Honduras: Los límites de periodo se aplican cuando los gobiernos benefician al pueblo

23 July 2009
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"¿Por qué no ha habido ningún intento de golpe de estado en Washington, D.C.? Porque allí no hay embajada de EE.UU.”

(Este artículo fue escrito el 19 de Julio, antes de que se llegara a algún acuerdo en cuanto a las condiciones para el regreso de Zelaya a Honduras.)

"¿Por qué no ha habido ningún intento de golpe de estado en Washington, D.C.? Porque allí no hay embajada de EE.UU.” (Chiste contado por periodistas chilenos al Presidente Obama durante la visita de la Presidenta Michelle Bachelet a la Casa Blanca.)

En 1954, el conservador Dwight Eisenhower autorizó a la CIA a derrocar al gobierno de Guatemala, un golpe que seguía el modelo de “cambio de régimen” en Irán en 1953. En 1964-1965, el liberal Lyndon Johnson autorizó golpes de estado en Brasil y República Dominicana. Cuando los dominicanos se sublevaron, Johnson envió a las tropas.

A mediados de septiembre de 1970, los conservadores Henry Kissinger, Asesor de Seguridad Nacional, y el Presidente Richard Nixon llegaron a la conclusión de que los chilenos habían elegido al gobierno equivocado, así que decidieron alterar el destino por medio del reemplazo del gobierno democrático del Dr. Salvador Allende con 17 años de fascismo militar, 1973 a 1990.

En el periodo posterior a la Guerra Fría, tal galimatías se hizo ridículo. Washington podía realizar una política de derecho y derechos humanos o continuar su colaboración con asesinos militares. Este aparente dilema se resolvió con un esquema para perpetuar a oligarcas latinoamericanos y satisfacer a las corporaciones y bancos de EE.UU. vinculados a las elites locales.

En 2002, el gobierno de EE.UU. probó el nuevo plan. Oficiales militares apoyados por EE.UU. secuestraron al presidente venezolano Hugo Chávez. Pero una oposición imprevista surgió del seno de los militares; las masas venezolanas se lanzaron a las calles. El golpe fracasó.

Washington continuó desbarrando contra el “no democrático” Chávez sin mencionar sus cinco victorias sucesivas --desde 1998-- en elecciones supervisadas internacionalmente. El gobierno de Chávez dirigió su energía a solucionar necesidades básicas, a pesar de la oposición de las clases alta y medias.

En 2004, en la prueba número dos, el Departamento de Estado, a fin de “proteger” al presidente haitiano Jean Bertrand Aristide, ayudo a sus secuestradores. Siguiendo el modelo venezolano, los complotados haitianos falsificaron una “carta de renuncia”.

En junio, la tercera prueba comenzó cuando matones militares secuestraron al Presidente Manuel Zelaya. Luego, complotados civiles redactaron una falsa carta de renuncia. La razón “legal”: el Tribunal Supremo de Honduras ordenó el arresto de Zelaya por violar la Constitución. Sin embargo, la carta tenía una fecha posterior al secuestro. El Informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado de 2009 ya había caracterizado a ese Tribunal como que emitía “fallos politizados” y contribuía “a la corrupción en instituciones públicas y privadas”. (Informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de EE.UU.: Honduras, 25 de febrero de 2009.

http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/wha/119164.htm)

Inicialmente la Secretaria de Estado Hillary Clinton fingió preocupación por lo que parecía ser un golpe. No llegó a llamarlo golpe. Después de todo, susurró, Zelaya --a quien ella todavía reconocía como presidente-- pudo haber violado la Constitución. Ningún funcionario norteamericano ni los reporteros principales cuestionaron la lógica a posteriori del Tribunal Supremo de Honduras de que el intento de hacer al pueblo una consulta abierta y no vinculante violaba la ley suprema. Es más, el Artículo 80 de la Constitución hondureña específica que “Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal”.

Roberto Micheletti, el “presidente interno” del golpe de estado, también se indignó. ¿Cómo se atreve Zelaya a consultar al pueblo acerca de cambiar el documento en cuya aprobación habían tenido tan poco que ver? Sin embargo, en 1985, Micheletti había liderado un cambio constitucional para reelegir al entonces Presidente Roberto Suazo.

(http://www.elfaro.net/secciones/Noticias/20090706/noticias10_20090706.asp)

La reelección se hace constitucional cuando los candidatos latinoamericanos sirven a la clase dominante local y a los intereses de Washington. De lo contrario, las constituciones son sagradas, no importa lo que digan acerca de la democracia participativa.

Los senadores John McCain (republicano por Arizona), Connie Mack (republicano por la Florida) y otros republicanos defendieron indignados el secuestro de Zelaya como realizado para “proteger la Constitución y la democracia.” Citaron la Constitución de Honduras, pero no se refirieron a una cláusula que permitiera a los gorilas militares secuestrar en pijamas al amanecer al presidente elegido y llevarlo a Costa Rica en un avión militar.

La absurda discusión de “comportamiento legalmente autorizado” ha omitido la referencia a las condiciones en Honduras. En 2006, el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD) describió a Honduras como que sufre de “profundas desigualdades sociales, con muy altos niveles de pobreza y con un crecimiento económico insuficiente, donde la población tiene una insatisfacción relativa con los resultados de la democracia”. El Informe aseguraba que 15% de la Honduras rural tiene una expectativa de vida de 40 años o menos y 20,4% de la población adulta es analfabeta”. El PNUD considera que el “momento del cambio es ahora”.

(http://hdr.undp.org/en/reports/nationalreports/latinamericathecaribbean/..., p. 5, 21)

Un informe de 2003 determinó que el 10 por ciento más rico ingresaba 50 veces lo que el 10 por ciento más pobre. De la población rural hondureña, 86,3% vivía en la pobreza; 71,3% de habitantes urbanos califican como pobres; 67,2% de los niños menores de 5 años estaban desnutridos. (J. MacDonald, Expresión de la pobreza en la ciudad, Reunión Grupo de Expertos sobre Pobreza Urbana en América Latina y el Caribe, 27-28 de Enero 2003, p 4-5, http://www.eclac.cl/dmaah/noticias/paginas/5/11915/j_macdonald.pdf)

En 2006, Manuel Zelaya ganó la presidencia. Hizo del Informe del PNUD parte importante de sus planes de cambio. Su programa social, no una ambigua interpretación de la Constitución, se convirtió en la base de su “problema” con la oligarquía gobernante --una docena de familias que controlan la economía y las instituciones sociales, culturales y políticas. También dominan los medios. Un Informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado en 2008 reconoció: “Un pequeño número de poderosos magnates de los negocios con vínculos comerciales y políticos comunes, así como con relaciones familiares, son propietarios de la mayoría de los medios noticiosos del país. Poderosos magnates influyen la agenda de noticias y por tanto en las elecciones y las decisiones políticas”. (Departamento de Estado de EE.UU., Informe de Derechos Humanos de 2008: Honduras. 25 de febrero de, 2009. http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/wha/119164.htm)

Hasta que Zelaya intentó incluir la democracia real en la ecuación gubernamental, la elite de Honduras, con el apoyo corporativo y bancario, había encontrado una receta aparentemente perfecta: el pueblo vota, pero no cambia nada. El Congreso y los Tribunales pertenecen a los educados (ricos y poderosos) que también controlan a los militares en cooperación con el gobierno norteamericano. Washington suministra ayuda; la Escuela de las Américas entrena a los oficiales hondureños en las conductas adecuadas --torturar a los enemigos y realizar golpes. “Desde la década de 1980, el ejército hondureño respira por las narices de los asesores norteamericanos”. (ALAI AMLATINA, 10 de Julio de 2009.)

Para Zelaya, el Informe del PNUD coincide con un hecho brutal. Suiza y Honduras tienen cada uno 7 millones de habitantes. El ingreso promedio anual de los suizos es de $53 000 dólares; el de los hondureños $2 000. Este presidente de clase alta consideró su obligación satisfacer las necesidades del pueblo. Pronunciar un pensamiento tan subversivo provocó el pánico entre los ricos en Tegucigalpa y los poderosos en Washington. Adoptaron un patrón histórico.

En la década de 1980, la CIA y los militares norteamericanos usaron a Honduras para atacar al gobierno izquierdista de Nicaragua. La CIA hizo que los oficiales hondureños vendieran drogas --para apoyar a los contras, lo cual prohibió el Congreso. En 1998, el reverendo Joe Eldridge, esposo de María Otero, la subsecretaria de Estado para la Democracia de Obama, escribió acerca de este vínculo con el narcotráfico; los militares hondureños amenazaron de muerte a la familia. El ejército hondureño también reprimió a la oposición interna. La elite local suministró a los oficiales prebendas y status, pero los ejércitos centroamericanos pasan poco tiempo defendiendo a su país y mucho atacando a sus ciudadanos

Los militares hondureños inventaron una “razón” para derrocar a Zelaya: su intento inconstitucional de consultar al pueblo en un voto no vinculante. Sin embargo, la Constitución permite referendos y plebiscites. Los representantes de Washington dicen ahora que recomendaron no realizar el golpe. Pero, según razonaron los oligarcas y los oficiales, alentados por algunos bien conocidos cubano-americanos anticastristas, ¿cómo podía Washington abandonar a sus amigos y clientes? Así que secuestraron a Zelaya y lo llevaron a Costa Rica con una justificación tan transparente como la modelo más desnutrida.

Ciento noventa y dos países rechazaron este equivalente político de la “venta del puente de Brooklyn”. Los defensores del golpe, el gobierno conservador de Canadá, los medios masivos de EE.UU., las jerarquías católica y protestante hondureñas, y los anticastristas de derecha de Miami, aprobaron los golpes previos en Latinoamérica en nombre de la democracia, el anticomunismo o cualquier otra cosa. Esta vez los golpistas estaban “rescatando a Honduras de las garras del chavismo”.

Sin embargo, el drama se convirtió en farsa cuando los secuestradores de Zelaya lo abandonaron en Costa Rica. El Presidente Oscar Arias lo recibió --y a los secuestradores. Ningún alto funcionario ni reportero importante ha sugerido que Arias fue cómplice del secuestro y del golpe. ¿Debió haber arrestado a los secuestradores, embargado el avión y exigido la rendición de los matones ilegítimos en Tegucigalpa?

En su lugar, el colaborador Arias se convirtió en el mediador Arias. Hace veinte años, Arias se negó a permitir bases norteamericanas en Costa Rica para su guerra ilícita contra Nicaragua. Hoy es la estrella del programa de policía bueno-policía malo. Su único acto de desobediencia le hizo ganar el Premio Nobel. Desde entonces ha demostrado fidelidad al consenso económico de Washington, lo que es sinónimo de libre comercio y bienestar para las corporaciones.

Después de que Arias ejerció su mandato como presidente (1986-1990), cambió la constitución para poder aspirar a un segundo período (2006-2010). En junio, otro aliado de EE.UU., el presidente colombiano Álvaro Uribe, cambió su Constitución para poder ser reelegido por tercera vez. Ni Washington ni los medios masivos objetaron. Los magnates anticastristas de Miami alabaron esta medida “democrática”.

¿Doble moral? No. Arias y Uribe siguieron los dictados de Washington: no se hagan amigos de Hugo Chávez, Fidel Castro o cualquier otro que mencione en serios los “cambios”. La desobediencia de Zelaya --a su propia clase y a Washington-- provocó su secuestro.

En Washington, la respuesta fue “nuevas elecciones”. Los presidentes norteamericanos aclaman las elecciones democráticas --cuando benefician a Estados Unidos. Sin embargo, cuando los gobiernos electos ayudan a los pobres y reducen los intereses de EE.UU., los funcionarios de Washington conspiran a favor de golpes, insisten en los límites de períodos y en el respeto a las constituciones que no han leído.