Piden crear instancias que vigilen derechos

17 November 2005
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Piden crear instancias que vigilen derechos
Marco Appel
Milenio, 25 de noviembre de 2002

La Federación Internacional de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro buscan la creación de un Comité Consultivo Mixto para la creación de organismos en materia de derechos humanos y políticos.

Organizaciones no gubernamentales de México y la Unión Europea (UE) plantearán el próximo martes en Bruselas la necesidad de crear instancias de vigilancia y evaluación en materia de derechos humanos, civiles y políticos; así como de asuntos sociales, ausentes en el marco del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre nuestro país y el bloque europeo desde julio de 2000.

"Los acuerdos entre la UE y terceros países permiten a las partes establecer grupos de trabajo especiales encargados de darle seguimiento a temas específicos", argumenta la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) en un documento preparado para la mesa consagrada a temas políticos del primer foro civil MéxicoUE.

La influyente organización con sede en París afirma que el establecimiento de tal "grupo de trabajo", ofrece un valor agregado porque ayudaría a discutir "con profundidad" las problemáticas que nacen de la violación a los principios fundamentales.

Los franceses recomiendan que dicho grupo esté conformado por funcionarios e "interlocutores especializados" en derechos humanos de México y Europa, lo que permitiría "ir más allá de las simples declaraciones sobre derechos humanos" y "realmente concretar programas en ese campo".

De ninguna manera, establece, se pretende sustituir los encuentros oficiales de alto nivel. El texto elaborado por el delegado permanente de la FIDH ante la UE, Alan Dréanic, indica que en el caso de México "el posible efecto negativo" del TLCUE "es una seria preocupación de la sociedad civil", no solo en referencia a los aspectos económicos, sociales y de derechos culturales, sino también respecto a otros como los medioambientales o los derechos de la mujer.

El Centro mexicano de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro apoya igualmente la creación de un Comité Consultivo Mixto (CCM). Lo mismo que la propuesta de la FIDH, la posibilidad de instaurar un CCM estaría contemplada por el artículo 49 del acuerdo global, el cual otorga atribuciones al Consejo Conjunto (el órgano de decisión del TLC México-UE) para poner en pie "comités que le ayuden a la realización de sus tareas y garantice la institucionalización del ejercicio de los derechos democráticos".

En la negociación del acuerdo libre comercio, el gobierno mexicano y la UE establecieron que su diálogo político se realizaría exclusivamente entre los poderes ejecutivos a través del Consejo Conjunto, según lo marca el artículo 3 del Acuerdo Global, lo que según las organizaciones civiles es anticonstitucional.

En el que será su texto de intervención, el Pro, también miembro de la organización paneuropea Cifca, indica que "es posible (hacer) una interpretación mucho más amplia de lo que debiera ser el diálogo político en función de los valores democráticos y los derechos humanos, a la luz de la cláusula democrática".

Según la petición, el CCM lo integrarían, del lado mexicano, miembros los sectores sociales, económico y civil, y del europeo el Comité Económico y Social de la UE, un órgano de consulta comunitaria con oficinas en Bruselas.

En el reciente TLC que la UE signó con Chile sí existe este esquema. El texto presentado por Maureen Meyer, a nombre también de la Red Mexicana de Acción contra el Libre Comercio, señala que a través del CCM "se establecerían las bases jurídicas para el ejercicio de los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", firmados por México y los 15 países de la UE, y que instituye en su artículo 25 "que todo individuo tiene derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos".

Otra de las presentaciones, que será leída en el grupo de trabajo "Aspectos Económicos y Comerciales", pide la conformación de un observatorio social.

Rubricado en conjunto por Gerard Karlshausen, de la CNCD de Bélgica, y Antonio Villalba, del Frente Auténtico del Trabajo de México, el documento indica que este "observatorio social" deberá ser un órgano autónomo de consulta y evaluación "suficiente para garantizar su función de observación y de propuesta para garantizar que el desarrollo de las relaciones comerciales y de inversión promueva la mejora de los derechos económicos, sociales y culturales de nuestros pueblos, así como un modelo de desarrollo sostenible". En concreto, el observatorio promovería la información, los análisis y la evaluación de los impactos del tratado y haría "recomendaciones" a las autoridades mexicanas y europeas "en un marco de transparencia y de diálogo constructivo".

Su prioridad sería contemplar los impactos sobre el medio ambiente y las poblaciones menos favorecidas, y con el tiempo se dirigiría a vigilar que las principales empresas de uno y otro lado "respeten y favorezcan los derechos sociales, culturales y económicos".

El primer foro de diálogo de la sociedad civil mexicana y europea, a la que asistirán bajo el auspicio de la Comisión Europea y el gobierno mexicano unos 250 delegados de ONG, autoridades y empresarios de Europa y México, tendrá lugar el 26 de noviembre en Bruselas.