Las fumigaciones en la Sierra de La Macarena no resuelven el problema de la afirmación legítima del Estado en territorios del parque, ni los protegen del deterioro ambiental que genera la crítica intervención de los actores sociales y de la guerra. Tampoco, como se explica aquí, golpea "la chequera" de las FARC, aunque sí crea un terreno abonado para el prolongamiento del conflicto.
En la historia más reciente del conflicto armado y de la economía de las drogas en el área de influencia del parque natural de la Sierra de la Macarena, sobresalen dos decisiones del alto gobierno que han desencadenado una intrincada sucesión de hechos de alto impacto: la Operación Emperador iniciada a comienzos de 2005 como parte del Plan Patriota en esa área; y el inicio de las aspersiones aéreas a los cultivos de coca ubicados en las zonas de amortiguación y en el área del mismo parque. Sin embargo, dadas las objeciones y debates en contra de la fumigación, y, sobre todo, la presión internacional contra el uso de la aspersión aérea en parques naturales, el gobierno optó en primera instancia por la técnica de la erradicación manual forzosa, para garantizar el éxito de la estrategia diseñada contra la estructura económica de las FARC en esa área, proceso que se inició el 19 de enero de 2006.
Este curso de acciones culminó su intento el 3 de agosto de 2006 con dos hechos relevantes: en primer lugar, un acumulado de 28 personas muertas (según el Ministerio de Defensa 13 policías, 10 miembros de los Grupos Móviles de Erradicación Manual Forzosa de Cultivos Ilícitos GME, y 5 soldados) en el desarrollo de los operativos contra los cultivos ilícitos, y, en segundo lugar, el anuncio del presidente Uribe del restablecimiento de la aspersión aérea de la coca aún existente en el parque, a raíz de la muerte de cinco miembros del GME por la activación de una mina de alto poder, camuflada en el suelo donde se arraigaban los arbustos de coca.
Los operativos conjuntos de la ofensiva militar y las fumigaciones aéreas que se llevaron a cabo a comienzos de 2005, fueron adelantados en diversos sitios del bajo Ariari y de las márgenes del río Güejar en el suroccidente del Meta, en los municipios de Puerto Rico (sector de Puerto Toledo), Puerto Lleras (Villa La Paz) y Vistahermosa (Mata de Bambú). No obstante, el gobierno departamental previendo las graves consecuencias de estos operativos para los habitantes de la región, promovió una reunión el 28 de marzo de 2005, con el propósito (fallido) de crear condiciones para el desarrollo de acuerdos con las comunidades, para concertar alternativas a los cultivos ilícitos. Pero la fuerte asimetría de los poderes regionales para incidir sobre decisiones nacionales catalogadas como de seguridad, representó una nueva frustración para la región.
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