Entre cuarteles, caletas y fronteras: Fuerzas Armadas y lucha antidrogas

El mismo que movió su torre a sitios peligrosos dentro del tablero, tiene la portunidad de regresarla a lugar más seguro...para todos.

El 5 de abril de 1992, el presidente Alberto Fujimori anunció el ingreso de las Fuerzas Armadas peruanas a la lucha antinarcóticos, especialmente en los valles cocaleros de la vertiente oriental de los Andes: Bajo Huallaga, Alto Huallaga, Pichis Palcazú Apurímac, entre otros. Hasta entonces, éstas habían evitado comprometerse en esta guerra internacional, causando un largo malestar entre los señores de la guerra -especialmente en los departamentos de Defensa y Estado en Washington-, principales promotores del intervencionismo militar en la lucha antidrogas en los Andes.

En diciembre de 1995, es decir 3 años y 8 meses después, el presidente Fujimori anunció el retiro castrense de esta labor y su progresivo reemplazo por elementos de la Policía Nacional de Perú, hecho que recién se pudo materializar en abril de 1996 (a través del decreto legislativo 824). Sin embargo, en un escenario social vulnerable en los valles cocaleros, las columnas militares de Sendero Luminoso (grupo de Feliciano) se han aprovechado de la explosiva mezcla de ausencia estatal, crisis económica y violencia estructural. Así, éstas han retomado cierta iniciativa político/militar en la zona, mediante la cual toman poblados y bloquean rutas terrestres de la selva alta. Ello obligó al gobierno a reabrir ciertas bases militares (por ejemplo la de Aucayacu en el Alto Huallaga).

Durante el periódo que corre entre 1992 y 1996, han ocurrido los principales casos de involucramiento de personal -individual pero también de organizaciones dentro de las unidades militares- de las Fuerzas Armadas en casos de narcotráfico y sobre todo, la respuesta política que permite la ausencia de investigación política y judicial en tal sentido. Así también, elementos de la Marina y la Fuerza Aérea han involucrado equipos, rutas y procedimientos castrenses para sacar ingentes cantidades de pasta base de coca (PBC) y HCl al extranjero, aprovechando un conjunto de facilidades institucionales.

Ello plantea una interrogante fundamental: ¿Cómo brindar seguridad en el Huallaga frente a las amenazas senderistas, al tiempo de permitir una lucha eficaz contra las firmasperuanas, pero sobretodo evitar que los miembros, instalaciones y equipos de las FF.AA sean usados por el narcotráfico?

Antecedente amazónico

Durante la segunda mitad de los 80, la Amazonia se caracterizaba aún por constituir un territorio apartado de las instituciones del Estado formal y de las decisiones por ellas adoptadas. Diversos grupos de traficantes y movimientos irregulares de distinto origen, han jaqueado a los gobiernos andinos estableciendo un clima de convulsión permanente en tales regiones amazónicas. Las acciones que desarrollaban las FARC y el ELN en las regiones cocaleras de Guaviare, Putumayo y Magdalena en Colombia, eran repetidas en Perú por el Comité Regional del Huallaga de Sendero Luminoso y el Frente Nororiental del MRTA en la selva alta peruana, haciendo del narcotráfico un negocio que genera recursos propios, distrae al Estado y permitía la dinamización de las contradicciones políticas y sociales.

Desde 1990, una nueva estrategia hacia la población y un mejor despliegue territorial de las FF.AA. peruanas, permitieron aislar a SL y al MRTA de la población local, particularmente en los valles del Apurimac, Ucayali, el Alto Huallaga y el Huallaga Central. Las acciones militares, apoyadas fundamentalmente por las organizaciones civiles de ronderos, cumplieron un rol de suma importancia en este proceso. Para lograrlo, las FF.AA. optaron por cortar con las ineficientes acciones de erradicación compulsiva de cultivos de coca que entre 1983 y 1988 ejecutaron el proyecto CORAH, con el apoyo de efectivos de la UMOPAR de la Policía Nacional. Estas acciones desde el Estado fueron las que facilitaron, precisamente, el ingreso y asentamiento de las columnas senderistas en el Huallaga, con el apoyo de los mismos productores cocaleros que habían sido erradicados, no indemnizados y abandonados por el gobierno de turno.

Sin embargo, la finalización parcial del conflicto en el Huallaga no significó el final de los problemas de su población. La aplicación drástica de los programas de estabilización -1987 en Bolivia y 1992 en Perú- agravaron el histórico divorcio entre Amazonia y Estado, en desmedro de la población colona, campesina y nativa que se vió fácilmente subordinada a la economía ilegal del narcotráfico. Así, se disolvieron las empresas estatales de promoción, crédito y desarrollo amazónico; la propia acción de la justicia en la zona se vió arrinconada por el narcotráfico y la subversión, aunado a una situación de tensión económica, política y social. En estas condiciones, el desarrollo alternativo y los "interlocutores válidos"se convirtieron en simples discursos efectistas, sin ninguna posiblidad de ejecutarse en la práctica. (2) En estas condiciones, lo único que quedó del Estado fueron los Frentes Políticos Militares, con amplios poderes de decisión e inexistente capacidad de fiscalización, interna y externa: ergo, caldo propicio para negocios turbios y alianzasnon sanctas.

Así pues, si el accionar de las Fuerzas Armadas con el apoyo de la población local lograron vencer a la subversión en las regiones cocaleras, como veremos luego, no sucedió lo mismo con la lucha antinarcóticos. Ninguno de los actores presentes en esta"guerra antidrogas"(desde el gobierno de William Clinton, los sucesivos gobiernos andinos, las cúpulas militares y el segmento civil representado por los partidos políticos) previno las consecuencias de la militarización del problema cocalero.

Política internacional: hacia el ingreso de las FF.AA

Desde 1980 ha existido una estrecha colaboración en materia de lucha antidrogas entre EE.UU. y los países andinos, a pesar de la frecuencia de los obstáculos presentados entre las propuestas de la Casa Blanca y los comités del Congreso norteamericano para la asignación de recursos a las fuerzas armadas andinas, por los riesgos que acarreaba esta decisión: entregar fondos a FF.AA. que tenían una trayectoria intervencionista en asuntos de gobierno, con discutibles records en materia de respeto por los derechos humanos y el
riesgo del desvío de estos recursos a tareas anti insurgentes.

No obstante, en todo el periódo republicano (Ronald Reagan 1980-88, George Bush 1988-92) EE.UU. suscribió diversos convenios de suministro de equipos, entrenamiento de militares y policías, así como la presencia de asesores castrenses en los diversos países de la región, incluido Perú

. En 1986, Reagan declaró que el tráfico de drogas era un problema de seguridad nacional. A partir de la Estrategia Andina (septiembre de 1989), el Departamento de Estado recomendó la intervención de las FF.AA. no solamente de EE.UU. a través del Pentágono y el Comando Sur (Panamá) sino también la de los propios países andinos. Por ese tiempo, la operación Causa Justa ejecutada para capturar al general Manuel Antonio Noriega (Panamá), puede considerarse como el primer roundde esta cruzada regional. Mientras que en Colombia y Bolivia se aceptó un progresivo involucramiento castrense a través de acciones conjuntas o de asistencia bilateral, por razones ya señaladas, el presidente peruano Alan García no aceptó este énfasis militarista. Curiosamente, su sucesor, el ingeniero Alberto Fujimori suspendió la suscripción del convenio antidrogas con Estados Unidos hasta mayo de 1991(3) en que, bajo el paraguas del Instituto Libertad y Democracia y su promotor Hernando De Soto, el gobierno peruano suscribió el Memorandum de Entendimiento con EE.UU.

Lo cierto es que desde 1988 hasta la fecha, en cada Estrategia Anual presentada por la Casa Blanca al Congreso norteamericano, se ha incluido la variable del uso de las FF.AA. en tareas antidrogas. Al mismo tiempo, estos informes siempre han alertado los peligros y problemas de esta decisión política: el mal uso de los equipos militares para la lucha contra grupos armados (Colombia), o el énfasis en los problemas de corrupción (Perú), los de derechos humanos (en Perú y Colombia) y el tema de la eficacia (particularmente en
Bolivia, pero también en Perú y Colombia). El punto más alto de la escalada militar se dió con motivo de la Cumbre de San Antonio (1992), cuando el presidente George Bush expresó la posibilidad de crear una fuerza multinacional -cascos azules antidroga-, para combatir este delito trasnacional.

Sin embargo, ante la falta de equiparidad respecto al financiamiento del desarrollo alternativo, el presidente Fujimori pateó el tablero y acusó de corrupción a los propios agentes de la DEA en servicio en la región andina. Al final, la Cumbre fue un fracaso que le costó la reelección a George Bush y nuevos vientos demócratas soplaron en la Casa Blanca.

Inicialmente, en 1993, el gobierno de Clinton planteó importantes cambios institucionales y políticos, basándose en la reducción de la demanda como eje fundamental de su nueva política antidrogas. Sin embargo, la práctica diplomática dejó poco espacio para una mayor autonomía nacional y regional en la formulación y aplicación de políticas. Si, por un lado, en su segundo mandato, la certificación presidencial se mantiene como el mecanismo de presión por excelencia en los Andes; el destape de affairesque involucran política con drogas y el simple condicionamiento de la ayuda económica, se constituyeron en la otra cara de la política exterior norteamericana hacia los países andinos.

La práctica peruana

Las razones por las que las FF.AA. peruanas no estuvieron empeñadas en tareas antinarcóticos eran fundamentalmente tres: primero, porque se hallaban ocupadas prioritariamente en la lucha antisubversiva en el Huallaga; segundo, por los riesgos de corrupción interna que podía acompañar a una decisión de ese tipo; y tercero, porque la experiencia anterior -de atacar y erradicar a los campesinos cocaleros en los primeros años de los 80- sirvió de combustible para incrementar la actividad de SL en la zona. Repentinamente, el 5 de abril de 1992, las FF.AA. aceptaron intervenir directamente como "sabuesos" antidrogas.

Si el cierre del Congreso y el Poder Judicial, contaron con el apoyo fundamental de los estamentos castrenses, la decisión de concentrar las labores de interdicción antidrogas en el Comando Conjunto, contó con la anuencia presidencial. Para ello se dieron los cambios institucionales, para que no sucedieran los otrora frecuentes problemas de descoordinación entre Fuerzas Policiales (DINANDRO y UMOPAR) y las Fuerzas Armadas. Se creó el Comando Operativo del Frente Interno (COFI) y se dieron un conjunto de normas que resolvieron los problemas operativos, en favor de la autoridad máxima del Comando Conjunto en el tema.

Si bien la Fuerza Aérea (FAP) venía actuando selectivamente desde 1988 en el control aéreo (4), a partir de 1992 (5), el gobierno encargó a la VI Región Aérea Territorial (RAT), el establecimiento de agrupamientos, bases y jefaturas aeronáuticas para realizar actividades de interdicción aérea. Se ejerció control sobre ciudades de Yurimaguas, Tarapoto, Bellavista, Tocache, Santa Lucía, Uchiza, Pucalpa, Tingo María, Constitución, San Ramón, San Francisco, Palmapampa. De otro lado, los comandos de la FAP se dedicaron a ocupar 18 pistas de aterrizaje, a perseguir avionetas y destruir las pistas de aterrizaje, con la consiguiente algarabía de la población local, que sabía que pronto los narcos iban a contratar mano de obra bien pagada para reconstruirlas en un estrecho lapso de tiempo. En resumen, la misión de la FAP fue de vigilancia y control y reducción de pistas de aterrizaje. Para ello, ha contado con la asistencia de EE.UU. a través de equipos de radares, helicópteros y los recursos financieros para cubrir los gastos operativos.

De otro lado, las unidades de infantería de la Marina se encargaron de las operaciones en la zona del padre Abad y Aguaytía (departamento de Ucayali), donde también se asentó el narcotráfico desde 1992, como una respuesta a las acciones de interdicción. Por su parte, el Ejército desplegó entre Huánuco, San Martín y Apurímac diversas bases y destacamentos que le permitieron mantener bajo control las esporádicas acciones de los rezagos senderistas. Sin embargo, el costo fue muy alto, pues precisamente esas mismas vías de comunicación -la Carretera Marginal, los ríos y las trochas amazónicas- eran utilizadas por las "firmas"de traficantes que desplegaban también a sus"traqueteros" para reunir la PBC y posibilitar los embarques a Leticia y Caballococha (Colombia).

A manera de evaluación

Según la propia RAT, en 1992, 70 avionetas fueron intervenidas y en 1993, las intervenciones llegaron a 67. En 1994, 36 avionetas fueron interceptadas. Hasta agosto de 1995, se produjeron 250 operaciones diurnas y nocturnas con un saldo de 21 avionetas interceptadas. Cualquier evaluación que se haga sobre estas cifras dependerá de la perspectiva desde la que se mide el trabajo: tomando en consideración los recursos logísticos disponibles el trabajo es meritorio, pero si se evalúa desde la óptica del gasto que se ocasiona a las organizaciones y a la misma economía ilegal del narcotráfico, la cifra se relativiza.

Con respecto a este punto de la eficiencia, podemos decir que, a pesar de los aumentos de incautación de todo tipo de drogas (con un promedio de 30 toneladas anuales de PBC decomisada), más de 12,000 detenidos por delitos de tráfico ilícito de drogas, decenas de pistas destruidas (6) y avionetas interceptadas, todos estos resultados son relativos para la economía de los barones de la droga. Esos mayores gastos han podido ser fácilmente trasladados (como cualquier impuesto indirecto legal) o cubiertos por las propias firmasde narcos locales.

Más bién, la intervención militar ha distribuido y dispersado los cultivos ilegales a nuevas áreas en Ucayali, Loreto y Madre de Dios, en plena selva baja. Lo mismo ha sucedido con las caletas o laboratorios artesanales para la elaboración de HCI, subordinando a mayor cantidad de colonos e indígenas amazónicos a la economía del narcotráfico. En todo caso, el agente más eficiente de la erradicación de cultivos y el desmantelamiento temporal de lasfirmasen Perú, ha sido el hongo fusarium oxysporum desarrollado desde 1991, así como la magnitud de la crisis agrícola que se vive en los valles cocaleros desde abril de 1995. Quizá esto explique la escasa presión que ejerce el Departamento de Estado norteamericano al mayor productor mundial de coca - Perú- para que erradique compulsivamente sus cultivos excedentarios, en comparación con las políticas aplicadas a sus vecinos. (7)

Por otro lado, debe mencionarse el impacto del conflicto del Cenépa (1995) y la persistencia de una situación problemática en relación a nuestra frontera con Ecuador, para entender el problema de distracción que se origina cuando se han dedicado recursos de una institución en una actividad que en esencia es de caracter policial y judicial. Aquel hecho hizo recordar a los altos mandos militares la misión esencial de las FF.AA. La sorpresa de la incursión ecuatoriana puso en evidencia la excesiva diversificación de las labores de las FF.AA en el ámbito externo e interno. En un evento organizado por la Fuerza Aérea (8), ante una pregunta del agregado militar chileno al jefe de la VI RAT, éste respondió que Error! Reference source not found."frente a las necesidades de defensa nacional, todas las acciones del frente interno se subordinan a las del frente externo".

Efectivamente, días después del inicio del conflicto, se desactivó el Frente Huallaga donde se realizaban tareas contra SL y el narcotráfico. El 3 de marzo de 1995, se creó la VI Región Militar con sede en Bagua, que responde no sólo a una estrategia generada por el conflicto con Ecuador y al requerimiento de una fuerza disuasiva permanente, sino también a la necesidad de un rápido desarrollo de esa área del nororiente peruano.

Pero si hemos observado las circunstancias en las que se desarrolló la intervención militar contra el narcotráfico en Perú, también afirmamos que era necesario mantener las condiciones políticas: el mantenimiento, durante más de 6 años, del estado de emergencia recurrente y reiterativo en las principales provincias de Perú donde se cultiva hoja de coca o PBC. Esta situación, permite la hegemonía política, militar y administrativade los Comandos Político-Militares, en desmedro de la generación de crecientes niveles de participación entre la población local. También obstaculiza el fortalecimiento de las instituciones civiles en la Amazonia.

De manera parecida, en los otros países andinos se ha hecho uso del estado de conmoción interior y el estado de sitio, respectivamente, para enfrentar problemas similares que, curiosamente, ocurren también en escenarios cruzados por el tráfico de drogas. Este exceso ha facilitado que ocurran diversos casos -reconocidos por las propias autoridades del gobierno- de corrupción que involucraron a jueces, policías y militares. En general, en la región andina, esta vigencia y prórroga sin límite ha permitido la libre acción de las unidades militares, para acciones legales e ilegales de distinta índole.

La corrupción y las drogas

Es claro que un componente fundamental del negocio de las drogas es la seguridad de las operaciones y ello pasa por lograr la complicidad de las autoridades (civiles, policiales o militares). Lo ocurrido en Bolivia en 1981, durante el régimen del general García Meza y el general Arce Gomez (ambos en prisión), sirvieron de alerta para descubrir la ausencia de límites del poder corrrosivo del narcotráfico. El desarrollo del Proceso 8000 y las acusaciones por financiación de campañas electorales que prevalecieron durante un largo período, más trascendentes, nos recuerdan la extrema debilidad institucional que persiste en los países andinos.

Aunque esto no sirve como excusa, en otros países se han presentado similares escenarios. En Paquistán, los pasados regímenes militares fueron acusados de estar directamente comprometidos con el tráfico de drogas; en Myanmar (ex Birmania), principal productor mundial de opio, la actual dictadura tiene serias acusaciones por el mismo hecho. Lo cierto es que, en diversas regiones, el narcotráfico ha sacado ventaja de la preexistencia de escenarios bélicos de extrema complejidad para hacer florecer en ellos sus actividades con la complicidad de componentes de los dos bandos en disputa (Líbano y Afganistán en los 80, Bosnia en los 90).

En realidad, los casos de corrupción ocurridos entre 1992 y 1996 que han involucrado a miembros de las FF.AA. peruanas se han hecho públicos a través de distintas formas. Por los propios testimonios de miembros que han sido excluidos de las FF.AA. (9), los informes periódicos del Departamento de Estado sobre Perú (10), los trabajos de prensa realizados en el período (11) e investigación y por denuncias de los propios traficantes (12). Si bien no existen estadísticas oficiales sobre el número de casos ocurridos (13), existen dos evidencias sobre la forma como han reaccionado los otros actores. El fuero privativo militar y los propios órganos internos de las FF.AA., han impulsado que estos casos sean vistos o derivados en su ámbito y no en la justicia común -como corresponde- por delitos contemplados en el Código Penal (art.296 y ss).

Así, la impunidad frente a estos casos ha sido una constante que, seguramente, ha influido en la decisión del presidente Fujimori para retirarlas de esa tarea. Recientemente, el Fiscal Supremo Militar, coronel Raúl Talledo, planteaba que los casos de narcotráfico que comprometían a civiles y militares debían pasar al fuero militar el que había demostrado su eficacia y rapidez. Otra respuesta recurrente ha sido la derivación de las acciones de investigación a la Inspectoría de cada institución y agotarlas en esa instancia.

Sin embargo, han existido casos en los que las propias autoridades castrenses han obrado de distinta manera -y hasta opuesta- y ello es preocupante. Tal lo ocurrido con los generales Ríos Arayco y Bellido, respectivamente, jefes del Comando Político Militar del Huallaga entre 1991 y 1993. En el primer caso, se permite la intervención del Poder Judicial para que investigue y encuentre responsabilidad penal en un oficial que posiblemente si participó de la convivencia geográfica con esa economía ilegal, pero que no apoyó en su momento al general Hermoza Ríos como jefe supremo de las FF.AA. en Perú. En el segundo caso, a pesar de las acusaciones de la prensa y los exhortos de la justicia común, el general Bellido no ha respondido el llamado a declarar ante la justicia mientras desempeñó el cargo de agregado militar en Israel y cuando regresó, fue pasado a retiro.

Otro rasgo importante, fue la manera como el gobierno trató los casos de conocidos traficantes y jefes de firma locales, que fueron derivados equívocamente al fuero privativo por delito de traición a la patria (por las relaciones entre firmasy comités locales de SL) y no a la justicia común como correspondía. Es el caso de Limoniel Chavez Peñarera, alias Vaticano. Lo trajeron expulsado de Colombia y rápidamente se le aplicó la ley de delito de traición a la patria. Ello significó su juzgamiento por un tribunal militar, encierro en prisión militar, pruebas que se actúan de manera reservada, problemas para que los parlamentarios lo hagan declarar. Al final, condena a cadena perpetua

En segundo lugar, se debe resaltar la débil reacción de otros poderes e instituciones públicas. Primero, el Poder Judicial abdicó frecuentemente a las contiendas de competencia que le planteaba el fuero militar frente a casos específicos, cuando no decretaba la absolución o excarcelación de oficiales compromeridos. Las acciones de fiscalización del Grupo de Trabajo sobre Insumos Químicos y sobre Corrupción del Congreso, fueron detenidas luego del 5 de abril de 1992. Esta es una actitud de la Comisión de Fiscalización y del Congreso que debe ser corregida, por el bien del país

Desde 1992, el entonces Congreso Constituyente Democrático (CCD) y luego el Congreso de la República, manejado por la mayoría oficialista de C90 y Nueva Mayoría, también ha renunciado a su tarea de fiscalización, particularmente en relación con los hechos que pudieron haber involucrado a ciertos funcionarios castrenses y civiles dentro del gobierno.

Debilidades de las FF.AA

Vistos los hechos descritos anteriormente, el retiro de las FF.AA. de las tareas de interdicción antidrogas se justifica también por algunas desventajas que son propias de los institutos castrenses:

• Su estructura vertical y jerarquizada hace que las posibilidades de control se diluyan en un respeto por las jerarquías y los mandos militares (es una frase común en el argot castrense: las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones). A su vez, hace que los intentos por corromper a una autoridad -de ser exitosos- impliquen la aceptación del personal bajo el mando del oficial corrupto.
• Un mal entendidospirit de corps, hace que el resto de componentes por lo general defiendan y protejan a sus miembros sujetos a investigación, produciéndose casos muy cercanos a la impunidad. En este marco político y jurídico tan inestable, se han presentado casos muy curiosos: así, el delito de drogas cometido por personal en uniforme se constituye en un delito de función, mientras que los actos de un traficante, incluso en aquellos en los que ha colaborado con los grupos terroristas, son considerados como "narcoterroristas".
• Los bajos salarios. Aunque no es un problema nuevo, hoy en día es necesario volver a afirmar la importancia de este elemento para explicarnos la facilidad con la que el narcotráfico permea e infiltra instituciones usualmente muy cerradas.
• El exceso en el mantenimiento de los estados de emergencia en los departamentos y regiones de la vertiente oriental de los Andes. Ello implica el predominio político del jefe militar respecto al conjunto de autoridades civiles, llámese prefectos, alcaldes, presidentes de región, etc. Esto impide contar con la necesaria transparencia.
• Los casos del avión del Grupo 8 (174 kgs de cocaína) y los BAP "Matarani" e "Ilo" (172 kgs de cocaína), demuestran que la existencia de personal de ciertos institutos castrenses -que tienen infraestructura y necesidades que requieren viajes al exterior-, en las zonas cocaleras es un enorme riesgo de infiltración.

A manera de propuesta

1. La corrupción es un fenómeno que trasciende el uniforme. Por eso, es necesario que, por un lado, los componentes de la sociedad civil (medios, opinión pública) se quiten de la cabeza esa analogía reduccionista (corrupción=militares), porque es parcial. Como alguna vez lo dijera un asesor presidencial en tema de drogas,"si los bomberos fueran al Huallaga, también se corromperían". Pero también es necesario que las FF.AA reconozcan la existencia de varios casos y lo que es más importante, que sean totalmente transparentes en los procesos de investigación que se realicen.
2. Garantizar el buen funcionamiento de las instituciones civiles en zonas cocaleras: alcaldes que se preocupen por los servicios; perfectos que representen al estado de derecho en su territorio; jueces con capacidad para resolver conflictos entre particulares;
3. Asegurar el control en las actividades de los organismos públicos: inspectores, suministro de inteligencia, procuradores, fiscales, jueces, contraloría, etc. La decisión de la Marina de Guerra, de ordenar droga en uno de sus buques- la inmediata revisión de más de cien instalaciones y buques, va en ese sentido.

Este artículo es una versión revisada de otro. aparecido en revista Qué Hacer, número 102, julio/agosto de 1996.

Referencias

1. Nombre con el que se conocen en las zonas productoras de droga en Perú, los lugares donde se almacena la droga a la espera de los embarques hacia Colombia y Brasíl.
2. Ni la Ley de Bases para el Desarrollo Alternativo, ni el AADA, ni el IDEA se pusieron en marcha. Actualmente, algo similar ocurre con el Plan Nacional de Prevención y el actual CONTRADROGAS.
3. Ver Quehacer número 70, Soberón, Ricardo, "Entre el convenio y la pared", marzo/abril de 1991.
4. Entre 1990 y 1992 interceptó 63 avionetas e incautó 1.6 TM de PBC, La República, 1 de marzo de 1992.
5. Decreto ley 25426, de abril de 1992.
6. Se considera que sobre territorio peruano existen no menos de 270 pistas clandestinas donde pueden aterrizar avionetas que embarcan PBC con destino a los laboratorios de refinación.
7. Los nuevos convenios entre EE.UU y Perú publicados el 11 y 12 de agosto de 1996 en El Peruano, demuestran que la erradicación -ni los casos de corrupción- son ya un factor determinante en las relaciones bilaterales.
8. Conferencia sobre Seguridad organizada por el Centro Peruano de Estudios Internacionales (CEPEI) y la Escuela Superior de Guerra Aérea y Fort Leavenworth de Estados Unidos, diciembre de 1995.
9. El caso del mayor Evaristo Castillo, y del propio general Robles.
10. "There are also instances of narcotics related corruption within the Army that have impeded the completion of police counternarcotics operations", International Narcotics Control Strategy (1991), USDepartment of State.
11. El caso del BAP Eten en el que el capitán de Fragata Eduardo López de Castilla embarcó 235 kgs. de cocaína con destino a EE.UU. Los trabajos de la revista CARETAS y el diario de oposición La República, han constituido fuente indispensable.
12. Acusaciones realizadas dentro y fuera de los procesos penales por traficantes importantes, como Chavez Peñaherrera, Tejero, los propios López Paredes y la narcoagenda que se les encontró.
13. El presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, Gilberto Siura, decía el 24 de julio que, desde 1993, 66 oficiales y 41 suboficiales de las FF.AA. habían sido puestos a disposición de la justicia civil por hechos relacionados con drogas.