A pesar de que fue el año de mayor fumigación en la historia del país, en 2006 se registraron unas 157.200 hectáreas, 13.200 hectáreas más de coca con respecto a 2005. ¿Estará fallando la estrategia de las fumigaciones?
Por primera vez un presidente colombiano en ejercicio dejó entrever recientemente que algo debía estar fallando en la política de drogas aplicada en el país. Al enterarse del incremento en el área cultivada según las mediciones que hace la oficina estadounidense de control de drogas ONDCP, un decepcionado y confundido Álvaro Uribe se preguntó si todo el trabajo hecho contra las drogas no habría sido en vano. Razón no le faltaba. En 2006, a pesar de que fue el año de mayor fumigación en la historia del país, se registraron unas 157.200 hectáreas, 13.200 hectáreas más de coca con respecto a 2005. ¿Estará fallando la estrategia de las fumigaciones?
Pero ésta sólo fue una primera reacción de desconcierto ante la noticia del aumento. El gobierno colombiano insiste en que las fumigaciones sí han sido efectivas y como prueba de ello, ahí están los resultados de las otras mediciones, las que realiza la Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogas y el Delito ONUDD y que son las únicas que se tienen en cuenta en Colombia.
Resulta un tanto paradójico que en Colombia sólo se miren las cifras de la ONU y no las del gobierno estadounidense, cuando el que da los fondos para las fumigaciones es este último y no Naciones Unidas. Y es más curioso aún que Estados Unidos, como principal financiador del programa de aspersión aérea, persista en éste a pesar de sus propias estadísticas. Este es el tercer año consecutivo en que, de acuerdo a la ONDCP, se produce un incremento de la superficie cultivada. ¿Cómo lo explican? ¿O será que también ellos secretamente prefieren mirar los números, más convenientes, de la ONU? De otra parte, si EEUU sólo toma en consideración sus propias cifras, entonces ¿para qué sirven las cifras de la ONU? ¿Quizás para ver si se logra convencer a Europa y al resto del mundo?
Recomendaciones
• El gobierno colombiano debe hacer respetar el marco jurídico de la OIT y de la Constitución de 1991, que establecen que cuando las comunidades indígenas son afectadas, debe hacerse siempre una consulta previa, como es el caso con las fumigaciones aéreas, la exploración y explotación petrolera, y el desarrollo de megaproyectos en territorio ancestral.
• El gobierno colombiano debe respetar igualmente el marco jurídico nacional e internacional que protege el derecho a la verdad, la reparación y la justicia para las víctimas. La Ley de Justicia y Paz y la Ley de Desarrollo Rural, en vez de beneficiar a las victimas, están fortaleciendo la posición política y económica de los victimarios.
• En el Bajo Putumayo, las fumigaciones, más que una propuesta para terminar con los cultivos de coca, han funcionado comouna estrategia de desterritorializacion, instrumentalizada para promover eldesarrollo de intereses económicos en la zona. Por ningún motivo debería volver a considerarse el uso de esta estrategia que tanto ha contribuido al exterminio del pueblo cofán.
• El estado colombiano está en la obligación de garantizar la seguridad y el bienestar de sus minorías étnicas. Este deber se hace aún más perentorio en casos de comunidades indígenas pequeñas como los cofanes que viven en permanente estado de vulnerabilidad.
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