El pago de compensación a las víctimas de Pinochet es una luz en los momentos oscuros de los derechos humanos

El TNI y el caso Pinochet

El 25 de febrero, el Banco Riggs accedió a pagar $9 millones de dólares a un fondo para las víctimas de Augusto Pinochet y así solucionar un caso acerca del papel del banco en ocultar las ganancias mal habidas del ex dictador. Este último hecho de la lucha de décadas por hacer a Pinochet responsable de sus crímenes es un duro contraste con la retorcida retórica –e historial– de derechos humanos por parte del gobierno de Estados Unidos

Sí, Saddam Hussein, al igual que su colega dictador Pinochet, puede enfrentarse a un juicio por violaciones de los derechos humanos. Eso es positivo. Pero en cada acción de la guerra de Irak y en la más amplia guerra contra el terrorismo, la Administración Bush ha pisoteado las leyes de derechos humanos cuando le fue conveniente, lo que creó peligrosos precedentes para el resto del mundo y para la perspectiva de avanzar en la causa por los derechos humanos.

El Presidente Bush se precia de su compromiso con los derechos humanos al mismo tiempo que echa a un lado la crítica por la ilegalidad de la invasión y ocupación a Irak y de la participación de EEUU en asesinatos extra judiciales y detención ilegal de sospechosos de terrorismo.

En la más escalofriante sección de su discurso del Estado de la Unión de 2003, Bush aseguró que “más de 3 000 sospechosos de terrorismos han sido arrestados en muchos países. Y muchos otros han corrido una suerte diferente. Digámoslo de esta manera: Ya no son un problema para Estados Unidos y sus amigos y aliados”. Los eufemismos de Bush no ocultan el asalto a la Carta Magna y el universalmente aceptado derecho de habeas corpus, incluso para los sospechosos de terrorismo.

Al respetar las leyes cuando les conviene y sacarles la lengua cuando no, los funcionarios de Bush han socavado los tratados aceptados universalmente –algunos de ellos escritos principalmente por funcionarios norteamericanos, como las Leyes de Nuremberg y la Carta de la ONU– y han convertido a los derechos humanos en una parodia. Al hacerlo han aumentado la posibilidad de que otros gobiernos hagan lo mismo. ¿Cuánto pasará antes de que soldados norteamericanos u otros ciudadanos sufran a manos de otros gobiernos que aseguran que sólo están siguiendo el ejemplo de la administración Bush? Cuando Saddam Hussein se enfrente a las acusaciones de tortura pudiera citar a Bush y al Secretario de Defensa Rumsfeld: “El problema fue causado por unos pocos desviados”. Es difícil creer que los derechos humanos puedan avanzar en lugares como Irak y Afganistán si sus principales defensores encarcelan a personas sin acusarlas, sin permitir que consulten con abogados e incluso con sus familias.

En contraste, las acciones legales contra Pinochet constituyen parte de una genuina lucha por los derechos humanos, una lucha que ha sentado diferentes precedentes en el uso del derecho internacional. El acuerdo de $9 millones con Riggs provino de una investigación española realizada a mediados de los años 90 en cuanto a las violaciones por parte de Pinochet del derecho internacional referente a la tortura, el genocidio y el terrorismo incluyendo su papel en el asesinato de Orlando Letelier en Washington, D.C. el 21 de septiembre de 1976. Letelier había sido el embajador de Allende a EEUU y luego su Ministro de Defensa. El FBI rastreó hasta las más altas esferas del gobierno chileno la conspiración del asesinato con un carro bomba que también mató a Ronnie Moffitt, una joven colega de Letelier en el Instituto para Estudios de Política. El proceso judicial nombró al jefe del servicio de Inteligencia de Chile, pero no a Pinochet. Más tarde, agentes del FBI y el ex fiscal federal vincularon públicamente a Pinochet con el crimen.

Pinochet llegó al poder en 1973 por medio de un sangriento golpe de estado, apoyado por EEUU en contra del gobierno elegido del Dr. Salvador Allende. Gobernó en Chile hasta 1990, cuando los chilenos votaron a favor de un gobierno civil en un referendo. Pinochet se quedó al frente del ejército y luego se convirtió en senador vitalicio, términos que había negociado antes de entregar el poder.

Una comisión gubernamental chilena determinó posteriormente que el régimen de Pinochet había asesinado a casi 3 200 personas, torturado a decenas de miles y obligado a cientos de miles a exiliarse. Sin embargo, Pinochet y sus ex colegas del ejército gozaron de una inmunidad auto concedida y no podían ser procesados, por lo que era altamente improbable que los tribunales chilenos pudieran juzgarlos.

Así que en 1969 un grupo de abogados españoles que representaban a miles de víctimas de la dictadura de Pinochet convencieron a un juez español de aceptar jurisdicción en el caso de Pinochet. Un tribunal español realizó una investigación que provocó el arresto de Pinochet en Londres en 1998. Creyendo que estaba protegido por su inmunidad y su fortuna oculta, Pinochet no mantuvo en secreto su visita. Es más, caminó por una alfombra roja de VIP en el aeropuerto, tomó el té con su vieja amiga, la ex Primer Ministra Margaret Thatcher, fue de compras a Harrod's y a cenar a los más elegantes restaurantes de Londres. Pero la famosa sonrisa engreída del dictador desapareció cuando un policía británico lo arrestó a petición del juez español. A diferencia del tratamiento dado a los prisioneros de Pinochet, el policía británico leyó al ex tirano su derecho a “permanecer callado, tener un abogado... ”

Aunque Pinochet logró escapar de un juicio en España cuando el gobierno
británico aceptó un falso pretexto médico (demasiado enfermo mental y físicamente para soportar un juicio), la Cámara de los Lores decidió un enfoque jurídico crucial. Al negar el argumento de los abogados de Pinochet de que la orden de arresto del tribunal español carecía de fuerza legal sobre la base de que Pinochet, como ex jefe de estado disfrutaba de inmunidad soberana, el distinguido cuerpo legislativo afirmó la idea de que los jefes de estado no pueden escapar del procesamiento alegando inmunidad; ni tampoco pueden apelar a las “exigencias” del cargo para cometer actos criminales. Los Lores establecieron una clara división entre la necesidad política y los actos criminales.

La atención internacional causada por el caso español también promovió los esfuerzos dentro de Chile para despojar a Pinochet de su inmunidad y juzgarlo en su país. Estos esfuerzos continúan. El juez chileno Juan Guzmán ha encausado a Pinochet por una serie de ejecuciones y “desapariciones”, mientras que otros magistrados consideran acusaciones adicionales.

El caso español también hizo posible la acción en contra de Riggs, ya que se basaba en la violación por parte del banco de una orden judicial de un juez español de que congelara todos los fondos del dictador. Una investigación del Senado de las actividades ilegales de Riggs descubrió las cuentas ocultas de Pinochet. El Departamento de Estado realizó una investigación acerca de posible lavado de dinero por parte del banco.

Según el acuerdo alcanzado, Riggs contribuirá con $8 millones de dólares a una fundación española que lleva el nombre del caído presidente chileno Salvador Allende y creada por Juan Garcés, el abogado español que ha representado a las víctimas en el caso. Joseph L. Allbritton, ex Director General de Riggs y su accionista controlador, y su hijo, el actual Director General de Riggs, Robert L. Allbritton, depositarán un millón adicional en el fondo. Después de los costos legales, la fundación tendrá $8 millones para un fondo de pensiones que hará pagos anuales a las víctimas o familiares de las víctimas del régimen de Pinochet, cuyo número llega a decenas de miles.

Los familiares de los muertos y torturados por Pinochet no se harán ricos con el dinero que reciban. Pero el valor simbólico de castigar a Pinochet y al banco que lo ayudó tiene implicaciones políticas mayores. Otros banqueros lo pensarán dos veces antes de acudir a la ayuda de un dictador en desgracia. Y los criminales en el poder estatal dormirán menos tranquilos.

Las victorias en el caso de Pinochet representan un verdadero paso de avance de los derechos humanos. Al igual que Bush ha reemplazado la ley con retórica vacía en sus políticas de derechos humanos –guerra ilegal y ocupación ilegal de Irak, violación de los derechos humanos fundamentales de los prisioneros en Abu Ghraib y Guantánamo, por ejemplo–, el acuerdo con el Banco Riggs enseña tanto a abogados como a políticos que la civilización requiere atención a los códigos escritos. Las “nobles intenciones” de George Bush no compensan –ni siquiera simbólicamente– los cientos de miles de muertos iraquíes. Al menos algunos chilenos encontrarán una pequeña medida de justicia en el hecho de que los fondos de Pinochet fueron
incautados y luego entregados a algunas de sus víctimas.