Un milagro navideño en Chile

El TNI y el caso Pinochet

El 30 de diciembre de 2005, dos mil años después que se reportara una inmaculada concepción, ocurrió un milagro en Chile. Veintiún jueces de los 24 del Tribunal de Apelaciones de Santiago despojaron de su inmunidad al ex dictador General Augusto Pinochet, la cual él se había concedido a sí mismo en 1990 cuando dejó de ser presidente. El congreso chileno reafirmo la inmunidad en el 2000. Sin embargo, los jueces decidieron que la protección auto-concedida de Pinochet no se aplicaba a las acusaciones de que había robado $2 millones de dólares del erario público.

El juez Juan Escobar, presidente del tribunal, explicó que al eliminar la inmunidad de Pinochet se abría el proceso legal de investigaciones más amplias acerca de la corrupción personal del ex dictador y de violentos crímenes. El año pasado Pinochet perdió la inmunidad en casos relacionados con evasión de impuestos y de mantener cuentas bancarias secretas en EEUU, en las que había ocultado $28 millones.

Desde 1998, las desgracias legales del ex general de 90 años han aumentado. En ese año, Baltasar Garzón, un juez español, pidió al gobierno británico que extraditara a Pinochet para que enfrentara las acusaciones en España de terrorismo internacional, tortura y genocidio. Los británicos arrestaron a Pinochet, y después de más de un año de apelaciones, los Lords de la Ley de Inglaterra aprobaron la solicitud española. Sin embargo, Pinochet escapó de las garras de la ley española y regresó a Chile en marzo de 2000, después que el gobierno británico acordara con un grupo de médicos que lo declararan no apto física y mentalmente para ser juzgado.

Pinochet aterrizó al día siguiente en Chile y casi que bailó la cueca (baile nacional chileno) mientras descendía por la escalerilla del avión, antes de abrazar a sus viejos compinches militares cuyos nombres él recordaba perfectamente. Este retorno triunfante y militarizado pareció situar para siempre a Pinochet fuera del alcance de la justicia. Los chilenos que exigieron su regreso de Inglaterra basados en que Chile, no España, tenía el derecho legal y, más aún, la obligación de juzgar a Pinochet por sus crímenes, se enfrentaban no sólo a una amenazante demostración de apoyo militar, sino a una falta de voluntad política por parte de la clase gobernante.

El socialista Ricardo Lagos ganó las elecciones presidenciales en 2000 y fue inaugurado una semana después que Pinochet retornara. Los defensores de los derechos humanos esperaron en vano que Lagos encausara a Pinochet. Lagos no hizo nada. Sin embargo, ese mismo año el juez Juan Guzmán investigó algunas de las desapariciones –técnicamente, secuestros– que las tropas de Pinochet llevaron a cabo entre el 1973 y el 1990. Guzman entonces encauso a Pinochet y pidió que su inmunidad fuera eliminada. Este acto fue el inicio de una serie de encauzamientos que continúan hoy día.

Pinochet juró a Guzmán que él nunca había ordenado las ejecuciones. “No soy un neurólogo o psiquiatra o psicólogo”, dijo Guzmán. Pero Pinochet parecía ser “una persona extraordinariamente normal… muy caballeroso.” Pinochet negó ante Guzmán cualquier participación en la Caravana de la Muerte, que tuvo lugar poco después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, dirigido por él. (Después de derrocar violentamente al gobierno elegido del socialista Salvador Allende, Pinochet se nombró a sí mismo jefe de una junta gobernante que subsiguientemente realizó una ola de asesinatos y torturas de sus enemigos políticos, desde la izquierda del espectro hasta los centristas de la Democracia Cristiana.)

Pinochet culpó a su subordinado, el General Arellano Stark (fallecido), de haber organizado un escuadrón de la muerte itinerante que viajó por Chile y ejecutó sumariamente a supuestos izquierdistas en varias ciudades. Unas 75 personas murieron durante esa “Caravana” de octubre de 1973.

El hombre que en 1981 dijera que “ni una hoja se mueve en Chile sin que yo lo sepa”, pretendió ignorancia ante los asesinatos y la tortura masiva. “Ordené que las tropas dispararan sólo en defensa propia”, le dijo a Guzmán. Sin embargo, ex oficiales de Pinochet se han burlado de tales comentarios. Algunos que se encontraban en la Caravana de la Muerte atestiguaron que Pinochet incluso presenció algunas de las peores mutilaciones de prisioneros vivos en la norteña ciudad de Antofagasta.

Irónicamente, el Juez Guzmán se quejó de que funcionarios del gobierno del Partido Socialista lo había presionado para que abandonara el caso. Líderes del Partido Socialista aparentemente tiemblan ante las consecuencias del juicio a Pinochet. ¿Habrá problemas por parte de los militares? ¿Involucrará Pinochet a funcionarios de EEUU? ¿Tal juicio nos perjudicara nuestros chances electorales?

Altos funcionarios gubernamentales suspiraron de alivio cuando el Tribunal de Apelaciones invalidó las solicitudes de Guzmán sobre la base de que Pinochet no estaba mentalmente apto para ser juzgado. Guzmán me dijo que “la opinión internacional dio apoyo moral y nos ayudó a comprender que vivimos en la era de los derechos humanos”.

En 2004 Guzmán se retiró y se incorporó al mundo académico, pero otros jueces se hicieron cargo de los casos. El 7 de diciembre de 2005, una corte de apelación de Santiago derribo a Pinochet de su inmunidad en el caso de la desaparición de 29 oponentes políticos entre 1973 y 1990. El juez Victor Montiglio sumara estos casos a otros ya archivo alrededor de la Operación Colombo en el mediado de los anos 70s en donde se alega que Pinochet ordeno la muerte y desaparición de 119 oponentes.

Sin dudas el Tribunal Supremo de Chile recibirá apelaciones acerca de estos casos. En cuatro oportunidades anteriores, jueces del Tribunal Supremo han llegado a la decisión de que la demencia senil de Pinochet, múltiples apoplejías, diabetes y artritis lo hacen no apto para ser sometido a juicio. Pero en octubre, médicos nombrados por el tribunal examinaron a Pinochet y se pronunciaron que estaba apto para ser juzgado.

Pinochet incluso había concedido una entrevista a una estación de Miami, en la que pareció muy coherente. Al igual que muchos padrinos de la Mafia que aparentaron senilidad, la vanidad de Pinochet lo traicionó. Han tenido que pasar quince años de gobierno civil para que los magistrados chilenos se atrevan a acusar a Pinochet por sus crímenes.

¿Por qué ha tomado tanto tiempo y por qué el Fiscal General de EEUU no ha acusado a Pinochet de la responsabilidad intelectual por el asesinato terrorista en 1976 en Washington de Orlando Letelier y Ronni Moffit?

Pinochet dejó de ser presidente en 1990, después de haber perdido un plebiscito –la opinión mundial hubiera respondido duramente si él no lo hubiera hecho. Pero había destruido el sistema judicial chileno, de manera que no existía una maquinaria legal que le adjudicara los crímenes cometidos por sus militares, incluyendo los realizados contra extranjeros –ciudadanos españoles, británicos, franceses y norteamericanos.

En 1990 el nuevo gobierno estableció la Comisión Rettig para que evaluara los daños bajo Pinochet. Esa comisión determinó que el “terror” bajo Pinochet había costado la vida a más de 3 190 personas; decenas de miles sufrieron tortura.

¿Lo sabía Pinochet?

Ahora él dice que no sabía nada acerca de los abusos a los derechos humanos. Sin embargo, en 2004 el General Contreras, jefe de la policía secreta (1974-77), hizo una declaración jurada para hacer que le redujeran su condena de siete años de prisión. Un tribunal chileno lo había sentenciado por conspiración para asesinar a Orlando Letelier. Pero Contreras juró que Pinochet le había dado órdenes directas de cada acto criminal que él cometió, incluyendo el asesinato por medio de un carro bomba de Orlando Letelier en Washington en septiembre de 1976. Ronni Moffit, que trabajaba con Letelier en el Instituto para Estudios de Política, también murió en el atentado.. Letelier, ex embajador chileno en Washington y miembro del gabinete del derrocado gobierno de Allende, se había exiliado en Washington después de pasar un año en un campo de concentración de Pinochet.

La declaración de Contreras acerca de la responsabilidad por ese acto coincide con las opiniones de los ex agentes del FBI Robert Scherrer y L. Carter Cornick, quienes dirigieron la investigación del caso Letelier. Ambos llegaron a la conclusión de que Pinochet tenía que haber autorizado el atentado. El ex Fiscal Adjunto de EEUU Lawrence Barcella, quien procesó a los acusados, declaró que “es inconcebible que el asesinato de Letelier hubiera tenido lugar sin la autorización expresa del comandante chileno “. Ellos habían seguido el rastro hasta el jefe de policía Contreras. El gobierno de EEUU insistió en que Chile no se atreviera a usar los conceptos de soberanía en el caso de un asesinato en Washington.

Como resultado, Contreras y un subordinado fueron condenados en Chile por el asesinato de Letelier. Pero de alguna manera el gobierno norteamericano nunca actuó contra Pinochet y Chile continuó apelando a falsas nociones de inmunidad diplomática y soberanía. Sin embargo, los agentes de Pinochet no mostraron ningún respeto por la soberanía.

Antes de asesinar a Letelier y Moffit en Washington, habían asesinado al General Carlos Prats y a su esposa en 1974, exiliados en Buenos Aires. Agentes de la policía secreta chilena dispararon en Roma en 1975 contra el político exiliado Bernardo Leighton y su esposa y, como descubrió el FBI, habían ideado otros planes para eliminar a opositores en el extranjero. La “inmunidad diplomática” no tiene mucho sentido para la familia de Carmelo Soria, un funcionario español de la ONU que fue secuestrado y asesinado en Chile en 1976 por la unidad élite de la policía secreta de Pinochet. Él poseía verdadera inmunidad diplomática y no le sirvió de nada. Dos ciudadanos británicos también desaparecieron durante el reinado de Pinochet. Un caso es el epítome de sus métodos policíacos. La hermana del hombre de negocios William (Billy) Beausire era la compañera de un líder de la ultra izquierda. Para descubrir donde se hallaba oculto el líder, la policía política de Pinochet decidió torturar a Billy. Sin embargo, cuando alguien avisó a la madre de Billy, ella puso a su hizo en el primer vuelo hacia Londres. Desafortunadamente, el vuelo hizo escala en Buenos Aires. A estas alturas la policía secreta había descubierto el plan de fuga de la madre y pidió a sus colegas argentinos que detuvieran a Billy y lo enviaran de regreso a Chile. Nunca se volvió a saber de él.

Inmediatamente después del golpe de 1973, los matones militares de Pinochet asesinaron a Charles Horman y Frank Terrugi, ambos ciudadanos norteamericanos. Incidentes como estos caracterizaron los 17 años de “presidencia” de Pinochet.

El caso de Pinochet, abierto por primera vez en España a mediados de los años 90, ha mostrado a jueces en todo el mundo la manera de distinguir entre los actos criminales y los políticos. Al aplicar tratados internacionales que prohíben el genocidio, han mostrado que la valentía judicial puede ser contagiosa. Salvador Allende hubiera sentido satisfacción de que Pinochet hubiera sido encausado, pero debe haberse dado vuelta en su tumba ante la cobardía de algunos de sus ex camaradas, entre ellos algunos que ocupan los más altos cargos.