El estudio de la CICAD y las cifras de los cultivos

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Recomendaciones

• El estudio de la CICAD sobre los impactos del glifosato as-perjado ha sido objeto de nu-merosas críticas. Los investigadores asociados a esta investigación deberían dar respuesta a estas críticas y explicar los vacíos y omisiones señaladas por diversos especialistas.
• En este momento reposan en las oficinas de la Defensoría colombiana unas ocho mil que-jas por salud de la población. Al ignorar la existencia de es-tas quejas, los investigadores han mostrado una falta de res-peto hacia la población afecta-da, realizando su labor como si nada hubiera pasado.
• El gobierno colombiano debería hacer pública la nueva fórmula de Round Up que se asperja ac-tualmente. No se puede concluir sobre la inocuidad de la fórmula si no se conoce las concentraciones utilizadas en las fumigaciones.
• Independientemente del daño que causen a la salud humana y al medio ambiente, las aspersiones aéreas han generado una mayor inestabilidad en las re-giones y han contribuido al des-plazamiento de los cultivos. Por tanto nunca debieron proponer-se como una solución de largo plazo, y deberían suspenderse.

En materia de fumigaciones, ya parece haberse dicho todo, tanto a favor como en contra. Lo que se viene haciendo y diciendo en ambos campos de unos años a esta parte ya no es sino una repetición. Las autoridades antinarcóticos de Colombia y EEUU persisten en la aplicación de los mismos operativos de fumigación aérea, y los críticos a estos operativos -entre los cuales el TNI- vuelven a exponer sus argumentos resaltando la inutilidad y las desastrosas consecuencias a todo nivel de la guerra química a las drogas. Los que respaldan las aspersiones publican cada año un determinado número de documentos, estudios, artículos editoriales y por supuesto informes con las cifras del último año, las cuales para ellos siempre resultan ser exitosas. Del mismo modo, los que somos críticos a las prácticas de las fumigaciones, con base en esas mismas cifras entre otras cosas, producimos todos los años un cierto número de documentos y artículos, etc, que demuestran el fracaso de esta política. Un clic en google pone a cualquiera frente a miles de páginas en internet sobre este tema de las fumigaciones en Colombia.

Como este año no podía ser la excepción, en los últimos meses se han producido nuevos hechos y publicaciones que han generado un repunte en el debate. Primero fueron las 'exitosas' cifras de cultivos ilícitos para 2004 ofrecidas por la Oficina de control de drogas estadounidense y la CIA, según las cuales, a comienzos de 2004 había 114 mil hectáreas sembradas, se fumigaron durante ese año más de 130 mil hectáreas, quedando al final del año 114 mil hectáreas, o sea, lo mismo que al comienzo. Después, la publicación de un nuevo estudio científico, que aunque reconoce que no hizo el necesario trabajo de campo en ciertas áreas para presentar algunas conclusiones, terminó, no obstante, concluyendo la inocuidad del glifosato asperjado en Colombia. Y finalmente las cifras de cultivos ilícitos de 2004 de la ONU-SIMCI que establecen una reducción de un siete por ciento. Estos documentos han generado y seguirán generando durante el resto del año toda una literatura - de la cual este informe es un buen ejemplo - de apoyo o rechazo a la política del glifosato.

Así, mientras autoridades, gestores de políticas, científicos, analistas, editorialistas, etc, seguimos enfrascados en un debate reiterativo cada uno desde su lado de la arena, en Colombia las fumigaciones siguen su curso, envenenando uno de los ecosistemas más valiosos del planeta y agravando las precarias condiciones de vida de la población que vive en las regiones asperjadas. Desafortunadamente no está en manos del sector crítico ponerle fin a la política de las aspersiones, que le pondría a su vez fin a este reiterativo debate. Está en manos exclusivamente de los que respaldan dicha política, y de los que tienen ahí involucrados intereses económicos y políticos, razones estas últimas que no les permiten reconocer los cuestionables resultados de la fumigación aérea en términos de reducción de cultivos, ni el daño social, económico y de salud para la gente, y el desastre medioambiental que están causando, cuyas dimensiones son todavía incalculables.

El programa de fumigaciones ha sido un componente importante de la política antinarcóticos que se viene aplicando en Colombia desde hace décadas. Pese a ello, Colombia sigue siendo el principal productor mundial de coca y principal punto de salida de la droga hacia los países consumidores. Dada la larga experiencia en la práctica de esta estrategia y sus escasos resultados, si a estas alturas las autoridades antinarcóticos insisten en este enfoque, ignorando los hechos, los próximos cinco años nos vamos a encontrar repitiendo los mismos argumentos, mientras las condiciones de vida de los campesinos y la naturaleza se siguen deteriorando.

Un estudio más

Un nuevo estudio científico ha venido a sumarse recientemente a la cantidad ya existente de estudios (1) que se han hecho sobre los posibles efectos para la salud y el medio ambiente del Round Up, la fórmula con glifosato que se asperja sobre los cultivos de uso ilícito. Se trata en esta oportunidad del, Estudio de los efectos del programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea con el herbicida glifosato (PECIG) y de los cultivos ilícitos en la salud humana y en el medio ambiente, (2) una investigación realizada bajo el auspicio de la Comisión Interamericana para el Control al Abuso de Drogas, CICAD, agencia afiliada a la OEA.

Dadas las numerosas quejas de la población residente en áreas asperjadas con glifosato, en particular desde que se comenzó a fumigar masivamente con la puesta en marcha del Plan Colombia en 2000, y dadas las presiones ejercidas por diversas instancias nacionales e internacionales incluida la Unión Europea, el gobierno colombiano se vio obligado a solicitar la realización de una evaluación independiente e imparcial para determinar los eventuales perjuicios del programa de fumigación aérea. Esta solicitud se concretó finalmente en febrero de 2004, con la firma del gobierno colombiano y la CICAD para la realización de un estudio en este sentido.

Vale la pena recordar que unos años antes, en 2001, las Naciones Unidas ya habían hecho una propuesta de evaluación de las fumigaciones, que nunca prosperó debido a que en esos momentos el gobierno colombiano prefería no contar con una injerencia de la ONU en el tema de las aspersiones aéreas. El representante del PNUFID en Colombia, Klaus Nyholm, había expresado explícitamente que las fumigaciones aéreas no debían utilizarse en contra de los pequeños agricultores quienes no tenían otra alternativa que sembrar coca y adormidera para subsistir. Una recomendación inconciliable con los planes establecidos de fumigar indiscriminadamente. Fuera de eso, las Naciones Unidas y diversos organismos gubernamentales y no gubernamentales propusieron también en esos momentos que se estableciera una veeduría internacional para evaluar el efecto de las fumigaciones con participación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Otra solicitud que tampoco llegaría a concretarse.

La investigación de la CICAD, que estuvo a cargo de un equipo científico internacional, (3) concluyó que los químicos usados en las fumigaciones -glifosato y cosmoflux- no afectan la salud humana ni el medio ambiente, y que, como mucho, podrían causar irritación pasajera en la piel y en los ojos.

En el clima altamente politizado en el que se produce el debate sobre las fumigaciones, estas conclusiones no tardarían en provocar una avalancha de reacciones, por lo general de rechazo. Con la intención probablemente de curarse en salud, los investigadores del proyecto se adelantaron en señalar su carácter meramente científico e independiente de cualquier posición política. Pero aunque nadie quiere poner en duda la motivación enteramente científica de los investigadores, resulta bastante difícil aceptar que hayan trabajado al margen de la problemática social y económica intrínsecamente relacionada, y haciendo total caso omiso de la significación política del asunto objeto de la investigación. ¡Qué sentido tiene investigar sobre los efectos del glifosato y de los químicos de los cultivos encerrados en una torre de marfil!

Las consecuencias sociales, políticas y económicas que conllevan las conclusiones de este estudio están a la base de algunos de los principales cuestionamientos serios que se le han hecho hasta el momento. Que la fórmula de las aspersiones haya resultado inocua representa un beneficio -político y económico- para quienes la producen y para quienes propugnan su uso, y un claro perjuicio -político, social, económico y ambiental- para los que la sufren, es decir, los fumigados, incluido el medio ambiente.

Debilidad metodológica

El Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la Universidad Nacional de Colombia, publicó a mediados de mayo un examen crítico (4) al estudio de la CICAD, que tiene en cuenta aspectos técnicos de la investigación, encontrando una debilidad metodológica, así como aspectos menos técnicos, omisiones, inconsistencias e incoherencias a lo largo de todo el trabajo, que delatarían una falta de imparcialidad.

Que los criterios de selección de zonas, parámetros de los suelos, especificidades de las muestras, dosis, tipos de cultivo, etc no aparezcan explicados, y que varias de las conclusiones se basen en suposiciones y no en mediciones reales de campo, resulta sorprendente en un estudio de esta naturaleza. Pero además, el IDEA encontró particularmente preocupante que cerca de la mitad de las citas en las que se apoya el estudio provienen de investigaciones realizadas por Monsanto, la firma fabricante del producto en cuestión. De modo que para estimar los efectos del herbicida en la salud humana, el estudio se sirvió de buena parte de las investigaciones favorables a su uso, desestimando las que alertan sobre sus riesgos. Un proyecto científico montado bajo esta óptica no podía en consecuencia tomar en cuenta los ocho mil casos de denuncia por fumigaciones que constan en los archivos de las oficinas de la Defensoría del pueblo colombiana.

Como lo señala Ricardo Vargas, (5) la evaluación de la CICAD no constituye de ninguna manera un ejercicio independiente sino una verdadera búsqueda anticipada por mostrar la inocuidad del Round Up usado para las fumigaciones de cultivos ilícitos. Fuera de que, al ignorar aspectos íntimamente relacionados con las fumigaciones, desconoce de paso el grave problema del traslado de los cultivos, hecho que es una consecuencia de la misma fumigación, y que genera la consiguiente deforestación y quema de suelos frágiles.

Pero no todas las conclusiones derivadas del estudio dejan la puerta abierta a las fumigaciones. Los investigadores advierten que no se midió de forma directa la exposición de las sustancias en los cultivadores, y que se necesitaría otro estudio para observar cómo afecta el herbicida la reproducción de los humanos. Con lo cual, la incertidumbre sobre los efectos crónicos en la salud humana, alteraciones genéticas, enfermedades cancerígenas, resultantes del contacto con las sustancias, sigue presente. Al no poder el estudio sacar conclusiones para determinar los efectos agudos de las aspersiones, difícilmente está en condiciones de certificar su uso, y recomendar la intensificación y extensión de las fumigaciones a otras áreas, como pretenden hacer ahora las autoridades con base precisamente en este estudio.

Conclusión: un nuevo estudio

No es la primera vez que un estudio científico de esta naturaleza termina concluyendo que se necesita un estudio científico que aclare buena parte de los interrogantes que se suponía que el primero debía aclarar. En 2002, el Congreso de EEUU le pidió al Departamento de Estado (DE) certificar que las fumigaciones con glifosato no eran nocivas para la población y el medio ambiente. Para su informe de certificación, el DE se basó en un estudio de la agencia estadounidense de protección al medio ambiente EPA, (6) que al igual que ahora el estudio de la CICAD, no representó un avance en los conocimientos sobre el potencial impacto del herbicida en la salud humana y el medio ambiente. Lo curioso es que, no obstante lo inconcluyente de este tipo de estudios, quienes los auspician, pretenden que se siga asperjando el glifosato hasta que se realice, quizás algún día, un verdadero e incuestionable estudio sobre el glifosato.

De acuerdo a Alberto Rueda, ex asesor del Ministerio del Interior colombiano y especialista en políticas de drogas, (7) un estudio de esta naturaleza, que aborde efectivamente de manera rigurosa el impacto de una sustancia sobre la salud y el medio ambiente, sería bastante complicado de adelantar en un país como Colombia, dadas las condiciones de la población a examinar, y las dificultades de acceso a los lugares en donde cae la fumigación y hacia donde deriva. Se necesitaría una gran capacidad institucional, una avanzada y amplia infraestructura, y tiempo, para monitorear las sustancias químicas, identificar los factores de riesgo, y detectar y hacer seguimiento a las afecciones y efectos crónicos. Esta situación, que le resta considerable autoridad a estudios como el de la CICAD, el cual difícilmente debería ser utilizados por el gobierno como justificación de su política antidrogas, hace de éste sólo un estudio más.

Entre los principales argumentos que esgrime desde hace años el gobierno estadounidense para justificar las quejas que se registran de la población después de una fumigación está el de que el problema no es el químico sino la malnutrición y las enfermedades endémicas que plagan a la población agraria. Una explicación que conlleva una dosis de cinismo porque aunque reconoce las precarias condiciones de salubridad y alimentación de la población asperjada, no duda en usarla como blanco, debilitándole aún más los pocos recursos con que cuenta. La miseria de la población debería ser un argumento contundente para excluir las fumigaciones. Esta gente no está en condiciones de soportar lo que tal vez seria inocuo para un campesino en California o en Suecia.

Parques naturales de nuevo amenazados

El Consejo Nacional de Estupefacientes colombiano va a tomar próximamente una decisión sobre fumigaciones en parques. Dado el aumento de los cultivos en zonas correspondientes a parques naturales, el gobierno va a echar mano de la Resolución 0013 de junio de 2003 que le dio vía libre a la fumigación con glifosato en las reservas naturales, (8) y del estudio de la CICAD para validar la aspersión del químico en estas zonas.

Como gran parte de los recursos de las fumigaciones provienen de fondos estadounidenses, la fumigación en los parques deberá ser aprobada por el Congreso de ese país. Un obstáculo menor, si se sabe que ya en 2003 el Congreso dio su autorización para fumigar en áreas de reserva. Si no se fumigó en aquel momento, fue porque, dada la enorme presión nacional e internacional en contra de lo que sería visto como un delito ecológico, el gobierno colombiano decidió aplazar la medida. Otro argumento contundente en ese entonces fue la verificación de una reducción del número de hectáreas cultivadas en parques, obtenida gracias a la erradicación manual.

En esta oportunidad, el desenlace podría ser menos feliz. La medición de la CIA correspondiente a 2004 revela un aumento del área sembrada en parques, unas 6.550 ha repartidas en sólo seis de las reservas naturales del país. Y si bien el gobierno colombiano se basa principalmente en los datos suministrados por el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), también éstos revelan un incremento particularmente en la Sierra de la Macarena. A finales de 2004 habría 5.400 ha de cultivos ilícitos en 13 de los 50 parques nacionales.

Tomando como ejemplo la experiencia de la ineficacia de las fumigaciones en el resto del país, qué sentido tiene fumigar estas áreas de reservas naturales, a riesgo de agravar y extender el problema en dichas zonas. Tanto los cultivos, como la producción de drogas y las operaciones del narcotráfico han revelado que existe una fuerte motivación y por otro lado una gran capacidad de movilidad que contradice ampliamente la efectividad de la política de las aspersiones. ¿Por qué entonces insistir a como dé lugar en su aplicación en los parques? Máxime cuando la erradicación manual ha demostrado su efectividad en los parques. La fumigación allí representaría una violación de los convenios internacionales de respeto a la biodiversidad, (9) y de la propia Constitución colombiana, de realizarse sin previa concertación con las comunidades de esas regiones.

Resulta igualmente preocupante el hecho de que una decisión como esta representa de hecho la opción por una vía de fuerza y de destrucción como es la política del glifosato, a cambio de una opción de prevención -no sólo por la erradicación manual- que favorece la capacitación y el desarrollo humano. Las fumigaciones en la Sierra Nevada y en La Macarena ponen en riesgo programas y recursos patrocinados por países donantes, como sería el caso de los proyectos con los que se ha comprometido Holanda en esas dos regiones. Diversos medios de prensa han denunciado recientemente que ya se están haciendo aspersiones en zonas de la Sierra Nevada.

La reducción marginal de los cultivos en 2004

Recientemente los servicios de inteligencia colombianos le asestaron un golpe espectacular al narcotráfico al decomisar 15 toneladas de cocaína pura en el departamento de Nariño. Aunque se trató sin duda de un golpe significativo, el hecho a la vez tiene un aspecto inquietante por cuanto evidencia las enormes cantidades de cocaína que se están produciendo y exportando en Nariño10, (10) precisamente el departamento más fumigado en 2003. De acuerdo al gobernador de ese departamento, solamente en Nariño habría unas 40 mil hectáreas de coca, es decir más de las que habría en todo Bolivia. Esta cantidad difiere bastante de la presentada por la ONUDD, (11) que sólo registró 14 mil hectáreas. La diferencia se podría explicar en que el sistema de monitoreo de la ONU no tuvo en cuenta la resiembra en campos jóvenes que todavía no eran productivos en diciembre de 2004. Dada la magnitud del mencionado decomiso, el tonelaje de cocaína producida en Nariño podría ser mucho mayor de lo que establecen los cálculos de la ONU.

Como todos los años, las cifras de los cultivos ofrecidas por las diferentes entidades que realizan este tipo de censos no pueden ser más incongruentes. Las 114 mil hectáreas que registró el gobierno estadounidense para 2004 distan con mucho de las 80 mil reportadas por la ONU. Lo que, lamentablemente, les resta algo de verosimilitud a ambas mediciones, y hace que las cifras reales de los cultivos sigan permaneciendo en el misterio, reforzado por casos concretos como el del departamento de Nariño en el que los hechos parecen desmentir las cifras oficiales. Al subestimar el área sembrada se podría estar subestimando igualmente la producción de cocaína que podría ser mayor a las 390 toneladas métricas registradas en el informe de la ONU para 2004.

Notas

1. Para una lista de informes y estudios científicos que concluyen o bien la inocuidad o bien los perjuicios del glifosato, véase el sitio web del programa Drogas y Democracia del TNI.
2. www.cicad.oas.org/es/glisfosatoInformeFinal.pdf [PDF document].
3. El equipo estuvo integrado por, el canadiense Keith Solomon, coordinador del grupo, la mexicana Luz Helena Sanín, el brasileño Antonio Cerdeira, el español Arturo Anadón, y el británico John Marshall, tuvo una duración de un año y un costo de un millón de dólares, financiado con recursos de Gran Bretaña, Estados Unidos, Colombia y la OEA. El equipo trabajó en coordinación con un Grupo Técnico Permanente de Monitoreo Móvil, que desarrolló la mayor parte del trabajo de campo, que cubrió los meses de septiembre de 2004 a marzo de 2005. El estudio tomó como referencias el nordeste del departamento de Boyacá, el norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, y las regiones suroccidentales del Valle del Cauca, Putumayo y Nariño. Las muestras se examinaron en un laboratorio de Canadá.
4. "Observaciones al estudio de los efectos del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la aspersión aérea con el herbicida glifosato (PECIG) y de los cultivos ilícitos en la salud humana y en el medio ambiente", Bogotá, mayo 11 de 2005.
5. Algunos comentarios puntuales al estudio de la OEA-CICAD sobre los impactos del glifosato utilizado en el Programa de erradicación de cultivos ilícitos en Colombia 30 de mayo de 2005.
6. Report on Issues Related to the Aerial Eradication of Illicit Coca in Colombia - Released by the Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, September 2002, y EPA Ecological Risk Assessment for the Use of Glyphosate Herbicide as Part of the US Supported Aerial Eradication Program of Coca in Colombia.
7. Carta abierta de un ex asesor a su ministro del Interior y de Justicia Sabas Pretelt de la Vega, "Urgente aterrizaje del informe de la OEA sobre los efectos de la fumigación de los cultivos ilícitos", de mayo de 2005.

8. Véase el artículo Glifosato en parques y reservas naturales. La Resolución 0013 en el website del TNI.
9. Ibídem
10. Alfredo Rangel Suárez, "Cifras preocupantes - Coca para rato", El Tiempo, 13 de junio, 2005.
11. www.unodc.org/pdf/andean/Part3_Colombia.pdf [PDF document}.