Diálogo informal sobre políticas de droga

La primera reunión del diálogo informal sobre políticas de drogas en América Latina, una iniciativa de la Washington Office on Latin America (WOLA) y el Transnational Institute (TNI), con el apoyo de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, se concentrará en tres temas:

(1) El consumo de Pasta Base/ Crack en la región y respuestas que buscan reducir el daño;

(2) La revisión del UNGASS 2008/2009: perspectivas latinoamericanas; y

(3) La problemática carcelaria con relación a las drogas ilícitas.
¿Existe una relación causal entre el aumento del consumo de “paco” en Buenos Aires y Montevideo por un lado, y una transformación en la estructura del tráfico de drogas en Argentina, Uruguay y el sur de Brasil? La pregunta es relevante para poder evaluar el éxito o fracaso de las políticas aplicadas en los Andes contra la oferta de cocaína. Debemos indagar si estamos observando de nuevo el “efecto globo” que estaría trasformando, ampliando y mudando la fabricación del clorhidrato de cocaína de los Andes hacia el sur del continente, con el consecuente impacto sobre el mercado de consumo doméstico. A pesar que se trata de países que no han tenido un rol histórico en la elaboración de cocaína, sino más bien en el tránsito de la droga hacia los mercados de Europa y Estados Unidos, las cosas parecen estar cambiando.

El consumo de la pasta base/crack

El tema del aumento del consumo doméstico se convierte en un efectivo problema de salud pública en grandes urbes como el Gran Buenos Aires, Sao Paulo o el propio Montevideo. En el territorio de los países del Cono Sur ocurren más frecuentes casos en la organización del tráfico, así como en ciertas fases de la producción del clorhidrato de cocaína. Ante ese escenario, es legítimo poner bajo la lupa las hipótesis existentes sobre las causas de ese cambio, que hasta ahora han sido muy poco desarrolladas.

El origen y las principales características de la explosión en el consumo del “paco” deben ser analizados y confrontados, para determinar el impacto del surgimiento de esta sustancia relativamente nueva en el mercado de las drogas. A partir de 2002, coincidiendo con una crisis económica en algunos países de la región, el “paco” hizo su irrupción en las sociedades urbanas de las principales ciudades latinoamericanas, entre ellas las del Cono Sur. Se produjo la sustitución en parte del consumo de drogas menos nocivas, como la marihuana. Lo más claro es que existe un patrón de diversificación en el mercado de consumo de la cocaína en la región, pero no se ha logrado aclarar todavía el nuevo panorama.

Las respuestas institucionales ante el impacto del paco en la salud pública de los países, han sido lentas e insuficientes hasta el momento. Además, hay una tendencia a enfrentar la problemática exclusivamente como un asunto de orden publico, lo que es peligroso y contraproducente. ¿Qué alternativas existen? ¿Qué nos enseña la experiencia? ¿Cómo afrontar los distintos impactos del consumo a nivel individual, familiar, y en la sociedad?

Revisión del proceso de evaluación de UNGASS

Los paises que participaron en la reunión de la Comisián de Estupefacientes en Viena, en Marzo de 2007, decidieron poner en práctica un proceso de evaluación y valoración de las acciones realizadas por cada uno de los países en la última década, tanto en los campos de la Reducción de la Oferta como en el campo de la Reducción de la Demanda. Ello en el marco de la Declaración Política y las dos Guías de Acción obtenidas en la Asamblea General Extraordinaria de Naciones Unidas en 1998 (denominada UNGASS).

Es importante que las decisiones que negocien y adopten los países latinoamericanos en el marco de los distintos foros regionales (como la Comunidad Andina, Comunidad Sudamericana, y la OEA) dirigidas a definir su participación y posición en el proceso de evaluación UNGASS, sean resultado de la buena información, la mirada regional, de la discusión amplia, así como del intercambio serio.
Queda la impresión que los resultados obtenidos en América Latina, en los campos de la prevención, la interdicción, así como del desarrollo en general y el desarrollo rural en particular, no han mejorado respecto a lo que ocurría a finales del siglo XX, cuando se establecieron las metas.

Por ejemplo, el empeoramiento de las causas que generan la aparición y expansión del tráfico ilícito en las sociedades urbanas y rurales; se han reproducido los daños a otros niveles sociales produciéndose una compleja mezcla de migración, informalidad e ilegalidad, que los Estados, sus políticas públicas ni las sociedades, hemos podido controlar.
Del otro lado, a efectos de una adecuada evaluación de lo producido, se ha incrementado el nivel de complejidad de la producción, del tránsito, del lavado de activos, aprovechando el mínimo resquicio que ofrece el libre comercio y mercado.

Por la forma como se han dispersado, en todos los campos y regiones que cubren este Dialogo Informal de Montevideo, tanto en los valles selváticos de producción en Colombia, Perú y Bolivia, como en las innumerables rutas terrestres y de frontera, fluvial, marítima y aérea; en cientos de barrios urbanos, villas, espacios marginales que son excluidos de la globalización, es necesario contestar la pregunta ¿Continuamos haciendo más de lo mismo? ¿Están los países haciendo lo correcto? ¿Cómo evaluamos el proceso acorde con estándares de Salud Pública, de Seguridad y Orden Público, de Administración de Justicia?

El tema carcelario

Por último, en esta materia de administración de Justicia Penal y Cárcel por Drogas, las autoridades de los países vienen afrontando una contradicción. Las sociedades, a través del soporte a un determinado proyecto de gobierno o a través de encuestas, exigen mayor seguridad a sus representantes políticos para enfrentar la delincuencia y la inseguridad ciudadana que se vive en gran parte de la región, alcaldes, ministros, parlamentarios. Sectores de la prensa en la región, se encargan de difundir excesivamente la necesidad de mayores niveles de seguridad asociados a una mayor interdicción y el aumento de penas.

Los gobiernos se suelen ser compelidos y responden de la forma más sencilla: repuestas de “mano dura”, aplicando recursos a la mejora de la seguridad y fuerzas policiales. Se produce el consiguiente incremento de los tipos penales, de las penas, el recorte de derechos antes, durante y posterior a los juicios. También se produce una mayor generalidad de las figuras penales asociadas a las drogas; asimismo, se produce la sofisticación de algunos mecanismos de intercambio y cooperación internacional que deben ser resaltados.

Pero, absolutamente todo este esfuerzo se concentra y visibiliza en los vetustos sistemas carcelarios de nuestros países, que ni las actuales instituciones democráticas, ni los procesos constituyentes, ni las transiciones políticas, ni mucho menos las Reformas Judiciales emprendidas, han podido mejorar. La situación de los sistemas carcelarios es lamentable, en infraestructura, en sobrepoblación, en funcionamiento. Aplicado a la situación de las Drogas, reproduce los peores problemas del tráfico y del abuso de drogas. ¿Es posible pensar en una mejora de la seguridad, cuando los sistemas penitenciarios se encuentran en situación crítica? ¿Es la cárcel la primera o la última solución en un Estado de Derecho?
Entre otros participantes:

Graciela Touzé, de la Asoc. Civil Intercambios - Argentina
Dr. Pedro Gabriel Delgado Godinho – Brasil
Sr. Milton Romani, Secretario de la Junta Nacional de Drogas
Dr. Miguel Fernández Galeano, Sub secretario del Ministerio de Salud Pública
Jorge Núñez Vega (abogado) - Ecuador
Adriana Rossi (socióloga, Universidad de Rosario) – Argentina
Ricardo Soberón (abogado y experto en políticas antidrogas) Perú
Coletta Youngers (politóloga de Wola, experta en política de drogas) – Estados Unidos
Pien Metal (politóloga del TNI) Holanda
Martín Jelsma (experto en política internacional de drogas) - Holanda