Los ataques de la derecha estadounidense contra las Naciones Unidas y los intentos de reforma

29 December 2004
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Los crecientes ataques contra el secretario general de la ONU no son respuestas a ningún escándalo; antes al contrario, deben verse como ataques de primer orden contra las Naciones Unidas como un todo.

Temas de debate 26

Nota: Circulan rumores en relación con el posible sustituto del embajador de Bush ante las Naciones Unidas, John Danforth, que dimitió a principios de mes. Seleccionar a Nicholas Burns, actual embajador ante la OTAN y uno de los hábilmente conservados vestigios de los tiempos de Clinton, indicaría probablemente un esfuerzo en la línea de Colin Powell para usar y acercar a las Naciones Unidas y para intentar dar una imagen seria y multidimensional de la administración Bush. Por el contrario, escoger a John Bolton, un prestigioso ideólogo derechista cuyo historial de ataques a las Naciones Unidas se remonta a su intervención en la administración Reagan, indicaría que el gobierno intenta mantener sus ataques contra las Naciones Unidas e intensificar su estrategia unilateralista anti ONU. Manténganse a la escucha.

  • Los ataques contra Kofi Annan y el escándalo del programa "Petróleo por Alimentos" son en realidad una ofensiva de la derecha contra la ONU.
  • Los Estados Unidos y otros gobiernos del Consejo de Seguridad, y no la Secretaría de la ONU, fueron los responsables de permitir que Iraq vendiera petróleo a Turquía, Jordania y cualquier otro destino al margen del programa "Petróleo por Alimentos", a pesar de saber que miles de millones de dólares irían a parar directamente a las arcas del gobierno de Sadam Huseín.
  • Los Estados Unidos y sus aliados, y no la Secretaría de la ONU, son también los principales responsables de que se aceptaran o rechazaran los contratos del programa "Petróleo por Alimentos". Nunca promovieron el interés público ni retuvieron contratos debido a los sobornos o a los recargos.
  • La denuncia de la reforma de la directiva de las Naciones Unidas, si bien cuenta con múltiples imperfecciones en relación con la posible legitimación de la ONU para el uso de la fuerza militar, no deja de representar un importante avance encaminado a reclamar que la ONU se convierta en socio del movimiento global anti imperio.

Los escándalos del programa "Petróleo por Alimentos"

Los crecientes ataques contra Kofi Annan, Secretario General de la ONU, que han llegado a suscitar gritos pidiendo su dimisión, no son respuestas a ningún escándalo; antes al contrario, deben verse como ataques de primer orden contra las Naciones Unidas como un todo. Teniendo en cuenta que, hasta el momento, han procedido de elementos derechistas tanto del Congreso como de los medios de comunicación, y no directamente de la administración Bush (ver más adelante), reflejan, entre otras cosas, un convencimiento creciente entre muchos en Washington según el cual las Naciones Unidas han ido demasiado lejos al desafiar la legitimidad y la credibilidad de los Estados Unidos, en particular en relación con Iraq.

Y, aunque parezca irónico, todo esto ya lo dijo el "New York Times": su editorial del cinco de diciembre de 2004 reconocía que "Iraq acumuló mucho más dinero ilícito por medio de acuerdos comerciales que los Estados Unidos y otros miembros del Consejo de Seguridad conocían desde hacía años, pero prefirieron aceptar. [...] La burocracia de las Naciones unidas no tuvo la fuerza necesaria para prevenir estos intercambios ilícitos de petróleo o armas mantenidos al margen del programa "Petróleo por Alimentos"; fue responsabilidad de los países miembros. [...] Por tanto, la acusación principal por permitir a Iraq acumular miles de millones ilícitos recae sobre los Estados Unidos y los demás miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que hicieron la vista gorda frente a estas ventas prohibidas de petróleo".

Los ataques de corte ideológico están dirigidos por el senador Norm Coleman (republicano de Minnesota que reemplazó a Paul Wellstone), Claudia Rossett (una periodista que ha pasado del Wall Street Journal al New York Sun, de derechas y pro Rumsfeld), los columnistas William Safire del New York Times y Charles Krauthamer del Washington Post, y los expertos del American Enterprise Institute. Pero gran parte de los antecedentes proceden del sospechoso Ahmad Chalabi, antigua baza de la CIA y favorito del Pentágono: cuando volvió a Iraq poco después de la invasión estadounidense, bajo la escolta de militares estadounidenses y tras décadas de un exilio apoyado por la CIA, el ejército estadounidense se centró en las supuestas cantidades masivas de archivos del régimen iraquí que Chalabi decía tener. Entre estos documentos, según Chalabi, se encontraban listas de personas y corporaciones internacionales a quienes el régimen de Sadam Huseín había ofrecido el derecho a vender el reparto de petróleo iraquí.

El efecto de la campaña de derechas ha sido centrar la atención del público y los medios en la supuesta responsabilidad de la Secretaría de la ONU y, en concreto, en la persona de Kofi Annan, por lo que respecta a la supervisión del programa "Petróleo por Alimentos", en lugar de mantener la atención donde debería estar: en el papel que han jugado los Estados Unidos y otros estados miembros del Consejo de Seguridad. La facultad de aprobar contratos según los cuales Iraq pudiera vender petróleo o comprar bienes humanitarios siempre fue competencia exclusiva del Comité 661 de la ONU, compuesto por todos los miembros del Consejo de Seguridad independientemente del papel de respaldo de la Secretaría de la ONU, que examinaba inicialmente algunos de los contratos, la decisión última sobre la aceptación o rechazo de estos contratos residía exclusivamente en los estados miembros. El ministro consejero estadounidense James Cunningham fue el funcionario estadounidense que más a menudo participó en el trabajo del Comité 661. Los Estados Unidos y el Reino Unido usaban pública y rutinariamente su poder sobre el comité para retrasar o cancelar contratos, basándose en su manida (aunque pocas veces justificada) afirmación de "empleo dual", es decir, que el contrato podía tener un empleo potencialmente militar al tiempo que civil. Los que no se publicaron fueron los informes sobre representantes estadounidenses o británicos (o de cualquier otro miembro del Consejo) retrasando un contrato a causa de su conocida práctica (típica de la industria global del petróleo) de sobornos y recargos.

Los ataques se han centrado personalmente en Kofi Annan en gran medida porque es más fácil demonizar al símbolo de una institución que a la institución en sí; las tácitas llamadas al racismo consiguen, sin duda, que los ataques a Annan sean incluso más populares. Además, Annan y la Secretaría, al fallar en su intento de hacer completamente públicos todos los registros desde el mismo principio, impulsaron el molino de la propagación de rumores. Está claro que no es una coincidencia que los ataques anti ONU se hayan intensificado tras las elecciones: durante la campaña, la responsabilidad ante el amplio apoyo de los Estados Unidos a la ONU podría haber sido tomada en cuenta. Además, está saliendo a la luz por lo menos en parte como respuesta a las importantes (aunque tardías) declaraciones de Annan según las cuales la guerra de EE.UU. en Iraq es ilegal. Después de todo, la investigación oficial independiente de las Naciones Unidas en relación con el asunto "Petróleo por Alimentos", a las órdenes del traficante de información confidencial por antonomasia y antiguo jefe de los federales Paul Volcker, lleva meses funcionando y se espera que emita su primer informe provisional en enero.

Las denuncias de soborno y corrupción se han centrado principalmente en dos personas: uno es Benon Sevan, empleado de la ONU desde hace mucho tiempo y encargado de la oficina de las Naciones Unidas para el programa iraquí y, por tanto, de supervisar el programa "Petróleo por Alimentos", que aparecía supuestamente en la lista iraquí de receptores de asignaciones de petróleo. El otro es el hijo de Kofi Annan, Kojo Annan, antiguo consultor de la empresa suiza Cotecna, que fue contratada por las Naciones Unidas para supervisar los contratos de petróleo. Sus continuos acuerdos económicos con la compañía, incluso después de abandonar su puesto de trabajo poco antes de que la ONU firmara el contrato, han dado la apariencia de un posible caso de nepotismo y tráfico de influencias. Queda una cuestión clave que, hasta el momento, Cotecna se ha resistido a contestar: ¿por qué los pagos de Cotecna a Kojo Annan para que no compitiera con ellos en África, perfectamente legales, que empezaron al principio de los noventa, cesaron en febrero de 2004, justo después de que comenzaran a aflorar rumores sobre la implicación de Kojo?

Ciertamente, las acusaciones contra Sevan deben ser investigadas, y tanto él como cualquier otro deben ser considerados responsables de cualquier violación demostrada de las reglas de la ONU que prohíben que los funcionarios internacionales se beneficien de los programas de las Naciones Unidas; del mismo modo, cualquier apariencia de influencia inapropiada por parte de Kojo Annan debe ser examinada a conciencia. La comisión de Volcker está investigando acertadamente estas dos denuncias, pero ninguna de ellas tiene nada que ver con los que deben ser reconocidos como los auténticos escándalos del programa "Petróleo por Alimentos":

  1. El papel de los Estados Unidos en relación con la aprobación deliberada (o en ocasiones simple tolerancia, con un guiño y un movimiento de cabeza) de ventas de petróleo al margen del Programa a Jordania y Turquía, que enviaron miles de millones en divisas fuertes directamente al régimen de Sadam Huseín de manera inexplicable. Las ventas especiales de petróleo a Jordania se basaron en un protocolo especial del Consejo; las ventas a Turquía miembro de la OTAN y aliado de vital importancia de los EE.UU. por su apoyo a las patrullas militares británico-estadounidenses del espacio aéreo limitado y a las frecuentes campañas de bombardeos contra Iraq fueron aprobadas de manera informal pero ampliamente conocidas por el Consejo. Ambos acuerdos se basaron en el artículo 50 de la Carta de las Naciones Unidas, que da especial consideración a los países afectados por sanciones impuestas por la ONU contra un estado colindante.
  2. El papel de los Estados Unidos en la debilitación de la capacidad del programa "Petróleo por Alimentos" para sostener a la población civil de Iraq, reclamando que hasta el 30% de los ingresos iraquíes por petróleo se dedicaran al pago de los costes generales en que incurría la ONU y de las reparaciones de guerra solicitadas por Kuwait, Israel y otras naciones ricas. Del mismo modo, EE.UU. se dedicó a poner trabas a los contratos, evitando la posibilidad de que Iraq tuviese acceso a bienes humanitarios vitales.
  3. Y, el más importante, el papel de los Estados Unidos en la imposición de las sanciones económicas que últimamente han alcanzado el nivel de genocidas contra Iraq, y en cómo manipularon al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para mantenerlas.

Las actuales reivindicaciones para que Kofi Annan dimita, basadas en rumores e insinuaciones, no pueden verse más que como un medio de atacar a las Naciones Unidas en conjunto. El hecho de que los ataques procedan mayoritariamente de los sectores conservadores del Congreso, los gabinetes estratégicos y medios de comunicación, y no de la propia Casa Blanca, reflejan los vínculos de la administración Bush con las petroleras estadounidenses, las cuales, al comprar petróleo iraquí, fueron durante años activas participantes en la trama del soborno. Puede reflejar el reconocimiento, hecho a regañadientes, de la Casa Blanca de que, justo ahora, en vísperas de poner en marcha los defectuosos planes para las elecciones iraquíes, los Estados Unidos necesitan más, y no menos, implicación de las Naciones Unidas en Iraq. Y puede que simplemente signifique que el gobierno ha determinado que se le sirve mejor dejando que los sustitutos lleven las riendas.

El Grupo de Reforma de la ONU

La aparición del informe del Grupo de Alto Nivel sobre las Amenazas, los Desafíos y el Cambio es un importante logro para la ONU, y ha conseguido traer a las primeras líneas del programa mundial muchos asuntos cruciales y entrelazados en relación con la pobreza, la discapacitación, la degradación medioambiental y muchas más. La atención de los medios en el informe se ha centrado mucho en el asunto de la expansión del Consejo de Seguridad, ignorando otras valoraciones más importantes; es relevante, por ejemplo, que el informe rechace explícitamente la idea de que "la seguridad se preserva mejor por medio de un equilibrio de poderes o por cualquier superpoder, aunque sea benévolamente motivado".

El Grupo de Reforma, al identificar cuidadosamente las posiciones enfrentadas, reconoció que "el rechazo del Consejo de Seguridad a inclinarse ante la presión de los Estados Unidos por legitimar la guerra [de Iraq] es una prueba de su relevancia e indispensabilidad: aunque el Consejo de Seguridad no impidió el estallido de la guerra, proporcionó un baremo claro y bien motivado con el cual evaluar la decisión de ir a la guerra. Las riadas de ministros extranjeros entrando en las cámaras del Consejo de Seguridad durante los debates y la extendida opinión pública sugirieron que la decisión de los EE.UU. de llevar la cuestión de la fuerza ante el Consejo de Seguridad reafirmaba no sólo la relevancia de la Carta de las Naciones Unidas, sino su centralidad".

El Grupo de Reforma falla, sin embargo, en una materia clave: perfeccionar la democracia de las Naciones Unidas. Llama al refuerzo del antidemocrático Consejo de Seguridad, sugiriendo que sea "más proactivo" en el futuro pero acusa a la Asamblea General (por mucho, la más democrática de las agencias de las Naciones Unidas) de haber "perdido vitalidad y, a menudo, no centrarse acertadamente en los asuntos más imperiosos del orden del día". Y esto a pesar del papel crucial que desempeñó la Asamblea General en la edificación del rechazo internacional y de la ONU de la guerra de Bush en Iraq, y a pesar de la potencial mayor relevancia que conseguiría la ONU si confiriera aún más poderes a una Asamblea aún más democrática.

Una importante contribución del informe del Grupo de Reforma es el reconocimiento de la amplitud de amenazas a las que hacen frente las Naciones Unidas y el mundo del siglo XXI: no están limitadas a la amenaza del terrorismo, como sigue proclamando la administración Bush, sino que comprenden todo un abanico de amenazas interconectadas entre las que se encuentran la pobreza, las enfermedades infecciosas especialmente el VIH-SIDA, la degradación medioambiental, los conflictos interestatales, los conflictos internos entre los que se encuentran las guerras civiles y los casos de genocidio, las armas nucleares, radiológicas, químicas y biológicas, el terrorismo y el crimen internacional organizado. El reconocimiento de estas extendidas crisis sociales y su naturaleza interconectada e indivisible es, sin duda, una importante contribución. Un desarrollo crucialmente relevante del informe tiene que ver, sin embargo, con la redefinición de la legitimidad del uso de la fuerza preventiva. Es importante resaltar que el Grupo de Reforma no favoreció el abandono, ni siquiera la reinterpretación oficial del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que define las condiciones extremadamente restrictivas bajo las cuales una nación puede legítimamente usar la fuerza en defensa propia (establece que se puede emplear dicha fuerza "si tiene lugar un ataque armado" y sólo "hasta" que el Consejo de Seguridad pueda llegar a determinar una respuesta colectiva).

El informe reconoce que el artículo 51 debería ser interpretado de forma que incluyera la defensa propia de un estado que se enfrenta a una amenaza inminente, como la que supondría que un estado hostil cargara misiles balísticos en sus plataformas de lanzamiento. Pero, en el momento decisivo, el informe no contesta la pregunta fundamental: ¿qué sucede cuando un estado justifica su defensa propia diciendo que hace frente a una amenaza inminente, pero en realidad esa afirmación es falsa? Además, ¿sobre quién recae la capacidad de determinar la legitimidad de dicha afirmación? Podría deducirse la peligrosa consecuencia de que cualquier país, siguiendo las pautas de descaradas mentiras que sirvieron de base a las denuncias de Washington y Londres sobre la amenaza inminente que suponía Iraq (¿recuerdan a Tony Blair anunciando que Iraq podía lanzar un misil en 45 minutos?) tendría el derecho de, simplemente, anunciar al mundo que un país X representa un peligro inminente y, en consecuencia, comunica que tiene derecho a ir a la guerra sin autorización del Consejo de Seguridad. El Grupo de Reforma no dice nada sobre quién debe exigir responsabilidades a estos gobiernos responsables de falsas afirmaciones. La otra pregunta clave que permanece sin respuesta es si existe un reconocimiento implícito del estilo del doble rasero que caracteriza gran parte de la política de la ONU (con aquellos países que pueden ejercer derecho a veto en el Consejo de Seguridad sujetos a un nivel de responsabilidad menos estricto que el resto de los países).

El Grupo de Reforma dio lugar al comienzo de un conjunto de criterios para determinar la legitimidad de la fuerza militar. Las pautas se encaminan hacia una autorización de la fuerza por parte de las Naciones Unidas, pero el Grupo de Reforma urge a los gobiernos para que también ellos los acepten. Estos criterios pasan porque la amenaza sea suficientemente seria como para justificar el uso de la fuerza militar, y exigen que el propósito primario de la acción militar propuesta debe ser claramente detener la amenaza, así como que exista una "consecuencia razonable" por la cual la acción militar funcionará contra la amenaza y sus consecuencias no serán peores que las que tendrían lugar en caso de no hacer nada. Pero de nuevo no existe ninguna propuesta para exigir responsabilidades a aquellos gobiernos a causa de estas pautas, por no hablar de cómo habría que tratar con los gobiernos delincuentes que iniciaran acciones militares desafiando estas directrices, como es el caso de la guerra de Washington en Iraq.

El Grupo de Reforma diferencia la fuerza militar "preferente", empleada de forma unilateral por un país que dice hacer frente a una ostensible amenaza inminente, de la fuerza militar "preventiva", usada en "autodefensa anticipatoria", lo que implica una amenaza de mayor alcance pero que no se considera inminente. Tal y como lo describe el Grupo de Reforma, "lo más fácil, si existen buenos argumentos para una acción militar preventiva, sería presentarlos ante el Consejo de Seguridad para que autorizara dicha acción, si es que decide hacerlo". En otras palabras, el Grupo de Reforma anticipa que, incluso sin "una nueva versión o una nueva interpretación del artículo 51", el Consejo puede autorizar el uso de la fuerza preventiva algo que nunca antes se había considerado legítimo en el ámbito del derecho Internacional. Tal autorización, si fuera concedida por el Consejo, comprometería mucho más, quizás irreparablemente, la credibilidad de la Organización de las Naciones Unidas.

En la diplomáticamente compleja área del genocidio y la limpieza étnica dentro del ámbito de un estado claramente soberano, el Grupo de Reforma se adentra en un terreno nuevo al defender la obligación que la comunidad internacional tiene de proteger a los pueblos que se encuentren en peligro. Establece que "existe un reconocimiento creciente de que este asunto no trata el "derecho a intervenir" de ningún estado, sino la "responsabilidad de proteger" que todo estado tiene cuando se trata de pueblos que sufren a causa de catástrofes evitables asesinatos y violaciones en masa, limpiezas étnicas por medio de expulsiones forzosas y terror, e inanición y exposición a enfermedades deliberadas. Y se acepta de forma creciente que, si bien los gobiernos soberanos tienen la responsabilidad primaria de proteger a sus propios ciudadanos de tales catástrofes, cuando no son capaces o no quieren hacerlo dicha responsabilidad debe ser adoptada por la más amplia comunidad internacional, que abarque una prevención continua, una respuesta a la violencia si es necesaria y la reconstrucción de sociedades destruidas". Aún así, no queda claro si este lenguaje podría usarse para fortalecer las llamadas de la ONU para proveer de protección internacional a los palestinos que viven bajo la ocupación israelí.

El informe del Grupo de Reforma supone importantes avances en otras áreas como el reconocimiento de que el apartado VI del Tratado de No Proliferación (TNP) necesita el reconocimiento de los Estados Unidos y de otras potencias nucleares para avanzar hacia un desarme nuclear completo. El informe se lamenta de la debilidad del conjunto del TNP. Pero al reconocer las obligaciones de los estados con armas nucleares más poderosas y no centrarse sólo, como hace la política estadounidense, en la posible proliferación de tales armas en otros países no nucleares, el Grupo de Reforma apoya una responsabilidad global más equitativa de conformidad con el TNP.

Las secciones que tratan el cambio en la composición del Consejo de Seguridad proporcionan dos propuestas paralelas para la expansión del Consejo en relación con la estructura actual de cinco miembros permanentes con derecho de veto y diez miembros no permanentes elegidos para períodos de dos años. Ambas propuestas supondrían añadir un total de nueve nuevos miembros al Consejo: una implicaría añadir seis nuevos miembros permanentes pero sin derecho de veto (dos africanos, dos asiáticos, uno sudamericano y otro europeo) junto con tres nuevos miembros no permanentes, y la otra añadiría ocho nuevos miembros sin derecho de veto elegidos cada cuatro años (dando a los miembros más poderosos una especie de "ilusión de permanencia"), así como un nuevo miembro no permanente elegido cada dos años. El Grupo de Reforma no recomienda la expansión del poder del veto, pero tampoco propone métodos para terminar definitivamente con este antidemocrático sistema del veto.

El Grupo de Reforma reconoció que cualquier expansión del Consejo, bajo cualquiera de estas propuestas, "daría preferencia para las plazas permanentes o de larga permanencia a aquellos estados que se encuentren entre los tres mayores contribuyentes financieros al presupuesto regular en su área regional principal, o a los tres mayores contribuyentes voluntarios de su área regional, o a los tres que con más tropas contribuyeran, dentro de sus áreas regionales, a las misiones de mantenimiento de paz de la ONU". Esto minaría el antiguo principio de las Naciones Unidas por el cual el apoyo financiero de la Organización se basa en el principio de la "equidad de perjuicio" (lo cual sostendría que es tan difícil para los EE.UU. pagar el multimillonario 22% del presupuesto de las Naciones Unidas como lo es para los empobrecidos Chad o Laos pagar su pequeña fracción del 1% del presupuesto que constituye su parte). Esto privilegiaría a los estados más ricos y, en algunos casos, a aquellos con unas fuerzas armadas lo suficientemente grandes como para enviar tropas al extranjero durante años a las misiones de la ONU.

De hecho, no parece que ninguna de las propuestas para la expansión del Consejo vaya a convertirse en realidad en un corto plazo de tiempo. Antes al contrario, el informe del Grupo de Reforma está impulsando una discusión global sobre la naturaleza antidemocrática e ilegítima de la actual composición del Consejo, avanzando de ese modo el esfuerzo más útil para deslegitimar el poder del Consejo en favor de aumentar el poder de la mucho más democrática Asamblea General.

En términos generales, a pesar de sus insignificantes insuficiencias, el informe del Grupo de Reforma representa un enorme avance institucional en la causa de la reforma de las Naciones Unidas y en la lucha por la centralidad global de la ONU, en particular en lo que respecta a las entrelazadas relaciones entre las crisis económicas, sociales, medioambientales y de seguridad. Aunque los movimientos internacionales por la paz y la justicia no refrenden de modo absoluto sus recomendaciones, deben ver el informe del Grupo de Reforma, globalmente, como un importante paso en la reclamación de las Naciones Unidas como parte de nuestra movilización global contra los saqueos del imperio.