En guerra antidroga, viejas ideas nunca mueren

 WASHINGTON, feb 26 (Reuters) - Aquí hay una severa advertencia a los estados de Alaska, California, Colorado, Hawái, Maine, Michigan, Montana, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington.

Un organismo de Naciones Unidas está disgustado con sus leyes liberales sobre el uso medicinal de la marihuana. Muy disgustado.

Naciones Unidas (ONU) raramente discrepa con asuntos internos de sus estados miembros e incluso menos con los de Estados Unidos. Pero esto es justo lo que acaba de hacer la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en su último informe anual publicado esta semana.

Sin mencionar el nombre de los 14 estados miembros donde la marihuana es legal para propósitos médicos, el reporte de 149 páginas indica:

"Aunque de acuerdo con la legislación federal de los Estados Unidos el consumo y el cultivo del cannabis, salvo con fines científicos, son actividades ilícitas, varios estados han promulgado leyes que autorizan el 'uso terapéutico' del cannabis. Las medidas de fiscalización aplicadas en esos estados al cultivo de plantas de cannabis y a la producción, distribución y empleo del cannabis se apartan de los requisitos de fiscalización establecidos en la Convención de 1961 (sobre narcóticos)".

"Para la Junta es motivo de profunda preocupación el hecho de que esas deficientes disposiciones de fiscalización hayan contribuido en gran medida al aumento del cultivo ilícito y el abuso del cannabis en los Estados Unidos. Además, esa nueva normatividad hace que otros países se formen una idea errónea".

Las preocupaciones de la Junta no terminan aquí. También está angustiada por "el debate en curso en varios estados federales acerca de la legalización y gravamen fiscal del uso 'recreacional' del cannabis".

California, el estado más poblado en Estados Unidos, se destaca en esta discusión. A mediados de febrero, un legislador de California, Tom Ammiamo, introdujo un proyecto que impondría impuestos y regularía la marihuana (que según la mayoría de estimaciones es de lejos el mayor cultivo del estado) de la misma manera que el alcohol.

Además, quienes respaldan la legalización de la marihuana en California dijeron que habían recolectado más de 700.000 firmas para un referéndum que se realizaría en noviembre.

No hay la más leve señal en el reporte de la ONU del creciente apoyo a leyes más liberales sobre marihuana, la droga ilícita más ampliamente usada en el mundo.

El último sondeo estadounidense sobre el asunto, en enero, mostró que ocho de cada 10 estadounidenses apoyan la legalización de la marihuana para uso médico y cerca de la mitad está a favor de legalizar la droga, en pequeñas cantidades para uso personal.

Los países que han hecho esto han recibido reprimendas de la JIFE, que menciona a México, Argentina y Brasil por haber enviado "el mensaje erróneo" al aprobar una legislación que despenaliza la posesión de drogas y reemplaza las sentencias a prisión con tratamientos y programas de educación.

ONU PASA LA LINEA

Ante los ojos de dos centros liberales de asesores, el Washington Office on Latin America (WOLA) y el Transnational Institute, dar sermones a Estados Unidos, México, Argentina y Brasil acerca de la manera en que manejan el uso de narcóticos sobrepasa su mandato.

La reprimenda, dicen en un comunicado conjunto los dos grupos, "claramente sobrepasa el mandato de la JIFE y constituye una intromisión injustificada en la toma de decisiones soberanas de estos países".

La Convención Unica de 1961 sobre estupefacientes ubicó a la marihuana en la categoría más restrictiva, junto a la heroína (así como lo hace el Gobierno federal de Estados Unidos) y por años fue vista como un importante obstáculo para la reforma doméstica en los países signatarios.

Pero un tratado de seguimiento en 1988 otorgó una medida de flexibilidad sobre si la posesión o no de drogas ilícitas debería ser tratada como una ofensa criminal.

En Estados Unidos, durante décadas el hogar espiritual de rígidos defensores de las prohibiciones a la marihuana, el fiscal general, Eric Holder, emitió en octubre nuevos lineamientos de políticas que marcaron un hito en una prolongada disputa en torno a si las leyes federales triunfan sobre las estatales en asuntos vinculados a la marihuana.

Holder anunció que el Departamento de Justicia dejaría de allanar instalaciones de marihuana montadas bajo ley estatal.

Esta fue la medida de más alto perfil en la política de estupefacientes registrada hasta el momento durante la presidencia de Barack Obama, quien oficialmente señala que "la guerra contra las drogas ha sido un completo fracaso. Necesitamos repensar y despenalizar nuestras leyes de marihuana".

El mandatario hizo las declaraciones en el 2004, cuando estaba compitiendo por una banca en el senado de Estados Unidos.

Cuando era candidato a la presidencia y hablando en un sentido general sobre las políticas de drogas, no sólo sobre marihuana, Obama dijo que creía en "cambiar el paradigma, cambiar el modelo para así poder enfocarnos más en un enfoque de salud pública".

En la extensa disputa global sobre estrategias de estupefacientes, esto implica tratar a los adictos no como criminales sino como pacientes que merecen atención en el sistema de salud público.

Al escuchar al zar antidrogas de Obama, el ex jefe de policía de Seattle Gil Kerlikowski, hablar sobre el tema, este cambio se está realizando. ¿Pero es así realmente?

La respuesta es no, juzgando a partir de los recién revelados datos sobre el control nacional de estupefacientes para el presupuesto del año fiscal 2011, que comienza en octubre. El presupuesto destina 15.500 millones de dólares en gasto general, un incremento del 3,5 por ciento con respecto al 2010, y asigna mucho más dinero al control policial (9.900 millones de dólares) que al tratamiento de adicciones y medidas preventivas (5.600 millones de dólares).

Al igual que en los presupuestos bajo el presidente George W. Bush, las cifras no incluyen el vasto costo de arrestar a infractores en el tema drogas y colocarlos en la cárcel, una práctica que ha ayudado a transformar a Estados Unidos en el país con mayor cantidad de prisioneros en el mundo.

Tomando en cuenta estos costos, un 73 por ciento del gasto general está destinado a la aplicación de la ley y al control de la oferta de drogas ilícitas, según John Walsh, un experto de alto rango de WOLA.

Aaron Houston, director de relaciones gubernamentales del Proyecto Político de la Marihuana, ve el presupuesto como una evidencia del reciclaje de las políticas de Bush más que como el cambio de paradigma que Obama prometió.

Es vino de Bush en las botellas de Obama.