A contravía

Uno de los principales retos de la política de Desarrollo Alternativo hoy día en Colombia es su incidencia y consecución de objetivos en medio de la guerra. El presidente Álvaro Uribe ha definido su política actual como basada en el desarrollo regional, una iniciativa revolucionaria en la historia del desarrollo alternativo colombiano pero que hace aguas si se contrasta con el proceso real.

La principal agencia proveedora de recursos, USAID, trabaja en el país siguiendo un modelo transaccional (eliminación anticipada del cultivo ilícito a cambio de financiación de proyectos locales) que no tiene nada que ver con el esquema de desarrollo regional de Uribe. Es exactamente lo contrario: acuerdos para eliminar cultivos ilícitos de un área determinada, teniendo como único indicador de éxito la disminución de los mismos y no 'el desarrollo regional', proceso mucho más complejo que va más allá de la simple erradicación.

Unido a esto, el agravamiento de la situación alimentaria, el incremento del desplazamiento forzoso, la crisis de gobernabilidad local y regional aceleradas por la guerra y la actual política de drogas constatan la crisis de legitimidad del Estado colombiano en muchas zonas del país. Este hecho que se ve agravado por los múltiples efectos negativos que generan las fumigaciones aéreas indiscriminadas.

Si bien la producción y comercio de bienes son retos importantes para el éxito de las políticas, la discusión principal sobre desarrollo alternativo no se puede limitar a la esfera económica. En escenarios de conflicto, el debate gira en torno a si el desarrollo alternativo está contribuyendo a generar condiciones de respeto a la vida y libertad de las personas; a si los poderes locales están logrando realmente la gobernabilidad; a qué ampliación de la democracia, fortalecimiento y participación de las comunidades se está alcanzando.