Política antidrogas en Colombia : 25 años de fracasos

Este fenómeno resulta paradójico cuando se sabe que Perú primer productor mundial de coca en 1992, sin arrojar un solo litro de glifosato redujo sus cultivos de coca de 155.000 hectáreas en ese año a 51.000 en 1998. Sabemos que no fue la política antidrogas la causa de esa disminución. Sencillamente el cambio obedeció a la modificación de la estructura monopólica del narcotráfico predominante hasta mediados de 1995, en donde el principal proveedor de pasta básica para los carteles colombianos era Perú. El cambio global del narcotráfico significó pasar del modelo centralizado a estructuras descentralizadas, flexibles de las organizaciones exportadoras de drogas asentadas hoy en Colombia y que se autoabastecen internamente, estimulando la actual demanda de pasta básica y látex de amapola.

A pesar de estas realidades, Colombia se apresta a repetir una vez más una política de más de dos décadas de fracasos. A instancia de las autoridades antidrogas de los Estados Unidos, el país se prepara para desarrollar una fumigación química de grandes proporciones al parecer con una nueva formulación comercial del glifosato y mantiene en alto su disposición para investigar y ensayar la propagación de plagas contra a hoja de coca bajo el equívoco nombre de "control biológico". Como consecuencia de más de dos décadas de fumigaciones, las áreas de ilícitos se han desplazado a zonas ambientalmente frágiles tanto en el interior de la región amazónica como en las zonas de bosque andino y altoandino, áreas estratégicas en la producción del ciclo del agua.

Con ese traslado se han multiplicado los impactos ambientales y se ha agravado la problemática social ante el contundente hecho de que centenares de miles de colombianos derivan su ingreso de esa economía.

Sin que se demuestren sus perspectivas de éxito, la remilitarización de las zonas productoras, el énfasis de fuerza en la parte más débil de la cadena, la macrofumigación indiscriminada y en general la ofensiva en los escenarios bajo control de la insurgencia, escalarán el conflicto. Como consecuencia empujará a la población civil de estas zonas a quedar bajo control de la guerrilla y presionada para desplazarse o empuñar las armas con lo cual se deslegitimará aún más el Estado colombiano y se fortalecerán por tanto los poderes privados que vienen sustituyendo la incapacidad del poder estatal para controlar la gravedad de la situación. La sociedad desarmada quedará al arbitrio de quienes controlen las armas y el poder económico.

Pero más aún, el entrelazamiento de este escenario con la inestable situación del área andina y decisiones irresponsables como la propagación de plagas en la amazonia, pueden regionalizar el conflicto, escenario sobre el cual resultan legítimas las preocupaciones de los gobiernos vecinos a Colombia. De este modo no puede hacerse un símil entre la idea inicial del denominado "Plan Marshall para la paz" y el Plan Colombia. La metamorfosis de este último lo llevó a convertirse en Plan de guerra. La paradoja es que los narcotraficantes no se verán afectados por esta estrategia.

Al situarse esta problemática en el contexto de la degradación de la guerra en Colombia y aún si se lograse erradicar áreas significativas de ilícitos en el sur de Colombia bajo control de la guerrilla, esas mismas áreas serán sustituidas el norte (Catatumbo, norte de Antioquia, Bolívar y Magdalena Medio) bajo control paramilitar. Allí ya está un 40% de la producción total de coca. Pero en las discusiones sobre la ayuda al componente antidrogas en Capitol Hill nadie habló tampoco de un "push into northern" Colombia. Sabemos que tampoco es la solución. La solución es discutir y decidir políticas frente a las complejas dimensiones del narcotráfico en los escenarios de paz con participación de la sociedad civil colombiana. Y al mismo tiempo aclarar desde la perspectiva de Colombia en el marco del proceso de paz, cual debería ser la responsabilidad internacional y cómo se debe actuar en relación con la política de cooperación.

Un principio de tratamiento claro del problema estaría en dejar de reducir la economía de las drogas a los cultivos ilícitos, tal como sucede en el Plan Colombia. El capital del narcotráfico sigue teniendo un alto poder en Colombia y en el nivel internacional, estando en capacidad de satisfacer sus necesidades de materia prima para procesar psicoactivos que se demandan en los mercados mundiales. Mientras tanto los impactos de la ofensiva que se pretende estarán en las partes más sensibles socialmente y con menos incidencia en la cadena de las drogas. Por tales razones y ante la evidencia de un fracaso más en la política de reducción de la oferta, las organizaciones sociales de las zonas monodependientes de esta economía han señalado puntos concretos a las autoridades antidroga para construir una perspectiva más realista de manejo del problema:

1. Desarrollar acciones que garanticen la protección a la vida y la integridad personal de la población civil en medio de la guerra e impedir la creciente degradación y escalamiento del conflicto armado de modo que se fortalezca un escenario de confianza entre las partes, hechos que deben encaminarse a crear las condiciones necesarias que faciliten un cese del fuego.

2. Dar un nuevo impulso a las conversaciones para la solución negociada del conflicto, buscando la construcción de un Plan de Paz alternativo a las ofensivas de guerra del Plan Colombia. En ese proceso se debe relevar el desarrollo de un diagnóstico y soluciones al problema de las drogas, ámbito en el cual se facilite la participación de la sociedad de las regiones con problemas de monodependencia de los cultivos ilícitos.

3. Parar de manera inmediata las fumigaciones. Esta es una condición necesaria para generar un ambiente de confianza entre el Estado y las comunidades y poder así desarrollar acuerdos para la implementación de alternativas viables y sostenibles en el mediano y largo plazo a los cultivos ilícitos. Simultáneamente a la suspensión de las fumigaciones se debe desarrollar un proceso de evaluación de la política de drogas implementada en Colombia durante los últimos 25 años con el fin de buscar un replanteamiento basado en los resultados del balance efectuado. El balance debe incorporar las tendencias en que se mueve el debate internacional sobre las drogas.

4. Abandonar todo intento de investigación, ensayos o aplicación de agentes biológicos para la destrucción de los cultivos ilícitos teniendo en cuenta que su uso equivale en primer lugar a la creación de armas biológicas dirigidas contra un cultivo y no contra una plaga o maleza y en segundo lugar, su inscripción en el marco del conflicto armado colombiano se consolida como otro instrumento bélico con consecuencias devastadoras en el nivel ambiental. Decisiones dirigidas a esparcir patógenos como instrumentos de destrucción y que terminarán por agravar los problemas que pretende resolver, violan además las garantías constitucionales que protegen los derechos a la salud, a la producción de alimentos, a un ambiente sano y rompen los límites establecidos en el artículo 81 de la Constitución que prohibe la fabricación, importación, posesión y uso de armas biológicas y nucleares.

5. Como alternativa frente a las fumigaciones químicas y biológicas se debe considerar el análisis de técnicas de erradicación manual siempre que ésta sea voluntaria, acordada con las comunidades, de carácter gradual y condicionada a la sostenibilidad de inversiones económicas en lo social y cultural. Se requieren acciones que contribuyan a generar tejido social, una ética fundada en el respeto por la vida y la dignidad humana y que promueva la creación de plenas garantías para la aplicación de una pronta eficaz justicia.

6. Reconocer y precisar las regiones con un problema de monodependencia de la economía ilegal determinando las causas sociales y económicas que presionan el establecimiento de esas estructuras ilícitas, las cuales deben ser tratadas como la base de solución y desarrollar programas pilotos que sirvan de soporte para dar un sustento real a las iniciativas de erradicación manual concertadas con las comunidades.

7. Por su parte, los planes alternativos deben ser considerados bajo la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria y propiciar inversiones sobre aquellos cultivos que generen excedentes y tengan condiciones favorables para su comercialización. Para ello se debe partir de procesos de ordenamiento territorial y ambiental que determinen las condiciones biofísicas para la instalación de alternativas viables en el mediano y largo plazo.

8. En la elaboración de propuestas alternativas se debe reconocer que los cultivos ilícitos se encuentran en zonas de alta fragilidad ambiental, tanto en las zonas de bosque húmedo como en áreas de bosques andinos y altoandinos. La depredación de estos ecosistemas para la instalación de cultivos necesarios para satisfacer una demanda mundial de drogas ilícitas, resulta ser un costo que corre por cuenta de los países del sur, configurándose una deuda ambiental que debe ser asumida bajo un esquema de corresponsabilidad mundial que apoye el restablecimiento de los impactos ambientales.

Normalmente estas áreas se caracterizan por la diversidad étnica y cultural y la presencia de complejos ecosistemas fundamentales para el equilibrio ambiental. Sobre estas zonas se deben desarrollar políticas acordes con estas características y decisiones que garanticen:

• El carácter colectivo de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas;
• El derecho de los pueblos indígenas de controlar y proteger sus recursos y conocimientos tradicionales
• La relación intrínseca entre territorios indígenas y conocimientos tradicionales;
• El principio de conocimiento fundamentado previo, como elemento básico en cualquier plan sobre su territorio;
• La protección legal tanto nacional como internacional de la herencia cultural de los pueblos indígenas; para ello se debe desarrollar una moratoria sobre la bioprospección, acceso y uso del conocimiento tradicional.

Garantizar que los beneficios obtenidos por los desarrollos investigativos y el uso sostenible de la biodiversidad sean revertidos sobre las comunidades que habitan los territorios ambientalmente frágiles, con el fin de generar alternativas a las economías extractivas.

9. Establecer diferencias claras entre los pequeños y grandes productores de cultivos ilícitos. En el caso de los pequeños productores se debe tomar como criterio la voluntad de cambio frente a la economía ilegal; la existencia y compromiso de las organizaciones de la comunidad en ese proceso de cambio; su reconocimiento como parte de las soluciones a través de decisiones como su descriminalización, y la generación de políticas de desarrollo encaminadas a soluciones pacíficas y de consenso con las comunidades. La búsqueda de alternativas no podrá lograrse en el corto plazo. Por ello la construcción de soluciones de desarrollo no debe estar condicionada a la erradicación total previa de los cultivos ilícitos y en su lugar acordar un mínimo de áreas de subsistencia que serán objeto de un proceso gradual de sustitución. En ese proceso se deben desarrollar veedurías ciudadanas para el cumplimiento de los programas.

10. Fortalecer el proceso de organización de las comunidades en el nivel municipal y departamental de modo que contribuya a concertar respuestas locales incluyendo la erradicación manual, gradual y con inversiones económicas y sociales que reconozcan la diversidad social, política y cultural de las regiones. Reconocer no solo la existencia de una diversidad espacial sino social, que se expresa en la existencia de múltiples etnias, culturas, intereses, cosmovisiones las cuales se expresan en la construcción local de "Planes de Vida". En general estas dimensiones son desconocidas por los representantes del Estado central el cual busca hacer homogéneas las propuestas de orden económico y social sin atenerse a este tipo de reconocimientos contemplados en la misma Constitución Nacional. En el caso del Desarrollo Alternativo, este debe incorporar las perspectivas, intereses y cosmovisiones de las comunidades y sus formas de apropiaciòn y manejo del entorno.

11. Reconocer la incidencia de problemas estructurales con la temática de los cultivos ilícitos. En primer lugar la necesidad de desarrollar una Reforma Agraria Integral que transforme con criterios de sostenibilidad, la actual estructura de tenencia de la tierra y desarrollada en el interior de la frontera agrícola. En ese sentido se debe afectar el proceso de concentración de tierras generado por el lavado de activos del narcotráfico. Para tal fin se debe considerar la imlementación de la Ley 333 de 1996. Así mismo se debe dar impulso a políticas integrales de desarrollo rural y social que busquen incidir sobre las causas que determinan los procesos de migración de los campesinos y habitantes urbanos sin empleo e ingreso y que buscan en los cultivos ilícitos alternativas inmediatas de solución.

12. Redefinir el concepto de corresponsabilidad internacional frente al problema del narcotráfico, aclarando que este no puede seguir siendo la aprobación de recursos para el apoyo bélico o para un desarrollo alternativo entendido como el complemento de las acciones de fuerza, mientras los países productores reciben las consecuencias por la aplicación de la guerra a las drogas. La corresponsabilidad debe partir de una diferenciación clara de los niveles del circuito de drogas: En primer lugar el nivel de la producción relacionado con la presencia de un problema socioeconómico expresado en los pequeños productores y comunidades indígenas.

En segundo lugar el narcotráfico, el cual abarca actividades como el lavado de activos en el sistema financiero internacional; actividades como el contrabando de armas e insumos químicos para procesar los psicoactivos; contrabando de mercancías de uso común a través del cual se lavan recursos ilegales resultando beneficiadas grandes multinacionales; redes ilegales de prostitución y negocios ilícitos, actividades que tienen su principal base en los países del norte, sobre los cuales se deben desarrollar acciones de cumplimiento de la ley (law enforcement) en el marco de la corresponsabilidad mundial.

En tercer lugar, diferenciar el problema del abuso de drogas ámbito propio de políticas de salud pública en donde se deben fortalecer las acciones dirigidas a disminuir los daños que ocasionan las drogas y las políticas que resultan criminalizando a los adictos. Decisiones desde la perspectiva de la "cero tolerancia" terminan por agravar los problemas de salud en la medida en que sus decisiones se fundan en la criminalización irracional del consumo. La corresponsabilidad en esta materia debe dirigirse al desarrollo de políticas de cooperación que traten el problema desde la perspectiva de salud.

13. Con base en los anteriores criterios y propuestas, la comunidad internacional debe asumir un nuevo enfoque frente a la búsqueda de soluciones diferenciadas a una política antidrogas que ha tenido una prolongada vigencia, sin haber mostrado resultados que justifiquen su continuidad. La sociedad colombiana, las comunidades implicadas en la monodependencia frente a esta economía han demostrado su voluntad de cambio, a través de reiteradas negociaciones con el Estado siendo objeto de seculares incumplimientos y sujetos de acciones de represión como en las marchas campesinas de 1996. Las actuales circunstancias de conversaciones de paz, configuran un momento oportuno para buscar soluciones viables, sostenibles y basadas en el respeto a la vida, la dignidad de las personas que por razones económicas y sociales se han visto obligadas a depender de esta actividad.

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