Cazadores de ambulancias

Introducción

El 10 de marzo de 2011, la atención del mundo estaba centrada en los acontecimientos que se estaban precipitando en la nación africana de Libia. Un levantamiento popular contra Gadafi, que había empezado un mes antes, se había convertido en una guerra civil a gran escala. La preocupación expresada por los rebeldes y los políticos de la ONU hablaba de una posible masacre inminente. El mismo día, un importante bufete internacional de abogados, Freshfields Bruckhaus Deringer, también tenía sus ojos puestos en Libia, pero parecía tener en su mira algo muy diferente a las pérdidas humanas.

En una nota informativa publicada ese mismo día, decidió aconsejar a las empresas multinacionales sobre cómo defender sus ganancias amenazadas en Libia, a raíz de una crisis humanitaria. Cabe destacar que la nota sugería a las corporaciones que podrían utilizar los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) para demandar al Estado libio, señalando que los inversionistas podrían reclamar una indemnización financiera porque Libia no había cumplido con sus “las promesas a los inversionistas con respecto a la seguridad física y protección de instalaciones, personal, etc.”.

Freshfields –cuyos socios accionistas ganaron 1.308 millones de libras esterlinas en beneficios durante 2010/11, en un momento de recesión mundial– no era el único gabinete jurídico internacional que buscaba defender a sus clientes en medio de una guerra civil. Dos meses después, en mayo de 2011, en plenos bombardeos de la OTAN, el bufete internacional de abogados King y Spalding aconsejó a las multinacionales que todavía podrían demandar a Libia mediante las reglas de los TBI con el argumento de que Gadafi había creado un “ambiente insostenible, inestable e impredecible para la inversión”. El bufete llegó a sugerir que sería posible reclamar indemnizaciones a un posible gobierno post-Gadafi basándose en el principio de la ‘continuidad de los Estados’, aunque admitió que los árbitros “podrían mostrarse reacios a imponer una indemnización sustancial a Libia en un momento en que el país se está recuperando de una importante crisis política, social y económica”.

El de Libia es sólo uno de los casos que destacan en el lucrativo negocio del arbitraje, en que bufetes de abogados, actuando en nombre de empresas multinacionales, han presentado 390 demandas en contra Gobiernos. Los pagos realizados por los Gobiernos en términos de compensación han llegado a alcanzar decenas de miles de millones de dólares, a lo que habría que sumar las gastos legales, por valor de decenas de millones de dólares.

Estos casos apuntan a un nuevo tipo de ‘cazadores de ambulancias’ que ha emergido en el escenario global. ‘Cazadores de ambulancias’ fue el término que se dio en el siglo XIX a los abogados que intentaban sacar provecho de las lesiones o accidentes sufridos por una persona. Hoy en día, son firmas internacionales de abogados que están haciendo dinero a partir de alimentar controversias sobre inversiones, con devastadores impactos sociales, ambientales y presupuestarios sobre los Estados soberanos y la gente común. Para maximizar sus ganancias, los bufetes de abogados han promovido el arbitraje sobre inversiones en las universidades, han desarrollado mecanismos para facilitar la financiación de los casos, y han cabildeado entre los políticos para evitar que se introduzcan cambios en el régimen de inversiones. De esta manera, han mantenido y apoyado un marco jurídico internacional que esté estructuralmente sesgado a favor de las corporaciones y es perjudicial para los Estados soberanos y la gente común.

Los abogados que se dedican al arbitraje internacional sobre inversiones han escapado en gran medida a la atención del público porque muchos de los casos que llevan se conocen poco y porque los intereses que se esconden tras ellos, además de los costos sociales de sus acciones, son poco visibles. Por ese motivo, es hora de sacar a la luz los graves problemas éticos relacionados con el papel de los bufetes de abogados en el régimen internacional de inversiones.

Escrito por Nick Buxton, con aportaciones de Pia Eberhardt, Pietje Vervest y Cecilia Olivet e investigación de Evert-Jan Quak. Portada y diseño de Ricardo Santos. Estas páginas forman de un informe más detallado sobre Abogados y tratados de inversiones que saldrá a principios de 2012. Traducción al español de Alejandro Villamar/RMALC-Nov-2011.