Luchas cocaleras en Perú y Bolivia

En 1994, los productores de coca del Trópico de Cochabamba caminaron más de 600 km. hasta la sede del gobierno en La Paz, para demostrar su indignación por los efectos de las políticas de drogas en su región. Hoy, tras muchas marchas y bloqueos de carreteras, en una lucha que ha costado muchas vidas, las seis federaciones del Trópico de Cochabamba han firmado un acuerdo con el gobierno en el que destacan los siguientes puntos:

1. Rediseño de los contenidos y marco institucional del Desarrollo Alternativo en el trópico de Cochabamba con una visión de integralidad, participación social y sostenibilidad.
2. Estudio y formulación de un plan estratégico de desarrollo del trópico de Cochabamba, así como su ejecución a cargo de la mancomunidad de municipios de esa región por un monto aproximado de 20 millones de dólares.
3. Estudio sobre la demanda legal de la hoja de coca en el trópico de Cochabamba, a cargo de una entidad nacional o internacional que cuente con el aval de Naciones Unidas y que sea aceptada por las partes.
4. La comercialización de la hoja de coca no sufrirá alteraciones hasta la conclusión del estudio de la demanda legal, los 18 mercados primarios de aquella región continuarán abiertos.
5. Una comisión, integrada por representantes del Gobierno y de las federaciones, analizará los casos de violación de derechos humanos en aquella zona, así como del cumplimiento de compromisos gubernamentales para el resarcimiento a víctimas de hechos de violencia ocurridos en la región desde el año 2001.

En Bolivia y Perú el cultivo, comercio y consumo de hoja de coca son actividades legales ampliamente difundidas. En los años ochenta ambos países llegaron a ser los principales productores de hoja de coca destinada a la producción de cocaína, hasta que en los noventa aumentaron los cultivos en Colombia.

Sin embargo, a pesar de que desde los noventa la producción de coca en Perú y Bolivia ha declinado considerablemente, las políticas destinadas a erradicar los cocales han tomado la dirección contraria, intensificándose desde los años noventa hasta hoy. En Bolivia, aunque hubo algunas campañas de erradicación en años anteriores, no fue hasta 1986 cuando se implementaron políticas dirigidas a la reducción y eliminación de los cultivos de coca.

Bolivia posee una fuerte organización campesina que incluye a los cocaleros, movimiento que ha encabezado la resistencia a las políticas oficiales de erradicación y control del cultivo de coca. Por ser organizaciones públicas y legales, sin vínculos probados con grupos subversivos e ilícitos, este movimiento cuenta con considerable legitimidad entre la opinión pública. (1)

En Perú las acciones de erradicación forzosa comenzaron con el Gobierno de Fujimori-Montesinos en 1996. Dichas acciones provocaron disturbios sociales y la aparición de movimientos sociales organizados en las zonas cocaleras. Hoy día, en Perú el conflicto entre las organizaciones de productores de coca y el gobierno se ha visto agravado debido a la ruptura de las negociaciones entre el gobierno y los campesinos.

La desinformación existente alrededor de las organizaciones cocaleras ha facilitado que los gobiernos de Perú, Bolivia y Colombia utilicen estereotipos poco vinculados con la realidad al referirse a ellos. Denominaciones como narcoterroristas, narcocultivadores, etc. han sido utilizadas incluso en ámbitos como la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas.

En el fondo de este debate se encuentra la relación entre la gobernabilidad, las políticas de drogas y los movimientos cocaleros. El desequilibrado enfoque del control internacional de drogas, el escaso margen de maniobra de los gobiernos y sociedades del Sur para diseñar políticas propias y autónomas y los fantasmas existentes alrededor de las organizaciones cocaleras, hacen que la gobernabilidad en los países denominados productores de coca sea todo un reto.

En el caso de Perú, el desacuerdo entre Gobierno y agricultores de coca estriba en la exigencia de cesar la erradicación de cultivos y en la propuesta de una nueva política de drogas propia y libre de las presiones norteamericanas.

El acuerdo logrado entre los cocaleros en Bolivia abre la puerta a la experimentación con políticas de drogas más realistas, centradas más en reducir los daños provocados por las drogas y las políticas destinadas a eliminar las mismas que en reprimir a aquellos que se ven obligados a vivir de ellas, a falta de medios alternativos de subsistencia.

Referencias

1. Para más información sobre los movimientos cocaleros en Perú y Bolivia ver: Coca o muerte? Movimientos cocaleros en el Perú y Bolivia, Drogas y Conflicto 10, abril 2004.