Empiezan los trabajos del Tribunal de Justicia Climática

Hoy (13) y mañana, tiene lugar en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, la primera sesión del Tribunal Internacional de Justicia Climática. Durante los dos días, ocho representantes de organizaciones sociales, indígenas y populares juzgan ocho casos de delitos contra la naturaleza en América Latina. El Tribunal tiene lugar durante el Encuentro Regional Frente al Cambio Climático, en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Simón. Al final, el tribunal emitirá sentencias éticas, políticas y morales.

De acuerdo con informaciones de la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático, una de las organizadoras del Tribunal, la idea es fortalecer las luchas sociales por la justicia climática, incentivar la adopción de políticas, estrategias y acciones ambientales que prevengan y disminuyan las consecuencias de los cambios climáticos. Además, pretende "dar visibilidad a las causas y a los responsables del cambio climático y sus efectos en la violación de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos y de los derechos de la naturaleza".

Según las organizaciones participantes, las actividades de explotación de recursos naturales, realizadas principalmente por empresas transnacionales y países industrializados, perjudican al medio ambiente. Sequías, inundaciones, crisis alimentaria, contaminación de las aguas, de la tierra y del aire son sólo algunas consecuencias de esa explotación.

"Los países y pueblos más empobrecidos del mundo -que menos contribuyeron al cambio climático- son los primeros y los más impactados por el cambio climático. Estos países y pueblos tienen el derecho de exigir y recibir reparaciones. De ahí la necesidad de analizar los aspectos humanos y políticos del cambio climático en una perspectiva de la justicia ambiental y de la deuda ecológica que los países del Norte deben a los pueblos y países del Sur. Esto es lo que se define como deuda ecológica por el cambio climático", señalaron las entidades participantes del Tribunal.

En total, los jurados analizarán, en estos dos días, ocho casos de delitos contra la naturaleza y contra los pueblos, ocurridos en América Latina. La organización Acción Ecológica (Ecuador), por ejemplo, pide que la fundación holandesa Forest Absorbing Carbon Emisions (Bosques para a Absorción de Emisiones de Dióxido de Carbono, Face, por su sigla en ingles) plante 150.000 hectáreas de plantaciones forestales en países en desarrollo. Para la entidad, tal medida compensará las emisiones de una nueva planta térmica de carbono que se construirá en Holanda.

El Estado peruano, a su vez, será juzgado por dos casos en el Tribunal. En el primero, la Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor acusa a las autoridades peruanas y a la Compañía Minera Volcán S.A. por la contaminación de las poblaciones de Cerro de Pasco con gases y productos químicos. De acuerdo con la Asociación, la empresa minera explota recursos naturales sin controlar o evitar la emisión de gases tóxicos.  CooperAcción también responsabiliza al gobierno de Perú y a la empresa Doe Run por contaminación en la región de Junín.

El Forum Indígena denuncia la situación de basura en Bolivia, muchas veces dejada por la población "donde [quiera que] sea". La comunidad Khapi y la ONG Agua Sustentable, a su vez, alertan sobre las violaciones de los derechos humanos de los pueblos que viven en Illimani, Bolivia. De acuerdo con la comunidad, la población es afectada directamente por el derretimiento del hielo de Illimani, ocasionado por el cambio del clima del planeta.

El gobierno de Colombia y la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar también serán juzgados por la producción de combustibles a partir de caña de azúcar, que además de aumentar los impactos ambientales y sociales, aumenta la crisis climática y no contribuye al fin de la crisis energética. El Estado de El Salvador, a su vez, será juzgado por la "omisión de responsabilidades y por su complicidad con empresas transnacionales en la depredación del territorio" a través de la implementación de megaproyectos.

La Fundación Puente Entre Culturas denuncia a los 12 gobiernos suramericanos, además de bancos y empresas, por la realización de la Iniciativa para la Integración Regional de América del Sur (IIRSA), que tiene el objetivo de ejecutar 500 megaproyectos en el continente. De acuerdo con la Fundación, esos proyectos, como la construcción de carreteras y represas, perjudican al medio ambiente, ocasionando impactos ambientales, culturales y sociales.

El Tribunal está compuesto por ocho jurados(as) vinculados(as) a organizaciones sociales, indígenas y ambientales: Ricardo Pinelda, uno de los fundadores del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (Cesta); Miguel Palacin, coordinador general de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI); Alicia Muñoz, presidente de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile (Anamuri); Beverly Keene, coordinadora de Jubileo Sur; Tom Kucharz, militante de Ecologistas en Acción; Joseph Vogel, catedrático del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico - Río Piedras; Nora Morales, cofundadora de la Asociación Madres de Plaza de Mayo; y Brid Brennan, cofundadora del Centro Europeo de Solidaridad con Filipinas.

Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com