Drogas, coca y cocaleros

En 2010, no cabe esperar grandes cambios en el panorama político y social vinculado a la economía de la coca y las drogas en el país, sino más bien la continuación de las tendencias que caracterizaron al 2009 y los años anteriores. En ese sentido, planteamos el análisis de lo que se viene este año desde cuatro ejes clave: la política de los EEUU sobre las drogas, la política del gobierno peruano, el estado de los movimientos sociales y el desarrollo de Sendero en las zonas cocaleras.

El continuismo de Obama

Para el 2010 no debemos esperar cambios sustanciales en la política norteamericana sobre drogas y por lo tanto sobre el cultivo de coca. Obama ya tiene un año ocupando la presidencia y ello no ha significado ningún cambio de política en el tema.

Es decir, continúan el prohibicionismo, la “guerra contra las drogas”, el control militarizado de la oferta, la erradicación /fumigación de cultivos y la criminalización de los movimientos sociales asociados a estos cultivos y a sus actividades conexas. Y ello a pesar de que, como resultado de seguir con estas políticas, todos los indicadores a nivel del planeta señalan que se ha incrementado la  producción, el consumo y el tráfico de drogas, así como la violencia, la corrupción y la  ingobernabilidad ligada a todo ello.

Lo que sucede en Afganistán y Colombia –el apoyo norteamericano con tropas, equipos y recursos financieros para continuar esta guerra fracasada— es un indicador de que no existe ninguna voluntad de cambio.

El calco y copia de la política peruana

El gobierno peruano, a través de DEVIDA, OFECOD, DIRANDRO y demás organismos generados, ha continuado copiando estas políticas, erradicando cultivos en el Alto Huallaga y Aguaytía –más de 10.000 hectáreas en 2009—, militarizando la principal zona productora (el valle de los ríos Apurímac y Ene – VRAE), criminalizando al conjunto de los agricultores cocaleros y pretendiendo controlar el consumo interno de drogas sin lograrlo.

Del mismo modo, también se ha continuado fracasando en el llamado “desarrollo alternativo”, salvo algunas pocas excepciones en el Alto Huallaga y Aguaytía que confirman la regla pero no tienen la debida extensión en cuanto a número de productores, ni la sostenibilidad ambiental ni el tiempo.

Nada hace presagiar que en 2010 el gobierno decida cambiar las políticas y acciones que ha venido aplicando hasta la fecha. Más aún, ni siquiera hay elementos que permitan prever una apertura para debatir las políticas públicas sobre el tema.

La tendencia en América Latina es a cuestionar el prohibicionismo en curso, tal como lo vienen haciendo varios gobiernos latinoamericanos –Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil y Venezuela— pero en el Perú, la política de drogas y cultivos de coca con fines ilícitos –o incluso lícitos— sencillamente no se discute públicamente. 

A principios de 2009, un intento por parte del alcalde aprista de Surquillo, que cuestionó la prohibición del uso de la marihuana, fue rápidamente aplastado con llamadas al orden por parte del embajador norteamericano. Ahora, las airadas reacciones en contra que ha desatado un reciente artículo de Vargas Llosa(1), en donde el escritor sostiene que el tema no es policial sino económico y que la llamada guerra contra las drogas es un enorme fracaso (“no se declaran guerras que no se pueden ganar”), llevan a pensar que en 2010 se continuará esta política de no discutir oficialmente las estrategias en curso y aplastar con satanizaciones cualquier intento de plantear alternativas.

Un movimiento social dividido

Los movimientos sociales ligados al cultivo de coca se han dividido aún más en 2009.

En la actualidad, existen por lo menos cuatro sectores diferentes y agriamente enfrentados: a) la Central Nacional de Campesinos Productores de Coca del Perú (CENACOP), en el valle del Monzón y una parte del Alto Huallaga (Aucayacu); b) la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACCP), en el Alto Huallaga, una parte del VRAE, Aguaytía, Sandia y Kcosñipata; c) la Federación Provincial de Campesinos de La Convención, Yanatile y Lares (FEPCACYL), en Cusco; y d) la Federación Campesina del Valle del Río Apurímac y Ene (FEPAVRAE), entre Cusco y Ayacucho.

Los agricultores de coca de estas cuatro zonas siguen sin articular sus luchas a las de otros sectores sociales del campo, sus líderes están enfrentados y no resuelven sus contradicciones, y su representación parlamentaria – Nancy Obregón y Elsa Malpartida – muestra limitaciones serias en su accionar. Además, carecen de propuestas comunes contra las políticas de erradicación y “desarrollo alternativo”, buscan interlocución con el gobierno aislados de los productores de otras zonas, y no se pronuncian sobre las reivindicaciones de los pueblos indígenas. Como movimiento, están cada vez más aislados y faltos de representatividad.

De cara a 2010, no parece haber indicadores de que esta situación será superada, sino que más bien se agravará, debido a la competencia electoral para gobiernos locales, regionales y representación parlamentaria.

La coca y los dos Senderos

En medio de las circunstancias descritas, el terrorismo de los dos Senderos realmente existentes – el del VRAE y el del Alto Huallaga– se rearticuló durante 2009 y realizó  acciones armadas de envergadura contra las FFAA y policiales en ambos frentes, un proceso que venía desarrollándose desde mediados de la década.

Ambos sectores subversivos se han fortalecido mucho en sus respectivas áreas.

Ambos han consolidado su relación con el “narcotráfico”, convirtiéndose en protectores de sus actividades, y han logrado armarse con equipos de guerra y comunicaciones tomados de las fuerzas represivas. Además, han construido una red de inteligencia local más eficiente que la de las FFAA, y en ambas zonas, Sendero ha logrado un apoyo cada vez mayor de las poblaciones locales, al cambiar su anterior discurso y accionar autoritario y tanático, lo que les ha permitido incrementar el número de sus integrantes.

Si durante 2010, el gobierno y las FFAA no cambian la estrategia equivocada que están impulsando, las fuerzas senderistas seguirán creciendo y “derramándose” hacia otras zonas, tal como lo vienen haciendo desde 2008, hacia Huancavelica, Junín y Cusco, en la sierra y selva central y sur, o Ucayali, Pasco y La Libertad, en la selva y sierra norte.

*Este artículo salió publicado el 27 de enero de 2010 en la Revista Agraria del CEPES, junto con el diario La República

(1) Publicado el 10 de enero en los diarios, 'El Comercio' de Perú, y en 'El País' de España.