La proscripción del opio en Afganistán y Birmania

La proscripción entró en vigor a finales de junio en la región Wa, al norte de Birmania. Y en Afganistán, la cosecha de 2005 se vio afectada por la presión coercitiva sobre los campesinos para que no plantaran adormidera, y por la erradicación forzada que se aplicó sobre algunos campos de cultivadores que desconocieron la orden.

En Afganistán y Birmania juntos, hay más de 4,3 millones de personas que participan directamente en la economía del opio, y muchas más dependen indirectamente de los ingresos generados en el mercado ilícito. La prohibición del opio tiene un impacto inmediato y profundo sobre los medios de vida de esta amplia población. Es así como, en la provincia afgana de Nangarhar se está produciendo un fenómeno migratorio desde las zonas en donde se cultivaba adormidera hacia la capital provincial o hacia Pakistán. La proscripción del opio impuesta por los talibanes en 2001 generó patrones parecidos. En la región birmana del Kokang, donde se comenzó a aplicar la veda en 2003, más de una cuarta parte de la población abandonó la zona. Las familias afectadas también se ven obligadas a vender el ganado y las tierras, sacar a los niños de las escuelas y a abandonar los servicios sanitarios.

La proscripción del opio surgió como respuesta a la presión de la comunidad internacional, preocupada por el ingreso de heroína a sus países, la propagación del VIH/SIDA y, en el caso de Afganistán, la posible financiación de grupos terroristas con el dinero de las drogas. "Estamos sometidos a una fuerte presión por parte de China, Tailandia y EEUU", afirmó el vicepresidente de la autoridad central Wa, Xiao Min Liang. "Si no hacemos algo para detener la producción de opio, nadie quiere tener tratos con nosotros".

Al mismo tiempo, las autoridades afganas y birmanas han instado a la comunidad internacional a acompañar la presión con una ayuda pertinente. "Nosotros estamos cumpliendo la parte que nos toca, y es algo que nos duele. Ahora les toca a los países donantes cumplir la suya", dijo el gobernador de Nangarhar. "Haremos caso de la presión internacional pero, por favor, dennos la oportunidad de sobrevivir", declaró Ngo Shui, del Ejército Unido del Estado Wa.

La comunidad internacional ha prometido grandes fondos para la reconstrucción de Afganistán, cerca de 4 mil millones de dólares anuales, de los cuales, varios cientos de millones se destinarían al desarrollo rural de las zonas de cultivo de adormidera en 2005/6. El caso de Birmania es muy distinto. El apoyo prometido para el desarrollo de las regiones birmanas de Kokang y Wa, con el patrocinio de la ONUDD en colaboración con otras agencias de la ONU y diversas ONG, no supera los 15 millones de dólares, en los que se incluye ayuda alimentaria de emergencia, y programas de prevención de la malaria y VIH/SIDA. No es seguro que estos fondos sean suficientes para llevar a cabo los proyectos planeados.

Esta diferencia tiene claramente una motivación política. Mientras que Afganistán es un aliado importante de la guerra de EEUU contra el terrorismo, tanto la Unión Europea como Estados Unidos respaldan una política de aislamiento y sanciones contra el gobierno militar birmano. Igualmente, han limitado la ayuda al desarrollo, salvo, en contadas excepciones, la ayuda humanitaria.

Obligar a los campesinos a abandonar el cultivo de adormidera antes de garantizar otras vías de ingreso, constituye un error grave. Si no se acompaña de la ayuda necesaria, las reducciones no podrán mantenerse. Según el Banco Mundial, "hay argumentos morales, políticos y económicos para defender que se establezcan programas de medios de vida alternativos antes de empezar con la erradicación".

Esta proscripción arriesga sumir las regiones cultivadoras de opio en ambos países en una espiral descendente de pobreza. Las medidas agresivas contra los campesinos y los pequeños comerciantes de opio, especialmente las operaciones de erradicación forzosa, afectarán también negativamente las perspectivas de paz y democracia en ambos países.

Ni los campesinos afganos ni los birmanos han podido opinar sobre estas políticas, a pesar de que son ellos quienes las padecen. Es vital que las comunidades locales y las organizaciones que las representan puedan participar en las decisiones que tienen un impacto tan tremendo sobre sus medios de vida.