Una cruzada en aprietos

17 November 2005
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Ricardo Vargas

Una cruzada en aprietos
Ricardo Vargas
Drogas y Desarrollo (El despacho de ENCOD), No. 32, Abril de 2002

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De acuerdo con las cifras oficiales de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) emitidas el pasado mes de marzo, Colombia experimentó entre el año 2000 y 2001 uno de los mayores promedios de crecimiento de los cultivos de coca al pasar de 136.200 hectáreas a 169.800 es decir, un 24.67% de crecimiento con respecto al año anterior. El porcentaje de crecimiento, resulta particularmente significativo por varias razones:

1. Diciembre del 2000 es el punto de inicio del Plan Colombia y la aspersión aérea del Roundup Ultra (una fórmula de pesticidas agresiva) es su punta de lanza, llevando hasta el día de hoy una fumigación de 132.000 hectáreas de coca y 4.028 de amapola. Con esa intensidad de fumigaciones, alcanzar un promedio de crecimiento del área de coca en casi una cuarta parte, es proclamar un estruendoso fracaso de la estrategia.

2. Un promedio de crecimiento tan alto no se explica por un crecimiento vertiginoso de la demanda de un año a otro. La razón es otra: la fumigación y la mayor interdicción de sustancias listas para su consumo, inducen a incrementos exagerados de las áreas existentes de cultivo. En otras palabras, la actual política antidrogas con su erradicación compulsiva, crea las condiciones para mantener los precios de la pasta básica estables o les estimula al alza. Anuncios de más fumigaciones están llevando a promover más siembras, con lo cual el bosque no intervenido, los ríos y en general la selva húmeda del trópico y el bosque de páramo, reciben los impactos de la irracionalidad de la actual política.

3. Pero el problema no es sólo el grave daño ambiental producido por las fumigaciones y el exagerado incremento de las siembras. Hay algo peor: quienes deciden esta política no reconocen esta realidad y siguen insistiendo contra la evidencia empírica, sobre la necesidad de construir más bases de fumigación, porque según dice el director de la DEA Asa Hutchinson y su escudero en Colombia el general Socha, van a acabar con los cultivos ilícitos en tres años.

Mientras se fumiga integralmente a los cultivadores, es decir con sus bienes de consumo, vivienda, familias, fuentes de agua, los narcotraficantes se fortalecen como nunca en Colombia. Saben que están en capacidad de meter en la producción de coca y amapola centenares de miles de nuevas hectáreas con su respectiva mano de obra, aprovechando una situación de crisis de la economía campesina y en general de la economía legal colombiana.

Existen hoy más de 160 organizaciones del narcotráfico en Colombia con más de 4000 personas vinculadas directamente al negocio, beneficiadas por la actual política que no tiene contra ellos estrategia alguna creíble y eficaz. Esta falta de política suele ocultarse infantilmente con referencias del tipo " se ha evitado - dicen refiriéndose a las fumigaciones - el procesamiento de 769 toneladas de cocaína que le hubieran reportado 19 mil millones de dólares a los narcotraficantes". Lo que no se dice es que esos 19 mil millones de dólares han sido recuperados justamente con más siembras y mayor capacidad de procesamiento que la que había cuando se proclama el "gran éxito" obtenido.

La actual política no contiene una estrategia contra los narcotraficantes. Una de las evidencias más consistentes para afirmar la ausencia de políticas contra la parte más fuerte y desconocida de la cadena de drogas, se puede observar en el informe del Departamento de Estado recientemente publicado. Veamos cuáles son sus características en relación a este tema para el caso colombiano:

  1. 1. El informe pasa en silencio el tema de la extinción de dominio, teniendo en cuenta que es un punto estratégico dentro de una verdadera política de combate al narcotráfico.
  2. 2. El informe desconoce que una fuente de lavado de dólares importante en Colombia es la compra de tierras y no lo reconoce como un aspecto que requiere de estrategias realistas de combate al narcotráfico.
  3. 3. El informe guarda silencio acerca del tipo de estrategias alrededor del combate a las referidas como "...well established trafficking organizations based in Cali, Medellín, Bogotá, and other cities throughout the country".
  4. 4. Finalmente, las referencias a las relaciones entre drogas y el paramilitarismo son simplistas y como consecuencia no se establece la complejidad de esta situación, reduciéndose a señalamientos tan generales como inútiles y mucho menos se definen con claridad decisiones en esta dirección.

Si bien el documento da cuenta de la diversidad de áreas donde la administración de los EEUU a través de múltiples agencias empieza a intervenir con base en el desarrollo de su estrategia, es claro que ella se impone de manera unilateral, los criterios y contenidos desarrollados por Washington para justificar la incorporación de algunas instituciones.

El dato es más significativo a la luz de las condiciones que están viviendo algunas entidades estatales colombianas frente a su situación presupuestal, de infraestructura, personal calificado para el desempeño de sus funciones. En este grave contexto, se relaciona el involucramiento de las distintas ramas de las fuerzas armadas en el combate a las drogas. Es evidente que su participación en esta materia no obedece al diseño previo y consistente de una estrategia integral de seguridad que responda a las necesidades y expectativas del país en cada uno de los aspectos de la seguridad militar. Ni siquiera responde a la salvaguarda mínima de la vida e integridad de muchas personas que son sistemáticamente masacradas o expulsadas de sus áreas de vida y trabajo.

La seguridad de los EEUU

La seguridad diseñada responde a una prolongación de los intereses propios de EEUU más que a una respuesta razonable y de afirmación del monopolio de las armas del estado colombiano. Esto también se extiende a temas como fronteras, política carcelaria, Estado de Derecho, espacio aéreo y marítimo, etc. ámbitos en los cuales el tema de las drogas distorsiona sus contenidos de política. En resumen, los contenidos de la cooperación de EU en materia de drogas, no se atienen a las necesidades nacionales de Colombia sino que se ajustan a los criterios y contenidos de la seguridad definida en Washington, con lo cual se le agrega un elemento más, que agrava los problemas ya existentes en este país.

En este punto Colombia también empieza a vivir las vicisitudes de una redefinición de la seguridad, de las drogas a la lucha antiterrorista, a raíz de los hechos del 11 de septiembre y su entrelazamiento con la crisis del proceso de paz. Sectores proclives a una salida de guerra ven la oportunidad para modificar la correlación de fuerzas con la insurgencia, redireccionando el Plan Colombia hacia una nuevo énfasis que llevan a que se catalogue a las guerrillas como encarnación del terrorismo.

El argumento no es sólido a la luz de conceptos claros que se atengan por ejemplo, al alcance internacional del terrorismo (¿son las Farc asimilables a Al Qaeda? ¿Son una fuerza capaz de desestabilizar la región?) y mucho menos en relación con el reconocimiento a la existencia de un conflicto social y económico que debe ser asumido con reformas de gran alcance, de presencia y encubrimiento de una grave impunidad, de una crisis humanitaria muy profunda y la práctica secular de la exclusión política en la participación de diversos sectores frente a los graves problemas del país. A la luz de estos complejos problemas el papel de Estados Unidos al prolongar una estrategia antidrogas reiteradamente fracasada con un fuerte componente militar, le convierte más que en una solución, en otro factor que le agrega más problemas al conflicto interno. Adicionalmente, resulta preocupante la presencia de una estrategia que guarda silencio sobre el combate a los grupos cada vez más poderosos del narcotráfico en Colombia, reduciéndose a un ritual inútil y peligroso para los campesinos que están en la parte más visible de la cadena de drogas.

Tal vez estos vacíos e inconsistencias se expliquen en parte por el hecho de que la estrategia sólo logra enriquecer a las empresas norteamericanas productoras del arsenal, suministradora de mercenarios y dispositivos necesarios para fumigar, con lo cual se configura un engaño a la sociedad civil que paga impuestos y de la que vive la clase política norteamericana.

Respuesta europea

Al contrastarse con una ampliación de la observación y reflexión sobre el escenario colombiano y regional, las proclamas sobre número de hectáreas fumigadas de cultivos ilícitos, laboratorios destruidos, drogas incautadas, etc se convierten en datos que buscan una justificación de una compleja e inútil fronda burocrática que busca en el tema de las drogas, su existencia presupuestal. En este escenario los países europeos deben buscar definiciones más claras frente a la realidad de la región andina y del conflicto colombiano. Para referirnos a un solo tema, si existe un reconocimiento a que Europa juega con más sensatez y tiene más que mostrar frente a un tratamiento menos criminalizado de las drogas, debe jugar entonces un papel de mayor compromiso en el debate mundial sobre el problema y acusar formas de intervención que contribuyan a desactivar la bomba de tiempo en que se puede convertir el caso colombiano y su incidencia regional.