Fumigaciones y conflicto en Colombia

En diciembre de 2000 comenzó en Colombia una intensa campaña de fumigaciones masivas, dentro del marco del Plan Colombia. El programa se puso en marcha rodeado de una fuerte oposición por parte de las comunidades de campesinos involucradas y de organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales. Desde entonces, las voces en contra del uso de herbicidas químicos para erradicar cultivos ilícitos han aumentado de manera espectacular, abriendo el camino a un debate más amplio sobre la política de drogas que se ejecuta en este país latinoamericano.

En estos momentos el debate gira en torno a las consecuencias para la salud y el medio ambiente de la estrategia, con posturas que van desde cuestionamientos técnicos sobre el manejo de las fumigaciones hasta un rechazo frontal a las aspersiones, con propuestas alternativas de descriminalización de los pequeños campesinos y de procesos de erradicación manual concertada, gradual y voluntaria.

Sin embargo, debido a la poca autonomía de Colombia en el manejo de los cultivos ilícitos y a la fuerte vinculación existente entre las fumigaciones y la dinámica de la guerra, la decisión de suspenderlas no se adoptaría sobre la base de argumentos técnicos, sino en función del desarrollo y decisiones alrededor de la confrontación armada. La sola suspensión de las aspersiones - sin tener en cuenta los otros factores que influyen en el agravamiento de conflicto - no sería suficiente para evitar un escalamiento de la guerra.

Las conversaciones de paz, aunque débiles, hacen parte todavía del panorama colombiano actual. El giro que tomen las conversaciones será clave para decidir, o bien un fortalecimiento de la solución política al conflicto, o una confrontación directa, generalizada, tendiente a debilitar la insurgencia.