Este documento analiza cómo el Programa de Familias Guardabosques y los Proyectos Productivos del Programa Presidencial Contra Cultivos Ilícitos en Colombia han sido instrumentalizados para la legalización de estructuras paramilitares y la implementación de megaproyectos agroindustriales en la región del Urabá.
Introducción
La región del Urabá se encuentra en el noroeste de Colombia, en la zona fronteriza con Panamá y está constituida por diecisiete municipios de los departamentos de Chocó y Antioquia. El Urabá antioqueño se extiende hasta la frontera con Panamá, incluyendo el Golfo de Urabá,donde desemboca el río Atrato. De esta región hacen parte los municipios de Arboletes, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Necoclí, Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba, Murindó y Vigía del Fuerte. El Urabá chocoano está constituido por la zona conocida como el Bajo Atrato, del que forman parte los municipios de Riosucio, Unguía, Acandí, Carmen del Darién y hasta 2007 Belén de Bajirá, que forma parte desde entonces del Urabá Antioqueño.
La gran biodiversidad, las tierras fértiles, los minerales, el petróleo, el agua y la madera son sólo algunos de los recursos que se pueden encontrar en la zona. A la vez, el Urabá constituye el puente entre América del Sur y América Central y tiene acceso al océano Pacífico y al mar Caribe, por lo que ofrece oportunidades económicas y estratégicas militares sin precedentes. En elPlan Nacional de Desarrollo (PND) de los sucesivos gobiernos de Uribe de 2002 y 2006, el Urabá ha sido una de las zonas prioritarias.
Recomendaciones
• Mientras no haya un estricto monitoreo de los fondos destinados a programas en el marco de la lucha antinarcóticos en el Urabá, los diferentes donantes internacionales deberían imponer una moratoria en la entrega de estos recursos al gobierno colombiano.
• Los donantes y organizaciones internacionales involucradas deberían examinar la práctica de los Programas de la Presidencia contra los Cultivos Ilícitos en el Urabá – Familia Guardabosques, Proyectos Productivos – desde sus orígenes como requisito para continuar la cooperación internacional destinada a éstos. Debería examinarse también la procedencia de la tierra en la que se desarrollan los proyectos y quiénes son los verdaderos beneficiarios de los programas.
• Los campesinos o comunidades vinculadas a estos programas no deberían ser obligados a colaborar con la fuerza pública. Esto no sólo aumenta la situación de riesgo en la que viven esas personas al convertirlas en actores partidarios del conflicto sino que representa una infracción al Derecho Internacional Humanitario.
• Los Proyectos Productivos que se quieran desarrollar en territorios colectivos de pueblos indígenas y afrocolombianos tienen que ser consultados con éstos tal como lo establece la Ley 70 y el Convenio 169 de la OIT. Cuando existan denuncias sobre vínculos con el paramilitarismo debe frenarse el apoyo internacional hasta que no comiencen a aplicarse mecanismos de control y seguimiento sobre el uso de los recursos.
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