El precio del maíz es la justicia social

01 March 2007
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El aumento en la demanda de producción de etanol en los Estados Unidos ha dejado a millones de mexicanos con una importante subida en los precios del maíz. Urge adoptar una reforma política para proteger a los agricultores mexicanos del impacto de la agroindustria estadounidense, fuertemente industrializada y subsidiada. Por John Burstein y Manuel Pérez Rocha.
El sistema de producción y distribución alimentaria en México se encuentra en una creciente crisis, tal como se reconoció, aunque indirectamente, en la declaración oficial con que se cerraron las recientes negociaciones entre los presidentes George Bush y Felipe Calderón. Ambos acordaron formar un grupo de trabajo binacional sobre la materia. El revisar el capítulo sobre agricultura del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) quedó totalmente descartado, y la agenda binacional prevé en su lugar estudiar cómo “suavizar la transición” de los pequeños agricultores, que representan el 20 por ciento de la población mexicana. En otras palabras: “sí, no, quizá”. Todo el mundo sabe que es necesario abordar la cuestión de la pobreza rural y que, desde el punto de vista político, ésta se debe vincular con la reforma sobre inmigración que ha alcanzado un punto crítico en los Estados Unidos. Para entender la crisis alimentaria, tomemos el ejemplo del maíz. Se ha dicho y escrito mucho sobre la importancia simbólica de este clásico alimento mexicano que, en las tradiciones indígenas adquiere rasgos de divinidad. Pero aún hoy en día, la mayoría de los 100 millones de mexicanos sigue dependiendo de las tortillas –y de los frijoles– para asegurarse hasta la mitad de su ingestión de calorías y proteínas. Por lo tanto, el aumento en el precio del maíz a principios de año, que se explica en parte por el incremento de la demanda de etanol en los Estados Unidos, es un hecho de graves dimensiones. Dicho aumento afectó a las tortillas directamente –cuyos precios subieron entre un 40 y un 100 por ciento en el lapso de una semana– y, según Víctor Quintana, ex diputado federal y dirigente del Frente Democrático Campesino de Chihuahua, las secuelas se seguirán notando con el aumento del precio de otros alimentos básicos como los huevos, la leche y la carne. El hecho ya ha provocado marchas de protesta multitudinarias que, como era de esperar, han exhibido un fervor que recuerda a las de las revueltas del pan más sonadas. “Que coman pastel” fueron las famosas palabras pronunciadas por una reina que poco después perdió la cabeza. Felipe Calderón, que acababa de ocupar el despacho presidencial cuando estalló la crisis del maíz, reaccionó con lentitud, nunca se comprometió a defender el precio regulado de este alimento básico y, finalmente, recurrió a una negociación con las distribuidoras y las tortillerías. El pacto entre caballeros –que fijó un tope de 8,50 pesos por kilo– sólo fue firmado por unas 5.000 de las más de 65.000 tortillerías del país. Calderón aún tiene la cabeza pegada al cuerpo, pero el furor político está lejos de amainar. De hecho, a mediados de febrero, los precios de la leche y la carne, alimentos que proceden de reses alimentadas con maíz, comenzaron también a despuntar. Esta oleada de encarecimiento de los alimentos de primera necesidad es síntoma de las profundas corrientes que están atravesando la economía y la sociedad. En primer lugar, hay un abismo que separa a los sectores productivo y comercial. Esto no son los Estados Unidos, donde la agricultura está mecanizada, tremendamente centralizada en las manos del capital globalizado, y cuya producción está subvencionada por el gobierno con miles de millones de dólares anuales. En México, sucede todo lo contrario; la asistencia técnica, los créditos y todo tipo de participación económica por parte del Estado en el sector primario se recortaron drásticamente hace más de una década. Es como si el sector estuviera sujeto a un veto presupuestario. De hecho, esta regresión se trató de una decisión ejecutiva, tomada por el presidente Carlos Salinas (1988-1994), antes de que México expulsara del poder al que durante tantos años fuera el partido oficial, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en 2000. La iniciativa para liberalizar el sector agrícola llegó acompañada de la de abandonar el compromiso estatal con la reforma agraria y la de unir, de manera subordinada, la economía mexicana a la de Estados Unidos. Esto es lo que se conoce como TLCAN. Es cierto que la población campesina dedicada al cultivo –incluidos muchos pueblos indígenas– quedó parcialmente protegida por un período de transición de 15 años durante el que los trabajadores que no fueran competitivos globalmente debían ir saliendo del campo para entrar en la maquila y en otras industrias y servicios. ¿Acaso no bastó con esos 15 años para desarraigar a millones de hogares? Nunca lo sabremos porque, haciendo uso del más puro estilo draconiano, el Gobierno mexicano suprimió voluntariamente algunos aranceles sobre cereales básicos antes de lo previsto y permitió que se rebasaran las cuotas de importación establecidas. Sobra decir que el éxodo del campo no se detuvo en las fronteras mexicanas, sino que entró en el territorio y la economía estadounidenses. Hay todo un escándalo en torno a la rápida invasión que está sufriendo el variado mercado de maíces autóctonos en México por parte del grano procedente del Medio Oeste de Estados Unidos, que es mucho más barato (es decir, industrializado, subvencionado y producido con biotecnologías). El sistema de distribución al por mayor en México se privatizó y se vendió a las transnacionales Maseca, Minsa, Cargill y otras grandes empresas mediante una oscura licitación proyectada por el hermano de Carlos Salinas, Raúl (que ha salido recientemente de prisión, acusado de narcotráfico y otros delitos de corrupción). A esto siguió, inevitablemente, la industrialización del sector. Las tortillerías “familaires” cerraron, o dejaron de utilizar la masa de nixtamal con base en el maíz fresco para pasarse al maíz deshidratado y pulverizado, bautizado con la marca de su propietario, “Maseca”, un nombre ahora tan conocido como “Kleenex” en los Estados Unidos. Con la calidad de las pseudotortillas reducida al mínimo común denominador –que comparte con el pan blanco rebanado de la multinacional Grupo Bimbo–, las dos grandes empresas mexicanas, Maseca y Minsa, se hicieron con el mercado de la clase media. Como era de prever, los ingresos reales de los agricultores del maíz sufrieron una caída, que se vio exacerbada porque el maíz estadounidense inundó los mercados locales. Los beneficios se concentran ahora en estas empresas industrializadas que controlan el proceso de transformación y una parte cada vez mayor de la distribución a través de las cadenas de supermercados. Así es como funciona el capitalismo moderno. En resumen, adoptando “eficientemente” economías de escala, el resultado inevitable fue el oligopolio. Los principales beneficios, como de costumbre, se acumulan en las fases de posproducción de transformación de la materia prima y en la distribución y marketing. Ahora que la industria está integrada verticalmente –desde la harina hasta la tortilla empaquetada– los pequeños agricultores han quedado marginados del mercado del maíz, y muchos de ellos han abandonado sus comunidades a cambio de una vida como trabajador indocumentado en los Estados Unidos. El pacto social del país, que se remonta a la revolución mexicana de 1910, se basaba en garantizar la tierra por parte del Estado, mediante un ambicioso programa de reforma agraria, para aquellos que desearan cultivarla; además, los términos comerciales entre campo y ciudad eran más tolerables gracias a las ganancias del petróleo, monopolizadas durante la década de 1930 para el beneficio de la nación. Hoy en día, ese acuerdo se llamaría “soberanía alimentaria”. Por lo tanto, es un insulto político y una injuria económica que se haya sacrificado la soberanía alimentaria a favor de la eficiencia del mercado para recompensar económicamente a un puñado de empresas altamente capitalizadas. El salario mínimo mexicano –que no alcanza los seis dólares diarios– se incrementó menos del cuatro por ciento en 2007, mientras que los alimentos básicos podrían muy bien haber aumentado el doble. Dada la precariedad política del país, las prácticas de acumulación y especulación de la agroindustria son audaces. La presión sobre el maíz y el precio de las tortillas empezó en enero, un mes después de que Calderón subiera al poder. Una escasísima diferencia en el recuento final de las elecciones presidenciales de 2006 condujo al candidato de izquierdas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador, a denunciar un fraude y autoproclamarse “presidente legítimo” del país. Bertha Luján, miembro de su gabinete, ha previsto una grave depresión en la demanda interna. De hecho, con los salarios indexados a la inflación desde hace tiempo, la cuota de beneficios de los trabajadores ha caído muy por detrás del aumento en la productividad laboral. Sin duda, el creciente precio de los alimentos básicos desmiente el compromiso inaugural de Calderón de adoptar una política de reconciliación en el país. La economía nacional se debería estimular en lugar de seguir asfixiándola. Para acabar de empeorar las cosas, es tan poco probable que se adopte la tan necesitada reforma fiscal progresista que quedó pendiente desde el Gobierno de Vicente Fox, predecesor de Calderón por el mismo partido, el Partido de Acción Nacional (PAN). Finalmente, sigue siendo un interrogante si la economía estadounidense seguirá creciendo a un ritmo capaz de generar una demanda continua y creciente para una desesperada fuerza de trabajo mexicana, o si el entorno político estadounidense lo permitirá. Hay muchos indicios que apuntan a un clima de retroceso en los Estados Unidos, marcado por la seguridad y contrario a la inmigración. Así pues, ¿qué es lo que debería recomendar ese nuevo “grupo de trabajo” mexico-estadounidese? Una reforma política seria, integral y coordinada. El mercado mexicano de alimentos básicos se debería proteger para compensar por el tiempo robado a los agricultores mexicanos al principio del TLCAN, y los granos básicos deberían quedar fuera de toda negociación. Mientras tanto, los Estados Unidos deberían eliminar los subsidios concedidos a un sector agrícola industrial que ya es perfectamente competitivo y que ahora se ve recompensado con el incremento en la demanda de etanol. Una parte de lo ahorrado con esas medidas se debería destinar a inversiones para el desarrollo rural mexicano y, otra, para la integración legal de los más de 10 millones de trabajadores indocumentados en el país. México debería ajustar el salario mínimo y efectuar las reformas fiscales necesarias para canalizar mayores fondos a los trabajadores, tanto en forma de salarios urbanos como de beneficios para los pequeños agricultores. En conclusión, se debería trabajar por la coordinación de políticas en esos ámbitos interrelacionados que son el comercio, la inmigración y la agricultura.
Los autores son miembros del Center for International Policy, en Washington, D.C., y de la Red Mexicana de Acción Frente el Libre Comercio e Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo en la Ciudad de México. Para ponerse en contacto con ellos: burstein[at]laneta.apc.org y mperezrocha[at]yahoo.com.mx (Traducción de Beatriz Martínez)