico se mantenga siempre viva y presente, supervisando y presionando a las instituciones del estado, el poder y la riqueza económica privada permanecen prácticamente intactos. Es precisamente ahí donde entra en escena la democracia participativa, arraigada en una esfera pública autónoma, en sus formas más radicales. La democracia participativa puede servir para supervisar el trabajo del ejecutivo y del aparato estatal. Es capaz de adentrarse allí donde nunca lo harían los políticos, y de llegar a conocer lo que los políticos investigan en contadas ocasiones. De nuevo, su legitimidad depende de la intensidad de la actividad y de la transparencia del proceso. Las instituciones participativas generan expectativas de autoconfianza y eso, a su vez, conduce a ejercer presión –en forma de grupos de cabildeo o campañas– sobre los órganos representativos elegidos, que se encargan de tomar las decisiones finales.

La importancia del proceso

La participación popular permite a los ciudadanos y a los administradores decidir sobre cómo se aplican los amplios compromisos políticos. La manera en que se administran las políticas públicas no es neutral y, por lo tanto, el proceso es de vital importancia.

Tomemos el ejemplo de los residuos. Un enfoque sostenible desde el punto de vista medioambiental, que considera que los residuos son un recurso –la acumulación de energía y materia– es totalmente distinto de un enfoque que opina que los residuos son algo que lo que hay que deshacerse. Para que funcione el primer enfoque, inspirado en la reutilización y el reciclaje, se requiere de una amplia participación popular en el día a día. Este tipo de participación no es un extra y no tiene nada que ver con asistir a reuniones ni participar en comités. Se trata de un enfoque basado en un sistema que debe rendir cuentas a la sociedad –y, por lo tanto, es mejorable– que aboga por que en cada hogar se realice el acto voluntario de separar los residuos. Los mismos principios de procesos democráticos cotidianos se podrían aplicar a la educación, el transporte, los servicios sociales y, de hecho, a todos los servicios públicos. Un proceso de participación popular abierto y autogestionado que se adecue al asunto en cuestión –proponer las prioridades detalladas del presupuesto, por ejemplo, o gestionar una instalación pública– goza de una legitimidad democrática mucho más fuerte que un grupo de funcionarios trabajando a puerta cerrada y, a menudo, cerrando sus propios tratos con determinados grupos sociales e intereses económicos.

Oficialmente, la democracia representativa tiene la última palabra. Pero dado que los representantes intentan ser reelegidos en un sistema multipartidario, han de mostrarse receptivos y sensibles a las propuestas elaboradas por sus electores. La democracia participativa, como complemento del poder electoral, tiene así el potencial de hacer avanzar a las sociedades por el camino que conduce los ideales democráticos de control popular e igualdad política.
 
La democracia liberal siempre ha admitido que las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel importante. Por lo general, se acepta que una sociedad civil sólida mantiene a raya a los representantes elegidos, y lo hace a través de grupos organizados que presionan al gobierno sobre sus causas, a veces mediante partidos políticos y, a veces, mediante grupos de presión independientes. En ocasiones, se atrae a grupos con intereses determinados –sobre todo los sindicatos y la patronal, aunque también, en el contexto local, organizaciones de vecinos o del sector del voluntariado– para establecer acuerdos colectivos con el gobierno, con lo que consiguen un estatus político especial, y el gobierno negocia con ellos las decisiones que afectan a sus intereses. Este tipo de acuerdo, sin embargo, suele minar la credibilidad de ambos grupos, ya que se considera que las organizaciones no gubernamentales están demasiado cerca del gobierno y sólo persiguen sus propios intereses y, por otro lado, se estima que el gobierno favorece a uno o dos grupos frente al resto, o a intereses organizados en detrimento del ‘pueblo’. Uno de los problemas y fallos de la democracia representativa está en que, aunque la sociedad civil ha crecido en tamaño y ha desarrollado estructuras y formas de democracia interna, se ha seguido marginando su impacto sobre el sistema político formal (o se la ha invitado e ignorado, e incluso se la ha usado para proporcionar al sistema formal una legitimidad injustificada). La democracia participativa proporciona una alternativa real –o al menos un buen complemento– al poder surgido mediante elecciones, pues constituye una esfera pública distintiva y organizada en que los ciudadanos pueden articular, desarrollar y discutir sus reivindicaciones y, finalmente, negociarlas también con las instituciones estatales correspondientes.
 
Requisitos para mejorar la participación

Para que la democracia participativa consiga legitimidad y sea capaz de revitalizar la política democrática en su conjunto, deben establecerse ciertas condiciones.
 
En primer lugar, los acuerdos participativos deben tener unas bases abiertas a todo aquel afectado por las decisiones que se tomen, incluso aunque sólo participe una minoría. La apertura no es una mera formalidad, sino que algo sobre lo que se debe trabajar. Puede que no todo el mundo participe directamente, pero cada persona debe estar en contacto con alguien que sí lo haga.

En segundo lugar, es preciso que haya normas adoptadas de común acuerdo y negociadas abiertamente.

Una tercera condición, siempre difícil de mantener, es la autonomía del proceso participativo en relación con el estado. El objetivo final de las instituciones participativas consiste en compartir el poder de la toma de decisiones con el gobierno, ejercer algún control sobre el trabajo de las instituciones estatales y supervisar la puesta en práctica de las decisiones gubernamentales. Pero estas relaciones dependen de la igualdad, por lo que las instituciones participativas deben poseer una vida y dinámica propias, y saber que el organismo elegido respeta ese hecho. En la mayoría de casos actuales, los movimientos populares deben luchar por conseguir un ápice de poder sobre el estado y eso implica, ante todo, desarrollar un poder autónomo propio. Además, dado que nunca pueden confiar ciegamente en el estado, esa autonomía supone, precisamente, un medio imprescindible para protegerse.

En cuarto lugar, los conocimientos se deben compartir. Cuando los usuarios y los empleados de los servicios, por ejemplo, pueden aportar sus conocimientos ‘internos’ para mejorar los servicios, la reforma de los servicios públicos se democratiza, cosa que es esencial para ofrecer alternativas eficaces a las privatizaciones.

Por lo tanto, otra condición básica debe ser que haya recursos reales en juego, recursos que puedan tener consecuencias positivas en la vida de la comunidad. El proceso debe desembocar en resultados, y no ser sólo visto como un ejercicio más de consulta que no lleva a ninguna parte.

Finalmente, no cabe duda de que la viabilidad y legitimidad del proceso participativo se ven enormemente fomentadas por la existencia y victoria electoral de un partido que cree en él. En este sentido, el PT es el pionero en el ámbito municipal, aunque hay partidos influidos por la nueva izquierda de los 70 –como el Partido Verde alemán, facciones del Partido Comunista italiano y el Partido Popular Socialista danés– que han creado experimentos más limitados en ese sentido. Sin embargo, cada vez aparecen más partidos, tanto en Norte como en el Sur, para los que la democracia participativa es un elemento fundamental de su trabajo en las instituciones estatales y con los movimientos sociales y sindicales. Dos buenos ejemplos serían Akbayan en las Filipinas y el Partido Laborista Democrático en Corea del Sur. En Europa, cabe citar como ejemplos innovadores a Rifondazione Comunista en Italia y al Partido Socialista de Escocia. En cierto sentido, estos partidos pueden utilizar su legitimidad electoral para hacer hincapié en la importancia del proceso participativo. Su mensaje viene a decir que, sin la participación activa de las personas, no se podrá cumplir con el programa por el que el partido ha sido votado. Así pues, una vez elegidos, trabajan con los movimientos populares para crear mecanismos de apoyo, colaboración y presión (ésta última, incluso sobre ellos mismos).

Si la democracia participativa gana terreno, las instituciones del gobierno representativo podrían perder parte de su poder a favor de la nueva esfera participativa, aunque ese poder, como hemos visto, ya está en crisis. Los nuevos sistemas de gestión de los recursos públicos, con una combinación de democracia electoral y participativa, suponen una mejora general de la legitimidad democrática y, en consecuencia, de manera potencial, del poder democrático.

Democracia participativa y la importancia de los movimientos sociales

Hilary Wainwright
Transnational Institute

Vengo de un país donde el primer ministro afirma gobernar en nombre del pueblo, aunque acaba de ser elegido con la participación de apenas un 22% del electorado. Puede que Gran Bretaña sea un caso extremo, pero es innegable que las instituciones democráticas de todo el mundo están sumidas en una crisis profunda y que hay un abismo creciente entre las personas y las instituciones que dicen representarlas. Esto nos lleva a concluir que las características que se suponen intrínsecas a una democracia –el sufragio universal, el sistema multipartidista, la ‘prensa libre’, incluso un sistema electoral proporcional– carecen de por sí de la fuerza necesaria para garantizar el poder del pueblo.

En mi opinión, democracia significa igualdad política (es decir, igualdad de derechos para participar en las decisiones políticas) y control popular. El voto no garantiza esa igualdad política y, en los Estados Unidos, podemos ver que algunas personas son más iguales que otras y que, de hecho, el poder se compra con dinero. El voto tampoco asegura el control popular porque las instituciones de los partidos y del aparato estatal siempre han contado con todo tipo de mecanismos sofisticados para bloquear o reducir a la nada las reivindicaciones y los deseos del pueblo. De modo que se ha iniciado la búsqueda de sistemas de refuerzo del voto, no para substituirlo, sino para consolidar sus raíces y convertirlo en un verdadero instrumento de poder popular y conseguir que la democracia, por fin, sea una realidad. Es precisamente en este marco en el que cabe encuadrar la democracia participativa en sus diversas manifestaciones locales.

Cuando abordamos un concepto tan amplio como ‘democracia participativa’, remontarnos a su origen puede ayudarnos a aclarar sus posibilidades. En el Norte, los primeros indicios de democracia participativa se insinuaron en los movimientos surgidos a fines de los 60 y los 70 –sobre todo los de mujeres, estudiantes y el sindicalismo radical– como respuesta al carácter endeble e ineficaz de la democracia electoral. Estos movimientos sociales rompedores fueron fruto de una experiencia histórica muy concreta. Aunque, en muchos sentidos, los movimientos en sí sufrieron una derrota, algunas de sus ideas han pervivido y hoy se enlazan de una forma muy directa con nuevos modelos participativos del Sur, principalmente de América Latina y, más concretamente, del Brasil.

Los movimientos radicales del Norte surgieron a raíz de la búsqueda de formas auténticas de control popular y de igualdad política. Sus luchas introdujeron dos cuestiones innovadoras cuya importancia sobrepasa las inquietudes específicas de aquellos movimientos (temas de género, condiciones laborales, política estudiantil, medio ambiente) y que adquieren plena vigencia ahora, en un momento en que trabajamos con empeño para crear una auténtica democracia en el siglo XXI. La primera cuestión innovadora a la que me refiero está relacionada con el poder y, la segunda, con el conocimiento.

Poder

La generación británica que creció con el estado del bienestar y el boom de la postguerra albergaba grandes expectativas que, muy pronto, se toparon de frente con los muros políticos de la ‘democracia’ de elite. Esa vacua democracia consistía en elegir entre dos equipos distintos que administraran el statu quo. En los lugares de trabajo, por ejemplo, el supuesto de la igualdad de derechos chocaba con el autoritarismo/paternalismo que profesaba la administración de los sectores público y privado para con ‘su’ fuerza de trabajo. Mientras tanto, las mujeres hacían uso de una nueva confianza social en sí mismas para intentar romper los lazos de subordinación que seguían inundando una cultura en que, oficialmente, se suponía que las mujeres ya eran iguales.

Los partidos parlamentarios tradicionales de la izquierda no ofrecían una alternativa clara para hacer frente a estos nuevos desafíos. Las instituciones elegidas eran débiles; demasiado como para controlar el creciente aparato estatal que, a su vez, era demasiado débil para enfrentarse al poder naciente de las grandes empresas que, por lo general, contaban con fuertes aliados dentro el estado (el ‘complejo militar-industrial’ descrito por C. Wright Mills). Y aún más importante, el poder formal de las instituciones políticas existentes quedaba muy lejos de esa negación sistemática con la que se recibían los deseos de democracia en los lugares de trabajo, los servicios públicos, la comunidad y el hogar. Así, la gente empezó a buscar maneras de crear el poder necesario para cumplir esos deseos usando la acción colectiva y directa en sus vidas cotidianas. Los trabajadores aprovecharon la dependencia que tenía la patronal de su trabajo para conseguir la fuente del poder a negarse y, a partir ahí, pudieron controlar el ritmo y las condiciones laborales, llegaron incluso a desarrollar planes alternativos de producción (qué se fabrica y en qué condiciones). Por lo tanto, lo que empezó como una respuesta innovadora a determinados problemas de aquellos momentos nos brinda un posible recurso para crear una democracia de forma más general.

Tradicionalmente, las grandes empresas han chantajeado a los gobiernos, han minado la capacidad de éstos para cumplir un mandato democrático –y, por lo tanto, han debilitado los mecanismos de control popular– aduciendo que la viabilidad de la economía productiva depende del mercado privado. Los experimentos radicales de las organizaciones obreras durante los 60 y los 70 demuestran que es posible hacer frente a dicho chantaje desde dentro del proceso productivo. Es cierto que la clase obrera, si no es a través del estado, carece de acceso al capital. En teoría, las empresas pueden jugar la carta de la huelga de inversiones. Sin embargo, esas empresas tienen que invertir en algún sitio. El hecho de que los trabajadores reivindiquen sus propios planes para la industria y los servicios, y estén dispuestos a negociar sobre éstos ayuda, sin duda, a cuestionar esa ‘verdad’ según la cual los gobiernos no tienen otra salida que acudir al sector privado cuando se necesitan conocimientos económicos y capacidad productiva. Este poder en los centros de trabajo ofrece también un antídoto contra las grandes empresas que presionan a favor de las privatizaciones y se presentan como la fuente omnisapiente de la eficiencia. Fuentes alternativas de conocimiento, que emanan de los sindicatos de trabajadores de primera línea (o de usuarios de servicios), por ejemplo, y que detallan, desde dentro, cómo mejorar los servicios públicos, representan una poderosa contrafuerza al chantaje del sector privado y su autoproclamada indispensabilidad.

La lógica del movimiento de mujeres también se basó en la resistencia desde dentro de la sociedad más que en delegar el poder de intervención a representantes políticos, en este caso en las estructuras de poder masculino y estatal. Se organizaron centros de mujeres en numerosos lugares. En los centros de trabajo, las mujeres usaron la huelga con el fin de alcanzar la igualdad salarial; en el sector de servicios, cuestionaron la actitud paternalista de los profesionales con respecto a los usuarios de dichos servicios, especialmente en el caso de las mujeres. En todos estos ámbitos, las mujeres iban mucho más allá de lo que hubieran soñado hacer el gobierno o los ayuntamientos. Sus iniciativas reflejaban una nueva fuente de poder con la que presionar a los organismos estatales para que éstos apoyaran a las mujeres que se estaban movilizando y colaboraran con ellas.

Lo más importante de estas fuentes de poder es que residían en la sociedad, no en el gobierno, aunque necesitaran del apoyo de éste para que sus reivindicaciones se materializaran y perduraran. En aquella época, se sostenía que los partidos políticos radicales deberían aliarse con estas iniciativas sociales, aunando fuerzas para conseguir los cambios que afirmaban defender. La izquierda suele encontrarse con un problema bien conocido: cuando los gobiernos de izquierda ganan las elecciones con programas radicales, casi siempre acaban rindiéndose a las fuerzas del sector privado. La gente culpa a los dirigentes políticos acusándolos de ‘falta de voluntad’ y de ‘traición’ o bien a los dirigentes sindicales por no ejercer suficiente presión. En ocasiones, comparan los compromisos de los gobiernos de izquierda con el tremendo descaro de un gobierno de derechas. Pero una de las razones por las que esos gobiernos de derechas pueden ser –hablando en sus términos– más eficaces está en que tienen de su lado –trabajando para ellos y con ellos– a toda una serie de poderosos agentes que trabajan dentro de la sociedad y fuera del gobierno. Me refiero a parte de los medios de comunicación, a las instituciones financieras, y a algunos altos cargos del funcionariado y del poder judicial. Evidentemente, siempre hay excepciones que confirman la regla. En Gran Bretaña, los encargados de la Seguridad Social se opusieron a la privatización de los servicios sanitarios y, muy discretamente, en su trabajo cotidiano, sabotearon todos los intentos para imponerla. Como resultado, Margaret Thatcher, dueña y señora en cualquier otro ámbito, tuvo que echarse atrás. Pero normalmente, las fuentes de poder cultural y económico de la sociedad suelen acompañar a la victoria electoral de la derecha, brindando un impulso añadido a esos gobiernos. No se hace de manera explícita, sino ‘de forma natural’, entre bastidores.

Incapaces de afrontar las poderosas tendencias reaccionarias que subyacen en la sociedad capitalista existente –las instituciones estatales incluidas–, los partidos socialdemócratas de la izquierda han tendido a dar por sentado que, una vez alcanzada la mayoría electoral, podrían conducir ‘la maquinaria del estado’ en la dirección deseada. Sin embargo, una victoria electoral sólo se traducirá en cambios reales cuando los movimientos y organizaciones democráticos de la sociedad ya estén ejerciendo todo tipo de poder económico, social y cultural para alcanzar dichos cambios siguiendo una dirección común –o, al menos, complementaria– a la del gobierno elegido.

Y esto nos lleva a la segunda gran aportación de los movimientos de fines de los 60 y los 70.

Conocimiento

Las actividades de los movimientos de aquellas décadas nos pueden enseñar lecciones metodológicas y, sobre todo, epistemológicas importantes. Pero antes de analizarlas, repasemos brevemente por qué las teorías del conocimiento pueden ser pertinentes desde el punto de vista político.

Un partido de izquierdas que colabora estrechamente y establece alianzas mutuamente beneficiosas con iniciativas que persiguen un cambio drástico de la sociedad civil necesita una concepción muy distinta de la que tienen los partidos socialdemócratas tradicionales –y, hasta cierto punto, los comunistas– sobre el papel y el carácter de los miembros del partido, de sus afiliados y simpatizantes. El modelo tradicional se fundamenta en las bases del partido, que votan por él, participan en las campañas, pagan sus cuotas y participan en el debate político sobre los programas definidos de manera centralizada por la dirección de los diversos grupos del partido. Este modelo de partido asume que el mandato electoral proporciona el poder para cambiar la sociedad. No obstante, comprender la importancia de los movimientos y las iniciativas de la sociedad civil implica reconocer que los miembros, los afiliados y los simpatizantes del partido son agentes independientes y experimentados del cambio social en sus propios ámbitos. Un modelo ‘ascendente’ del conocimiento –que comprende las formas prácticas, tácitas y no codificadas de éste– supone que el partido renuncie a su monopolio sobre el liderazgo y el timón de mando.

Los movimientos sociales de los 60 y los 70 rompieron con la visión positivista del conocimiento como algo conformado exclusivamente por leyes científicas. La crítica del positivismo se había iniciado hacía ya tiempo en el mundo académico, pero las instituciones políticas fueron a la zaga. La Guerra Fría había congelado la dicotomía del mercado frente al estado en la cultura política de toda una generación. Y esta dicotomía descansaba sobre el principio filosófico de la falsa polarización entre las posturas positivistas sobre el conocimiento (entendido como una ley científica concentrada en manos de expertos) y las posturas individualistas (conocimiento práctico que pertenece sólo a personas concretas, que actúan individualmente y cuyas decisiones sólo se pueden coordinar mediante el mercado).

En sus métodos de organización –ya fuera en los grupos de sensibilización del movimiento de mujeres o en los comités multisectoriales del movimiento sindicalista radical– los movimientos sociales transformaron su rechazo de las concepciones existentes sobre el conocimiento. Así, valoraban el conocimiento práctico y, a menudo, tácito al que no se podía acceder de forma codificada y escrita, sino que estaba integrado en las habilidades, los sentimientos y actividades creativas de las personas. También demostraron (refutando así el modelo individualista del conocimiento) cómo ese conocimiento práctico se podía compartir, someterse a debate y combinarse con un conocimiento teórico y fruto de la investigación para crear una buena base para la intervención social. De manera implícita, inventaron un modelo de acción social que está en constante fase de experimentación y no tan preestablecido, tolerante frente a la incertidumbre pero abierto también al uso del conocimiento existente si es eficaz.

Estoy resumiendo una lógica de lo que fue, con frecuencia, un proceso desordenado, confuso e ineficaz. Además, en aquel momento se tendía a rechazar de plano las instituciones de la democracia representativa, no sólo por su debilidad, sino también por considerarse obsoletas. Se dieron algunas oportunidades de poner en práctica algunas de estas innovaciones en contextos locales y municipales de varios lugares de Europa –en Gran Bretaña e Italia, por ejemplo–, pero la derecha radical se hizo con el mando antes de que dichas experiencias pudieran madurar.

La historia del Brasil

De hecho, la parte del mundo donde los experimentos de democracia participativa han podido madurar, combinando formas directas y delegadas de democracia con la apertura de formas representativas, ha sido el Sur y, como ya he mencionado, sobre todo en el Brasil. Otros ponentes analizarán el caso brasileño con mayor detalle. En mi opinión, el experimento cultivado en algunas ciudades del Brasil, aunque ahora se tambalea, es de vital importancia para todos los que deseamos implantar una verdadera democracia. La experiencia surgió cuando el Partido de los Trabajadores (Partido dos Trabalhadores o PT) empezó a conseguir sus primeras victorias municipales y se comprometió, de manera casi instintiva, a ‘compartir el poder con los movimientos de los que procedía’, dicho en palabras de Celso Daniel, uno de los primeros alcaldes. El poder descansaba, sobre todo, en las finanzas, de modo que el primer experimento participativo comenzó con la elaboración de los presupuestos y, más concretamente, la asignación de nuevas inversiones (presupuesto participativo, orçamento participativo u OP).

Hay dos características en los orígenes del PT que conforman o apuntalan la idea del OP. En primer lugar, el PT nació con la lucha contra una dictadura y, por ello, reconocía el valor de las instituciones democráticas liberales. Al mismo tiempo, su tradición se enraizaba en movimientos de masas populares de las fábricas, ciudades y el campo que habían sentido la necesidad de disponer de formas participativas de democracia más sólidas. Disponía asimismo de ejemplos de marcos institucionales para dichas formas participativas que funcionaban (por ejemplo, en la Central Única de Trabajadores o CUT y el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra o MST). En segundo lugar, el partido recibió una gran influencia de la teología de la liberación, así como de la teoría y la práctica educativas de Paulo Freire. Eso quería decir que, en la cultura del PT, no sólo se creía en ‘las masas’, sino también en la capacidad de cada individuo y en la posibilidad de que los ciudadanos maximizaran ese potencial mediante el cambio social colectivo. Precisamente por eso, afirmo que la decisión de ‘compartir el poder’ con los movimientos fue casi instintiva; emanaba de la cultura del PT, era uno de los motivos por los que se presentaba a las elecciones y fue por lo que, durante la campaña electoral, se apoyaron ocupaciones por parte de los sin tierra, acciones industriales en las fábricas y ocupaciones de viviendas en las ciudades.

Entre los elementos clave creados por el PT y los movimientos urbanos en el Brasil se incluyen los siguientes:

· Instituciones públicas independientes del gobierno municipal. El gobierno –o, en su defecto, departamentos especiales– promueve estas instituciones y presentan informes ante ellas, pero no participan en sus decisiones. Estas instituciones están abiertas a todo el mundo en la primera fase del ciclo de toma de decisiones y, después, dependen de delegados revocables. Los procesos de dichas instituciones son transparentes y se rigen por normas establecidas, pero evolucionan constantemente a la luz de la experiencia lograda mediante ensayo y error.

· Negociación entre los delegados de estas instituciones participativas y representantes tanto del gobierno como de la asamblea legislativa, en que el ayuntamiento y dicha asamblea tienen, oficialmente, la última palabra, aunque son raras las ocasiones en que modifican el presupuesto surgido mediante el proceso participativo, ya que el proceso goza de una gran credibilidad en la ciudad, y el alcalde y los concejales saldrían perdiendo, desde el punto de vista electoral, si lo cuestionaran seriamente.

Cuatro consecuencias de la participación

En Porto Alegre, cuyo proceso participativo es uno de los ejemplos más citados, quince años de ensayo y error han traído consigo, como mínimo, cuatro consecuencias de gran relevancia que justifican la atención internacional que ha atraído esta modesta y pequeña ciudad.

Transparencia. Uno de los factores clave de la crisis que sufre la democracia es la manera en que poderosos intereses privados (ya sean de empresas locales corruptas o de grandes multinacionales con amplio poder de cabildeo) se han infiltrado en las zonas de sombra que existen entre los políticos elegidos y el aparato estatal. A fines de los 80, en Porto Alegre reinaba la corrupción. Al abrir el proceso ejecutivo a los ciudadanos, el OP puso al descubierto muchas alianzas ocultas de este tipo.

La democracia parlamentaria no se inventó para controlar un gran aparato estatal. Es cierto que ha desarrollado algunos métodos para hacerlo –comisiones investigadoras o investigaciones especiales, por ejemplo–, pero todos estos mecanismos funcionan desde el exterior y, a menudo se inician después de aplicarse determinada medida. Un proceso verdaderamente participativo, en cambio, implica la apertura del proceso ejecutivo a la participación cotidiana de las personas afectadas por las políticas. En el momento en que escribo estas líneas, el proceso político de todo el gobierno del gobierno del Brasil está cayendo en manos de las grandes multinacionales que emplean el cabildeo y redes muy bien financiadas. Este hecho pone de manifiesto a la importancia del proceso participativo en una gran variedad de ámbitos. Por ejemplo, los trabajadores de las grandes empresas que reciben fondos públicos o que ejecutan obras de contratación pública y las comunidades de la zona podrían tener el derecho a supervisar las obras en curso o, al menos, a hacer consultas sobre ellas.

Redistribución. Durante sus quince años de historia, el OP ha llevado a cabo una redistribución notable de recursos de las zonas con mayores ingresos de la ciudad a los barrios más pobres. Esta medida, aplicable a otros contextos, se debe principalmente a que los pobres participan de manera activa en el proceso de asignación de recursos, y a que este proceso valora la toma de decisiones en favor de aquellos que más necesitan de servicios e infraestructuras públicos. Otra cuestión relacionada con este punto se halla en que los impuestos ganan en popularidad entre la clase media. Gracias a un círculo virtuoso, como el proceso de gasto del dinero público se hizo más abierto y legítimo, a los ciudadanos –exceptuando al puñado de familias ricas que siguen siendo propietarias de buena parte de los terrenos de la ciudad– no les importaba tanto tener que pagar impuestos. No sólo podían ver que se destinaba a buenos fines, sino que también podían participar personalmente en asegurarse de que así fuera.
       
Servicios. La eficacia social de los servicios municipales en materia de educación, sanidad, transporte e higiene mejoró proporcionalmente más que en las ciudades sin OP. Los innovadores procesos participativos permitían que el conocimiento práctico ‘personal’ se compartiera, se debatiera y se combinara con el conocimiento técnico, y se integrara en el proceso de adopción de políticas.
 
Mayor poder de negociación con el sector privado. Las inversiones de multinacionales, como las grandes superficies, se estudiaron en el proceso participativo tuvieron que hacer concesiones en cuanto al empleo, el medio ambiente y la protección de los pequeños comercios locales. Al parecer, cuando el gobierno comparte realmente el poder con un proceso independiente de participación popular democrática, se fomenta también el poder general de instituciones públicas democráticas con respecto a las presiones del mercado y de organismos internacionales como, por ejemplo, el Banco Mundial.

En el Brasil, los principales avances en esa búsqueda de mejores formas de democracia se han producido en el nivel municipal, al menos en lo que se refiere a instituciones nuevas y duraderas. Son muchos los que han defendido –de momento infructuosamente– la necesidad de desarrollar y aplicar los mismos principios básicos en el contexto nacional, pero reservemos la historia de esos intentos para otro día. Lo destacable en este caso es que ampliar la participación popular a todo el país no es simplemente una cuestión de buen gobierno, es decir, de destapar los casos de corrupción, cuestionar los imperios burocráticos y mostrarse receptivo ante las verdaderas necesidades de los ciudadanos. Supone asimismo, en palabras de Olívio Dutra cuando era gobernador del estado de Rio Grande do Sul, ‘despertar la conciencia política sobre el poder económico en todos los ámbitos’. De este modo, cuando un gobierno comparte el poder con un proceso participativo popular, se pone en tela de juicio esa concepción ortodoxa que sostiene que las decisiones económicas adoptadas por el gobierno federal u organismos internacionales como el FMI son, siempre y de forma irremediable, inamovibles. Se crea, de hecho, una contrapoder –democrático aunque independiente– a los dirigentes elegidos que, de otro modo, se convierten en prisioneros del poder establecido, experimentado y en ocasiones hostil de instituciones estatales. En el mejor de los casos, ese contrapoder de democracia participativa puede mantener vivo el mandato electoral de los políticos como una presencia continua en los procesos cotidianos del gobierno. En ese sentido, representa una forma de apoyo para que los dirigentes puedan cumplir sus promesas electorales, ya que están respaldados por conexiones democráticas más dinámicas que una simple victoria electoral que, además es objeto de desdén por parte de las instituciones de mercado de las grandes empresas. La participación popular no se puede desestimar con tal facilidad porque puede convertirse en la base de movilizaciones y acciones que los políticos no pueden pasar por alto, y que podrían perjudicar la legitimidad de las instituciones internacionales que socavan el mandato electoral de los gobiernos socialistas. De hecho, puede que en el mundo del mercado global, la democracia participativa se haya convertido en una condición sine qua non de la democracia electoral. Es evidente que la ampliación de la democracia participativa no habría sido la panacea para el gobierno de Lula, pero sí le habría permitido cultivar un terreno fértil a partir del que desarrollar soluciones y estrategias. También habría proporcionado una base con la que emplear la movilización internacional para respaldar la lucha de Lula contra el FMI.

Contrapoder democrático

Hace poco escribí un libro sobre un viaje que me llevó a varios laboratorios donde se experimenta con la democracia participativa, un viaje que ya desde un principio presentía que sería de descubrimiento político. Como punto de partida, tomé mi confianza en la creatividad de la práctica.

La primera idea con la que me topé es que la democracia participativa es una forma de contrapoder democrático. De ésta, se deriva la importancia de replantear la representación política y, con ella, el partido político. Las personas deben ‘hacerse presentes’ de manera mucho más explícita –tomando el significado de representación al pie de la letra– en el control sobre el estado, de modo que el contrapoder que construyan en la sociedad para oponerse a las decisiones de instituciones impunes se traduzca en poder sobre el funcionamiento cotidiano del estado. Finalmente, está la noción de las redes de democracia internacional, que indica que las posibilidades para democratizar el orden internacional están surgiendo fuera de la jerarquía política, a través de una creciente y densa red de conexiones internacionales que se van creando horizontalmente a medida que los diversos contrapoderes se movilizan y esto, a su vez, influye en los partidos políticos nacionales.

Dado el tiempo limitado del que disponemos, en esta ponencia de Barcelona me gustaría analizar con detalle sólo el primer concepto, el del ‘contrapoder democrático’. Pero antes de hacerlo, permítanme que me detenga unos instantes a analizar las dos direcciones que podría tomar la idea de la democracia participativa. Ambas contienen principios importantes, pero sus ideas principales se excluyen mutuamente, lo cual podría comportar cierto riesgo. Por un lado, se encuentra el supuesto de que podemos cambiar el mundo sin actuar en y en contra del estado. Por el otro, se halla la idea de que basta con que los políticos abran con generosidad las instituciones estatales a la participación popular, sin cambiar de manera significativa las relaciones de poder entre el estado y el pueblo.

El primer enfoque centra su atención en el poder que poseen las masas populares –que suelen definirse como ‘sin poder’–, dado que el orden social existente depende de su complicidad. Esto les concede un poder de rechazo, de negarse a reproducir el statu quo y, con él, el poder de transformar las relaciones sociales. Este planteamiento hace hincapié en nuestro poder creativo para construir alternativas, por precarias que sean, en el marco de la sociedad actual; alternativas que ilustran o ejemplifican los valores por los que luchamos para el futuro. El segundo enfoque sobre la participación, impulsado por el estado, resta importancia a las luchas por el control de los recursos públicos y contra las privatizaciones. Esas luchas plantean numerosas cuestiones sobre la autonomía popular y la creación de alternativas que implicarían un control democrático sobre los recursos públicos y, por lo tanto, conllevaría una transformación del estado, tanto de sus jerarquías internas como de su relación con las luchas que se dan en la sociedad.

Desde Bolivia a Uruguay, pasando por Moscú y Berlín, los movimientos que participan en campañas para mantener el carácter público de bienes como, por ejemplo, el agua y el transporte, no suelen dedicarse a defender las instituciones estatales existentes, sino que se están organizando para conservar el control democrático sobre un bien común, y eso implica cierto compromiso con los órganos elegidos del estado. Control estatal no es necesariamente sinónimo de control democrático, pero los organismos políticos pueden colaborar con esas personas –algo que han hecho– y ganarse aliados como parte una estrategia política más amplia para ofrecer protección contra el mercado privado.

En y en contra del estado

La historia de los movimientos sociales radicales de los 70 a los que he aludido al principio de la ponencia demuestra que el contrapoder o la transformación de las relaciones sociales pueden llegar hasta un cierto límite antes de que surjan cuestiones sobre poder político y sobre el cuestionamiento del statu quo en el ámbito de la democracia formal, es decir, del voto y los partidos políticos. Los movimientos radicales de los 70 no estaban movidos por la negación absoluta de la importancia del sufragio universal –un logro alcanzado, al fin y al cabo, tras años de lucha militante en épocas anteriores–, sino más bien por un sentimiento de decepción y rabia por lo frágil que ese sufragio había vuelto como instrumento de control popular y de igualdad política. La solución no consistía en enterrarlo, sino en darle un nuevo impulso y arrebatarlo de las manos del ‘complejo militar-industrial’. En países que habían padecido una dictadura, esto era aún más que cierto, ya que negarse a participar en la política electoral como una estrategia fundamental hubiera supuesto dar la espalda a la lucha por los derechos democráticos básicos. La mayoría de movimientos sociales y populares procuraron, por el contrario, construir sus propias fuentes de poder como una base a partir de la que participar en las instituciones estatales elegidas sin depositar su confianza en ellas.

Con todo esto, intento demostrar que establecer una dicotomía entre ‘el cambio a través de fuentes de poder autónomas y autoorganizadas’ y ‘el cambio mediante la toma del poder del estado’ supone pasar por alto, como si nunca hubieran existido, los últimos treinta años de experimentación con una gran variedad de combinaciones innovadoras entre el poder autoorganizado y las iniciativas intraestatales. Una de las características de estas iniciativas híbridas era el reconocimiento de que el estado no es neutral. A menos que se las cuestione de frente, las instituciones estatales están moldeadas e impulsadas por las relaciones de poder y por la cultura de las sociedades que procuran gobernar, ya sea por una cuestión de clase, género, raza, generación o del propio interés de las jerarquías características de las burocracias estatales. Los únicos casos en que los partidos radicales han tenido un impacto duradero en las instituciones estatales –por el momento, casi exclusivamente en el plano local– se han dado cuando estos partidos han actuado en colaboración con los movimientos que cuestionaban estas relaciones de poder (o como respuesta a ellos), tanto dentro de la sociedad como del estado y en su relación con la población. Los casos de Porto Alegre, Bologna y el ayuntamiento de Londres así lo confirman. El punto clave en este sentido radica en que el carácter alienante del estado no constituye un absoluto universal, sino que las posibilidades de cambio dependen de la correlación de fuerzas entre el poder social y el político, tanto en el seno de los órganos estatales como de la sociedad.

Gran parte de la idea de que es posible ‘cambiar el mundo sin tomar el poder’, como sostiene, por ejemplo, John Holloway, descansa sobre una crítica de la izquierda ‘estadista’ tradicional por su tratamiento del estado como una cosa, separada del resto de la sociedad, que se puede ‘tomar’ para conducir al resto de la sociedad hacia la justicia social. Holloway incide en que el estado está ‘integrado’ en las relaciones sociales capitalistas. Según él, esto apunta a la importancia de la acción por el cambio dentro de esas relaciones sociales. De acuerdo. Pero si las relaciones de la sociedad capitalista son relaciones de lucha, conflicto y posible transformación, y el estado está integrado en ellas, ¿no podría ser que las relaciones sociales del estado, en todas sus variadas y complejas formas, se vieran también impregnadas por esas luchas, conflictos y transformaciones? En otras palabras, ¿por qué estas dinámicas sociales deberían quedarse a las puertas del estado? Pienso sobre todo en países donde los movimientos han conseguido logros en materia de democracia y redistribución; o donde los trabajadores del estado son miembros de sindicatos radicales y de movimientos sociales más amplios; o los lugares donde una minoría de políticos elegidos mantiene su lealtad para con los movimiento sociales democráticos más que para con el estado. En todos estos lugares, ¿no sería posible que la lucha, el conflicto y la transformación surgieran dentro del estado?

Afirmar que el estado está alienado de la sociedad como si se tratara de algún tipo de verdad universal sitúa al estado como algo separado de las luchas que se desarrollan en las relaciones sociales de las que forma parte. Esa postura termina por construir una imagen invertida del error de la izquierda tradicional que pretende atacar. La lucha por las instituciones del estado –por la representación política, por formas participativas en la toma de decisiones públicas, por una administración democrática, etc.– constituyen una de tantas dimensiones de la lucha que, aunque esencial y específica, no es superior a las demás ni lo abarca todo. Abandonar la lucha por el estado y por las instituciones políticas supondría menospreciar la importancia de las luchas del pasado en pro de la democracia. Sin embargo, necesitamos esas nuevas estrategias para la acción y la organización que están naciendo. El principal desafío consiste en inventar e innovar sin perder nuestro sentido de la orientación y objetivos comunes.
 
Participación prefabricada

Todo esto nos lleva hasta la segunda dirección incompleta hacia la que se está llevando la democracia participativa, normalmente por la buena fe de políticos (sobre todo locales) y administradores públicos conscientes de que sus instituciones corren el riesgo de perder la credibilidad ante los ciudadanos. Su solución consiste en ‘abrir’ las puertas de las instituciones a representantes de organizaciones locales, sin que se comparta realmente el poder y sin que se ofrezca un apoyo explícito a esa esfera pública autónoma (que podría negociar con las instituciones estatales, presionarlas y supervisarlas).

Nunca hay una frontera muy clara entre lo que podría llamarse ‘participación controlada por el estado’ y un proceso participativo abierto. Esa es la idea que me asaltó en una conferencia sobre democracia participativa que se celebró en Buenos Aires, en 2004. Estábamos en la sala de actos de una de las escuelas de secundaria de más prestigio de la ciudad. Había muchas cosas que te recordaban que aún se está trabajando para hacer de Argentina una democracia. En la entrada, había una placa en memoria de los estudiantes que se opusieron a la dictadura y de la noche en que el ejército se los llevó y desaparecieron para siempre. Nunca se ha dicho qué fue de ellos. En la tribuna, las madres y abuelas de los desaparecidos describen sus batallas por descubrir qué sucedió con sus hijos y nietos. Consideran que su causa es una lucha para participar en las decisiones del estado. Así que han pasado a la acción directa usando el amplio apoyo del que gozan, han realizado sus propias investigaciones y ya se han puesto en contacto con 79 hijos de los desaparecidos. La conferencia está organizada por el Observatorio de la Democracia Participativa, una red progresista cada vez más amplia de municipios comprometidos con el desarrollo de la teoría y la práctica del gobierno participativo. En una sesión anterior, habíamos oído al alcalde de Buenos Aires y un alto funcionario describiendo con orgullo el nuevo sistema de democracia participativa de la ciudad. Entre los asistentes, había vecinos de la zona, algunos de los cuales eran miembros de lo que quedaba de las asambleas vecinales creadas durante la crisis de 2002-2003. Cargados con la energía de las madres y abuelas de los desaparecidos, los presentes preguntaban: ‘¿cómo participamos? Lo hemos intentado, pero nadie nos escucha’. Otro asistente preguntó: ‘¿cómo nos podemos organizar más allá de nuestro propio barrio?’. Al parecer, las estructuras oficiales de ‘participación’ no estaban arraigadas en la experiencia cotidiana de los ciudadanos activos ni en las formas de organización que ya habían creado ellos mismos de forma autónoma. El funcionario municipal contestó a la defensiva y fue incapaz de reconocer el problema.

Este sería un buen ejemplo de lo que son las buenas intenciones sin que se reconozca que es indispensable cambiar de raíz la mentalidad de los que toman las decisiones municipales, sin que se admita que los ciudadanos y sus organizaciones podrían fomentar la capacidad del municipio para cubrir las necesidades de la población. Ese reconocimiento por parte de los partidos políticos conllevaría realizar un auténtico salto mental, ya que implicaría arriesgarse a compartir el poder –aunque dentro de un marco negociado– con personas y procesos sobre los que el estado no ejercía un control absoluto. Pero sin ese salto, las grandes declaraciones a favor de la democracia participativa son poco más que un ejercicio de relaciones públicas (además, con fecha de caducidad). A pesar de ello, es cierto que ofrecen la posibilidad de que algunos grupos ‘ocupen la retórica’ e intenten convertirla en realidad.

Ahora que ya hemos establecido lo que no es una verdadera participación, volvamos a la idea de la participación como contrapoder (o como algo mejor).

Utilizo la palabra ‘contrapoder’ para describir la multitud de fuentes y ámbitos de poder a través de la que es posible alcanzar la transformación social. Pensemos en las complejas cadenas de dependencia sobre las que se estructura la sociedad; cada una de ellas proporciona la base de un tipo de negociación. Todas las piezas del estado dependen de otras piezas. Las instituciones –desde el gobierno local al Tribunal Penal Internacional– pueden ejercer un contrapoder sobre otras instituciones que se muestran menos receptivas ante las reivindicaciones democráticas o las cuestiones humanitarias. Las grandes empresas dependen de los trabajadores. Puede que sus fondos gocen de libre circulación internacional, pero deben invertir y vender en lugares concretos. También dependen de los gobiernos nacionales, regionales y locales para poder acceder a los mercados, a financiación, a lugares de inversión, etc. Los políticos elegidos dependen de los votantes que, a su vez, pueden presentar sus reivindicaciones, respaldadas por la movilización continuada durante el período que separa a las elecciones. En cada ámbito e institución social existen posibilidades de contrapoder que se pueden organizar para alcanzar la transformación democrática. La lista se está ampliando continuamente a medida que los ciudadanos encuentran nuevas formas de resistencia y alternativas en su vida cotidiana y las hacen colectivas. Esto incluiría desde acciones en torno a determinadas grandes marcas comerciales hasta campañas por el control de los fondos de pensiones, pasando por formas directas de solidaridad internacional personal con pueblos sometidos a una ocupación militar.

Esta concepción de la democracia participativa como un contrapoder rompe con la distinción liberal tradicional entre política y economía. Y es que las instituciones de contrapoder democrático no sólo proporcionan a las instituciones políticas un medio con el que hacer frente a la presión del capital privado, sino que también apuntan maneras en que las instituciones políticas pueden aliarse con las fuerzas económicas a favor de la democracia. Cosas como la colaboración con cooperativas, la economía social en general, los sindicatos, los fondos de pensiones sindicales y públicos pueden contribuir a conformar esa democracia económica más general sin la que la democracia participativa siempre andará coja y se verá amenazada.

Aún más, la noción de contrapoder conlleva entender a los movimientos sociales como generadores de un empuje que va más allá de su aparente objetivo. Los movimientos ecologista o pacifista, por ejemplo, cuando se alían con otros, pueden llegar a ejercer un gran poder sobre la economía y la política. Ambos movimientos plantean cuestiones fundamentales sobre la producción (concepto que incluiría las formas de distribución, consumo, los tipos de mano de mano de obra y de capacidades necesarios, el origen de la financiación y la propiedad) en muchos ámbitos de la economía, como las industrias de defensa, alimentación, residuos, energía y química. Los movimientos sociales y ecologistas llevan la delantera en el desarrollo de modelos alternativos en estas materias. Los últimos movimientos sociales rara vez se han concentrado en ‘una causa única’. Sus exigencias requieren cambios radicales en toda la sociedad y chocan con intereses privados que se opondrán a dichos cambios. De ahí la necesidad de establecer relaciones organizadas con grupos que tienen poder y posibles intereses comunes en cada una de las fases del proceso. Pero eso nos supondría iniciar otro debate …
 
La participación refuerza el voto

A veces se plantea la idea de que la democracia participativa debería convertirse en el pilar de un sistema político totalmente nuevo con el que substituir a la democracia parlamentaria. Sin embargo, eso debilita los argumentos a favor de crear procesos verdaderamente participativos, cuya importancia reside en la doble capacidad de cuestionar los arreglos representativos existentes y, al mismo tiempo, complementarlos. La legitimidad de la democracia representativa deriva de la participación –mínima pero equitativa– de todos los ciudadanos a través del voto, mientras que la legitimidad de la democracia participativa descansa sobre el alto grado de actividad de lo que suele ser una minoría mediante instituciones que sean transparentes, abiertas a todos y funcionen según unas normas establecidas de mutuo acuerdo. Las instituciones representativas, basadas en la fórmula de ‘una persona un voto’ determinan los principios y la dirección general de un gobierno. Digamos que conforman el esqueleto. Su posible radicalidad –el motivo por el que las elites gobernantes siempre han temido el sufragio universal– reside en el hecho de que, formalmente, el voto da poder a unos muchos que pueden desafiar el poder de unos pocos.

Las elites gobernantes de todos los tiempos, independientemente de su nacionalidad, siempre han intentado concebir mecanismos de mediación para, en palabras de un político laborista británico de los 30, desafilar ‘la espada del parlamento contra la propiedad privada’. Y podría decirse que lo han conseguido en gran medida ya que, a menos que la voluntad expresada en el voto periódico se mantenga siempre viva y presente, supervisando y presionando a las instituciones del estado, el poder y la riqueza económica privada permanecen prácticamente intactos. Es precisamente ahí donde entra en escena la democracia participativa, arraigada en una esfera pública autónoma, en sus formas más radicales. La democracia participativa puede servir para supervisar el trabajo del ejecutivo y del aparato estatal. Es capaz de adentrarse allí donde nunca lo harían los políticos, y de llegar a conocer lo que los políticos investigan en contadas ocasiones. De nuevo, su legitimidad depende de la intensidad de la actividad y de la transparencia del proceso. Las instituciones participativas generan expectativas de autoconfianza y eso, a su vez, conduce a ejercer presión –en forma de grupos de cabildeo o campañas– sobre los órganos representativos elegidos, que se encargan de tomar las decisiones finales.

La importancia del proceso

La participación popular permite a los ciudadanos y a los administradores decidir sobre cómo se aplican los amplios compromisos políticos. La manera en que se administran las políticas públicas no es neutral y, por lo tanto, el proceso es de vital importancia.

Tomemos el ejemplo de los residuos. Un enfoque sostenible desde el punto de vista medioambiental, que considera que los residuos son un recurso –la acumulación de energía y materia– es totalmente distinto de un enfoque que opina que los residuos son algo que lo que hay que deshacerse. Para que funcione el primer enfoque, inspirado en la reutilización y el reciclaje, se requiere de una amplia participación popular en el día a día. Este tipo de participación no es un extra y no tiene nada que ver con asistir a reuniones ni participar en comités. Se trata de un enfoque basado en un sistema que debe rendir cuentas a la sociedad –y, por lo tanto, es mejorable– que aboga por que en cada hogar se realice el acto voluntario de separar los residuos. Los mismos principios de procesos democráticos cotidianos se podrían aplicar a la educación, el transporte, los servicios sociales y, de hecho, a todos los servicios públicos. Un proceso de participación popular abierto y autogestionado que se adecue al asunto en cuestión –proponer las prioridades detalladas del presupuesto, por ejemplo, o gestionar una instalación pública– goza de una legitimidad democrática mucho más fuerte que un grupo de funcionarios trabajando a puerta cerrada y, a menudo, cerrando sus propios tratos con determinados grupos sociales e intereses económicos.

Oficialmente, la democracia representativa tiene la última palabra. Pero dado que los representantes intentan ser reelegidos en un sistema multipartidario, han de mostrarse receptivos y sensibles a las propuestas elaboradas por sus electores. La democracia participativa, como complemento del poder electoral, tiene así el potencial de hacer avanzar a las sociedades por el camino que conduce los ideales democráticos de control popular e igualdad política.
 
La democracia liberal siempre ha admitido que las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel importante. Por lo general, se acepta que una sociedad civil sólida mantiene a raya a los representantes elegidos, y lo hace a través de grupos organizados que presionan al gobierno sobre sus causas, a veces mediante partidos políticos y, a veces, mediante grupos de presión independientes. En ocasiones, se atrae a grupos con intereses determinados –sobre todo los sindicatos y la patronal, aunque también, en el contexto local, organizaciones de vecinos o del sector del voluntariado– para establecer acuerdos colectivos con el gobierno, con lo que consiguen un estatus político especial, y el gobierno negocia con ellos las decisiones que afectan a sus intereses. Este tipo de acuerdo, sin embargo, suele minar la credibilidad de ambos grupos, ya que se considera que las organizaciones no gubernamentales están demasiado cerca del gobierno y sólo persiguen sus propios intereses y, por otro lado, se estima que el gobierno favorece a uno o dos grupos frente al resto, o a intereses organizados en detrimento del ‘pueblo’. Uno de los problemas y fallos de la democracia representativa está en que, aunque la sociedad civil ha crecido en tamaño y ha desarrollado estructuras y formas de democracia interna, se ha seguido marginando su impacto sobre el sistema político formal (o se la ha invitado e ignorado, e incluso se la ha usado para proporcionar al sistema formal una legitimidad injustificada). La democracia participativa proporciona una alternativa real –o al menos un buen complemento– al poder surgido mediante elecciones, pues constituye una esfera pública distintiva y organizada en que los ciudadanos pueden articular, desarrollar y discutir sus reivindicaciones y, finalmente, negociarlas también con las instituciones estatales correspondientes.
 
Requisitos para mejorar la participación

Para que la democracia participativa consiga legitimidad y sea capaz de revitalizar la política democrática en su conjunto, deben establecerse ciertas condiciones.
 
En primer lugar, los acuerdos participativos deben tener unas bases abiertas a todo aquel afectado por las decisiones que se tomen, incluso aunque sólo participe una minoría. La apertura no es una mera formalidad, sino que algo sobre lo que se debe trabajar. Puede que no todo el mundo participe directamente, pero cada persona debe estar en contacto con alguien que sí lo haga.

En segundo lugar, es preciso que haya normas adoptadas de común acuerdo y negociadas abiertamente.

Una tercera condición, siempre difícil de mantener, es la autonomía del proceso participativo en relación con el estado. El objetivo final de las instituciones participativas consiste en compartir el poder de la toma de decisiones con el gobierno, ejercer algún control sobre el trabajo de las instituciones estatales y supervisar la puesta en práctica de las decisiones gubernamentales. Pero estas relaciones dependen de la igualdad, por lo que las instituciones participativas deben poseer una vida y dinámica propias, y saber que el organismo elegido respeta ese hecho. En la mayoría de casos actuales, los movimientos populares deben luchar por conseguir un ápice de poder sobre el estado y eso implica, ante todo, desarrollar un poder autónomo propio. Además, dado que nunca pueden confiar ciegamente en el estado, esa autonomía supone, precisamente, un medio imprescindible para protegerse.

En cuarto lugar, los conocimientos se deben compartir. Cuando los usuarios y los empleados de los servicios, por ejemplo, pueden aportar sus conocimientos ‘internos’ para mejorar los servicios, la reforma de los servicios públicos se democratiza, cosa que es esencial para ofrecer alternativas eficaces a las privatizaciones.

Por lo tanto, otra condición básica debe ser que haya recursos reales en juego, recursos que puedan tener consecuencias positivas en la vida de la comunidad. El proceso debe desembocar en resultados, y no ser sólo visto como un ejercicio más de consulta que no lleva a ninguna parte.

Finalmente, no cabe duda de que la viabilidad y legitimidad del proceso participativo se ven enormemente fomentadas por la existencia y victoria electoral de un partido que cree en él. En este sentido, el PT es el pionero en el ámbito municipal, aunque hay partidos influidos por la nueva izquierda de los 70 –como el Partido Verde alemán, facciones del Partido Comunista italiano y el Partido Popular Socialista danés– que han creado experimentos más limitados en ese sentido. Sin embargo, cada vez aparecen más partidos, tanto en Norte como en el Sur, para los que la democracia participativa es un elemento fundamental de su trabajo en las instituciones estatales y con los movimientos sociales y sindicales. Dos buenos ejemplos serían Akbayan en las Filipinas y el Partido Laborista Democrático en Corea del Sur. En Europa, cabe citar como ejemplos innovadores a Rifondazione Comunista en Italia y al Partido Socialista de Escocia. En cierto sentido, estos partidos pueden utilizar su legitimidad electoral para hacer hincapié en la importancia del proceso participativo. Su mensaje viene a decir que, sin la participación activa de las personas, no se podrá cumplir con el programa por el que el partido ha sido votado. Así pues, una vez elegidos, trabajan con los movimientos populares para crear mecanismos de apoyo, colaboración y presión (ésta última, incluso sobre ellos mismos).

Si la democracia participativa gana terreno, las instituciones del gobierno representativo podrían perder parte de su poder a favor de la nueva esfera participativa, aunque ese poder, como hemos visto, ya está en crisis. Los nuevos sistemas de gestión de los recursos públicos, con una combinación de democracia electoral y participativa, suponen una mejora general de la legitimidad democrática y, en consecuencia, de manera potencial, del poder democrático.

El último libro de Hilary Wainwright, Reclaim the State - Experiments in Popular Democracy está publicado por Verso. Icaria publicará la edición en español en septiembre (con el título, aún provisional, de Experimentos de democracia participativa – Cómo ocupar el estado).

Sobre los autores

Hilary Wainwright

Hilary Wainwright es una destacada investigadora sobre nuevas formas de responsabilidad democrática en los partidos, los movimientos y el Estado. Hilary es impulsora y redactora de una popular revista británica de la nueva izquierda y ha documentado un sinfín de movimientos democráticos, desde Brasil a Gran Bretaña, así como sus lecciones para una política verdaderamente progresista.

Además de investigadora del TNI, Hilary es también investigadora adjunta del Centro Internacional sobre Estudios de Participación (ICPS) del departamento de Estudios de Paz de la Universidad británica de Bradford y ex investigadora del Centro para el Estudio de la Gobernanza Mundial (CSGG) de la London School of Economics. También ha sido profesora invitada en la Universidad de California (Los Ángeles), en el Havens Center de la Universidad de Wisconsin (Madison) y en la Universidad de Todai (Tokio). Entre sus libros, cabe destacar Cómo ocupar el estado: experiencias de democracia participativa (Icaria, 2005) y Arguments for a New Left: Answering the Free Market Right (Blackwell, 1993).

Hilary fue fundadora de Unidad de Planificación Popular del Consejo del Gran Londres durante los años de Thatcher y actuó como enlace del grupo de trabajo sobre nueva economía de la Asamblea de Ciudadanos de Helsinki (HAC) entre 1989 y 1994.

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