Las explicaciones del zar

Cada vez que se conocen las nuevas cifras de cultivos ilícitos en la región andina, y en Colombia en particular, nos decimos que ahora sí les va a quedar difícil a los que diseñan y aplican las políticas antidrogas no reconocer que algo anda mal. Las últimas cifras del Departamento de Estado de EEUU indican que a finales de 2005 había sembradas en Colombia 144 mil hectáreas, que es casi exactamente la misma cantidad que había en 2002. La pregunta es, ¿cómo logra la oficina antidrogas estadounidense explicar este hecho de manera convincente? ¿Cómo explica John Walters, el zar antidrogas, qué ha pasado con los miles de millones de dólares invertidos en todos estos años para acabar con los cultivos, y de paso con la producción de cocaína y con el narcotráfico?

No es que no se hayan hecho progresos en la reducción de la coca -dice ahora el zar, a pesar de que las cifras contradicen esta información- sino que se habían equivocado con las mediciones de años anteriores. No medían todo lo que había que medir. Pero ahora sí están midiendo bien. De modo que resulta que la CIA, que suele ufanarse de su precisión satelital y de la exactitud de sus estadísticas, ha estado equivocada durante años. ¿Cómo estar seguros entonces de que el año entrante no van a salir de nuevo con que se volvieron a equivocar con los datos de 2005?

Hectáreas más hectáreas menos, lo único cierto es que la coca no se ha reducido, y a la hora de verificar la efectividad de la política, este es el argumento que a ellos más les importa.

Decepción

El zar antidrogas ha reconocido que la reducción no ha sido significativa, que la producción de cocaína se mantiene, y que la demanda mundial de cocaína ha aumentado debido a los nuevos mercados en Suramérica, Europa y Asia. Razón por la cual ha dicho también que está decepcionado. Equivocado y decepcionado. Pero la política antidrogas se mantiene intacta.

Cuando de decepciones se trata, quizás sería mejor preguntarles a los colombianos. La multimillonaria ayuda canalizada a través del Plan Colombia a lo largo de cinco años no le ha generado ningún beneficio a la población afectada. Sin embargo los programas continúan. Miseria, desplazamiento y ausencia de oportunidades siguen siendo la realidad de los cocaleros, mientras los dólares del Plan Colombia se diluyen en el veneno -el glifosato fumigado- y conducen de paso a la que es quizás una de las más graves consecuencias de la política de las fumigaciones: la creciente deforestación de amplios territorios, incluso parques nacionales, en busca de nuevos espacios para plantar coca.

Con un desastre ecológico y humanitario de la magnitud del que se ha producido en Colombia en los últimos cinco años por la política de Washington, los colombianos sí que habrán de saber lo que es estar decepcionados de una política torpe e ineficaz, que a los únicos a quienes ha beneficiado es a las compañías y contratistas estadounidenses que se encargan de realizar el negocio de la fumigación. Lamentablemente el país acaba de reelegir a un presidente que no tiene la menor intención de cuestionar los programas antinarcóticos de la oficina del zar Walters.

Entonces todos mienten

Otra consecuencia de la explicación sobre la inexactitud de los datos que viene ofreciendo desde hace años la oficina del zar, es que al mismo tiempo deja en ridículo también las cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD), que por lo general suelen ser inferiores a las que ofrece Estados Unidos. La ONU estaría numéricamente aún más errada que Washington. Estas dos instancias han estado diseñando políticas sobre la supuesta existencia de una determinada superficie cultivada que ahora se revela que ha sido medida de manera insuficiente. Eso quizás explique por qué en las diferentes regiones en las que se produce coca en Colombia, las autoridades y la población local siempre manifiestan tener la percepción de que hay más coca de la que revelan las estadísticas, mientras el gobierno de Bogotá insiste en lo contrario.

La política antidrogas basada en la fumigación ha llegado al límite de sus posibilidades. Mientras no tengan reales alternativas de ingreso los cultivadores van a seguir produciendo coca. Mientras haya demanda el narcotráfico se las va a ingeniar para seguir fabricando cocaína y comercializarla. Cinco años y más de 3.000 millones de dólares después, sería de esperar que la decepción del zar condujera a una revisión de la actual política de drogas. Lo que no parece ser el caso. Por el contrario. El pasado mes de abril, la Cámara de Representantes estadounidenses aprobó por abrumadora mayoría (399 votos a favor y sólo 5 en contra) el uso de armas biológicas contra los cultivos de coca y amapola. La propuesta está ahora en discusión en el Senado. Cuatro años más de Uribe podrían ser la garantía de que esta medida finalmente se aplique.