Europa, S.A.

Hasta el presidente de la autoridad italiana en materia de competencia y mercado admite que, al fin y al cabo, puede que haya bienes públicos que deban quedar al margen de la lógica mercantil. En febrero de este año, Antonio Catricalà declaró: ‘Lo cierto es que, algún día, deberemos distinguir entre el mercado y los servicios universales. Hasta la fecha, todos los esfuerzos han resultado infructuosos, y hasta la valiente Inglaterra ha fracasado en la liberalización de los ferrocarriles y del sistema de transportes en general’.

Un comentario notable teniendo en cuenta que procede de alguien que es un verdadero partidario de la competencia y el libre mercado, y se ha desecho en elogios sobre las propuestas de ley para la apertura de los servicios públicos al mercado. En esa misma audiencia sobre ‘reestructuración de los servicios públicos’ ante el Senado italiano, Catricalà tuvo que admitir que, incluso en el caso británico (siempre citado como un ejemplo positivo de liberalización), ‘se han constatado problemas desde el punto de vista del servicio y quizá –dado que las autoridades británicas hace años que no proporcionan datos sobre la seguridad– también en el campo de la seguridad’.

En toda Europa se está viviendo un intenso conflicto sobre el futuro de los servicios públicos. Por un lado, están aquellos que opinan que la privatización y la liberalización son instrumentos indispensables para cubrir las necesidades de los consumidores, mejorar la eficiencia de las finanzas públicas y crear un mercado europeo común que permita la libre circulación de empresas, profesionales y trabajadores. Por el otro, están los que hacen hincapié en el riesgo que entraña privatizar servicios históricamente garantizados y protegidos por el Estado, despojando así a la población de un control democrático sobre la forma en que se gastan sus impuestos.

Vivimos tiempos difíciles. En Italia, la privatización empezó con las empresas industriales de titularidad estatal. Ahora, el Gobierno de Prodi la está ampliando a servicios públicos locales básicos, es decir, a lo que consideramos como ‘bienes comunes’. Alemania sigue inmersa en el proceso de venta de sus infraestructuras: energía, ferrocarriles, telecomunicaciones, etc. En todos los países, las ideas que surgieron durante los años de
Thatcher y Reagan entre los partidos conservadores se han convertido en consenso generalizado entre los partidos de centro-izquierda, a pesar de que cada vez se hace más evidente el fracaso de la privatización y de la liberalización desde el punto de vista de la satisfacción del consumidor y de la eficiencia de las finanzas públicas.

El Reino Unido es el país donde la privatización ha llegado más lejos. La liquidación de empresas industriales como las del carbón y el acero forma ya parte de la memoria histórica. Actualmente, el país está abriendo a la empresa privada los gobiernos municipales, la sanidad, la educación y parte del sistema de justicia penal. Los organismos públicos se van convirtiendo así en unidades que adquieren servicios, por encargo, de entes del sector público, privado y del voluntariado. También se les está exigiendo que creen nuevos mercados de competencia para proveedores allí donde nos lo hay.

Teoría y práctica

Este proceso, no obstante, está plagado de contradicciones. Una de ellas se da entre las promesas de la liberalización y las consecuencias de la privatización. Aunque en la práctica estos son dos fenómenos muy estrechamente relacionados (la liberalización suele allanar el terreno de la privatización), en teoría son distintos y, a menudo, se utilizan con distintos fines ideológicos y políticos. Al menos en teoría, los gobiernos afirman que emplean la liberalización para estimular la competencia y evitar que instituciones con un monopolio o un cuasi monopolio fijen los precios. Por tanto, se dice que la liberalización de los servicios beneficia al consumidor. La privatización, en cambio, consiste en el traspaso parcial o total de industrias públicas al sector privado. Margaret Thatcher la utilizó en su forma más pura –la venta directa de esas industrias– para derrotar a los sindicatos y, desde entonces, se ha ampliado para incluir la sustitución del suministro público de servicios por el suministro privado a través del proceso de competencia y mercantilización.

No obstante, a menudo las repercusiones de la privatización chocan en la realidad con los argumentos teóricos de la liberalización, y los gobiernos se ven obligados a poner en marcha programas de liberalización con el objetivo de combatir los privilegios de las empresas privadas monopolísticas.

Ejemplo de ello es la forma en que operan los servicios postales y las empresas telefónicas.
Aunque Telecom Italia, por ejemplo, se ha privatizado y ahora compite con otras empresas privadas en el mercado de la telefonía móvil, según estudios efectuados por Eurobarometer, un centro de investigación contratado por la Comisión Europea, los consumidores italianos registran los niveles de satisfacción más bajos de Europa, tanto en términos de servicio al cliente como de precios.

Las respuestas más positivas por parte de los consumidores proceden en cambio de países donde sigue prevaleciendo la propiedad pública de las empresas telefónicas. Otro ejemplo clásico de los defectos de la privatización en Italia se manifiesta en los altos costes y el mal funcionamiento de las autopistas públicas, privatizadas en 1999.

La experiencia italiana ilustra muy bien uno de tantos problemas inherentes a la privatización y a la liberalización que es común a toda Europa: el fin del monopolio de Estado no se ha traducido en la creación de un mercado competitivo, sino en oligarquías privadas y en grandes beneficios para las empresas; pero no para las administraciones públicas, que no consiguen resolver los problemas de falta de financiación y endeudamiento. Las instituciones financieras han sido las principales beneficiadas con la privatización de infraestructuras en Europa. La historia se repite en todo el continente: deterioro de los servicios liberalizados, despido masivo de trabajadores y debilitamiento de los sindicatos.

Conflictos de interés

Otra de las consecuencias a escala europea de la privatización y la liberalización se hace patente en los tremendos conflictos de interés entre las principales redes de telefonía, medios, electricidad y gas del continente. La Comisión Europea, por ejemplo, desea separar la propiedad de las empresas productoras de energía de la propiedad de las empresas que administran las redes de suministro; una división que también busca en el sector de las telecomunicaciones.

Precisamente en relación a éste último, surgió hace poco un conflicto entre la comisaria europea para la Sociedad de la Información y los Medios de Comunicación, Viviane Reding, y el Gobierno alemán. El problema en este caso atañe a Deutsche Telekom, que está realizando grandes inversiones en fibra óptica y no tiene ninguna intención de permitir a posibles competidores que accedan a estas redes. De momento, la cuestión está bloqueada, pero este tipo de conflictos es cada vez más habitual y confirma cómo el debilitamiento del sector público sólo favorece los intereses de las elites económicas.

El paso de lo público a lo privado que ha tenido lugar en Europa ha puesto también de relieve el vínculo entre privatización (de industrias, infraestructuras y empresas públicas) y la creciente influencia de los mercados financieros en la dirección de la economía y la sociedad. En muchos países europeos, la privatización ha estado directamente relacionada con el ‘accionariado difuso’ y con el ‘capitalismo popular’, aunque las empresas aseguradoras y los fondos de pensiones, y nos los ciudadanos de a pie, son los mayores compradores.

En Francia, por ejemplo, el Gobierno ha optado por la vía del accionariado público y por la entrada en nuevos mercados. ‘Siempre con el pretexto de controlar el sector público, los gobiernos de izquierda y derecha nos han llevado a una profunda transformación de las empresas públicas en multinacionales industriales, con una creciente cuota de capital privado’, comenta Nicola Galepides, del principal sindicato francés de las telecomunicaciones. ‘Las industrias estatales como France Telecom y EDF-GDF han ido comprando cada vez más empresas públicas en países emergentes’, explica Galepides, y su actividad a escala mundial se incrementará con la privatización. Parece que el próximo objetivo de los privatizadores será el servicio postal, con el sector de la mensajería internacional en primera línea de tiro. ‘Dado que no es un mercado en expansión’, dice Galepides, ‘lo que empeorará serán los derechos de los trabajadores y la calidad de los servicios para los ciudadanos’.

También el Gobierno español se ha volcado en el sector privado. Aquí, la privatización empezó cuando se privatizaron los sectores industrial y de los servicios públicos en 1986. El INI (Instituto Nacional de Industria) vendió Seat y Puralator a empresas extranjeras privadas, mientras que el 38 y el 98%, respectivamente, de dos importantes empresas energéticas estatales, Gesa y Endesa, se vendieron en el mercado financiero. En las últimas oleadas de privatización, también han entrado en escena bancos y empresas de producción de alimentos, forestales y tabacaleras.

Este proceso de mercantilización de lo que antes eran servicios estatales está provocando, entre otras cosas, que el ciudadano se convierta en consumidor y en pequeño accionista. Las implicaciones políticas de esta cuestión se deberían discutir muy seriamente, ya que subyacen a muchas de las contradicciones de las políticas de los partidos de izquierda. Sólo hay algo que explique la predilección de esos antiguos partidos de la izquierda por la privatización: la voluntad de establecer pactos con los nuevos peces gordos de las finanzas.

Democracia y servicios públicos

Hay dos cuestiones estratégicas recurrentes. La primera es cómo definir en términos jurídicos ‘servicios de interés general’ y ‘servicios de interés económico general’; la segunda es la cuestión de la democracia participativa.

La literatura sobre el primer punto es amplia, pero aún no existe acuerdo a escala comunitaria. Según un reciente estudio italiano realizado por la federación sindical CGIL, la Rete Nuovo Municipio, Attac Italia y Arci, el derecho comunitario ‘no reconoce la noción de servicio público’, sino la de ‘servicio de interés económico general’. Por tanto, una de las tareas políticas más apremiantes para los detractores de la privatización en Europa pasaría por garantizar una directiva clara y definitiva sobre los servicios de interés general.

Otro problema fundamental que hay que abordar es el de la democracia. La privatización ha ido de la mano de ideologías políticas ‘individualistas’ y autoritarias. La UE está experimentando una desastrosa falta de participación cívica en sus políticas, tal como destaca una investigación efectuada por la Unidad Internacional de Investigación de los Servicios Públicos de la Universidad de Greenwich (véase www.psiru.org) por encargo de la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (FSESP), que se muestra muy crítica con el informe oficial de la Comisión Europea sobre servicios y liberalizaciones.
Los investigadores destacan que el informe de la Comisión –que, al fin y al cabo, trata temas de vital importancia para todos los ciudadanos europeos– sólo se publicó en inglés y fue redactado por un círculo muy reducido de personas que no sólo no implicaron mínimamente a las asociaciones de la sociedad civil, sino tampoco a otros representantes institucionales de la propia Comisión. En el informe Evaluating Network Services in Europe: a critique of the EC evaluation of the performance of network industries (disponible, en inglés, en www.psiru.org/reports/2006-03-EU-EPNIcrit.doc), el autor, David Hall, hace hincapié en ‘la necesidad de un proceso independiente, participativo y democrático: la Comisión Europea no debería actuar como defensa, jurado y juez de sus propias políticas’.

Bolkestein y el futuro

Uno de los retos importantes a los que se enfrenta Europa en estos momentos es la directiva
Bolkestein sobre la liberalización de servicios, una de las últimas de toda una serie relacionada con el mercado único europeo. Las directivas anteriores estaban dirigidas a sectores concretos – telecomunicaciones, energía, transporte ferroviario, residuos y servicios postales– y exigían que todos los Estados miembro se comprometieran con un calendario de desregulación que abriera las redes públicas a operadores privados.

Bolkestein, en cambio, persigue la completa liberalización de las industrias de servicios, creando un mercado europeo común. La formulación del texto original suponía un ataque directo contra los derechos de los trabajadores, ya que permitía a cualquier empresa de un país comunitario contratar a trabajadores en otros países de la Unión en virtud de la legislación laboral más laxa de su ‘país de origen’.

Las protestas que se sucedieron por toda Europa desembocaron finalmente en un compromiso por el que se excluyó la cláusula del país de origen y se protegieron ciertos servicios de la apertura al mercado. ¿Pero cuánto tiempo durará ese compromiso? ¿Quién puede descartar que, en el futuro, una empresa extranjera consiga ejercer la suficiente presión como para hacerse con servicios en ámbitos que ahora están protegidos? ¿Qué sectores quedarán excluidos de la liberalización en el mercado interno de la Unión? Todos los servicios, vinculados a todo tipo de interés general, podrían quedar finalmente liberalizados para dejar al Estado la mera responsabilidad de asistir a los sectores más vulnerables.

Una de las próximas líneas de batalla de la liberalización y privatización estará muy probablemente relacionada con la sanidad. En este sentido, cabe destacar que el actual comisario europeo de Sanidad es el chipriota Markos Kyprianou. Y Chipre, en caso de que alguien no lo supiera, es un país que carece de sistema sanitario público.