Comercio de emisiones: los límites de la lógica del libre mercado

20 September 2007
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Poner precio a las emisiones de CO2 y hacer pagar al que contamina tiene sentido, ¿no? Kevin Smith analiza cómo el mercado de emisiones sólo genera grandes beneficios para las transnacionales y no sirve de nada para combatir el cambio climático.
Si, como afirman sus defensores, los mercados de emisiones de dióxido de carbono (CO2) son una herramienta maravillosa para reducir las emisiones y fomentar el apoyo económico de tecnologías limpias en el Sur Global, nos deberíamos plantear una cuestión: ¿por qué se están topando con una creciente oleada de críticas de organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y periodistas de todo el mundo? A través de procesos como el Diálogo sobre el Clima del G8+5, se están creando planes para que países como China (es decir, países que actualmente no tienen compromisos en virtud del Protocolo de Kyoto) adopten el comercio de emisiones en el marco de sus políticas climáticas. Por tanto, resulta especialmente pertinente analizar si estos sistemas sirven realmente para reducir el dióxido de carbono que se emite a la atmósfera o si, sencillamente, no son más que un buen mecanismo para que las industrias contaminantes se lucren mientras evitan reducir sus emisiones. Límites y comercio Sobre el papel, la lógica del libre mercado sobre la que descansa el sistema parece muy simple. Los países que han adoptado sistemas de ‘límites y comercio’ (cap and trade), como el Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión de gases de efecto invernadero de la Unión Europea (EU-ETS en inglés), tienen establecido un tope de emisiones durante un período de tiempo determinado (los ‘límites’). Esta cantidad de emisiones permitida se asigna entre las diversas ubicaciones industriales de un país. Si, por ejemplo, una fábrica de cemento sobrepasa el tope que se le ha asignado, debe adquirir emisiones que le hayan sobrado a otro participante del mercado; por ejemplo, a una central eléctrica que esté por debajo de sus límites y, por tanto, pueda vender la cuota restante para obtener un lucro (el ‘comercio’). El problema es que el comercio de emisiones está concebido con el objetivo expreso de ofrecer a los países ricos la posibilidad de aplazar los costosos cambios estructurales que entraña adoptar tecnologías más limpias. No es que esto represente un mal funcionamiento del sistema o un resultado imprevisto: el mercado se pensó exactamente con este fin. El economista John Kay escribía en el Financial Times que “cuando un mercado se crea a través de la acción política en lugar de surgir espontáneamente de las necesidades de compradores y vendedores, la industria buscará influir en la creación de ese comercio para su propia ventaja comercial”. En el marco del cambio climático y del comercio de emisiones, esa ‘ventaja comercial’ (al menos a corto plazo) está en evitar los costosos cambios estructurales y, por eso, la industria ha influido en todas las etapas del desarrollo y aplicación del mercado de emisiones. Las empresas e industrias del Norte han evitado realizar estos cambios asegurándose de que el precio de los permisos de derechos de emisión se mantenga a unos mínimos absurdos. Así, a la industria le resulta mucho más barato comprar créditos de derechos de emisión, a un precio irrisorio, para compensar sus emisiones que poner en marcha la tecnología que permitiría conseguir una reducción real de las emisiones en su origen. Este bajo precio de los permisos quedó ya garantizado durante la primera ronda del EU-ETS porque los gobiernos asignaron a la industria una cantidad de permisos muy superior a la necesaria; la mayoría de ubicaciones industriales disponían de más permisos de emisiones de los que necesitaban. Cuando se conoció la noticia de esta asignación excesiva de permisos, el precio del CO2 cayó en picado. Los economistas calculan que, para incentivar el uso de tecnologías más limpias, los permisos de derechos de emisión deberían costar entre 30 y 50 euros por tonelada. Cuando la primera ronda del EU-ETS iba llegando a su fin, el precio de los permisos no dejó de bajar hasta situarse por debajo de un euro por tonelada. Los entusiastas del mercado afirman que los ‘límites’ se endurecerán en la próxima ronda, con lo que aumentará el precio del CO2. Pero para que eso no suceda, la industria ha estado presionando para conseguir introducir más créditos baratos en el sistema a través del Mecanismo para un desarrollo limpio. ¿Desarrollo limpio? En lugar de comerciar con otros participantes del mercado en Europa, nuestra fábrica de cemento tendría la opción de adquirir ‘créditos de derechos de emisión’ que se han generado al margen del sistema de comercio, a través de un proyecto ejecutado en un país en desarrollo y que, supuestamente, reduce o evita emisiones. Un ejemplo sería una central de energía hidroeléctrica en China que ha vendido sus supuestas reducciones de emisiones a empresas de países ricos a través del Mecanismo para un desarrollo limpio (MDL). En 2006, China fue el líder mundial de este mercado, con la generación del 60 por ciento del total de créditos MDL. Durante los últimos seis meses, el MDL ha recibido muy mala publicidad. Según un artículo en el diario The Guardian, aparecido en junio de 2007: “[el MDL] ha sido contaminado por una flagrante incompetencia, la violación de sus normas y el posible fraude de empresas del mundo en desarrollo, según documentación de la ONU, un informe de expertos inédito y unos alarmantes informes de los proyectos sobre el terreno”. A pesar del marco regulador del MDL, los responsables de desarrollar los proyectos no sólo tienen motivo, sino que además tienen la posibilidad de tergiversar información clave para que parezca que el proyecto es más eficaz y generar más créditos o minimizar cualquier posible resistencia local al proyecto. Por ejemplo, el ‘principio de adicionalidad’ es un requisito obligatorio para que un proyecto obtenga la catalogación de MDL. Es decir, se debe demostrar que el proyecto no se habría ejecutado sin la financiación obtenida a través del MDL; por tanto, cualquier mejora climática sería ‘adicional’, gracias a la financiación. En caso contrario, cualquier operador sin escrúpulos podría solicitar estos fondos para proyectos que se habrían desarrollado de todos modos, de forma que las industrias de los países ricos podrían justificar el seguir contaminado bajo la falsa premisa de estar reduciendo emisiones en otros lugares. Sin embargo, muchos de los proyectos MDL que se están estudiando en China entrañan la generación de hidroelectricidad; actualmente, se están estudiando 248 proyectos de este tipo. Sobran los motivos para poner en tela de juicio si estos proyectos son realmente adicionales, ya que son muy habituales en China y han sido promovidos activamente por el Gobierno. Surge incluso la cuestión de si se estarían ejecutando en caso de que no existiera la financiación del MDL. En 2005, la Red Internacional de los Ríos (IRN) presentó un comentario ante el grupo de expertos sobre MDL en referencia al gran proyecto hidroeléctrico de Xiaogushan, en la provincia nororiental de Gansu, en que se apuntaba que la solicitud de financiación del MDL se presentó dos años después de que se hubiera empezado a construir la represa y que “documentación del proyecto del Banco Asiático de Desarrollo manifiesta claramente que Xiaogushan era la opción de generación [eléctrica] más económica y que los ingresos procedentes de los créditos MDL no tenían relación alguna con la decisión de seguir adelante con el proyecto”. No está bien documentado si los diversos proyectos hidroeléctricos que se están promoviendo en China a través del MDL, y que, en principio, deberían aportar beneficios a las comunidades locales, cuentan con el apoyo de dichas comunidades. Muchos de los benefactores empresariales de los fondos del MDL en otros países son blanco de la oposición de las comunidades locales, que deben soportar lo que a menudo son los impactos letales de la contaminación intensiva e industrial. En 2005, unas 10.000 personas de movimientos sociales, grupos comunitarios y organizaciones de la sociedad civil se movilizaron en Chhattisgarh, India, para protestar en una audiencia pública sobre medio ambiente celebrada para plantear la expansión de las fábricas de hierro esponjoso de Jindal Steel and Power Limited (JSPL) en el distrito. La producción de hierro esponjoso (una forma impura del metal) se conoce por los residuos que genera, y las empresas implicadas han sido acusadas de apropiarse de tierras ajenas y de contaminar el aire, la tierra y el agua. JSPL gestiona la mayor fábrica de hierro esponjoso del mundo, que ocupa más de 320 hectáreas de lo que solía ser la próspera aldea agrícola de Patrapali. Sólo esta fábrica cuenta con cuatro proyectos de MDL distintos, que generan millones de toneladas de supuestas reducciones de CO2 que se podrían importar al régimen del ETS. Los habitantes de tres pueblos vecinos están luchando contra una propuesta multimillonaria (unos 412 millones de dólares estadounidenses) para expandir la empresa porque ésta acabaría envolviéndolos por completo. El MDL no sólo está proporcionando ayuda financiera a JSPL para llevar adelante la expansión, sino también que también le está otorgando una ‘credibilidad verde’ por estar en la vanguardia del emergente mercado de emisiones El responsable del organismo chino para el medio ambiente, Zhou Shengxian, atribuyó recientemente el creciente malestar social en todo el país a varios escándalos de contaminación y al deterioro del medio ambiente. Según un artículo de The Guardian, sus comentarios “ponen de relieve la frustración de los jerarcas estatales frente a los funcionarios de las administraciones locales, que ignoran la normativa medioambiental para atraer inversiones, empleos y sobornos”. Dadas las circunstancias, es muy posible que el MDL proporcione un apoyo económico al tipo de centrales eléctricas y químicas sin ningún tipo de responsabilidad ambiental que están siendo objeto de protestas encabezadas por comunidades en China. Contaminación y poder La mayor parte de los créditos de MDL (30 por ciento) se ha generado con la eliminación del HFC-23. Este potente gas de efecto invernadero se crea con la producción de gases refrigerantes. Un estudio publicado en el número de febrero de 2007 de Nature demostraba que el valor de estos créditos, según el precio vigente del CO2, era de 4.700 millones de euros. Este valor no sólo representaba el doble del de los gases refrigerantes en sí, sino que se calculaba que el coste aproximado de implementar la tecnología necesaria para capturar y eliminar el HFC-23 era de menos de 100 millones de euros. Así pues, los propietarios de las plantas y los intermediarios de los proyectos estaban alcanzando unos beneficios que rondaban los 4.600 millones de euros. Según publicaba un artículo del diario Sunday Times, dos empresas chinas iban a obtener en torno a 1.000 millones de dólares estadounidenses, sólo en 2007, gracias a los fondos del MDL concedidos para destruir el HFC-23. La enorme suma de dinero generada con estos sistemas de comercio del estilo de Kyoto no ha ido a parar a las empresas y comunidades que están movilizándose con proyectos de energía limpia y reducción de emisiones, sino a grandes contaminadores industriales que, después, pueden reinvertir los beneficios en la expansión de sus actividades. En el año fiscal 2006/07, SRF, una empresa industrial y textil con sede en India, registró unos beneficios de 87 millones de euros derivados de la eliminación del HFC-23. Ashish Bharat Ram, el director ejecutivo, declaraba al Economic Times que “las importantes entradas con el comercio de emisiones de CO2 nos han fortalecido financieramente, y ahora estamos expandiéndonos hacia áreas relacionadas con nuestro punto fuerte en el negocio químico y técnico de los textiles” La estructura del MDL funciona de tal forma que, por lo general, suele ser una posibilidad sólo reservada a grandes empresas que pueden aportar el capital necesario no sólo para ejecutar el proyecto, sino también para superar el largo proceso de homologación y certificación, con todos los gastos que eso conlleva en asesorías, tareas de verificación de una tercera parte, supervisión continua del proyecto, etc. Larry Lohmann señala en su libro Carbon Trading – A Critical Conversation on Climate Change, Privatisation and Power que, con esto, se “refuerza un sistema en que, aunque parezca irónico, las principales entidades consideradas como capaces de realizar ‘reducciones de emisiones’ son las grandes empresas más comprometidas con un futuro basado en la combustión de petróleo (...) mientras que las comunidades indígenas, los movimientos ecologistas y las personas de a pie que actúan de forma más constructiva para luchar contra el cambio climático quedan tácitamente excluidas; su creatividad no se reconoce, sus reivindicaciones se sofocan”. Parece que las únicas personas que se están beneficiando con el mercado de las emisiones y los proyectos MDL son las empresas contaminantes que actúan tanto en Europa como en el Sur Global, así como toda una nueva clase de tecnócratas e intermediarios asalariados que se ha apresurado a servir las necesidades del mercado. Urge reconocer que la fijación del mercado con maximizar los beneficios a corto plazo no es un instrumento adecuado para estimular los costosos cambios estructurales a gran escala que se deben producir en todos los países en la transición hacia tecnologías que reduzcan las emisiones de CO2. Kevin Smith es investigador de Justicia Medioambiental, un proyecto del Transnational Institute. Es autor del informe “The Carbon Neutral Myth – Offset Indulgences for your Climate Sins” y co-autor de “Atrapados en el invernadero: el G8, el cambio climático y el ecologismo de libre mercado”. www.chinadialogue.net Traducción de Beatriz Martínez Ruiz