La guerra antidrogas: Estados Unidos sigue un camino equivocado

1 April 1997
Coletta Youngers
Translator: Amira Armenta

A pesar de las críticas de los republicanos, la administración Clinton ha continuado con las políticas antidrogas que inciden en el lado de la oferta y con las tácticas de mano dura establecidas por sus predecesores.

El enfrentamiento verbal a propósito de la guerra que Estados Unidos ha declarado a las drogas alcanzó nuevas dimensiones durante la reciente campaña electoral para la presidencia de este país.Valiéndose del tema como un asunto de la más elevada moral, los republicanos iniciaron un ataque obsesivo contra el presidente William Clinton y a sus aliados demócratas en Capitol Hill. Impugnando a Clinton por ser "blando en materia de drogas", los republicanos intentaron mostrar la imagen de un presidente liberal debilitado, que alguna vez fumó marihuana, y algunos de cuyos colaboradores han estado bajo escrutinio por el Servicio Secreto, debido al
previo uso de drogas.

El candidato presidencial republicano, Robert Dole presentó temas viejos como si fueran ideas nuevas: corte al suministro, cierre de fronteras y aumento del rol de los militares estadounidenses en la pelea de una guerra real. Los esfuerzos republicanos fracasaron ampliamente. No porque Clinton presentara una visión alternativa de una política racional para las drogas sino, al contrario, porque se apropió de los términos de los republicanos, tratatando de "endurecerlos" aún más, reforzando un programa de control de drogas de características militares fuera de sus fronteras, al mismo tiempo que las medidas punitivas en el interior de país.

Las repercusiones que se dió sobre la política para las drogas se dejará sentir por algún tiempo en América Latina, en donde se lleva a cabo la llamada guerra anti drogas.

Al calor de la campaña, el Congreso de EE.UU. duplicó el presupuesto para los programas internacionales de control de estupefacientes para el año fiscal 1997, la mayor parte de los cuales se destinará al apoyo a la policía y a los militares en los Andes y en México. No satisfecho con ello, Clinton anunció un paquete adicional de más de cien millones de dólares de asistencia en equipo militar que se use con propósitos antinarcóticos. Lo cual, considerado en su totalidad, triplica potencialmente la cantidad de fondos disponibles para los militares latinoamericanos y las fuerzas policiales, contrariando la tendencia de los últimos años, según la cual se observa un decrecimiento en el interés en conseguir fondos para los programas internacionales antinarcóticos estadounidenses.

Una vez más, las políticas estadounidenses para promover los derechos humanos y los esfuerzos de democratización en la región han sido relegadas, a cambio de una guerra contra las drogas determinada por consideraciones políticas domésticas.

La guerra antidrogas de la administración Clinton: retórica vs. realidad

A pesar de las críticas de los republicanos, la administración Clinton ha continuado ampliamente con las políticas antidrogas que inciden en el lado de la oferta y con las tácticas de mano dura establecidas por sus predecesores, los presidentes Ronald Reagan y George Bush. De hecho, los actos de Clinton como presidente han estado en severo contraste con sus palabras como candidato en 1992, cuando argumentaba a favor de centrar la atención en el plano de lo doméstico.

Clinton criticaba al presidente Bush por confundir "ser duro con ser listo, (porque) cree que encerrar a los adictos en vez de tratarlos antes de que cometan un crimen... es una política muy perspicaz. Podría ser, pero ciertamente no es una política sólida". (1) Sin embargo, una vez en el poder, la perspicacia adquirió prioridad.

Como mérito propio, la administración Clinton adoptó una retórica diferente. Fuera de enfocarse más en asuntos de la demanda -tratamiento y educación- los oficiales administrativos se deshicieron ampliamente de la retórica de la guerra contra las drogas cuando se hablaba de los programas de control internacional de estupefacientes, e hicieron bastante ruido en lo relativo a la promoción de las instituciones democráticas y al desarrollo económico en los países productores de drogas. Clinton, igualmente, no enfatizó en el tema, enfocándose en otros asuntos de la política interna. Una táctica que más tarde sería usada en contra suya, cuando sus oponentes republicanos lo acusaron de haber fracasado en su liderazgo, y de ser un "ausente sin licencia", haciendo alusión a su poca presencia en la guerra contra las drogas.

No obstante, la retórica no se puso a la par de la realidad. El presupuesto para el control de drogas presentado por la administración Clinton mantuvo básicamente el cociente de gastos del gobierno en lo que tiene que ver con demanda y suministros, con un 35 por ciento para la primera y un 65 por ciento para los segundos. La gran mayoría de los recursos destinados a los programas de control internacional de estupefacientes sigue siendo otorgada a las fuerzas policiales y militares, mientras que la asistencia económica ha declinado notoriamente, como ha menguado también la ayuda externa. La administración Clinton no ha presentado ningún programa ni iniciativa nuevos, relativos al control internacional de drogas.

Por otra parte, de acuerdo con un estudio de los programas internacionales de control de estupefacientes del Consejo Nacional de Seguridad, la administración Clinton adoptó una estrategia de priorización de los esfuerzos en los países de la región andina, considerados la "fuente" del problema del consumo de drogas en EE.UU. Los fondos destinados a los esfuerzos de interdicción en los "países de tránsito", Centroamérica, el Caribe y a lo largo de la frontera de EE.UU., han aminorado, y se buscaron fondos adicionales para programas de erradicación de coca e interdicción de cocaína en los países andinos de Bolivia, Colombia y Perú.

Lee Brown, el primer zar de las drogas de Clinton, comparaba los programas de control de drogas con abejas. En una conversación con WOLA, en febrero de 1994, nos dijo: "Es más fácil dirigirse a la colmena, que tratar de acabar con las abejas cuando éstas atraviesan la frontera de Estados Unidos".

Alboroto en Capitol Hill

El Congreso de EE.UU., en ese entonces controlado por los demócratas, no estaba convencido de los argumentos que priorizaban a los países fuente. Cada vez más, los presidentes de poderosos comités y subcomités expresaban su escepticismo respecto a los esfuerzos del control internacional de drogas, y, en particular, a los costosísimos programas de interdicción en la frontera. En 1994, durante muchos meses, un subcomité del Senado aplazó todos los fondos para programas antinarcóticos en el exterior, insistiendo en que la administración presentara una estrategia nueva para los Andes en materia de drogas, la cual debía demostrar mayor efectividad.

Aunque los fondos fueron eventualmente liberados, los miembros del Congreso encargados de la asignación de fondos, los redujeron firmemente para este programa, y proscribieron la asistencia militar directa al ejército colombiano y a las fuerzas armadas peruanas, debido a su controvertido registro en materia de derechos humanos. Cuando los republicanos obtuvieron el control del Congreso, en enero de 1995, los guerreros de la droga se lanzaron a la ofensiva otra vez. Ciertos miembros particularmente devotos de la causa se adueñaron del control de comités y subcomités clave. El mejor ejemplo de éstos es, quizás, el representante Dan Burton, quien se encargó del Subcomité para el Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes.

En una audiencia del Congreso, el 29 de marzo de 1995, Burton se fue lanza en ristre contra los funcionarios de la administración. Preguntando, "¿Es ésta una guerra o no?"Burton propuso poner un portaaviones norteamericano en las costas de Perú y Bolivia (sic) y rociar, por la fuerza, los campos de coca con herbicidas, haciendo caso omiso de la oposición que hicieran los respectivos gobiernos. (Aparentemente, un miembro de su equipo le informó que Bolivia no tiene costas, lo que le hizo modificar, en consecuencia, su arenga electoral). Igualmente sugirió poner de lado los asuntos de soberanía nacional, y enviar tropas de Estados Unidos a "sacar" a los narcotraficantes colombianos.

Pero incluso el Congreso republicano no le siguió el juego en la práctica a esta retórica. Aunque al presupuesto internacional para las drogas le va mejor que a otras formas de asistencia de Estados Unidos, lo solicitado por la administración fue cortado a la mitad, y lo cierto es que en 1995 se asignó menos para el año fiscal 1996 que en años anteriores. También en programas de reducción de la demanda doméstica los cortes fueron excesivos. Esta dinámica de discurso duro pero fondos reducidos continuó a todo lo largo de 1995, pero sufrió un viraje dramático a medida que se aproximaban las elecciones presidenciales de noviembre de 1996.

Dominio de políticas de año electoral

Hacia finales de 1995, el liderazgo republicano percibió que el tema de las drogas podía ser usado de manera ventajosa para el partido en sus esfuerzos por dar una imagen de Clinton como un lider débil. De hecho, el presidente Clinton rara vez se había referido al asunto de las drogas en sus presentaciones públicas, lo cual contrastaba de manera escueta con lo practicado por los ex presidentes Reagan y Bush. El zar de la drogas de Clinton, Lee Brown, presentó un perfil bajo y estuvo virtualmente ausente del debate sobre las políticas del control internacional de estupefacientes.

Durante el ejercicio de su cargo, Brown ni siquiera nombró un encargado para programas internacionales antinarcóticos, delegando la responsabilidad de dichos programas en otras agencias gubernamentales. Luego, en noviembre de 1995, se conoció una importante encuesta de opinión que indicaba que el uso de drogas por adolescentes en Estados Unidos estaba aumentando (tendencia reconfirmada por una encuesta de opinión difundida en 1996). Los republicanos comenzaron entonces a señalar la falta de liderazgo presidencial como el factor clave que explicaba el revés en las tendencias en el uso de drogas.

Puesta a la defensiva, la administración Clinton inició una contraofensiva. Se introdujo un número de iniciativas de mano dura, incluyendo una prueba obligatoria de drogas para toda persona arrestada por delitos federales. De más significancia aún, Clinton nombró a un general a la cabeza de la guerra contra las drogas. El general Barry McCaffrey, héroe de la Guerra del Golfo, reemplazó a Lee Brown como jefe de la Oficina de Políticas Nacionales de Control de Drogas (ONDCP, siglas en inglés) a comienzos del 96.

Antes de este nombramiento, el general McCaffrey se había desempeñado como jefe del Comando Sur de Estados Unidos, en donde coordinó esfuerzos antinarcóticos de los militares estadounidenses y se relacionó directamente con militares de los Andes y otros países. Dichas relaciones tienen hoy gran importancia, y el general McCaffrey se ha mostrado eficaz en hacer lobby y obtener recursos adicionales para sus colegas latinoamericanos.

El debate de la certificación

El debate de la "certificación" anual proporcionó la siguiente oportunidad clave para hacer tribuna política, convirtiendo a Colombia y México en las principales víctimas. Todos los años la administración debe "certificar" al Congreso que los países que reciben asistencia antinarcótica están cooperando con los esfuerzos de Estados Unidos. Los países que no son certificados enfrentan una serie de sanciones, incluyendo la suspensión de toda la asistencia externa estadounidense no directamente relacionada con programas antinarcóticos.

En 1995, la administración Clinton negó la certificación completa a un cierto número de países-en lugar de ello, éstos se hicieron candidatos a una asistencia continuada a través de "dispensas por motivo de seguridad nacional" -incluyendo a Colombia, el cual fue víctima de un severo ataque. El poderoso jefe del cómite de Relaciones Exteriores del Senado, Jesse Helms, finalmente retiró su oposición para conceder una dispensa por motivos de seguridad nacional a Colombia, pero introdujo un proyecto de ley por el cual Colombia sería tratado como país descertificado, si para febrero de 1996 no lograba una serie de objetivos antinarcóticos (los cuales no logró).

En 1996, las apuestas políticas fueron más altas: tanto Clinton como Helms se enfrentaban a su reelección. Aunque algunos consejeros clave de política extranjera se mostraron contrarios a una completa descertificación de Colombia, triunfaron los asesores políticos de la Casa Blanca. Clinton podía descertificar a Colombia y obtener puntos políticos por haberse mostrado rígido respecto a un gobierno extranjero considerado como aliado con los narcotraficantes, o podía dejar que el senador Helms se llevara los beneficios políticos. El senador Helms había hecho clara su intención de insistir, a través de un proyecto de ley, en tratar a Colombia como país descertificado, y tenía los votos necesarios para ganar. Por primera vez desde que el proceso de certificación comenzó en 1986, el presidente de Estados Unidos dejó de certificar a uno de sus aliados y socio comercial. (La descertificación de Colombia se repitío en marzo de 1997, N.de E.)

Un debate similar se dio sobre México. Sin embargo, sobre las relaciones de Estados Unidos con México, había mucho más en juego. En contraste con los países andinos, en donde la agenda bilateral está dominada por el tema de las drogas, la política de EE.UU. hacia México se enfoca hacia la creciente relación económica, a la estabilidad de un país con frontera común con Estados Unidos y a los asuntos de inmigración. Aunque la política para las drogas es cada vez más importante en la agenda, ésta no determina la política respecto a otros asuntos, como si sucede en el caso de los países andinos. De otra parte, contribuyentes financieros importantes tanto para el partido Republicano como para el Demócrata, tienen intereses económicos en México (reafianzados por el NAFTA), oponiéndose inflexiblemente a su descertificación. Es así que, cuando se introdujo un proyecto de ley similar para tratar de descertificar a México, la dirección del partido republicano se pronunció expresando que México no debía verse abocada a la misma suerte que Colombia.

Mientras que los países latinoamericanos siguen mostrándose muy críticos al proceso de certificación unilateral, muchos funcionarios estadounidenses lo perciben como una herramienta efectiva. La impresión que se tiene en Washington es que las tácticas de mano dura del gobierno de Estados Unidos está teniendo frutos, una opinión reforzada por la débil respuesta del gobierno de Samper a la descertificación. En este caso, el costo político para la administración Clinton en términos prácticos fue mínimo, como resultado de los ultimatum que se le habían venido dando al gobierno de Colombia.

Estados Unidos ha reforzado sus acciones antinarcóticas en Colombia y ha fortalecido lazos con los militares y las fuerzas policiales. El gobierno de Colombia incluso aceptó que personal estadounidense piloteara los aviones usados en las campañas de erradicación aérea, en claro contraste con la actitud de México, el cual ni siquiera le permitirá a Estados Unidos el monitoreo de los aviones proporcionados por el gobierno de este país.

Intensificación de la ayuda militar y policial de Estados Unidos

Otra consecuencia de la politiquería creada alrededor del tema de las drogas es una inversión en la tendencia a reducir los recursos que Estados Unidos destina a los asuntos de control internacional de las drogas. En este caso, el presidente Clinton se pudo permitir lanzarse a la ofensiva, castigando al Congreso republicano por fracasar en el propósito de completar adecuadamente el presupuesto para el control de las drogas. Para el año fiscal 1997, la administración solicitó 213 millones de dólares, la misma cifra que el año anterior.

Ante la amenaza de las elecciones, por primera vez en muchos años, el Congreso aprobó en su totalidad el pedido de la administración. Para cumplir con su cometido hubo que transferir 50 millones de dólares, de fondos que habrían debido corresponder a la asistencia para el desarrollo y a organizaciones internacionales. De los 213 millones, 66.5 por ciento se asignó para el apoyo a iniciativas militares y policiales, lo que se puede comparar con el solamente 15.5 por ciento destinado para la asistencia al desarrollo. Para no quedarse atrás, la administración Clinton presentó un paquete por valor de 112 millones de dólares para entrenamiento y equipo militar con propósitos antinarcóticos para Colombia, Venezuela, Perú, México y la región del Caribe. Otro paquete del equipo del Departamento de Defensa de Estados Unidos se anunciará probablemente en un futuro próximo.

Fuera de eso, luego de meses de estar siendo postergado, la administración aceptó venderle al gobierno colombiano varios helicópteros armados Blackhawk por valor de 169 millones de dólares. Los grupos de derechos humanos se opusieron manifiestamente a esta venta, teniendo en cuenta que los helicópteros Blackhawk que el gobierno colombiano había comprado anteriormente, fueron usados para bombardear aldeas locales durante operaciones de contrainsurgencia. En septiembre del 96, en una audiencia del Congreso sobre la venta de los helicópteros en cuestión, el debate no se enfocó en las implicaciones que dicha venta podía tener sobre los derechos humanos, o sobre su probable impacto para detener el flujo de drogas ilícitas fuera de Colombia, sino en qué tan rápido podían ser entregados los helicópteros.

Los republicanos, enojados, criticaron a los funcionarios de la administración por darle largas al asunto de la venta. La situación de los derechos humanos se describió como preocupante, pero no se dijo más al respecto. El embajador Peter Romero, subsecretario de Estado Adjunto para América Latina, anotó: "Creo que todos estamos de acuerdo en que la actuación del ejército ha sido particularmente decepcionante con respecto a las normas observables para los derechos humanos; de acuerdo a fuentes de alta credibilidad, continúan las ejecuciones extrajudiciales,las desapariciones y las torturas". No obstante, el embajador justificó la venta, incluso después de haber admitido que, una vez los helicópteros han sido facilitados, el gobierno de EE.UU. no tiene manera de asegurarse de que éstos no vayan a ser usados en operaciones de contrainsurgencia.

El gobierno de EE.UU. está igualmente suministrando helicópteros adicionales al gobierno de México (como parte del paquete de los 112 millones de dólares), a pesar de haber sido confirmados los informes sobre helicópteros facilitados previamente usados en operaciones de contrainsurgencia contra los guerrilleros zapatistas.

Al mismo tiempo, así como la ayuda se ha disparado, las restricciones en lo referente a los derechos humanos se han reducido. En el proyecto de ley de ayuda extranjera para el año fiscal 1997, el Congreso de Estados Unidos levantó una proscripción en materia de asistencia militar a las fuerzas armadas peruanas, la cual había estado desde 1992, y no estableció que hubiera restricciones para la ayuda al ejército colombiano, tal como se había venido dando en años anteriores. Finalmente, el gobierno de Estados Unidos triunfó en su objetivo de involucrar en sus programas antinarcóticos a las fuerzas armadas de los países andinos.

¿A qué costo?

El costo para los derechos humanos y las tendencias democratizadoras en la región será posiblemente alto. En ninguna parte se nota ésto tanto como en Colombia. El fracaso del gobierno de Ernesto Samper para realizar las demandas antinarcóticas de Estados Unidos ha afectado enormemente las relaciones de este último con un gobierno elegido democráticamente como es el colombiano, y al mismo tiempo ha propiciado el reforzamiento de las relaciones con la policía y los militares colombianos.

Reacios a comprometerse con la administración Samper, los funcionarios estadounidenses se abocan ahora directamente al alto comando militar colombiano. Como lo anotara en una entrevista con WOLA en noviembre de 1996 el general Harold Bedoya, comandante general de las fuerzas militares colombianas,"Estados Unidos ha cambiado su precepciòn de los militares colombianos". (Como se puede ver, los militares colombianos ya están cosechando los beneficios). Si las tendencias observadas en el pasado mantienen su curso, la ayuda otorgada por Estados Unidos a los militares colombianos servirá para apoyar directamente una de las más brutales campañas de contrainsurgencia que se conocen en la actualidad en el hemisferio.

Las violaciones a los derechos humanos están proliferando también como resultado de la erradicación aérea de coca en las regiones de Guaviare, Putumayo y Caqueta (en donde el ejército colombiano, muy astutamente, ha lanzado una ofensiva contra los guerrilleros de las FARC). Algunos líderes comunales locales describen cómo opera el proceso de erradicación: primeramente, el ejército vacúa las áreas seleccionadas, entra saqueando y quemando casas y forzando a la gente a salir. Luego los helicópteros descienden en picada y ametrallan el área, por si acaso ha quedado alguien por allí. Finalmente, aviones protegidos por helicópteros el área.

Como se ha dicho ya, algunos pilotos contratados por Estados Unidos están tripulando los aviones con los que se hace la erradicación, "americanizando" la guerra cada vez más. El gobierno de Estados Unidos considera los programas de erradicación como unos de sus mejores éxitos en Colombia.

Con la finalidad de adelantar objetivos antinarcóticos en Perú, el gobierno de Estados Unidos está proporcionando protección a Vladimiro Montesinos, jefe de los servicios de inteligencia peruanos (SIN), consejero cercano del presidente Fujimori, y desde hace tiempo sospechoso de ser parte de la nómina de la CIA. Montesinos ha sido vinculado a algunas de las más serias violaciones de derechos humanos que han tenido lugar bajo el gobierno de Alberto Fujimori, y declaraciones ampliamente difundidas lo involucran con el narcotráfico. Ante tales declaraciones, y en contraste evidente con su política hacia Colombia, la administración Clinton le ha dado carta blanca al gobierno de Fujimori, en lugar de llamarle la atención e iniciar una investigación. Los funcionarios estadounidenses reconocen que EE.UU. colabora con el SIN para adelantar sus objetivos antinarcóticos, éllo a pesar del deprimente registro que tiene el SIN en materia de derechos humanos.

Conclusiones

Una vez concluídas las elecciones estadounidenses de 1996 a la presidencia y al Congreso, las posibilidades de una aproximación más racional y efectiva para el problema concreto del abuso de las drogas y de la violencia relacionada con éstas, son más remotas que nunca. La lección que dejó la campaña de 1996 a los políticos americanos es que hay mucho por ganar y nada por perder siendo "rígidos con las drogas".

El incremento de los fondos antinarcóticos para el año fiscal de 1997 refuerza una narcoburocracia que abarca docenas de agencias gubernamentales y comités del Congreso. Los nuevos miembros del gabinete y otras instancias fortifican las actuales políticas, y, nuevamente, hay un republicano en la dirección del Departamento de Defensa.

Al momento de iniciar su segundo término en el poder, el presidente Clinton se mantiene en una cautelosa actitud centrista, frustrando los esfuerzos de su críticos del partido republicano que describen su segundo período como un regreso a sus inclinaciones políticas "liberales".Todo esto, para decir que los latinoamericanos, desafortunadamente, pueden esperar más de las mismas políticas estadounidenses para el control internacional de las drogas-las mismas políticas machaconas, porfiadas y claramente fracasadas-de la segunda administración Clinton y del segundo Congreso republicano.

 

Referencias

1. En Eva Bertram y Ken Sharpe, "Can`t Kick the Habit", In These Times, 11 de Noviembre de 1996

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