El largo viaje de Pakistán hacia el fin de la noche

05 November 2007
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En Pakistán se ha decretado el estado de excepción por miedo a que el Tribunal Supremo impida a Pervez Musharraf presentarse a las elecciones que se celebrarán el próximo enero. Puede que la Constitución se restaure una vez se haya depurado el Supremo y los medios estén bajo control.
A cualquier persona que conozca bien la historia de Pakistán difícilmente le habrá sorprendido la decisión que tomó ayer el ejército de imponer el estado de excepción. La ley marcial en este país se ha convertido en un auténtico antibiótico: para obtener los mismos resultados, no se puede dejar de duplicar las dosis. Lo que ha tenido lugar es un golpe dentro de un golpe. El general Pervez Musharraf ha gobernado el país bajo una fachada civil, aunque su base de poder se ha limitado al ejército. Y fue precisamente el jefe del Estado Mayor quien decretó el estado de excepción, suspendió la Constitución de 1973, cortó las retransmisiones de todos los canales de televisión no gubernamentales, bloqueó las redes de telefonía móvil, destituyó al presidente del Tribunal Supremo, y detuvo al presidente del Colegio de Abogados y a los activistas por los derechos civiles de la Comisión de Derechos Humanos pakistaní, inaugurando así otro oscuro período en la historia del país. ¿Y todo ello por qué? Se temía que un fallo que debía emitir el Tribunal Supremo la próxima semana imposibilitaría a Musharraf presentarse como candidato a las elecciones. La decisión de suspender la Constitución se tomó hace unas semanas. Benazir Bhutto fue informada al respecto y salió del país, aunque, al parecer, ya está volviendo hacia Islamabad. Hasta el momento, no ha hecho ningún comentario sobre la nueva ley marcial, a pesar de que uno de los principales dirigentes de su partido, Aitzaz Ahsan, ha sido arrestado por denunciar el golpe. Embriagada por el olor del poder, puede que ahora descubra que éste sigue siendo tan escurridizo como siempre. Si Bhutto apoya el giro de los acontecimientos, cometerá un acto de suicidio político. Pero si decide arremeter contra el general (ya le ha acusado de romper sus promesas y le será difícil mantenerse como aliada de un dictador), traicionará la confianza del Departamento de Estado estadounidense, que la empujó en esa dirección. En un reciente encuentro informal celebrado en Ditchley Park (un think tank del Ministerio de Exteriores británico), James Rubin, candidato a secretario de Estado, se molestó cuando los paquistaníes presentes cuestionaron su opinión de que Bhutto es una actriz decisiva en la 'guerra contra el terrorismo' en las fronteras occidentales del país. Las dos instituciones contra las que se ha dirigido el estado de excepción son el poder judicial y la activa red de televisiones independientes, muchos de cuyos corresponsales proporcionan información que nunca sale de los políticos. Geo TV, la mayor de ellas, ha seguido retransmitiendo fuera del país. Hamid Mir, uno de sus periodistas más sagaces, afirmó ayer que, según sus fuentes, la embajada estadounidense habría dado luz verde al golpe porque consideraba que el presidente del Tribunal Supremo era un estorbo y ‘un simpatizante de los talibanes'. Durante los últimos doce meses, el régimen se ha visto enfrentado a una grave crisis de legitimidad que alcanzó su punto crítico a principios de año, cuando la decisión del general Musharraf de destituir al presidente del Tribunal Supremo, Iftikhar Hussein Chaudhry, desencadenó un gran movimiento que, tras seis meses de presión, obligó al Gobierno a recapitular. Algunos de los veredictos de Chaudhry habían puesto en tela de juicio al Gobierno sobre algunas cuestiones clave como la ‘desaparición de prisioneros’, el acoso de mujeres y la excesiva rapidez de las privatizaciones. Se temía, en definitiva, que dictaminara que un presidente con uniforme militar es una figura ilegal. El movimiento que reivindica la separación de poderes entre el Estado y el poder judicial, que siempre ha sido débil, se ha revelado de una importancia crítica. En el pasado, los jueces paquistaníes solían ser conformistas. A aquellos que se oponían a los dirigentes militares se les coaccionaba, se les chantajeaba, se les hostigaba y se les persuadía de que se jubilaran. Los jueces paquistaníes proceden del mismo medio que el resto de la elite dirigente, de ahí lo sorprendente de que este presidente del Supremo decidiera no quedarse de brazos cruzados, una actitud insólita con la que se ha ganado un enorme respeto, un bien que escasea en el país. Normalmente, la cobertura mediática sobre Pakistán en el resto del mundo deja entrever un país sólo habitado por generales, políticos corruptos e iluminados con barba. El movimiento para rehabilitar en el cargo al presidente del Supremo presentaba otra imagen del país. Este movimiento por las libertades constitucionales hizo renacer la esperanza en un momento en que la mayoría de los ciudadanos se sienten enajenados del sistema y se muestran escépticos ante sus gobernantes, cuya riqueza ilegítima y rostros consumidos por la vanidad no inspiran ninguna confianza. Que esto es así se evidencia en la heroica decisión tomada por el Tribunal Supremo en una sesión especial celebrada ayer, según la cual la nueva administración es 'ilegal e inconstitucional'. El nuevo presidente del Supremo, que juró el cargo a toda prisa, será visto como lo que es: una marioneta de los uniformados. Si la Constitución sigue suspendida durante más de tres meses, puede que incluso el propio Musharraf se vea desplazado por el ejército y sustituido por otro hombre fuerte. O puede que el objetivo de la operación se limitara a depurar el Tribunal y a controlar los medios. Eso es lo que manifestó Musharraf en su mensaje televisado a la nación. En cuyo caso, sólo cabe esperar unas elecciones totalmente amañadas el próximo enero. Sea como sea, el largo viaje de Pakistán hacia el fin de la noche continúa. Traducción de Beatriz Martínez Ruiz